domingo, 27 de diciembre de 2009

twitter - Presidente Legítimo 8o Postulado




Octavo postulado para transformar al país: Alcanzar la soberanía alimentaria

Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterio

Ahora, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos han tenido que emigra

En 2009, a pesar de la crisis económica y de consumo, se destinaran 16 mil millones de dolares para la compra de alimentos en el exterio

La mayor parte de lo que importamos es maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, y desechos de pollo que podríamos producir en el país...

Hay que regresar al campo, apoyar a los productores, como lo hacen casi todos los gobiernos del mundo, y lograr la soberanía alimentaria

Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres,

Además, en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México

Y recordemos: Sin maíz no hay país. Decía Guillermo Bonfil Batalla, "El maíz es un invento nuestro. Y el maíz , a su vez, nos inventó"...

Fuente: http://twitter.com/lopezobrador_
Difusión: AMLOTV

Deciden en asamblea no pagar tarifas altas de CFE



Deciden en asamblea no pagar tarifas altas de CFE
Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 8
Con un llamado a no pagar los altos costos del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyó la primera jornada de la Asamblea nacional de adherentes de la otra campaña, en la que los participantes continúan con los trabajos de integración de un programa nacional de lucha y su plan de insurrección.

Los colectivos, organizaciones e individuos asistentes al encuentro, en el auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria, señalaron que esa medida es en protesta y desconocimiento al gobierno federal y sus instituciones que en zonas populares imponen cobros injustos de más de 3 mil pesos por cuatro focos, un refrigerador, radio y televisor.

“Se trata de un problema cotidiano. En las oficinas de la Comisión Federal o de Luz y Fuerza, ante los reclamos, dicen primero ‘paguen y después reclame’, si no vienen los cortes.

Con esto y otras medidas se está respondiendo y caminando hacia una acción diferente de las luchas tradicionales gremiales de reclamar la satisfacción de una demanda y un beneficio a corto y mediano plazos, que no resuelven nada finalmente, destacaron los participantes en el encuentro.

Agregaron que con estas medidas pacíficas de lucha estamos encaminando contra el sistema capitalista y contra la burguesía, así como de las instituciones que esa clase social tiene para protegerse.

Medicina tradicional

Los más de 100 adherentes asistentes se pronunciaron por el rescate de la medicina tradicional que se practica en pueblos y comunidades indígenas y que está amenazada por la industria farmacéutica.

Según su convocatoria, los foros y reuniones nacionales han permitido conjuntar experiencias de lucha en varios lugares del país, así como enlazarlas de forma local, regional y nacional.

Además de pelear por los presos políticos con acciones específicas; manifestar su solidaridad con otros movimientos sociales; recabar información sobre demandas y necesidades de hermanos y hermanas que exigen la construcción de un mundo donde ellos también puedan caber.

“En este proceso hemos reconocido que el capitalismo –en su fase de dominio, a través de monopolios y oligopolios– no sólo es el enemigo, sino que está en crisis y que ellos, para evitarla, están golpeando a los pobladores, a los trabajadores y a sus familias en todo el mundo, lo que nos está sumiendo más en la pobreza y la desesperanza.”

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Proponen privatización energética para solucionar la migración a EU


Conclusión de mexicanos participantes en comisión binacional
Proponen privatización energética para solucionar la migración a EU
Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 5
Para solucionar el problema de la migración mexicana a Estados Unidos no sólo se necesita una reforma integral en el vecino país, sino también promover el desarrollo económico, amplio y sostenido en México. Ello requeriría de una reforma fiscal que aumente la recaudación federal, poner fin a los monopolios para crear competencia económica en los sectores dominados por una o dos empresas, y modificar la legislación sobre energéticos, a fin de permitir mayor inversión privada en esta área.

De igual manera se necesitaría una reforma laboral para fomentar la democracia sindical y otra en materia educativa, destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública, así como una política industrial diseñada para ampliar los vínculos entre el sector moderno de exportación y el resto de la economía, señala la mayoría de los miembros mexicanos del Grupo de Trabajo Binacional sobre la Frontera México-Estados Unidos.

Dicha instancia cuenta con la participación de una treintena de ex funcionarios, académicos y empresarios de ambos países, como Fernando Solana, ex secretario de Relaciones Exteriores; Jorge Montaño, ex embajador en Washington, y Jeffrey Davidow y Antonio Garza, ex representantes de la Casa Blanca aquí.

Un informe del grupo refiere que la migración no autorizada es un factor de irritación constante en la relación bilateral. En el país vecino da pie a medidas de control fronterizo que parecen muy lógicas desde el punto de vista económico y político, pero que acaban por ser contraproducentes; contribuye a una mayor incomprensión entre los dos países y crea antipatía hacia México y sus inmigrantes.

Tras enumerar las reformas que, a su entender, necesita el país para tener un crecimiento rápido y sostenido, la mayoría de los participantes mexicanos considera que su adopción requiere de un diálogo nacional profundo sobre el futuro mexicano y un liderazgo visionario que articule metas ambiciosas y de largo alcance para la nación.

Por lo que hace a la reforma migratoria integral, la mayoría de los miembros estadunidenses afirman que apoyarían una propuesta que incluya los siguientes elementos: regularización de los mexicanos que viven actualmente en Estados Unidos sin autorización, un plan que considere los flujos migratorios futuros, controles fronterizos eficaces y medios para que los empleadores cumplan con las prohibiciones de contratar trabajadores indocumentados, así como sanciones estrictas para quien no las observe.

Para no contraponerse a las realidades de la demografía, la geografía y la economía, señalan que es necesario tratar a México de manera diferente respecto del resto de los países cuyos ciudadanos buscan entrar en EU.

El Grupo de Trabajo auspiciado por el Pacific Council on International Policy y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sugiere establecer una comisión binacional de economistas, demógrafos, empresarios y líderes sindicales, para analizar la complementariedad y las sinergias entre ambos mercados laborales producidas por la integración económica y las tendencias demográficas de largo plazo.

Recomienda que los dos gobiernos desarrollen juntos un programa para manejar los flujos migratorios futuros, tanto temporales como permanentes, y que se tomen en cuenta las realidades del mercado laboral. Dicho plan deberá hacerse cargo de prevenir la posibilidad de fraude de los reclutadores y tendrá que asegurarse de que los derechos de los trabajadores sean protegidos a plenitud, enfatiza.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Un avance, junto al continuado desplome



Un avance, junto al continuado desplome
Antonio Gershenson

Hace unos días, primero, el tribunal colegiado respectivo ratificó la legitimidad del registro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (UNTPP) como sindicato. La Secretaría del Trabajo, a continuación, notificó a la unión el registro y tomó nota del mismo. Es un paso muy importante en una lucha cuyo primer paso, la formación del sindicato, se dio el 18 de marzo de 2008; pero cuyos antecedentes se remontan a movimientos que empezaron hace décadas.

Son muchos los problemas que quedan por resolver. Numerosos despedidos por ingresar a la unión o trabajar en ella. Ahora hay una nueva ola de despidos, que se anuncia llegarán en un plazo relativamente corto a unos 10 mil en Pemex. Éstos, junto con los 40 y tantos mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), despedidos de hecho el 10 de octubre pasado, no sólo muestran una forma de represión, sino que contribuyen a la crisis y al desempleo. Cada despedido deja de comprar lo que antes podía. Al igual que los otros despedidos, reduce su consumo al mínimo y contribuye a la reducción del mercado interno.

Por cierto, el registro a la unión es un precedente para el SME. Aunque el problema es diferente, ambos dependen, por lo menos en algunos aspectos, de la misma autoridad, e impulsan la organización independiente y la democracia sindical. Además, el despido es su enemigo común.

En estas páginas se publicaron declaraciones sobre la crisis y el desempleo, del presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios. Menciona que en este año de crisis se cerraron 500 mil pequeñas y medianas empresas. Una parte de las empresas cerradas se trasladaron al sector informal, o sea que ya no tienen que pagar impuestos, ni seguro social, ni Infonavit. Dice que estos y otros gastos fijos, como electricidad, teléfono y renta del local, ya no permitieron la subsistencia de estas empresas. Agregamos que después del primero de enero, con aumentos al IVA y otros impuestos, más los nuevos aumentos de precios, el número de empresas en esa situación aumentará.

El costo también, dijo, ha sido la pérdida de un millón y medio de empleos. Y, como dijimos, el desempleado reduce su consumo al mínimo, y esto profundiza más la crisis. Los 50 y tantos mil de Pemex y la extinguida Luz y Fuerza del Centro cuentan más que un número similar de los otros desempleados. Esto, porque incluyen en ambos casos a técnicos y profesionistas, cuyo ingreso era mayor que el promedio y cuyo poder de compra, también.

El discurso oficial podrá seguir, como hace un año, diciendo que ahora sí nos estamos recuperando. No les preocupan los millones de desempleados, ni, consecuentemente, las bajas ventas. Incluso ellos causaron directamente, o están causando, el desempleo de más de 50 mil, sólo en el sector energético.

Por si fuera poco lo anterior, suben de precio la gasolina común (la de lujo no subió) y el diesel, necesario no sólo para el transporte terrestre sino para el bombeo agrícola, para los tractores y maquinaria similar, para el comercio marítimo y demás. Por lo mismo, todo esto sube más los precios de los productos para los que estos medios son necesarios, o sea casi todos los bienes y servicios.

