lunes, 2 de marzo de 2009

GIRA 95: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR



FECHA: Del miércoles 04 al lunes 09 de marzo de 2009 

ESTADO: SONORA: (Quiriego, Villa Juárez, Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Bacum y Rosario –Tespaco—). 

CHIHUAHUA: (Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Morelos, Batopilas, Urique, Chinipas y Temoris). 

DURANGO: (Tamazula) 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO DE 2009 

09:00 horas Mitin en Quiriego, Sonora. 
10:40 horas Mitin en Villa Juárez, Sonora 
12:10 horas Mitin en Huatabampo, Sonora 
13:10 horas Mitin en Etchojoa, Sonora 
16:00 horas Mitin en Álamos, Sonora 
17:30 horas Mitin en Navojoa, Sonora 
19:10 horas Mitin en San Ignacio Río Muerto, Sonora 

JUEVES 05 DE MARZO DE 2009 

10:00 horas Mitin en Empalme, Sonora 
11:50 horas Mitin en Bacum, Sonora 
14:10 horas Mitin en Rosario (Tesopaco), Sonora 
18:30 horas Mitin en Moris, Chihuahua 

VIERNES 06 DE MARZO DE 2009 

10:00 horas Mitin en Ocampo, Chihuahua 
13:50 horas Mitin en Uruachi, Chihuahua 
18:00 horas Mitin en Maguarichi, Chihuahua 

SÁBADO 07 DE MARZO DE 2009 

08:20 horas Mitin en Morelos, Chihuahua 
10:00 horas Mitin en Batopilas, Chihuahua 
11:20 horas Mitin en Urique, Chihuahua 

DOMINGO 08 DE MARZO DE 2009 

10:00 horas Mitin en Chinipas, Chihuahua 
12:50 horas Mitin en Temoris, Chihuahua 

LUNES 09 DE MARZO DE 2009 

11:00 horas Mitin en Tamazula, Durango 

La corrupción del gobierno impide ganar al narco: "La Reina del Pacífico"


J. JESúS ESQUIVEL

Washington (apro)- Las amplias redes de corrupción por narcotráfico dentro del gobierno federal mexicano, le impedirían a la presidencia de Felipe Calderón ganar la guerra que le ha declarado al crimen organizado y al tráfico de narcóticos, aseguró a la televisión estadunidense Sandra Avila Beltrán, presunta narcotraficante conocida como "La Reina del Pacífico".

Como uno de los personajes centrales del reportaje que este fin de semana presento en Estados Unidos el programa "60 Minutos" de la cadena de televisión CBS, y gracias al libro "La Reina del Pacífico: es la hora de contar", de la autoría de Julio Scherer García, al que como parte de la historia televisiva se menciona como uno de los más vendidos en México, Avila Beltrán es directa en sus declaraciones y en respuesta a la pregunta que se le formula:

¿Puede el gobierno ganarle la guerra a los narcotraficantes?, le cuestiona a la Reina del Pacifico, Anderson Cooper, el reportero de 60 Minutos y la cadena de televisión CNN, quien viajo a México para realizar la entrevista con la presunta narcotraficante.

- No lo creo, contesto enfática Avila Beltrán.

El reportaje sobre el narcotráfico en México del programa 60 Minutos, revista televisiva de mucho prestigio y de gran audiencia en los Estados Unidos, se concentra básicamente en destacar el creciente problema de corrupción por narcotráfico en México, al cual muestran como la causa más lógica que imposibilita al gobierno de Calderón para derrotar a los narcos.

Cooper, quien además de destacar que el libro de Scherer García sobre la Reina del Pacifico, es de los mas vendidos en México, aprovecha su propia entrevista con Avila Beltrán para demostrar que la corrupción es latente y palpable en todos los sectores del gobierno federal mexicano.

"Las autoridades mexicanos rechazaron nuestra petición de entrevista con ella (Beltrán Leyva), pero nosotros por encima de la negativa nos presentamos en la prisión –el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla- el día de visitas. Para sorpresa nuestra, logramos entrar", relata Cooper mientras en su reportaje se le ve caminando con Ávila Beltrán por uno de los pasillos de la cárcel.

"En México hay mucha corrupción, no pueden entrar unas cantidades tan grandes de drogas por los puertos o aeropuertos sin que no se enteren las autoridades. Es obvio y lógico que el gobierno este involucrado", le subrayó Ávila Beltrán a Cooper.

El reportero de 60 minutos afirma que la Reina del Pacífico niega estar involucrada en el tráfico de drogas, y ser una cabecilla del crimen organizado de México, presunto cargo en su contra por el cual el gobierno de Estados Unidos solicita al de México su extradición.

El amplio reportaje de 60 Minutos (tiene una duración de 12 minutos) sobre el problema del narcotráfico en México, la narcoviolencia, la corrupción por narco y los secuestros, se suma a la larga lista de historias sobre este tópico, que en las últimas semanas la prensa estadunidense ha destacado de manera amplia sobre todo en los medios electrónicos y escritos.

¿Por qué los carteles de la droga han sido tan efectivos para corromper a las fuerzas policiales y a los políticos?, cuestionó Cooper a Eduardo Medina Mora, el Procurador General de la Republica, quien junto con Ávila Beltrán es otro de los personajes principales del reportaje de 60 Minutos.

- Esencialmente porque tiene un poder económico tremendo y un poder de intimidación tremendo que se genera de las armas y el dinero que poseen, respondió el Procurador General de la República al reportero estadunidense.

Imparable la debacle del peso: el dólar a $15.62


LA REDACCIóN

México, D.F., 2 de marzo (apro).- El dólar americano está siendo vendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 15 pesos con 62 centavos, cuando apenas al cierre el índice se encontraba en 15 pesos con 2 centavos. 

Paralelo a este incremento, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lleva esta mañana una pérdida de 3.35 por ciento. Así, acumula una pérdida de 20.68 por ciento desde que inició el año. 

En Banamex, el dólar a la compra se ubica en $15.03 y, a la venta, en $15.53. Similares precios reportan el resto de las instituciones bancarias.

El euro cotiza en 19.22 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta.  

México: verdades a medias ante ONU



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1 MARZO 2009

Acciones inconclusas a favor de la libertad de expresión fueron presentadas como “logros” del gobierno mexicano ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y es que las autoridades mexicanas no tenían “nada bueno” que decir a la comunidad internacional sobre el tema, considera la organización internacional Artículo 19.

Los argumentos expuestos por el gobierno federal ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a favor de la libertad de expresión, se caen por sí solos. El Estado mexicano tuvo que colocar en su informe acciones no concretadas respecto del tema de la libertad de prensa y protección a los periodistas. Esto, porque no ha hecho nada para evitar los asesinatos y agresiones contra comunicadores, considera Darío Ramírez, director de Artículo 19 capítulo México.

El 10 de febrero pasado, este país aplicó su primer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue quien encabezó la delegación mexicana y dio cuenta a la comunidad internacional de las acciones emprendidas por el gobierno a favor de los derechos humanos, así como los temas pendientes.

En su informe, el gobierno federal dice que el país registra recientes e “importantes desarrollos” que contribuyen a fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. El documento cita las reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales a fin de garantizar el secreto profesional de los periodistas. Agrega que los cambios jurídicos tuvieron lugar en junio de 2006 y sólo están vigentes en seis estados.

También señala que en abril de 2007 se reformaron los códigos Penal y Civil federales, a fin de despenalizar la calumnia, difamación e injuria. Dicha reforma únicamente está vigente en 11 estados. De acuerdo con el diputado Joaquín de los Santos, secretario de la Comisión de Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, se necesita que otras cinco entidades federativas ratifiquen la reforma para que se considere ley en el ámbito nacional.

El informe da cuenta de que en octubre de 2008 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone facultar a las autoridades federales para conocer delitos del fuero común relacionados con la libertad de expresión que, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito local, con el objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos.

A decir de Perla Gómez, catedrática de posgrado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la reforma presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), a nombre del Ejecutivo, resulta agresiva para los informadores al limitar la definición de periodista.