Ese aumento de precios, que ya lo estamos viviendo pero que con las medidas mencionadas se va a ir más arriba, es otra medida que favorece a la crisis. El aumento del IVA al 16 por ciento y otras alzas fiscales, también. El dinero alcanza menos. Las ventas disminuyen todavía más.

El primero de enero entran en vigor los aumentos que se acordaron en la Cámara de Diputados, como el del IVA. Eso, más la cuesta de enero posterior a los gastos de fin de año, agrava a partir de ese día toda la situación descrita.

gershen@servidor.unam.mx

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Impunidad en el caso ABC


Impunidad en el caso ABC

En los casi siete meses transcurridos desde el incendio de la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– en Hermosillo, Sonora, las autoridades de los distintos niveles de gobierno han demostrado ser incapaces de atender satisfactoriamente las demandas de esclarecimiento de los hechos formuladas por las familias de los muertos y la sociedad.

El pasado viernes, la ex coordinadora de guarderías del IMSS de la capital sonorense, Irma Cresencia Díaz Gómez –la única de las presuntas responsables que permanecía encarcelada–, obtuvo su libertad bajo fianza luego de permanecer poco más de medio año en prisión. Días antes, el director de Protección Civil de Hermosillo, Roberto Copado, fue liberado tras permanecer recluido por cinco días; en tanto que el jefe de bomberos de esa ciudad, Martín Lugo Portillo, quien había sido arrestado el 16 de diciembre, salió libre un día después, luego de pagar la caución.

La excarcelación de los detenidos por el lamentable suceso ocurrido el pasado 5 de junio –en el que perdieron la vida 49 niños y decenas más resultaron heridos– pone en perspectiva la falta de una investigación escrupulosa, exhaustiva, transparente y objetiva de los hechos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En efecto, debe recordarse que tuvieron que pasar más de dos semanas de la catástrofe para que la Procuraduría General de la República solicitara órdenes de aprehensión contra una veintena de funcionarios menores –la propia Díaz Gómez entre ellos– por su presunta responsabilidad en los sucesos.

En contraste, hasta el momento no ha sido detenido ninguno de los propietarios de la guardería ABC –entre quienes figuran personas cercanas al anterior gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Bours, así como familiares de la esposa del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, pese a que la propia PGR libró las órdenes de aprehensión correspondientes desde julio pasado. Significativamente, las sanciones hasta ahora impuestas en contra de los dueños de la guardería se limitan a una multa por un millón 644 mil pesos –cantidad menor a la que tuvo que pagar la ex coordinadora regional del IMSS para obtener su libertad– y la inhabilitación por cinco años para celebrar contratos con dependencias federales.

Por añadidura, los altos funcionarios municipales y estatales de los que cabe sospechar responsabilidad permanecen sin castigo, y otro tanto puede señalarse de los cuadros directivos del IMSS a escala nacional, encargados de supervisar el funcionamiento de los planteles que ese instituto subroga.

La actitud errática y tardía de las instancias de procuración de justicia estatal y federal, la falta de avances en las pesquisas emprendidas, y la presentación de presuntos responsables que parecieran ser más bien chivos expiatorios, hacen que surjan sospechas en torno a una voluntad por garantizar impunidad a los altos funcionarios públicos y los particulares influyentes involucrados, ya sea por acción u omisión, en los lamentables hechos.

En la circunstancia de descrédito institucional que enfrenta el país, y ante el creciente enojo y desesperación de los familiares de las víctimas, resulta impostergable un viraje en las investigaciones que se desarrollan en torno al caso ABC, a efecto de sancionar a los verdaderos culpables –se trate de quién se trate– y asegurar la procuración de justicia al medio centenar de familias que en junio pasado enfrentaron la irreparable pérdida de sus niños.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Tripolaridad geofinanciera: dólar, euro y yuan



Bajo la Lupa
Tripolaridad geofinanciera: dólar, euro y yuan
Alfredo Jalife-Rahme

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Una operación en renminbi –moneda del pueblo– en un banco chino. En este caso a principios de mes en la ciudad de Changzhi, provincia noroccidental de ShanxiFoto Reuters
E
stados Unidos (EU) se empecina en actuar en el ámbito geofinanciero como la otrora unipolar superpotencia multidimensional que fue, donde todavía ejerce su proclividad unilateralista al manejarse sólo en forma egoísta como si los restantes 191 países de la ONU no existiesen.

No será sencillo en el seno del G-20 –un poco más de 10 por ciento de países del mundo y el bloque que sustituyó al G-7 y al G-8 (cuando se cuenta a Rusia) con un enfoque exageradamente geoeconómico–, desplazar al dólar de su primer sitial geofinanciero que aún ocupa como divisa de reserva global, ya no se diga por el G-77, de los Países No-Alineados, quienes resucitaron en forma timorata en la cumbre fallida de Copenhague y quienes, en realidad, representan a 130 países marginados por el nuevo orden veinteavopolar geoeconómico.

Que casi 70 por ciento de los países del mundo se encuentre darwinianamente sometido a los dictados de la plutocracia financiera global expresa la barbarie de los nuevos órdenes mundiales: sean unipolares, bipolares, tripolares o veinteavopolares.

Es nuestra sugerencia que el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), las nuevas cuatro potencias geoeconómicas emergentes, exija por lo menos la presencia de un representante del G-77/G-130 en el seno del G-20.

Reconocemos que se trata de una utopía guajira, pero el G-77/G-130 debe adoptar urgentemente medidas creativas de autopreservación, de cara al incipiente orden veinteavopolar oligopólico que exhibe el lamentable estado de desequilibrio mundial en ningún sector como en las geofinanzas, donde, al corte de caja de hoy, domina el dólar estadunidense (con casi 65 por ciento de los intercambios globales de divisas) y, en un distante segundo lugar, el euro (con cerca de 25 por ciento), seguidos lejanamente por la libra esterlina (divisa del colonialismo decimonónico, con 3.6 por ciento) y el yen nipón (instrumento fiduciario de la anglósfera, con 3.5 por ciento).

El dólar estadunidense y sus dos divisas (todavía) aliadas, la libra esterlina y el yen nipón, detentan casi 72 por ciento global.

Increíblemente, dos divisas solas, el dólar y el euro, con casi 90 por ciento del total, dominan los intercambios geofinancieros.

La unipolaridad geofinanciera del dólar se convirtió en una de las principales insanidades que legó el imperio estadunidense.

En las geofinanzas –obviamente, sostenidas por una maquinaria de guerra nuclear que subsume su poderío tecnológico y geoeconómico–, radica precisamente el gran poder moderno de los imperios.

¿Por qué no crea el G-77/G-130 su divisa común –o ,en su defecto, su canasta de divisas creíbles– apuntaladas por sus materias primas (oro, plata, hidrocarburos, uranio, hierro, etcétera)?

Si la autodestrucción de la unipolaridad de EU ha sido asombrosamente acelerada, la construcción del incipiente orden veinteavopolar (donde convive en forma híbrida la decadencia del G-7 y el ascenso del BRIC) será ondulantemente lenta.

Suena anómalo de que el BRIC no posea divisas competitivas al dólar y al euro, cuando, con nuestro debido respeto, la libra esterlina y el yen nipón tienden a desvanecerse en la dinámica del nuevo orden geofinanciero tripolar en gestación.

Todavía el yuan/renminbi chino y la rupia india no son convertibles (cotizables libremente), por lo que pareciera estéril abordar el desplazamiento del dólar por Pekín o Nueva Delhi. Tampoco el rublo ruso y el real brasileño, ambos convertibles, son competitivos porque han dependido excesivamente de las geofinanzas anglosajonas y europeas.

De las cuatro divisas del BRIC, que no se atrevieron a lanzar su divisa común –como les exhortamos, aunque hay que reconocer que no es tarea sencilla ni de corto-plazo–, la única que lleva la batuta para competir con el dólar y el euro es el yuan/renminbi chino, debido a muchas virtudes: en particular, a su vigoroso crecimiento geoeconómico (en medio de la crisis global) y a su descomunal atesoramiento de reservas (sin contar lo que hemos denominado el circuito étnico chino: Hong Kong, Macao, Taiwán y Singapur).

China acaba de abrir sus cartas (ya muy vistas) y nada menos que Joseph Yam, anterior mandamás de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, expresó que el yuan se puede convertir en el tercer pilar del sistema monetario global, cuando el deterioro de las finanzas públicas erosionan la confianza en el dólar y el euro (China Daily, 23/12/09).

Yam, de 61 años, ingresó recientemente al banco central de China como asesor y sus declaraciones darán vuelo a las teorías sobre la creación de un G-2 (el condominio entre EU y China, que desean fervientemente la dupla anglosajona y el sionismo financiero), extensivo a un G-3 con la eurozona.

El Banco del Pueblo de China (banco central) nombró a Yam vicepresidente ejecutivo de la Sociedad China para Finanzas y Banca, quien expresó durante un foro en Pekín que existe la necesidad (sic) de una tercera divisa para servir de tercer pilar, lo cual le daría también una oportunidad de sanar (sic) a sus dos pilares débiles (léase: el dólar y el euro: desfondados por sus excesos de deuda y multidéficit).