“En los últimos dos años se presentaron alrededor de cinco iniciativas de reforma. La que presentó la PGR es la más retrógrada de todas, por los criterios restrictivos que maneja”, considera la especialista en derecho a la información.

El 26 de noviembre de 2008 se presentó una iniciativa ciudadana que contempla la federalización de los delitos contra periodistas; sin embargo, desde esa fecha, ésta se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Brisa Maya, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), considera que el Estado mexicano no tenía nada que presentar en el tema de libertad de expresión ante la ONU. Es un avance sustancial que el gobierno reconozca que existe un problema en la materia, pero se necesita más que eso para resolver la crisis por la que atraviesa el país.

Para la defensora de derechos humanos, el gobierno presentó verdades a medias. En el informe hablan de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) como un gran logro, pero ésta es inoperante e ineficiente.

El gobierno mexicano, dice, responsabiliza al crimen organizado de las agresiones contra periodistas; “ésa es la manera más fácil de que el Estado le cuelgue a un poder fáctico los ataques contra los comunicadores, evitando la encomienda que como autoridad le obliga la Constitución”.

Sin embargo, de acuerdo con datos de Cencos y del Centro de Periodismo y Ética Pública, los principales responsables de las agresiones son funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno. “Cada caso tiene una complejidad diferente; no podemos meter en el mismo cajón lo que está pasando en Ciudad Juárez que en Oaxaca”, dice Brisa Maya.

Reconoce que la administración de Felipe Calderón aceptó todas las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional en materia de libertad de expresión. La cuestión es cómo van a ser cumplimentadas. Asegura que estará por verse si existe la voluntad política para llevarlas a cabo; “el gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política para solucionar esta crisis”.

El examen

La resolución de la Asamblea General 60/251, que crea el Consejo de Derechos Humanos, decidió que dicha comisión realizara un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto a todos los países miembros de la ONU.

Los objetivos del examen son: el mejoramiento de la situación de los derechos humanos; el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en la materia; la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta; el fortalecimiento de la capacidad del país evaluado y de la asistencia técnica con el consentimiento de este último.

Otros objetivos son: el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados; el apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos, y el fomento de la plena cooperación y el compromiso con el consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En su informe, el gobierno mexicano asegura que el país transita por un proceso de significativas transformaciones en sus instituciones políticas, jurídicas y sociales que, sobre todo a partir de la última década, se traducen en un mayor goce de todos los derechos humanos. Persisten rezagos y debilidades institucionales que preocupan a sociedad y autoridades; sin embargo, “hoy nadie puede afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado”.

Incumplimientos

El gobierno de Felipe Calderón sostiene que el país atraviesa por una etapa de completa vinculación a las normas internacionales de derechos humanos. De 2001 a 2006, se ratificaron todos los tratados en la materia y se aceptó la competencia de todos los órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales en funcionamiento para recibir quejas y peticiones individuales.

Sin embargo, organizaciones civiles nacionales dicen que a pesar de que México cuenta con una importante presencia internacional en el ámbito de los derechos humanos, la realidad interna es preocupante: se sigue aplicando la tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas; se limita la libertad de expresión; no se garantizan, protegen ni respetan ninguno de los derechos económicos, sociales y culturales; además, se padecen impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, considera que a pesar de que el gobierno mantiene una postura abierta a la comunidad internacional y ha firmado todos los pactos universales, no logra convertir los compromisos adquiridos en una política dinámica a nivel interno para la protección de los derechos humanos.

Agrega que las autoridades federales anunciaron el Programa Nacional de Derechos Humanos, pero éste no cuenta con el apoyo de la sociedad civil, tanto por su contenido, como por el desconocimiento que existe del mismo.

En tanto, el Informe sobre la situación de derechos humanos en México para el examen periódico universal, suscrito por 49 organizaciones nacionales y siete internacionales, da cuenta sobre la situación de riesgo en la que laboran los comunicadores en este país. En los últimos ocho años, por lo menos 24 periodistas fueron asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas fueron amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio.

Agrega que los periodistas que realizan reportajes de investigación sobre el narcotráfico, así como los informadores comunitarios y los indígenas, hacen su labor en condiciones de vulnerabilidad y son víctimas de delitos; además, el Estado no realiza investigaciones eficaces que deriven en la sanción de los responsables.

Para las organizaciones civiles, es necesario un marco normativo que faculte a la FEADP y le dé autonomía para investigar y consignar a los responsables ante el Poder Judicial, además de homogenizar los delitos contra la libertad de expresión con el objeto de facilitar el funcionamiento entre las jurisdicciones federales y locales.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que hay “poca capacidad” de la FEADP para atender las agresiones contra periodistas. El ente gubernamental no garantiza justicia a las víctimas.

El especialista en derechos humanos dice que el derecho a la libertad de expresión es coartado por la ineficacia de las instituciones y porque el propio “gobierno utiliza al aparato de justicia para hostigar a los periodistas”.

Avance o retroceso

El gobierno mexicano reconoce que el país enfrenta el desafío de agresiones y homicidios contra periodistas. Por ello, dice ratificar su “determinación” de promover mecanismos para garantizar la seguridad de los informadores, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones relacionadas con la libertad de prensa.

Destaca la creación, en febrero de 2006, de la FEADP, adscrita a la PGR. Además, la integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios, en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con información de Artículo 19, de 2001 a 2003 tuvieron lugar siete asesinatos de periodistas; de 2004 a 2006, se registraron 20 homicidios, de los cuales 10 fueron en el último año. Sin embargo, aun con algunas medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a este fenómeno, entre ellas, la creación de la FEADP, 2008 cerró con 13 asesinatos.

Además, de las 274 agresiones perpetradas contra comunicadores del 15 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2008, la fiscalía se declaró incompetente en 186 de los casos.

Ley de medios

En el informe paralelo, las organizaciones civiles dan cuenta a la comunidad internacional de que la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales no permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión, por lo que se requiere revisar la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones.

Agrega que los medios electrónicos están en manos de empresarios o de instituciones gubernamentales: 96 por ciento de los canales de televisión comercial están en manos de dos familias; el 86 por ciento de las radios están en manos de 13 grupos empresariales, y los permisos están concentrados en universidades, instituciones culturales, gobiernos estatales, es decir, en manos del Estado.

Las organizaciones proponen que se debe reconocer expresamente en la ley el sector comunitario y establecer condiciones que permitan la subsistencia de medios alternativos.

Exponen que el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de abril de 2006, las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El 4 de mayo de 2006, un grupo de senadores interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que el cuerpo normativo violaba garantías individuales y derechos colectivos establecidos en la Constitución.

La Corte reconoció que vulneraban el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo segundo de la Carta Magna en torno al acceso de las comunidades indígenas y equiparables a operar sus propios medios de comunicación.

Sin embargo, las organizaciones afirman que el Estado mexicano no adoptó disposiciones de derecho interno que consideren criterios democráticos para garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a las asignaciones de radio y televisión y la subsistencia de las mismas.



Algunas recomendaciones que México aceptó en materia de libertad de expresión

1. Invitar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de prensa a construir un diálogo constructivo para ver cómo puede México detener la violencia en contra de periodistas y garantizar la libertad de expresión

2. Fortalecer los derechos de periodistas y medios de comunicación tanto en el ámbito federal como en el local

3. Impulsar reformas legales que garanticen la apertura y la transparencia de los medios de comunicación; revisar la legislación de radio y televisión, y dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco legal que fomente la diversidad

4. Llevar a cabo medidas efectivas para detener la violencia en contra de periodistas y personal de los medios; garantizar su seguridad cuando lleven a cabo el ejercicio periodístico, en particular aquellos que investigan y reportan casos de corrupción y narcotráfico

5. Crear un marco legal que le dé a la FEADP la jurisdicción suficiente para investigar e indiciar a los perpetradores con una mayor independencia