Fustigó que los dos pilares del sistema financiero no están asentados sobre bases sanas (sic) debido a sus extensos déficit presupuestales y su deuda pública.

Yam no exhibió ansias de novillero y vaticinó que la economía de China en los próximos 20 años competirá con EU y Europa en términos de tamaño, lo cual reforzará la atracción por el yuan como divisa de reserva.

Abogó por experimentar el uso del yuan en Hong Kong (que ya inició con la emisión de bonos) desde donde se lanzaría su globalización monetaria, que ha empezado en forma regional entre la municipalidad de Shanghai y la provincia de Guangdong tanto con Hong Kong como con el bloque de 10 naciones del sudeste asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

El año pasado Yam era el gobernador centralbanquista mejor pagado del mundo, con salario de 1.5 millones de dólares al año y entre sus atributos se encuentra haber detenido la demolición del dólar de Hong Kong en 1997 (durante el efecto dragón) propiciado por el megaespeculador George Soros (presunto operador de la CIA y los Rothschild, los banqueros esclavistas atávicos).

No es ningún hallazgo sentenciar el fin de la hegemonía geofinanciera unipolar del dólar, cuyo verdadero problema reside en su sustitución ordenada por divisas creíbles que todavía no existen.

La paradoja de la precipitada decadencia unipolar de EU, pese a la escandalosa vigencia insustentable e intolerable de su dólar, se debe a la ausencia de su sustitución en forma ordenada y negociada.

EU vende(rá) muy caro la amenaza de un caos financiero global que derrita las reservas en dólares de China, ya no se diga su desmedida y precaria tenencia en deuda gubernamental estadunidense.

Los imperios al fenecer suelen conservar muchas canonjías, por lo que el desbancamiento del dólar –en forma pacífica (ya que con una guerra el vencedor es quien impone su nuevo orden geofinanciero)–, será una ardua tarea generacional.

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Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

para el 2010

MSX reanuda explosiones en el Cerro de San Pedro




Viola amparo concedido a la agrupación Pro San Luis Ecológico
MSX reanuda explosiones en el Cerro de San Pedro
Sin importarle el fallo judicial, y pese a la presencia de turistas, ayer efectuó 6 detonaciones en busca de oro y plata, acusan ambientalistas

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La transnacional Minera San Xavier reinició ayer las detonaciones en el Cerro de San Pedro, pese a que existe un amparo para impedir que la Sedena le otorgue un nuevo permiso de uso de explosivos. En la imagen,aspecto del pueblo, ubicado a las faldas de la colinaFoto Edith Argüelles/ archivo
Edith Argüelles
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 21
San Luis Potosí, SLP, 26 de diciembre. Minera San Xavier (MSX) reanudó las detonaciones en la cabecera municipal del Cerro de San Pedro, con lo que violó el amparo concedido a la agrupación Pro San Luis Ecológico el pasado 18 de diciembre, que impide a la firma canadiense utilizar explosivos pese a la suspensión definitiva que obtuvo contra la clausura parcial impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el 18 de noviembre.

Vecinos del Cerro de San Pedro confirmaron que este sábado a las 12:15 horas la minera efectuó seis detonaciones en la busca de oro y plata, que representan un exceso frente a las dos diarias que hubo hasta el 13 de noviembre, cuando una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emplazó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a retirarle el permiso de impacto ambiental.

Con el retiro del permiso vino la clausura parcial y las detonaciones quedaron suspendidas, aunque la Profepa permitió a la empresa mantener los procesos de lixiviación en sus reservas de oro y plata. El 14 de diciembre New Gold Incorporated, matriz de MSX con sede en Vancouver, Canadá, dio a conocer que obtuvo un amparo contra la interrupción de operaciones, por lo que reanudaría sus procesos a la vez que apelaría de la sentencia del TFJFA.

Pro San Luis Ecológico dio inicio a la secuela de actos jurídicos, al demostrar ante el TFJFA las anomalías y riesgos de la explotación minera en Cerro de San Pedro, pero la MSX obtuvo en el juzgado primero de distrito el amparo en que se basó para eludir la restricción; en respuesta la organización tramitó y obtuvo otro amparo en el juzgado cuarto contra actos del gobierno estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional que permitieran a la empresa reanudar las detonaciones.

Hay un desacato abierto a la resolución judicial pues la compañía retomó el uso de explosivos con más fuerza que nunca, sin considerar la presencia de turistas en el municipio y sin respetar las festividades navideñas. Parece que quisieran tumbar el pueblo en abierto desafío a toda institucionalidad, y con el Ejército implicándose en la aventura ilegal, advirtió el presidente de Pro San Luis Ecológico, Sergio Serrano Soriano.

A su vez Carlos Covarrubias Rendón, ex regidor perredista del municipio de San Luis Potosí, dio a conocer que los inconformes promovieron un incidente de violación contra la empresa; y la activista Ana María Alvarado recordó que si bien MSX se amparó contra la clausura parcial, el recurso logrado por los ambientalistas y moradores de Cerro de San Pedro prohíbe el uso de explosivos, pero las autoridades que permitieron su reanudación se comportan como si el fallo no existiera.

MSX llegó al Cerro de San Pedro en 1995 y hasta 2006 inició la extracción de oro y plata a cielo abierto, pero la lucha legal principió hace más de 10 años en el afán de impedir el uso de explosivos y altas cantidades de cianuro para salvaguardar el medio ambiente de Cerro de San Pedro, municipio conurbado a San Luis Potosí.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Decreta Hacienda otra alza de 3 centavos al precio de la gasolina


El incremento, segundo en ocho días; la Magna queda en 7.80 pesos por litro
Decreta Hacienda otra alza de 3 centavos al precio de la gasolina
El gobierno incumple nuevamente el Acuerdo en Favor de la Economía Familiar y el Empleo
La Magna se mantiene por el momento en $9.57 y el diesel en 8.16, informa la Amegas
Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 18
Entre la sorpresa y la indefensión de los consumidores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó aplicar este sábado un segundo aumento en ocho días al precio de la gasolina Magna, la más utilizada por el parque vehicular del país, ahora de 3 centavos por litro. De esta manera, las 8 mil 662 estaciones de servicio diseminadas en todo el país venden desde las primeras horas de ayer en 7.80 pesos el litro del combustible.

Con esto el gobierno federal nuevamente incumple su compromiso firmado el pasado 7 de enero en el contexto del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, en el cual el presidente Felipe Calderón había prometido que el precio de las gasolinas se mantendría congelado hasta concluir 2009.

Entre las 25 acciones que constituyen dicho acuerdo, signado por el Ejecutivo federal, destaca la de congelar los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año. El Banco de México (BdeM), el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos firmaron como testigos ese compromiso.

Este es el segundo golpe a la economía familiar de los mexicanos durante apenas 18 días de gestión de Ernesto Cordero como nuevo secretario de Hacienda, en sustitución de Agustín Carstens, ahora nombrado como sucesor de Guillermo Ortiz al frente del BdeM.

Mientras las familias mexicanas se reponían de la fiesta navideña, disfrutan las vacaciones de fin de año y se preparan para recibir 2010, se despertaron este sábado con el aumento que el gobierno federal impuso de manera subrepticia: tres centavos al litro de la gasolina Magna, para pasar de 7.77 a 7.80 pesos por litro.

En el caso de la Premium se mantiene en 9.57 pesos el litro. El diesel, que aumentó la semana pasada 3 centavos, permanece en 8.16 pesos, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

En lo que va del año la gasolina Magna ha registrado tres alzas. El primero fue el 3 de enero de 2009, cuando pasó de 7.70 a 7.72 pesos; el segundo ajuste fue el sábado 19 de diciembre (hace apenas 8 días), al subir de 7.72 a 7.77, y el tercero fue el aplicado ayer, al aumentar de 7.77 a 7.80.

Las alzas a los combustibles responden a la intención del gobierno federal de eliminar el subsidio a las gasolinas, que según los datos oficiales será para 2009 de alrededor de 138 mil millones de pesos. Ante la incapacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) de abastecer el mercado mexicano, la importación de éstas es de unos 321 mil barriles diarios, lo que representa alrededor de 45 por ciento del consumo local.

Según analistas financieros, el impacto de los incrementos se resentirá en mayor medida en 2010. Ese año se sentirán los efectos de los aumentos a combustibles, impuestos, derechos y alimentos.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Programa sabatino EL BOTEPRONTO 26-Diciembre-09

26-Dic-09. Hoy hablamos de lo que dijo el OBISPO Raúl Vera respecto al operativo de Cuernavaca en el que murió el jefe de jefes Arturo Beltrán Leyva, también hablamos de como los gobiernos estatales y municipales acaparan el crédito bancario disminuyendo este a la iniciativa privada y a las personas físicas con actividades empresariales, también sobre la secretaría de la función pública quien dio carpetazo a la investigación que se estaba llevando a cabo en contra de un exfuncionario de la lotería nacional, presentamos el video "los mensajes de navidad y fin de año favoritos de EL BOTE, donde dan su mensaje ARTEMIO, MARTÍN ESPARZA, EL GRAN BOTE, HUGO CHAVEZ y EL BOT-ROKER. Participaron en este programa vía comunicación YIYINA, XROB y PEJEBOY.

Audio en MP3 dando clíck AQUÍ.

Las “buenas intenciones”




La simulación y la demagogia campean por todo el país, ante la incapacidad de la clase política para superar las consecuencias de tres décadas de crisis social, política y económica. De ahí que cada vez surjan más voces pidiendo se refunden instituciones y organismos diversos, como si de esa forma pudieran superarse las consecuencias de una forma de ejercer el gobierno de espaldas a la sociedad nacional.


Ahora hasta el gobernador de Coahuila se suma a quienes demandan refundaciones, suponiendo que así se podrían sortear problemas estructurales que influyen en el agravamiento de una realidad que se antoja muy peligrosa, por la suma de situaciones adversas.

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, anunció su retiro temporal de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), la cual llevó a cabo su 37 reunión en la ciudad de Durango. Dijo: “La Conago es una organización donde nos esforzamos los gobernadores porque nos hagan caso, pero tal parece que nos agarran de choteo los de la federación, por eso considero que hay que refundarla”. Afirmó que “ya se burocratizó”, y que los acuerdos que se toman para mejorar el federalismo “solamente quedan en buenas intenciones”.

No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que la clase política trabaja no para servir a la sociedad, sino para servirse de las posiciones que ocupan sus integrantes con la única finalidad de fortalecer y ampliar cuotas de poder. En tal sentido, Moreira se queda corto, pues la Conago no sólo se burocratizó, sino que se constituyó en un organismo muy costoso, absolutamente prescindible. Se pervirtió su función en tanto que no ha contribuido a fortalecer un auténtico federalismo, sino a simular que lo hay, pues en los hechos las poblaciones tienen ahora menos posibilidades de hacer oír su voz en el centro, debido a que los mandatarios estatales, con alguna que otra excepción a la regla, se dedican en cuerpo y alma a favorecer sus propios intereses.

Esto no significó un avance democrático, sino todo lo contrario, como lo demuestra la perversión del espíritu y la letra del artículo 115 constitucional. El municipio libre es ahora un sueño guajiro porque los gobernadores son amos y señores en sus estados. Las atribuciones federalistas que tenía el gobierno federal fueron descentralizadas, pero no a favor de la sociedad, sino de los mandatarios estatales, lo que resultó una aberración institucional que ha tenido funestos resultados. En consecuencia, no basta con la refundación de la Conago para corregir una situación nada favorable a la ciudadanía, pues lo que se requiere es una cirugía mayor, es decir, una profunda reforma del Estado.

Y llevarla a cabo no sería posible en las actuales circunstancias del país, cuyo común denominador es la crisis generalizada, provocada por la terquedad del grupo en el poder en servirse del mismo con una finalidad patrimonialista. De ahí que los problemas estructurales se agraven cada día que pasa, y lo más que hace la clase gobernante es tapar hoyos aquí y allá, recurriendo a la más rancia demagogia para tratar de engañar a la población. Lo ha conseguido en alguna medida, gracias al costosísimo empleo de los medios electrónicos, pero ante un evidente agravamiento de tanto problema, situación que se complicará en este 2010: la táctica nazi de mentir todo el tiempo para que las mentiras se conviertan en “verdades” dejará de tener eficacia.

Otra sería la situación si el país no estuviera tan polarizado, no hubiera el profundo divorcio entre gobernantes y gobernados que caracteriza al México de nuestros días. Por eso, lo razonable sería sentar las bases de una nueva y más fructífera relación entre los ciudadanos y la clase política, con una finalidad verdaderamente democrática, cosa que se antoja una utopía por ahora, teniendo en cuenta que a la oligarquía no le interesa que se llevaran a cabo tales avances. Por eso, mientras no haya cambios de fondo en la actual correlación de fuerzas políticas, lo que seguirá imperando en el sistema político será la demagogia y la simulación, como las que se viven en organismos como la Conago.

gmofavela@hotmail.com


Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Muerte de Mouriño, supuesta responsabilidad del director de Seneam




Después “confirmar” que la causa de la caída del Learjet 45 donde viajaba el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue su acercamiento excesivo y encuentro con la estela del avión Boeing 767-300 que le precedía, lo que sigue ahora son las responsabilidades administrativas y penales, anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 3 de noviembre, un día antes de cumplirse un año del fatídico suceso


De fincar responsabilidades penales y administrativas por la caída del Learjet 45 en que perdió la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, uno de los probables responsables del accidente sería Agustín Arellano Rodríguez, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (Seneam), integrante del Comité de Coordinación para la Investigación del Incidente Aéreo.

Desde 2007, según el gremio de los controladores, Arellano Rodríguez permitió en las maniobras de aterrizaje una distancia entre aviones en vuelo de 4 millas náuticas (incluso hasta 3 millas), que un año después sería la causa de la desestabilización y el desplome a tierra del Learjet 45.

Según las conclusiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Learjet 45 fue derribado por la turbulencia de estela de un Boeing 767-300, al que se le acercó peligrosamente por la impericia de los pilotos y por errores del controlador. En lugar de mantener una distancia de 5 millas náuticas, la acortaron a 3.8 millas, dando lugar al accidente.

Sin embargo, en noviembre de 2008, la SCT sostuvo que esa distancia entre los aviones, según el radar del aeropuerto de la ciudad de México, había sido de 4.15 millas náuticas.

En esos primeros días de la investigación, el entonces titular de la SCT, Luis Téllez Kuenzler, sostuvo que los pilotos del Learjet 45 no violaron la norma al reducir la distancia a 4.15 millas náuticas. Después se contradijo, pues aseguró que esa distancia había sido la causa probable de la caída de la nave, pues se debió mantener a 5 millas como límite, de acuerdo con los parámetros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).

Ángel Iturbe, secretario del Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), asegura que desde 2007 la normatividad sobre la distancia de 4 millas náuticas entre aviones al momento del aterrizaje fue establecida por el Seneam a través de una carta-acuerdo firmada entre Control de Tránsito Aéreo y la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Recuerda, inclusive, que la directiva fue firmada por el subgerente de Servicios de Tránsito Aéreo de la Gerencia Regional Centro México de Seneam, Martín García Herrera.

El objetivo que tenía entonces el director general de Seneam, Agustín Arellano Rodríguez, era reducir los tiempos de aterrizaje y despegue de los aviones en el aeropuerto de la ciudad de México, para remediar el congestionamiento aéreo y cubrir la demanda creciente de los usuarios en el aeropuerto capitalino.

En efecto, Arellano Rodríguez anunció el 21 de agosto de 2006 que en noviembre de ese año se aplicaría el Proyecto de Reestructuración del Área Terminal del AICM para Mejorar el Tráfico Aéreo, con el propósito de aumentar el número de operaciones aéreas, mediante la reducción de los tiempos de despegues y aterrizajes de las aeronaves.

Aseguró que un avión que tardaba en despegar y alcanzar los 28 mil pies de altura en 16 minutos, lo iba a hacer en 10, con lo que también se agilizarían los aterrizajes.

El AICM tiene dos pistas en operación, pero no las puede utilizar simultáneamente para el despegue y aterrizaje de aeronaves porque la distancia entre una y otra es muy corta, por lo que los aviones en vuelo tienen que esperar a que despegue un avión en tierra para poder aterrizar.

Agustín Arellano explicó entonces que el aeropuerto capitalino registraba 300 mil operaciones anuales –un promedio de 56 aterrizajes y despegues diarios–, y con el nuevo proyecto, precisó, se podría aumentar la capacidad a 330 mil, es decir, entre 63 y 64 aterrizajes y despegues diarios. Con la reestructuración del espacio aéreo, dijo, estarían preparados para atender la demanda, que pasaría de 23 a 32 millones de pasajeros al año.

Sin embargo, el proyecto para reestructurar el espacio aéreo y “hacer más eficientes y seguros los despegues y aterrizajes en el aeropuerto capitalino, cumpliendo con las normas de seguridad internacional de aviación”, lo puso en marcha hasta el 12 de abril de 2007.

Posteriormente, el 1 de julio de 2007, el director general de Seneam confirmó que, en efecto, se había reducido la separación de aproximaciones entre aeronaves a 4 millas y que la reglamentaria permitiría llegar a las 3 millas. Aseguró que la reestructuración del espacio aéreo cumplía con las normas de seguridad internacional de la aviación.

En ese evento de 2007, los controladores denunciaron que los nuevos procedimientos para aterrizajes y despegues de aviones no estaban establecidos ni se usaban en ninguna parte del mundo. Además, precisaron, la reestructuración del espacio aéreo complicaba la visualización de acercamientos entre aviones. “Son procedimientos difíciles de cumplir por parte de los pilotos, porque vuelan muy alto y muy rápido, y se salen del espacio que van a ocupar”, dijeron.

Consideraron que la separación de 4 millas náuticas de los aviones en vuelo no podría ser en forma continua, porque con la configuración del aeropuerto nadie podría despegar.

Sin embargo, Miguel Peláez Lira, director general adjunto de Tránsito Aéreo del Seneam, sostuvo entonces que con la reestructuración se tenían perfiles de descenso más apropiados para los aviones que operaban, sobre todo, en el Distrito Federal.

“El controlador tiene una idea más clara de cómo y por dónde deben entrar y salir los aviones en menos tiempo. Esto redunda en una fluidez, orden y seguridad para pilotos y controladores”, señaló.