Guerrero: justicia hipotecada





John M. Ackerman



La cruel tortura y el artero asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los 
derechos humanos de la Costa Chica en el estado de Guerrero, revelan lo poco que hemos avanzado en materia de justicia y 
derechos humanos en el país. Los gobiernos de la alternancia, tanto a nivel federal como en el ámbito estatal, no han buscado 
transformar el sistema de procuración de justicia, sino que se han limitado a administrar la impunidad y la corrupción 
imperantes. Por su parte, el Poder Judicial se niega a abrirse al escrutinio público y receta graves dosis de impunidad en casos 
como los del gobernador Mario Marín y Atenco.
Las consecuencias están a los ojos de todos: el total fracaso de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el hecho de que 
solamente uno de cada 10 delitos son castigados, alrededor de 10 mil ejecutados en lo que llevamos de la administración de 
Calderón, así como la propagación de la tortura, las detenciones arbitrarias y la violación de los derechos humanos en todo el 
país.
El despliegue del Ejército y la incorporación de mandos castrenses en tareas de seguridad pública, lejos de resolver el problema 
no han hecho más que agudizarlo. Las fuerzas militares no están entrenadas para la investigación y la prevención de los delitos, 
sino para enfrentar a un ejército opositor en un combate armado a la luz del día. Los soldados naturalmente tampoco se 
caracterizan por su cultura o sensibilidad en relación con los derechos humanos y son igual de vulnerables a la corrupción que 
los policías. Usar el Ejército para combatir al narcotráfico es como utilizar una sierra eléctrica para realizar una cirugía de 
corazón. La estrategia simplemente no funciona y genera mayores daños que beneficios.
A pesar de todo ello, en Guerrero el gobernador Zeferino Torreblanca ha cumplido al pie de la letra el guión establecido por el 
gobierno federal. Su actual secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés, es un general en retiro que ha abierto de 
par en par las puertas del estado de Guerrero a la intervención de las fuerzas armadas federales. Durante la gestión de Salinas 
Altés, quien ha copado su equipo de militares, la delincuencia ha ido en aumento e incluso ya empiezan a descubrirse graves 
casos de corrupción entre los policías de la entidad. Igualmente, el gobierno de Torreblanca ha mostrado un abierto desprecio 
por los derechos humanos y sistemáticamente busca pretextos para descalificar a los activistas sociales como agitadores 
políticos.
La reacción inicial del gobierno de Torreblanca ante las denuncias generadas por los asesinatos de Lucas y Ponce es ilustrativa. 
Antes siquiera de iniciar las investigaciones del caso, el procurador de la entidad, Eduardo Murueta, descalificó las denuncias del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sobre la posible participación de autoridades gubernamentales en el 
crimen. En un comunicado, el procurador regañó al Centro por “enrarecer un caso netamente policiaco”, negó que los delitos 
hayan sido “crímenes de Estado” y rechazó que tengan “vínculos de tipo político” o que estuviera implicado algún funcionario 
público. 
Ojalá que el procurador tenga razón, pero es una grave irresponsabilidad, por decir lo menos, desechar tales hipótesis desde el 
inicio de la investigación, particularmente cuando todo indica que sí existían claros móviles políticos. Desde hace una década, los 
dirigentes asesinados habían venido recibiendo amenazas de muerte y diversos ataques precisamente a raíz de su trabajo de 
defensa de los pueblos indígenas ante los abusos de militares y otras autoridades. Raúl Lucas fue torturado por el Ejército en 
varias ocasiones y hace apenas dos años sufrió una emboscada en la que recibió una herida de bala en el cuello.
Este terrible episodio también nos lleva a preguntarnos hasta que punto los casi 10 mil asesinatos ocurridos durante el gobierno 
de Calderón realmente guardan relación con el narcotráfico. Así como el procurador del estado de Guerrero ha insistido en que 
no existe ningún elemento político en el asesinato, el gobierno federal no se cansa de señalar que los miles de muertos de este 
sexenio son el resultado de peleas entre bandas rivales de narcotraficantes. Pero con una tasa de impunidad tan alta nunca 
podremos saber cuántas personas en realidad han sido victimados por motivos políticos. ¿Cuántos Raúl Lucas y Manuel Ponce 
más yacen muertos en una nube de impunidad y opacidad?
En el comunicado del gobierno estatal se minimizan los asesinatos de Lucas y Ponce al señalar que se procederá de la misma 
manera que “en todos los asuntos que están sujetos a escudriñamiento legal”, ya que el caso no presenta ningún elemento 
excepcional. Asimismo, de acuerdo con el procurador del estado, el “dolor y luto” causado por los homicidios se circunscribe a 
“dos familias guerrerenses del municipio de Ayutla de los Libres”. 
Pero una vez más el señor gobernador se equivoca, ya que este crimen no es simplemente un caso más, pues ya se ha convertido 
en un asunto de relevancia nacional e internacional, emblemático de la impunidad y el acoso a los defensores de los derechos 
humanos que han caracterizado a los gobiernos de la alternancia en México. Amnistía Internacional, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya han expresado su preocupación 
y darán seguimiento puntual a las investigaciones del caso. A su vez, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo que exige al gobierno federal ejercer su facultad de 
atracción de tal investigación. La asociación civil Fundar (www.fundar.org.mx) ha recolectado el apoyo de más de 140 
organizaciones y cientos de personas para demandar el esclarecimiento del crimen. Las familias de Raúl Lucas y Manuel Ponce no 
están solas. El pueblo de Guerrero, de México y del mundo entero los acompaña.