Los controladores reportaron entonces que el 27 de junio de 2007, al filo de las 10:00 horas, se presentó un incidente grave, pues la pantalla radar dejó de actualizar la ubicación de los aviones; se quedó congelada en un lugar geográfico y después de varios segundos, cuando se retomó la señal radar, los aviones estaban en otros lugares, diferentes a lo que el controlador veía.

Martín García, subgerente de los servicios de Tránsito Aéreo en la Gerencia Regional Centro, respondió que los sistemas de control de tránsito aéreo tienen varias alarmas (conflict alert), con parámetros que indican al controlador que dos o más aeronaves están en los límites de la separación.

En un caso así, añadió, la alerta “siempre se activa mucho antes porque los parámetros son mayores a la separación reglamentaria”, para que el controlador sepa que si dos aviones siguen con determinadas trayectorias perderán la separación. “Pero ése es un evento que pasa día con día, porque los sistemas son tan sofisticados que se adelantan a la trayectoria o la disminución que se podría registrar”.

En el mismo evento, Arellano Rodríguez manifestó, respecto del riesgo de incidentes aéreos, que no los había habido desde 2002 porque se llevaba una medición perfecta y los procedimientos fueron certificados con estándar ISO-9001-2000. “De 32 incidentes en un año, bajamos a ocho, y ahorita estamos en dos o tres por año”, precisó en julio de 2007.

Sin embargo, reconoció que había incidentes, “porque sí los hay. Tenemos que entender que sí hay incidentes de pérdida de separación, pero es porque en algún segmento del vuelo se perdió esa separación, pero se investiga y se analiza y somete a consideración de la autoridad aeronáutica”.

Los controladores acusaron al Seneam de ser “juez y parte”, porque para poder conservar la certificación ISO-9001 comisionaban a personal para maquillar las cifras y poderse mantener dentro de los parámetros, sin que haya una mayor calidad a los servicios.

El 5 noviembre de 2008, durante la conferencia de prensa de la SCT para dar a conocer los avances en la investigación del accidente aéreo del Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación, Agustín Arellano Rodríguez explicó que los controladores reducen o aumentan las velocidades de las aeronaves para mantener su separación y, por ende, la seguridad entre las mismas. Sostuvo que la distancia entre el Learjet 45 y el Boeing 767-300 en todo momento se mantuvo entre 4 y 5 millas, o a veces hasta más.

“Siempre permanecen a un distancia mayor de las 4 millas”, aseguró. Pero el 14 de noviembre, el extitular de la SCT, Luis Téllez Kuenzler, lo contradijo. Primero explicó que el Manual de procedimientos de control de tránsito aéreo establece los parámetros de separación entre aeronaves de diverso tipo, que son los sugeridos por la OACI, con el fin de evitar los efectos negativos de las turbulencias de estela en aviones que vuelan detrás del que las produce.

Sostuvo, por tanto, que entre un avión de categoría pesada, como el Boeing 767-300, de 175 toneladas de peso, y uno de categoría media como el Learjet 45, de 9.4 toneladas, debe haber una distancia de 5 millas náuticas. En este caso, dijo, la última distancia registrada en el radar fue de 4.15 millas náuticas. El Learjet 45, sostuvo, es más vulnerable que la mayoría de los aviones medianos a los efectos del fenómeno de turbulencia de estela.

Además, dijo, “tenemos evidencia preliminar de que la tripulación no estaba suficientemente familiarizada con la operación del Learjet 45”.

Ángel Iturbe, secretario de Trabajo del Sinacta, advierte que no están dispuestos a que se busque en el controlador del tráfico aéreo de la ciudad de México a un chivo expiatorio para tener a otro culpable del accidente. En su defensa, anuncia, harán uso de todos los recursos legales que estén a su alcance.

Un reporte de la investigación de la SCT sugiere que el controlador de aproximación mintió. Este controlador, dice el informe, “recuerda también que la separación entre estas aeronaves nunca fue menor a 5 millas (sic) y que no le provocaría ningún problema”.

Ángel Iturbe explica que el hecho de que la separación entre ambas aeronaves haya llegado hasta las 4.15 millas “todavía está dentro de los parámetros normales” y el controlador se apegó a la normatividad que estipula un mínimo de 4 millas náuticas.

En la aviación, explica, se toman márgenes muy amplios de seguridad. “Es decir, si nos dicen que mantengamos a un avión atrás de otro 4 millas, no es porque a las 3.9 millas náuticas la aeronave se va a caer. Se da un margen de seguridad de cuando menos el doble. Si nos dicen que la distancia mínima es de 4 millas, quiere decir que la distancia peligrosa es de 2. Si a las 3.9 millas es una distancia demasiado peligrosa, entonces la separación que vamos a poner como mínima va a ser 8”.

Con ello, la causa oficial del desplome del avión en el que viajaba el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no resultó tan convincente.

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Banxico, el tabernáculo de la ortodoxia neoliberal




Mientras no se transformen las normas que rigen el funcionamiento del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que los han convertido en el tándem de la rancia, fracasada y desacreditada ortodoxia monetarista, en los guardianes de la teocrática contrarrevolución, la neoliberal mexicana, carecerá de relevancia, hasta cierto grado, la sucesión de los ayatolás de esos tabernáculos.


El único requisito que se exigirá a quien pretenda ocupar el puesto del sumo sacerdote en esos templos será el que garantice la continuidad de ese proyecto de nación; que el monje candidato haya utilizado fielmente, sin desdoro, los hábitos de la congregación; que sea un convicto y confeso creyente de la ortodoxia; que contra viento y marea se comprometa a cumplir escrupulosamente con los dogmas tallados con sangre en las leyes orgánicas de dichos organismos –el balance fiscal cero, la defensa del valor de la moneda y el control de la inflación–; y que sea respetado por la “comunidad” local y foránea, los dueños del capital financiero.


En ese sentido, Guillermo Ortiz cumplía con los requerimientos necesarios para mantenerse como gobernador del banco central durante un sexenio trágico más. El Chicago Boy, nombrado a sí mismo pretenciosamente como “soldado de México”, era bien visto por los mandarines de la internacional neoliberal, de la naufragada “globalización” del “consenso” de Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, los desacreditados corsarios expertos en hinchar desaforadamente sus ganancias en los agitados mares de la especulación financiera, en manipular y hundir los mercados. Como banquero central, en 1998-2009, fue confiable, pues se sometió sumisamente a sus dictados, siguiendo las lecciones de su predecesor Miguel Mancera (1982-1988), el patriarca de nuestros Chicago Boys. Su política monetaria empleada para reducir la inflación, los altos réditos internos contra los externos, la sobrevaluación cambiaria, su respeto irrestricto a la especulación en los mercados bursátil, de dinero y de divisas, y su defensa a ultranza de la libre entrada y salida de capitales premiaron siempre la rentabilidad financiera sobre la productiva. Su militancia en la ortodoxia ya había sido probada cuando fue empleado del FMI (1984-1988). Como secretario de Hacienda (1994-1998), sus servicios al capital financiero fueron invaluables, si se considera su participación en el sucio e ilegal rescate de los quebrados banqueros mexicanos y la subsecuente entrega del sistema financiero a los especuladores foráneos, después socializar las pérdidas, de convertir los pasivos fraudulentos en deuda pública (poco más de 700 mil millones de pesos del Instituto para la Protección de Ahorro Bancario-Fondo Bancario de Protección al Ahorro).


Sus desavenencias con el actual líder supremo de la contrarrevolución neoliberal, Felipe Calderón, obstaculizaron su reelección. Pero no hay que olvidar que los arrebatos del hijo de cristero son simples ocurrencias, producto de sus inescrutables estados de ánimo. Calderón puede ser ingrato, pero no sus beneficiarios. A Ortiz ya le habían prometido un puesto en el Banco de Pagos Internacionales. De todos modos, no quedará damnificado porque recibirá una jugosa e insultante pensión, comparada a la de la mayoría de los empleados públicos jubilados (poco más de 600 mil), cuya cuantía media equivale a sólo 1.1 veces el salario mínimo del Distrito Federal (poco más de 1 mil 700 pesos mensuales), que los condena a sobrevivir en la miseria lo que les resta de vida.


El nombramiento de Carstens tiene al menos dos características: será alguien de la misma congregación, un tecnócrata neoclásico que nunca atentará en contra de los principios religiosos neoliberales que norman al templo; la autonomía del santuario seguirá caracterizándose por su antidemocracia. Su elección y legitimidad no depende del consenso social, sino de Calderón y la mayoría del Senado, los aparentes y cuestionados representantes de la población que, al igual que los funcionarios del banco central, no rinden cuentas a nadie de sus actos, por la sencilla razón de que se carece del marco legal y los mecanismos institucionales que los obliguen a hacerlo. Los directivos seguirán aplicando aisladamente las medidas monetarias como si fuera un simple asunto “técnico”, supuestamente “neutral”, por encima de la política, al margen de los intereses de la mayoría que nunca podrá enjuiciarlos y sólo le queda pagar los costos.