Periodistas, víctimas de funcionarios y delincuentes


El Centro de Periodismo y Ética Pública señala al poder público y a la delincuencia organizada como los principales agresores de los periodistas en México. Los trabajadores de los medios de comunicación se encuentran más vulnerables ante el incremento de la capacidad de fuego de las mafias.

En México, la escalada de violencia contra trabajadores de la prensa escrita y electrónica se tradujo en cinco asesinatos, una desaparición forzada, cuatro intentos de asesinato, dos encarcelamientos, 15 ataques a propiedad, tres allanamientos, seis detenciones arbitrarias, 12 agresiones físicas, 22 agresiones intimidatorias, 14 amenazas de muerte, 14 amagos de otra naturaleza y 12 casos de bloqueo comercial, durante 2008. Además, por tercera ocasión, un medio fue atacado con explosivos.

Esto ocurre en medio de la creciente violencia de la delincuencia organizada y del avance lento en las investigaciones que llevan las instituciones del Estado encargadas de procurar e impartir justicia, indica el informe Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, 2008, del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

Por su violencia, las agresiones contra periodistas en las que existen indicios de participación del narcotráfico constituyen una enorme amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Sin embargo, el informe da cuenta de que “las fuerzas del orden y los funcionarios fueron los agresores más frecuentes y que Chihuahua se convirtió en el estado más violento para los periodistas”, explica Leonarda Reyes, directiva del Cepet.

Con el homicidio de cinco reporteros concluyó 2008. Todos habían recibido amenazas, lo que hace sospechar que el móvil fue su trabajo. En ese clima de acoso se manifiesta un efecto colateral de la extendida violencia que prevalece en todo el territorio nacional: la autocensura que se imponen periodistas y medios.

Esto significa, en la práctica, que los medios de comunicación sólo hacen pública la información sobre inseguridad “que no altere o que no pueda representar represalias en contra de los medios por su publicación”, indica Leonarda Reyes, quien es coautora de Los cuadernos de corrupción, que bosquejan cómo se manifiesta esa práctica a nivel global.

Al homicidio reiterado de periodistas se suman los ataques con explosivos contra medios de comunicación. En 2008 y por tercer año consecutivo persistió este tipo de ofensiva, cuyo primer blanco fue el diario El Mañana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; siguió El Debate, en Culiacán, Sinaloa, y El Diario, de Ciudad Juárez, que es también el medio más agredido (cinco ataques contra sus reporteros y fotógrafos).

Fuego cruzado

En ese escenario de amenazas cumplidas, intimidaciones y acoso, Chihuahua ocupa el primer lugar en agresiones, tanto en violencia como en número. Algunos reporteros, fotógrafos y camarógrafos trabajan con chalecos antibalas: el temor es constante, se trabaja bajo un alto grado de tensión.

En esa entidad, las agresiones provienen no solamente de los cárteles del narcotráfico, sino que, cita el informe del Cepet, “en realidad ahí los periodistas y los medios están en fuego cruzado”: entre los grupos que integran al crimen organizado, particularmente los narcotraficantes, y las fuerzas del orden.

La investigación del Centro de Periodismo y Ética Pública descubre que las agresiones contra los comunicadores “también se produjeron desde las filas de las policías, de las fuerzas militares y las fuerzas federales”.

De los ataques contra medios y periodistas que se produjeron en 2008, sólo 13 por ciento es atribuido a la delincuencia organizada. Las fuerzas del orden y los funcionarios resultaron los agresores más frecuentes, indica el estudio del Centro. Esos ataques se tradujeron en allanamientos a domicilios de reporteros, agresiones, intimidaciones, detenciones arbitrarias, así como golpes, bloqueos policiacos, entre otros.

Después de Chihuahua le siguen Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal como las ciudades en las que se manifestó más violencia contra medios y sus trabajadores.

La directora del Cepet estima que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad moral sobre el comportamiento de sus gobernantes, por lo que el informe de ese centro identifica a qué instituto político pertenecen las autoridades, políticos o grupos que comenten más agravios contra periodistas.

La investigación revela que, en 2008, funcionarios relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes cometieron el mayor número de agresiones, con 44 por ciento; 35 por ciento, del Partido Acción Nacional (PAN), y 21 por ciento, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Informar o callar

El Cepet sostiene la hipótesis de que la delincuencia organizada busca la manera de beneficiarse de la información que publican los medios. Para los grupos delictivos, “criterios periodísticos como la novedad, el impacto y la relevancia de la información, les sirven para tomar decisiones. Consideran que si las noticias conceden determinado espacio y cierto detalle a un caso en el que ellos actuaron, lo asumen como un acto antagónico o que el medio está a su favor”.

Durante la presentación del informe, el pasado 23 de enero, Leonarda Reyes explicó que “ésa es la lectura que le están dando”. Agregó que si “en el pasado los reporteros de policía tenían fuentes confiables que les filtraban información, hoy sabemos que estas fuentes ya no son tan confiables, pueden ser letales respecto de la información que manejan porque puede favorecer o perjudicar a alguno de los cárteles y eso puede ser muy grave”.

Por su parte, Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, apunta que los integrantes del crimen organizado, particularmente los narcotraficantes, “no tienen en modo alguno la obligación de respetar la vida, la seguridad de los periodistas”; ellos son delincuentes y algunos de ellos prófugos de la ley. Esa tarea corresponde al Estado y por eso se creó, pues “tiene la misión fundamental de garantizar la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad y, por tanto, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.

Si no existen las condiciones materiales, “de nada sirve tener la garantía de libertad de expresión en los artículos 6 y 7 constitucionales” y ese derecho se convierte sólo en una figura retórica.

“Hemos visto el desbordamiento del Estado en el narcotráfico”, y ahí es cuando falta el periodista, que es una polea de transmisión entre fuentes públicas y privadas de información y la sociedad. La sociedad restringe su legítimo derecho a saber, una garantía constitucional, advierte Villanueva.

Para este catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas, “los jueces no conocen la ley, no entienden su sentido”. Términos que constituyen normas internacionales como el de “malicia efectiva” o la diferencia entre personas públicas, derecho a la crítica de gobernantes, no se comprenden por jueces que, incluso, como ocurrió con una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, “invocan normas que han sido derogadas”, lo que no sólo es lamentable, sino que el juez lo aceptara cuando no es derecho vigente.

Por ese entorno, resulta urgente socializar el tema con los jueces y evitar así “la suma de demandas que ponga en riesgo la estabilidad y la existencia de los medios, como en el caso de Contralínea –indica el investigador–, que podría enfrentar hasta 80 demandas simultáneas y provocar estrés, autocensura, inhibición y finalmente, la quiebra del medio independiente”.