La autonomía fue justificada por la necesidad de desvincular al Banxico de los ciclos políticos, por la razonable desconfianza existente hacia los gobernantes, sus motivos, intereses y compromisos que les llevaba a adoptar una determinada política monetaria o a modificarla a su conveniencia. ¿Acaso la autonomía es sinónimo de eficiencia, pulcritud, transparencia? ¿Un banquero central es una suerte especial de sabio racional, objetivo, mesurado, puro, apolíticamente correcto, inmune a los vicios que sólo parecen asolar a los políticos, lo que, por definición, lo vuelve confiable? Al margen de que exista o no esa virtuosa especie única, lo que sí es claro que toda decisión monetaria –el nivel de los precios, los réditos o el tipo de cambio y la interacción entre ellos– condicionará y afectará, directa e indirectamente, al resto de la política macroeconómica, sus objetivos perseguidos y sus resultados alcanzados, tales como el ritmo del crecimiento, el empleo, el bienestar, las cuentas externas, al gobierno y la sociedad. ¿Acaso los costos y los beneficios de sus decisiones, acertadas o erradas, se distribuyen equitativamente para que, en un juego de suma cero, se eliminen sus efectos sociales y, por añadidura, sus riesgos políticos? Un régimen democrático implica beneficios, costos y renuncias. ¿Una sociedad tiene que aceptar inevitablemente los costos de un banco central autónomo, al margen de lo social y lo político, cuyo único objetivo es controlar la inflación por cualquier medio, aunque implique el sacrificio del crecimiento, el empleo y el bienestar para garantizar su credibilidad e independencia? ¿Una sociedad que aspira a la democracia está obligada a renunciar al control democrático del banco central? ¿Su manejo antidemocrático y por encima de la mayoría es un mal necesario? ¿Es compatible su independencia con un Estado constitucional? ¿Una organización democrática del poder público puede aceptar organismos independientes sin conflictos, sin que menoscabe su legitimidad democrática? ¿O la “autonomía” sólo es una simple coartada para ocultar que los tecnócratas privilegian los intereses de un segmento de la población, la “comunidad” financiera interna y externa?


La política monetaria es tan importante para el desarrollo de un país como para dejarla bajo responsabilidad exclusiva del banco central, como si fuera su coto privado, sin la supervisión, sin mecanismos de sanción social.


Merrill Lynch es clara en sus intereses: Calderón tiene que garantizar que el Banxico se mantenga como un “instrumento [para] construir y preservar la estabilidad financiera de México”, y reafirmar “su compromiso con la autonomía e independencia de la institución”. Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es salomónico: se inclinaba por la continuidad de Ortiz y Carstens en sus respectivos puestos, por la castración fiscal y monetaria. Jonathan Heath, de los ejecutivos de finanzas es contundente: la peor herejía sería que se modificara el mandato constitucional del banco central, porque se tiraría “al traste todo lo que se ha logrado en los últimos 15 años: [la] credibilidad y confianza en esta institución”, la baja de la inflación, que desde 2000 se ubicó en un dígito. “Nos pronunciamos –dijo Heath– en contra de [los] economistas que sugieren que el Legislativo modifique el mandato [actual del] Banco de México, [el] procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional que es el objetivo prioritario, luchar por la estabilidad [de precios], para darle la facultad de perseguir otros fines”. ¿Cuáles son esos “fines”? Que la política monetaria apoye el crecimiento económico y la generación de empleo. “¿Cuál debe ser el papel de la política monetaria?”, se pregunta Heath, y responde: “La mejor contribución que puede hacer un banco central al crecimiento de un país es a través de la creación del mejor ambiente económico posible”. Para los neoliberales que abogan por la “autonomía”, un gobierno “democrático” es el que separa la lógica con la que opera el banco central de la lógica del gobierno, que impide que se utilicen los instrumentos monetarios para fines “populistas”, por ejemplo, bajar los réditos e impedir la sobrevaluación para proteger la economía, estimular el crecimiento y el empleo, sin descuidar la inflación.


El consenso de la “comunidad” de los negocios a favor de la “autonomía” y la continuidad ortodoxa es tendencioso, manipulador. Un banco con o sin independencia puede ser eficaz, creíble, confiable o desastroso. La Reserva Federal estadunidense es considerada como un modelo prestigiado de banco central autónomo, cuya encomienda es garantizar la estabilidad de los precios, sin descuidar el crecimiento y el pleno empleo. Sin embargo, la mayoría de las recesiones registradas por su país desde 1945 es responsabilidad de sus “frenazos” monetarios impuestos. Lo mismo sucede con otros bancos centrales que abrazaron el monetarismo desde la década de 1970. Alan Greenspan es en gran parte responsable del colapso de las burbujas financieras de 2000-2001 y de 2008-2009, última tragedia compartida por Ben Bernanke. El banco central europeo, responsable monetario de la eurozona, es autónomo y antidemocrático; su objetivo es luchar por la estabilidad de los precios, sin preocuparle los costos económicos y sociopolíticos de sus políticas, el estancamiento y el desempleo. El banco central brasileño no es independiente y aplica una eficaz política monetaria conservadora, pese a su gobierno progresista. El gobierno chileno de la concertación ajustó el modelo pinochetista neoliberal y, aunque su banco central autónomo tiene como mandato “proteger el valor de su moneda nacional y buscar una inflación baja y estable”, ajusta sus metas a un “objetivo más amplio” y explícito que le molesta a los monetaristas puros: “Encaminar a la economía nacional por una ruta de crecimiento sostenido, de pleno empleo, de progreso y bienestar para la población”. “La política monetaria sigue una orientación anticíclica, [busca] preservar la estabilidad de precios [y] evitar las variaciones extremas del gasto global, o demanda interna, conducentes a riesgos innecesarios en los mercados financieros y a situaciones aflictivas en materia de recesión y desempleo en el corto y mediano plazo”. Desde 1999 adoptó un régimen de flotación en la paridad, sin descartar la intervención en el mercado cambiario “si la trayectoria de la moneda se aleja mucho de su valor de equilibrio”.


Los resultados en Chile y México son distintos. En 2000-2008 la inflación media de Chile fue de 3.7 por ciento; el crecimiento, 4.2 por ciento; el desempleo se redujo, las cuentas externas arrojaron un desempeño aceptable y los ingresos y el gasto público mejoraron, preservándose el superávit fiscal. En México la inflación fue de 5.2 por ciento; el crecimiento, 2.8 por ciento; el desempleo aumentó, las cuentas externas fueron desastrosas, en gran medida debido a la sobrevaluación cambiaria, y los ingresos y egresos estatales se deterioraron, aunque se mantuvo el balance fiscal cero. En 2009, México registró la peor recesión del mundo, a diferencia de Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay o Venezuela, que se alejan gradualmente del neoliberalismo y aplicaron una política monetaria y fiscal más imaginativa.


Las recurrentes crisis, el estancamiento, el desempleo y la creciente pobreza y miseria registrados por el país en 1983-2009 son, en gran medida, responsabilidad del Banco de México, que es autónomo de la sociedad y rehén de los especuladores financieros internos y externos. La soberanía en la política monetaria y su importancia en el crecimiento de pleno empleo se perdieron desde finales de la década de 1980 con su autonomía, la desregulación financiera interna y la apertura externa de la cuenta de capitales. El nivel de los réditos, el crédito y la paridad no depende de ese organismo, sino de los banqueros y los especuladores. Su importancia en el desarrollo se perdió con la contrarreforma financiera neoliberal impuesta por Carlos Salinas y sus sucesores.


Sin una reforma en la ley orgánica del banco central, la elección de su gobernador carece de sentido.


Fuente: Contralínea
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Un coordinador de Los Pinos ataca a la prensa




Max Cortázar se matrimonió. Los directores de Comunicación Social del aparato burocrático presidencial le obsequiaron costosos regalos, fuertes abrazos y muestras de su complicidad en acosar las libertades de prensa, a través de inquisiciones administrativas al negar toda publicidad a las revistas (salvo a sus consentidos: Letras libres y Nexos).


No pudieron los foxes cumplir sus amenazas contra Proceso: censurar la información veraz (Proceso, 29 de noviembre de 2009). Contralínea logró mantener a raya las embestidas gubernamentales, exhibir el fascismo del veto publicitario y mostrar las perversidades de quienes se disfrazan de personeros privados, pretendiendo no ser cuestionados por sus corrupciones públicas (Contralínea, 27 de septiembre de 2009).

Pero siguen las agresiones. Mientras, en la boda de marras, brindaron por la censura y vetos publicitarios al son de la batería del timbiriche que orquesta los ataques desde Los Pinos.

De esta mansión con todos los lujos gratuitamente dispensados a sus huéspedes, asomó la cabeza otro de los achichincles de Cortázar, un tal Adolfo Martínez Palomo, quien se ostenta como coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias (ocultas… que de las ciencias naturales de fundamento matemático y las ciencias sociales de fundamento jurídico ni idea tienen) de la Presidencia de la República.

La Presidencia calderonista tiene… ¡asesoría en ciencias! Y el de la batuta de esa orquesta de viento y desafinadas cuerdas es Martínez Palomo, quien durante la exposición de la décima sexta sesión del Comité Internacional de Bioética acusó de falta de “responsabilidad social” a los medios de comunicación, en particular, los escritos, poniendo de ejemplo una entrevista al médico Córdova Villalobos (guiada y controlada por Carlos Olmos, director de Comunicación de la Secretaría de Salud, e invitado a la boda de su protector y amigo Cortázar).

Dijo el empleado de Calderón (sin ningún grado de universidad “patito”) que grabó cuando los reporteros de la fuente de salud al concluir la entrevista se retiraron. Y que era su obligación quedarse al término del acto de Bioética, lo cual le pareció nada ético, demostrando que a los medios de comunicación les “falta responsabilidad social”.

De paso calificó de “cochino norteamericano” el primer caso de influenza, para refutar lo publicado por la revista Science; justificó las “grandes desigualdades” en las condiciones de salud y agregó, despectivamente, que como viajero frecuente que es (con cargo a los dineros del pueblo), “las inequidades” en ese renglón son complicadas en todas partes: “Acabo de estar en Cuba, en Venezuela (había que citar a estos países que gozan de las antipatías de Calderón), y en muchos lados hay complicaciones” (La Jornada, 25 de noviembre de 2009).

Altanero, descubrió el hilo negro al afirmar: “A las empresas informativas les interesa lo que se vende”. Calderón tiene a funcionarios que se ostentan como propietarios de la verdad absoluta y que, salvo ellos, todos los demás, en particular los medios de comunicación, carecen de “responsabilidad”.

El especialista en ética y biología desde el púlpito panista descalificó al periodismo que no cumple con lo que mal entiende sobre el trabajo de los reporteros. No extraña el enésimo ataque de este calderonista, ya que desde Los Pinos, Cortázar y sus directores de comunicación desprecian las libertades de prensa; recitan el catecismo, gobiernan con padresnuestros y su ética es la de su ideología religiosa.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Gil Díaz, irregularidades y explotación laboral en Telefónica



Trabajadores de los callcenter del Grupo Telefónica denuncian que desde la llegada del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a la dirección de la empresa, se les obliga a utilizar bases de datos oficiales para vender seguros, tramitar tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, hacer cargos por adeudos y trámites inexistentes, así como acosar y maltratar a deudores de la banca que contratan el servicio de cobranza





Aún la Procuraduría General de la República no cierra la investigación en su contra por la escandalosa evasión de impuestos en la venta de Banamex a Citigroup (que le restó a la hacienda pública 50 mil millones de pesos), y ya el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está envuelto en un halo de supuestas malas prácticas en los callcenter del Grupo Telefónica, operados bajo la firma Atento, de acuerdo con testimonios de trabajadores cuyas condiciones laborales rayan en la esclavitud.


Empleados de Telefónica de diversos centros, entrevistados por Contralínea, desnudan las irregulares prácticas “corporativas” impuestas por Gil Díaz en su afán de generar ganancias al consorcio español que desde febrero de 2007 lo designó su director en México y Centroamérica.


La mano del exfiscal de hierro –como se le conoció en el sexenio de Vicente Fox– está detrás de la voz que llama al tarjetahabiente hasta 10 veces al día para recordarle que tiene un atraso en el pago de la tarjeta de crédito y le exige cubrirlo de inmediato, o para venderle un seguro o para obligarle a renovar una póliza. El telefonista es un joven de 18 a 25 años de edad que trabaja en un centro de llamadas o callcenter de Atento, en donde tiene prohibido levantarse hasta para ir al baño en tanto no logre cerrar 15 operaciones (ventas) en un lapso de seis horas.


Para cada operación, el telefonista tiene 300 segundos. Si el interlocutor lo insulta, deberá esperar a escuchar tres insultos para solicitarle al supervisor que le autorice colgar la llamada, pues el tarjetahabiente “no modera lenguaje”. Si no logra que alguien cubra su adeudo o le compre un seguro o una tarjeta de crédito, es porque, a juicio de sus supervisores, no aplica la política de la compañía: acosar.


La cara sucia de Telefónica

Atento es la compañía menos conocida del Grupo Telefónica, aunque se trata de una de las que le genera mayores ganancias, pues además de fungir como brazo operativo para la captación de clientes de sus productos de telecomunicaciones, ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.


En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes –el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica–. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.

Portada Contralínea
Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a clientes de MoviStar, entre otros.


Los trabajadores dicen que su materia prima son padrones oficiales que contienen información confidencial de los clientes. Ello, revelan, ha derivado en “trafico” de información que sale de los centros. Refieren lo que ocurrió hace unos meses en el centro instalado en el número 51 de la calle Dinamarca –en la colonia Juárez del Distrito Federal–: atónitos, escucharon que sus supervisores les ordenaban desnudarse para registrarlos, pues se había extraviado una memoria USB que contenía información confidencial de los clientes.


En otro callcenter, ubicado en Monterrey 100, colonia Roma, los operadores recibieron datos de personas empadronadas en rancherías. Su misión: venderles tarjetas de crédito. Elizabeth, una de las telefonistas, detalla cómo fue obligada a venderle plásticos de Bancomer y Santander “a la gente que vive en los ranchitos”:


“Sólo se escuchaban gallos. La gente no entendía qué era eso de la tarjeta de crédito; yo trataba de explicarles y sólo me decían ‘¡Qué gané, qué gané! La orden era activar 10 tarjetas por día, y mi supervisor detrás de mí, así que yo les contestaba: ‘Sólo dígame qué sucursal bancaria le queda más cerca’, y les asignaba la tarjeta. Yo sólo les decía: ‘Tal día debe ir a su sucursal bancaria más cercana’. Ahora me molesta mucho que nos obliguen a activar tarjetas a la gente de Luz y Fuerza, cuando todos sabemos que están desempleados, y ése no es un secreto, sale en la tele. Tenemos la instrucción de venderles o de que conserven su tarjeta o que paguen comisiones por pago tardío. También se les activan seguros de todo tipo”.


Nadejda Peña Hernández vendió seguros para el hogar del Grupo Bancomer. Dice que le entregaron una base de datos con la consigna: “A éstos les debes vender, si no, te vas”. Eran tiempos de torrenciales en Tabasco y Chiapas que precedieron a las inundaciones de octubre de 2007. Ella identificó que las claves lada correspondían precisamente a esas entidades. “¡Me puse a vender seguros! Yo le explicaba a la gente lo importante que era que aseguraran su casa y, por supuesto, muchísimos me compraron. Hicieron los depósitos y en los siguientes días se les enviarían las pólizas”. Cuando arreciaron las inundaciones, continúa, “algunos clientes hablaban desesperados para decirme que no habían recibido ninguna póliza y otros que no se las querían hacer válida. La gente hablaba desesperada, me suplicaban que los ayudara. El supervisor me ordenó que nosotros no podíamos hacer nada. Cuando yo les decía esto, me gritaban que yo era una ratera, que qué les había vendido en realidad. Se ordenó que se cancelaran las ventas de seguros para Tabasco y Chiapas. En realidad ya habíamos hecho muchísimas ventas”.


Atento se promueve como una compañía socialmente responsable: “La responsabilidad social en Telefónica México es tarea fundamental de sus empleados”, asegura Francisco Gil Díaz en el perfil de la administración a su mando. Sin embargo, los trabajadores denuncian prácticas a las cuales son obligados y que los hacen entrar en conflictos morales y sicológicos: engañar a los clientes para que acepten cualquier producto que vende la compañía, propio o de terceros.


Los entrevistados destacan el caso de la campaña “migración intraproduto”, que MoviStar lanzó para que sus clientes cambien la compra prepago y acepten planes tarifarios ya que, de acuerdo con un reporte elaborado por Francisco Gil Díaz, para finales de 2007 más del 94 por ciento de los 12.5 millones de clientes de Telefónica utilizaban productos prepago, por ello se planteó la meta de hacerlos “migrar” hacia los planes tarifarios.


Cada operador debe hacer entre ocho y 10 “migraciones” en una jornada de seis horas. Raúl, trabajador de Atento en el callcenter de Plaza Inn, dice que para cubrir la cuota tienen la orden de imponer planes tarifarios, aunque el cliente no los apruebe. Algunos supervisores los azuzan a engañar al cliente de que el plan no le costará más que las recargas que de cuando en cuando hace a su celular.


Félix Ariel Carrillo, quien participó en esa misma campaña durante los ocho meses que laboró en Atento, dice que para él fue muy vergonzoso “tener que imponer esos planes a personas que en realidad no tienen la capacidad económica para pagar. Me hizo entrar en un conflicto ético y moral. No sé si llamarlo tristeza o depresión, pero el hecho es que no se tocan el corazón para venderle un plan a personas que no tienen ni para comer. ¡Vamos, si yo como trabajador, que recibía un sueldo casi mínimo (1 mil 200 pesos quincenales), apenas tenía para sobrevivir! El caso que más recuerdo es el de un albañil que me contaba que escaseaba mucho el trabajo. En esos días, con lo que le pagaban en la obra, apenas tenía para comer. ¡Y el supervisor me obligó a darle de alta un plan tarifario! Durante los siguientes meses tendría que pagarle una renta a Telefónica MoviStar. Nos obligan a esas prácticas llenas de corruptelas”.


En los ocho meses que Félix trabajó en Atento cubrió ocho campañas y perdió ocho kilos. Hoy este joven de 23 años de edad no puede disimular el efecto sicológico que le provocó su trabajo en la compañía donde el principio empresarial, dice, es engañar.