Otro aspecto que enfatiza el informe de Cepet es el relativo a la publicidad pública, pues ésta funciona “como instrumento de control político donde no hay reglas claras de asignación publicitaria; esto significa discrecionalidad. Villanueva agrega que, generalmente, la asignación de las pautas publicitarias se da por razones de ventaja política, de identidad o como premio o castigo. Para evitar esa práctica, se deben buscar normas jurídicas que establezcan reglas transparentes y equitativas de acuerdo con los estándares internacionales para evitar que el presupuesto se utilice para fines privados o ajenos al interés público.

RECUADRO:

Muerte sin respuesta

Elena González, coordinadora del programa Libertad de Expresión y del informe Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, explica que hubo casos en que los directivos de grandes medios, cuyos reporteros han sido víctimas de homicidios u otras agresiones, “nunca respondieron a mi solicitud de conocer su posición”.

Así ocurrió luego del asesinato de Alejandro Fonseca Estrada, presentador del programa de radio “El Padrino”, de Exa, en Villahermosa, Tabasco, cuyos dirigentes no dieron seguimiento a su crimen ni se manifestaron públicamente en su contra.

Reacción similar fue la de TV Azteca, cuando en agosto de 2008 las cabezas de varias personas fueron localizadas en el patio de esa empresa en Progreso, Yucatán. “Intenté comunicarme con ellos para saber su posición y nunca me quisieron dar nada, me mandaban de una persona a otra, de un teléfono a otro y finalmente se negaron a dar una opinión”, refiere.

Sin embargo, la explicación de los propietarios de medios sobre las amenazas cumplidas a sus trabajadores es diferente, indica Elena. En el caso de El Diario, de Juárez, donde trabajaba Armando Rodríguez, logró hablar con los directivos que sí conocían la agenda de trabajo del reportero y que a comienzos del año había recibido amenazas. “Me decían que dejó de publicar un tiempo y que procuraban cuidar los temas que él manejaba porque era muy inquieto”. (NE)

INFOGRAFÍAS


Propuestas sin eco

La violencia de la delincuencia organizada contra el periodismo no es reciente. En agosto de 2002, periodistas y propietarios de medios realizaron una jornada de trabajo en Tijuana, Baja California –que se tituló “Narcotráfico: periodistas bajo riesgo”–, para analizar la forma en que el narcotráfico comenzaba a afectar el trabajo de los comunicadores. Ahí, la Sociedad Interamericana de Prensa llegó a las siguientes conclusiones:

Los Estados están obligados a brindar garantías de seguridad al libre ejercicio periodístico, ya que sin libertad de prensa no puede existir la democracia. Por esa razón, los crímenes contra periodistas deben tipificarse como delitos federales, establecer el principio de no prescripción de los mismos, así como que las fiscalías especiales investiguen con mayor eficacia y celeridad los atentados cometidos contra periodistas y medios.

Además, como ya ocurrió en otros países, que se reformen los códigos procesales y penales para que se considere como circunstancia agravante todo crimen o agresión en perjuicio de periodistas. (NE)


Guerrero: sicarios asesinan a periodista

El 13 de febrero pasado fue asesinado en Iguala, Guerrero, el reportero gráfico Jean Paul Ibarra. El periodista trabajaba para el periódico guerrerense El Correo y cubría la fuente policiaca. Ibarra fue baleado cuando se dirigía a cubrir una información de un accidente automovilístico.

Los sicarios alcanzaron la motocicleta del fotorreportero y le dispararon en cinco ocasiones con una pistola calibre .45. Al momento de ser asesinado, Jean Paul Ibarra, de 33 años, viajaba con la reportera de Diario 21, Yenni Marchán, de 22 años, quien también recibió impactos de bala en las piernas.

Reporteros Sin Fronteras se declaró “horrorizada” por la muerte del fotógrafo.

El asesinato de Jean Paul Ibarra sería el número 46 que se comete contra periodistas de 2000 a la fecha, de acuerdo con el recuento efectuado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en el país se mantienen ocho comunicadores en calidad de desaparecidos. (Redacción, con información de Reporteros sin Fronteras y EFE)