Master Card, la mentira

En un galerón entintado de colores chillantes –azul, naranja y amarillo–, sin ventanas y entre luces artificiales que no le permiten percibir si es de noche o de día, Carlos Daniel pasa seis horas diarias tratando de “conciliar” con los clientes de Master Card que reunieron suficientes puntos por sus compras con tarjetas de crédito e intentan cambiarlos por enseres domésticos.


Se trata de una campaña conocida en el argot de los callcenter como “de entrada”, pues el telefonista sólo se dedica a recibir llamadas. Parecería fácil, en realidad no lo es: la mayoría son telefonemas de clientes que se quejan de que los artículos no llegan y luego para reclamar que son de baja calidad. Los supervisores dieron a los telefonistas la misma indicación: mentir.


“Mentir que la entrega será en tres semanas, porque sabemos que no llegan antes de seis, y luego mentirles sobre la calidad de los productos. En realidad son marcas que uno va al tianguis y las ve allí, aunque con los puntos de Master Card son muy caras. Encima les llegan rotos y no hay cambios. La gente se queja, te insulta, te ofenden, no entienden que uno sólo es intermediario”.


Las prácticas descritas reflejan que los callcenter no son una industria regulada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ni siquiera cuenta con un registro del número de cuántos cargos ilegales o contrataciones ficticias que se hacen desde estos centros.


Aunado a los innegables vínculos del exsecretario de Hacienda con el sector financiero público y privado, clientes principales de Atento, incluída la Condusef, institución que depende directamente de la Secretaría de Hacienda, operada por el mismo grupo que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari encabezaba Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos.

Uno de los principales centros de Atento desde donde se hacen estos cargos ficticios se ubica en el mismo edificio sede de la Condusef, en el centro comercial Plaza Inn.


Acoso y maltrato

La llegada de Francisco Gil Díaz al frente del corporativo está marcada por dos directrices: acosar para la venta de tarjetas de crédito y maltratar para el cobro de las mismas. Y es que primero se estimula el consumo mediante la concesión de crédito y luego se persigue a los morosos. Para Atento es ganar-ganar, pues el impago de los tarjetahabientes “es un escenario repleto de oportunidades, un nuevo modelo de negocio para las empresas que actúan en la concesión y recuperación de crédito”, dice la compañía en la promoción de su servicio de cobranza.

Sandra, trabajadora de uno de los centros en Pachuca, explica: “Tenemos la base de datos de empresas de todo tipo, privadas y de gobierno. Nos dicen que primero hay que venderles la tarjeta, y cuando levanten la venta pasan los datos a la base de datos de cobranza porque en unos cinco meses van a utilizarla. ¡Tienen razón! Metimos los mismos datos de venta de tarjeta en la base de pagos por demora, y en unos meses ya los estábamos usando. ¡Parece que adivinan lo que va a pasar! ¡Juegan con los clientes!”.


Con la agudización de la crisis económica, este año el cobro de la cartera vencida de Bancomer, Santander, Master Card y tarjetas departamentales de estas mismas instituciones bancarias se convirtió en las actividades centrales de Atento. La compañía vende su servicio de crédito, riesgo y cobranza y se promueve como una empresa con experiencia en los segmentos financiero, telecom, retail e industria, “que adecua las condiciones de pago a la realidad de cada cliente; previene quiebras de acuerdos y recupera clientes teniendo el cuidado en mantenerlos activos y fieles”.


En la promoción del servicio, Telefónica dice que Atento “desarrolló una solución adecuada al mercado que garantiza la retención y fidelización de clientes que pasan por un proceso de recuperación de crédito”. Con este modelo, asegura, “buscamos negociar las condiciones de pago más adecuadas a la realidad de los clientes que encuentran dificultades para saldar sus deudas, evitando quiebras de promesa y promoviendo acuerdos”.


Los trabajadores develan el entrenamiento teórico-práctico que reciben de la compañía para este servicio que dura dos semanas. La clave para cobrar la deuda es la rudeza con los clientes, y para mostrarse rudos deben insistir en el pago e informarle del adeudo al tarjetahabiente, a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y hasta el jefe. Se trata de “exhibir” al deudor “pero sin palabras altisonantes”. Así que, la “solución” que vende Atento, explican los telefonistas, se circunscribe a maltratar a los tarjetahabientes. “¡No te dejes! ¡Vuélvele a marcar, y si no te paga, que te pague cualquiera de su familia!… ¡O su jefe! ¡Háblale al trabajo!”, son las instrucciones de sus supervisores y directivos durante la capacitación.


La semana de práctica se denomina “sombra”. El telefonista se sienta al lado del entrenador para ensayar la cobranza. Si el supervisor detecta que aún no se profesionaliza como acosador, se queda “en cartera” mientras recibe entrenamiento adicional, sin cobrar un solo centavo.


Marisa, del callcenter en la colonia Roma, detalla: “Llamé al trabajo y le dije al patrón: ¡cómo es posible que contrate gente que debe su tarjeta de crédito! ¡Pásemelo porque yo sé que usted lo oculta, usted es cómplice de su trabajador! Lo acosé tanto que fue a pagar. Una hora después me mandó llamar el supervisor y me dijo ‘¿Te acuerdas de la cuenta que te estaba supervisando?, pues ya pagaron. ¡Y adivina, el que pagó fue el patrón!’. Eso es lo que nos obligan a hacer”, dice la joven apenada.


Trabajo rudo

El trabajo en los callcenter es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios actualmente, pero esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.


Micheli, especialista en el tema de los callcenter, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”. Por si ello fuera poco, los trabajadores de Atento denuncian que Gil Díaz endureció la política laboral.


Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica respete los derechos de sus trabajadores de callcenter, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.


Entre las disposiciones dictadas por Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.


El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos, no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban en 3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.


Entrevistados por separado, trabajadores de varios callcenter de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.


La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de recursos humanos les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.


Elizabeth, del callcenter de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los callcenter del Grupo Telefónica:


“Mi sueldo mensual es de 1 mil 800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.


“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.


Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.


“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.


María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.


Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de callcenter. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del callcenter, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.


En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el callcenter de la colonia Roma.


Inestabilidad laboral

Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.


La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13 mil 500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.


Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.


La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del callcenter en Plaza Inn, explica:


“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.


Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.


La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el callcenter de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en recursos humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.


César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.


Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.


El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.


O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los callcenter de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.


Discriminación, el epílogo

El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.


Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el callcenter de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.


Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.


Las prácticas de esclavitud moderna impuestas por Gil Díaz en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el callcenter: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo a los capataces del exfiscal de hierro y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.


Contralínea solicitó una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.





Gil Díaz, antisindical

En 2001, Telefónica firmó un convenio con UNI Global Union, en el que se compromete a respetar los derechos laborales de sus trabajadores y a cumplir con los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en todos y cada uno de sus países de operación, independientemente de las leyes locales. Al asumir el cargo como presidente de Telefónica para México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz desconoció el acuerdo aun en contra de la presidencia del corporativo.


En entrevistada vía telefónica desde Panamá, Cenise Monteiro, directora regional de UNI América, asegura que hay instrucciones de España para que en México se haga efectivo el acuerdo marco, aunque la dirección local se ha negado a aplicarlo, e incluso, ha ido más allá: “Ha hecho acuerdos con sindicatos de protección, sindicatos amarillos que trabajan de acuerdo con las necesidades de la empresa y no con las necesidades de los trabajadores”.


Una de las partes medulares del convenio se refiere a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva. El documento, suscrito por César Alierta Izuel, presidente de Telefónica, dice que en todas las compañías del consorcio, así como en sus subsidiarias, los trabajadores gozarán del derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos, y que Telefónica reconocerá las negociaciones colectivas en apego al Convenio 98 de la OIT. En países donde no exista sindicato, signa el documento, “la Compañía adoptará una postura neutral al objeto de no obstaculizar ni impedir a los trabajadores organizarse en el lugar de trabajo”.


Pero en México, “Gil Díaz ha llevado a Telefónica la posición abiertamente antisindical que lo caracterizó durante sus años como funcionario de gobierno”, dice la doctora en ciencia política María Xelhuantzi, autora del libro La libertad de asociación sindical y los contratos de protección en México. “Aunque –agrega– creo que él no ha informado cabalmente a la administración de España cuál es el fondo de los problemas, pues en diversas reuniones César Alierta nos ha dicho que ellos están cumplimiento con la ley. Esto tiene que ver con que Gil Díaz ofreció a Telefónica paz laboral. Les prometió todo tipo de garantías y particularmente las que se refieren a la cuestión laboral, es decir, que no va a haber conflictos, y para ello ha usado sindicatos de protección y tráfico de influencias, porque Gil Díaz tampoco es nuevo en ese oficio”.


En enero pasado, durante la reunión anual con altos directivos de Telefónica, cuenta Xelhuantzi, César Alierta “nos garantizó que ya había instruido al director (Gil Díaz) que debía cumplir el acuerdo, pero eso no ha ocurrido”. Así que durante la reunión directiva que tendrá lugar en Colombia, el desempeño de Gil Díaz será uno de los temas principales que discutirán con Alierta.


“UNI apela a Telefónica para que haga honor al compromiso que ha contraído en el acuerdo global, que otorga a todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, que estén en Madrid o en ciudad de México, la libertad de negociar y de organizar con miras a obtener un trato justo sin interferencia de la dirección”, subraya Philip Jennings, secretario general de UNI. (ALP)

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV