martes, 16 de noviembre de 2010

Aprueban finalmente presupuesto de egresos

Al filo de las 09:00 horas de este martes, la Cámara de Diputados aprobó 424 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, por un monto de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos.

Alrededor de las 8:50 de la mañana, el Presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó: “la sesión ha durado 13 horas con 40 minutos, en la cual han transcurrido por ella 77 oradores para presentar un total de 81 reservas y se llevaron a cabo cuatro recesos, ése es el saldo hasta este momento de esta asamblea que llega a 78 oradores", dijo.

Durante la discusión de los artículos reservados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se aprobaron diversas modificaciones, entre las que destacan garantizar seguridad social a los trabajadores de la Cámara de Diputados

A propuesta del diputado del PT, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, los legisladores aprobaron por unanimidad destinar 47 millones de pesos, para favorecer a más de mil 200 trabajadores de San Lázaro que no contaban con la prestación de seguridad social.

En tanto, el diputado del PRI, Rodrigo Reina Liceaga, propuso anexar un transitorio que acordaron previamente el Comité de Administración y las fracciones parlamentarias que dice: “La Cámara de Diputados proveerá a cargo del Presupuesto 2011 las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la misma, realizando los ajustes y transferencias a las partidas que correspondan”.

También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que se destine cuando menos el 10 por ciento de los recursos destinados a profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de las corporaciones y para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.

Posteriormente, el diputado del PRD, Vidal Llerenas Morales, propuso a nombre del diputado Luis Videgaray (PRI) y de la diputada Gabriela Cuevas (PAN) que el Fondo Regional siga ayudando a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva.

Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una ampliación adicional por 400 millones de pesos (mdp) para que el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos cuente con mil 200 millones de pesos y saldar la deuda a los ex braceros.

Fuente: MVS/Mario DiCostanzo
Difusión: Soberanía Popular

Suman 100 modificaciones al PEF 2011

De acuerdo al PEF 2011 se establece un presupuesto para los ramos autónomos de 59 mil 806 millones de pesos, de los cuales, 10 mil 170 millones son para el Poder Legislativo, 3 mil 585 mdp para la Cámara de Senadores; 5 mil 253 mdp para la de Diputados y para la Auditoria Superior de la Federación se avaló un gasto de mil 332 mdp.

En lo que se refiere a lo aprobado para el Poder Judicial, los recursos ascienden a 38 mil 035 mdp , de los que 4 mil 653 millones de pesos son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo de la Judicatura Federal le otorgaron 31 mil 383 mdp; para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mil 998 mdp.

Para el Instituto Federal Electoral, se avalaron 10 mil 499 mdp y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mil 101 mdp; para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 4 mil 551 mdp.

Para los ramos administrativos, el presupuesto asciende a 860 mil 804 mdp, en los que se desglosan: Presidencia de la República, con mil 786 mdp; Secretaría de Gobernación tendrá un gasto de 15 mil 986 mdp; Relaciones Exteriores, 5 mil 823 mdp; Hacienda y Crédito Público, 39 mil 031 mdp; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 73 mil 896 mdp; Comunicaciones y Transportes tiene 85 mil 392 mdp.

En materia de seguridad pública, los diputados aprobaron para Marina un gasto de 18 mil 270 mdp; para Defensa Nacional, 50 mil 39 mdp; Procuraduría General de la República tendrá 11 mil 997 mdp y la Secretaría de Seguridad Pública contará con recursos que ascienden a 35 mil 519 mdp.

En ese contexto, la Secretaría de Economía tiene 16 mil 519 mdp; Educación Pública, con 230 mil 360 mdp; Salud con 105 mil 617 mdp; Trabajo y Previsión Social, quedó en 3 mil 704 mdp; Reforma Agraria gastará 5 mil 609 mdp; Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá 51 mil 293 mdp.

La Secretaría de Energía cuenta con 3 mil 093 mdp; Desarrollo Social con 80 mil 283 mdp; a Turismo le aprobaron 4 mil 818 mdp; Función Pública, mil 346 mdp; los Tribunales Agrarios tendrán 871 mdp; el del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es de mil 849 mdp; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tiene 101 millones de pesos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá 17 mil 509 mdp.

En gasto programable, las Aportaciones a Seguridad Pública para el 2011 ascienden a 326 mil 045 mdp; Provisiones Salariales y Económicas, con 49 mil 281 mdp; Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos con 44 mil 433 mdp y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios tendrán 451 mil 167 mdp.

Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) son de 293 mil 652 mdp.

En el apartado de Gasto Programable, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se avaló un presupuesto de 112 mil 548 mdp; al Instituto Mexicano del Seguro Social, 338 mil 240 mdp; a la Comisión Federal de Electricidad, 238 mil 543, y Petróleos Mexicanos, 418 mil 328 mdp.

Fuente: MVS/Mario DiCostanzo
Difusión: Soberanía Popular

Convocan organizaciones a marchar el día de repudio al mal gobierno



Criminaliza el gobierno luchas y movimientos sociales, acusan
Convocan organizaciones a marchar el día de repudio al mal gobierno
Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 20
Considerando que se ha intensificado y acelerado el modelo de extracción y despojo de la tierra, el territorio y los bienes naturales, y se ha vuelto cada vez más necesario reorganizarnos contra el saqueo, la explotación indiscriminada y la contaminación de los bienes comunes, así como hacer frente al desastre ambiental, decenas de organizaciones y movimientos llamaron a una movilización por el día nacional de repudio al mal gobierno, el próximo viernes 19 del presente.

Se ha hecho más agresivo el modelo de destrucción del empleo, despojo de las fuentes de trabajo y precarización de las condiciones laborales y de explotación, destruyendo y desarticulando los derechos de amplios sectores de trabajadores. Numerosas prácticas sociales, comunitarias y barriales alternativas al mercado y al Estado corren el peligro de ser experiencias focalizadas y aisladas, o bien extinguirse ante la represión y el desgaste.

Los convocantes, que marcharán en la ciudad de México del Ángel de la Inpendencia a Los Pinos a partir de las 16 horas, denuncian que la reacción del Estado frente a las luchas, resistencias y movimientos sociales se ha constituido en “una tendencia de mayor control, represión, invisibilización, desprecio y criminalización como eje de ‘gobernabilidad’ de quien se rebela, por lo que es vigente la necesidad de agruparnos para contener su ofensiva, apoyar, cooperar y solidarizarnos para resistir y atenuar los efectos de la estrategia estatal”.

Asimismo, se convoca a realizar acciones pacíficas de repudio a los malos gobiernos en localidades, barrios, comunidades, estados y regiones en todo el país.

El variopinto conglomerado de organizaciones que firman el llamado es una muestra elocuente de lo que se mueve en los movimientos sociales independientes de abajo en el país: Acción Directa Autogestiva, Puebla; Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales; Colectivo Autonomía de los Barrios, Magdalena Contreras; colonia Arroyo del Obispo, Nuevo León; colonia Obrera Segunda Sección, Monclova; Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Guerrero; Comité Estudiantil Metropolitano; Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero.

También ejidatarios de Cuatro Ciénegas, así como de Las Mercedes, Jaboncillo, La Pinta y Covadonga, Coahuila; Espacio Internacional Anticapitalista contra la cumbre de cambio climático; Frente Amplio Contra la supervía Poniente, ciudad de México; Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, San Luis Potosí; Frente de Pueblos del Anáhuac, Tláhuac; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y la región Izta-Popo; Frente Popular Francisco Villa Independiente; Jóvenes en resistencia alternativa; colonia Mano con Mano, Tamaulipas; Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas; municipio autónomo San Juan Copala, Oaxaca; Organización Campesina Emiliano Zapata-Democrática Independiente-UNOPII, Chiapas; Radio Ñonmdaa, Guerrero; sección 147 AHMSA, Monclova; Unión Campesina Obrera Popular Independiente, Guanajuato, y Unión José María Morelos y Pavón, estado de México.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Javier Lozano, cómplice de Peñoles, acusan mineros




Javier Lozano, cómplice de Peñoles, acusan mineros
De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 19
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) acusó al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, de complicidad con Grupo Peñoles, del empresario Alberto Bailleres, por reconocer oficialmente al grupo que encabeza Carlos Pavón Campos.

Genaro Arteaga Trejo, secretario de asuntos políticos del gremio minero, dijo que la entrega de toma de nota al grupo de Pavón Campos es una agresión perversa en contra de los auténticos sindicalistas del sector, pues se da paso a un sindicato blanco en beneficio del industrial.

En un comunicado, expuso que el titular de la STPS no cesa en su pretensión de destruir a Napoleón Gómez Urrutia ni puede ocultar su servilismo hacia algunas empresas antisociales; por ello la organización promueve un juicio político en contra de Lozano Alarcón.

La rapidez con la que se otorgó el registro al sindicato de Pavón contrasta con la negativa de reconocer a Gómez Urrutia como dirigente del sindicato minero, quien fue elegido por quinta ocasión en la 35 convención general ordinaria que se realizó hace dos años


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Analizan cambios a leyes de IMSS e ISSSTE




Analizan cambios a leyes de IMSS e ISSSTE
De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 18
El Senado iniciará el análisis de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados sobre modificaciones a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que propone que a las parejas del mismo sexo les sean garantizados sus derechos a la seguridad social, y se incluirá en el debate la iniciativa que presentó el 12 de abril de 2007 la senadora del PRD María Rojo. La legisladora propuso que a los trabajadores que permanezcan en una relación de concubinato con una persona del mismo sexo se les garantizaran prestaciones y servicios del ISSSTE. En su propuesta, Rojo dice que en caso de muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que haya cotizado en el ISSSTE por tres años o más, se dará origen a la pensión por viudez a su compañero, aunque se trate de parejas del mismo sexo. Con esa propuesta, dijo, se establecerá que los institutos de seguridad social brinden en igualdad de circunstancias los derechos que cualquier persona tiene a recibir, como servicios de salud, pensiones por vejez, viudez o cesantía, así como prestaciones de tipo crediticio.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

De lo más escandaloso, favorecer con más recursos al estado de México: PRD




Se está colando la sangre al campo por falta de empleo y entrega oportuna de fondos, advierten
De lo más escandaloso, favorecer con más recursos al estado de México: PRD


Foto

Diuputados de las diferentes bancadas en pleno debate ayer en San LázaroFoto Marco Peláez
De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 8
Al tiempo que se daban las negociaciones en la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2011, se generaron reacciones de diversos sectores: cerca de 400 organizaciones campesinas advirtieron que su exigencia de 300 mil millones de pesos no era resultado de voracidad ni capricho, sino la exigencia de ver el agro como un tema de seguridad nacional; mientras, funcionarios de instituciones de educación superior aseguraron que el presupuesto a este sector debe ser considerado una inversión y no un gasto.

La dirigencia nacional del PRD condenó que se favoreciera al estado de México en la distribución del presupuesto, pese al riesgo de que el gobernador Enrique Peña Nieto desvíe esos recursos para las elecciones locales de julio próximo.

En un comunicado, aseguró que fue de lo más escandaloso esa determinación, como parte de un proceso que favoreció en el destino de los recursos a varias entidades priístas.

Los organizaciones campesinas señalaron que en su petición no hay voracidad ni capricho, sólo es una advertencia de que en el campo se está colando la sangre por la falta de empleos y de una aplicación más efectiva y oportuna de los recursos.

Conformadas en un bloque, las diversas organizaciones y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario respaldaron al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y presidente de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar: Si no damos señales en defensa de este sector productivo y exigimos que sea considerado parte de la seguridad nacional, continuará el ejercicio discrecional del presupuesto.

Guillermo Aguilar Sahagún, director de investigación aplicada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), consideró que es muy poco lo asignado para ese sector. Se entiende que el país tiene muchas necesidades, pero hay que pensar más en la posibilidad de invertir; la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología son, más que gastos, inversiones, y éste es el criterio que debería prevalecer, apuntó.

Sobre el mismo tema, Arturo Rojo, rector de la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que se comete un error al ver a la educación como gasto y no como inversión. Señaló que destinar recursos suficientes a la educación promueve la existencia de mexicanos más comprometidos, productivos, con una relación mejor hacia la sociedad.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

La presidenta del tribunal electoral ganará el próximo año 5 millones 989 mil pesos


En cambio, un oficial de seguridad en ese organismo percibirá 120 mil pesos durante 2011
La presidenta del tribunal electoral ganará el próximo año 5 millones 989 mil pesos
Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 16 de noviembre de 2010, p. 7
El analítico de plazas y remuneraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contenido en los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, es ejemplo de la desproporción existente en la administración pública en el rubro de pago de salarios y prestaciones a la alta burocracia de ese organismo.

Como se ha documentado en este diario, la magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, tendrá una percepción total bruta anual de 5 millones 989 mil pesos, que se integran con el sueldo tabular, prestaciones del ley, pago por riesgo, seguros a la persona, fondos y seguros de ahorro y seguridad social.

Los otros seis magistrados de la sala superior del TEPJF recibirán un sueldo bruto de 5 millones 892 mil pesos, conjuntados por los mismos conceptos.

Al contrario de los elevados salarios de los funcionarios del TEPJF, el presidente de la República percibirá en 2011 un sueldo mensual de 198 mil 870 pesos, cifra menor a los 208 mil 570 pesos que gana en el presente. También los secretarios de Estado, que obtendrán cada mes durante el año próximo 196 mil 847 pesos, verán una merma en sus emolumentos porque a la fecha cobran 205 mil 122 pesos.

Los subsecretarios, que percibirán 196 mil 626 pesos al mes, también verán reducidos su pagos, porque ganan 203 mil 488 mil pesos.

En cascada, el analítico de plazas que se integró en el anexo 16 del PEF 2011 desglosa los salarios que 31 funcionarios de alto nivel percibirán el año próximo, en promedio tan elevados como el sueldo del presidente de la República, que ganará 198 mil pesos mensuales.

Los 15 magistrados de la sala regional ganarán cada uno al año, por concepto de sueldo, 2 millones 318 mil pesos; los secretarios general de acuerdos y administrativo, y el coordinador general de asesores de la Presidencia también percibirán la misma cantidad por concepto de salario.

El subsecretario general de acuerdos ganará de sueldo al año 2 millones 279 mil pesos; el contralor interno, 2 millones 179 mil pesos; el director del centro de capacitación judicial electoral y 10 coordinadores, un millón 993 mil pesos; el secretario particular de la magistrada Alanís y nueve directores generales, un millón 856 mil pesos.

Un director general B, un millón 717 mil pesos; el director general C, un millón 563 mil pesos; el secretario instructor A, un millón 866 mil pesos; el secretario instructor B, un millón 717 mil pesos, un secretario instructor C, un millón 583 mil pesos, y un secretario académico un millón 855 mil pesos.

Por el contrario, el chofer con menor remuneración anual percibirá 130 mil pesos; un oficial de servicios A, 139 mil pesos, y un oficial de seguridad, 120 mil pesos.

Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Cartones de la Jornada


Cambia AMLO la sede para mitin del sábado al Hemiciclo a Juárez




Cambia AMLO la sede para mitin del sábado al Hemiciclo a Juárez

Vía Twitter, confirmó el nuevo sitio donde conmemorará su cuarto año de "gobierno legítimo".

La Jornada en línea

México, DF. Andrés Manuel López Obrador reubicó su mitin para conmemorar el sábado 20 de noviembre el cuarto aniversario de su "gobierno legítimo" y el centenario de la revolución en el Hemiciclo a Juárez.

La convocatoria original era en el Monumento a la Revolución, lo cual fue cuestionado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pues se empalmaría el evento del tabasqueño con la ceremonia oficial de reinauguración de dicho monumento.

Aunque en algunos medios impresos y en su mensaje semanal de los días lunes, López Obrador convocó a su mitin en el mausoleo donde se encuentran los restos de algunos héroes revolucionarios como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, este martes, vía twitter aclaró que se realizará en el Hemiciclo a Juárez a las 16 horas.




Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Videocolumna de El Bote "Ingerencia en México y la cuchara grande para C...

Oficio de Papel


Fraude a Bancomext por 500 millones
Función Pública encubrió a culpables
Involucradas 12 empresas en el fraude
El nuevo relanzamiento de Compranet

Hace cinco años, el 16 de noviembre de 2005, la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Eduardo Romero Ramos, ejerció su facultad de atracción sobre varias auditorías e investigaciones que se llevaron a cabo en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyo titular era Héctor Reyes Retana, y que involucraban a unas 12 empresas en fraudes por 38 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, al presentar documentación apócrifa para la obtención de créditos.

Eduardo Romero es un panista de Chihuahua que siempre estuvo cobijado y protegido por su paisano y antecesor en Función Pública, Francisco Barrio Terrazas. Fue él directamente quien ordenó al director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María Robledo Sosa, enviar el oficio DG/311/2008/2005 al Órgano Interno de Control en el Bancomext, solicitándole la remisión del expediente original y todas sus constancias, mismo que fue enviado mediante el oficio 06/305/OIC-139/05, con fecha 23 de noviembre de 2005.

Esos casos con pruebas de evidente corrupción se han mantenido en el anonimato durante cincos años (el último año del sexenio de Vicente Fox y los cuatro que lleva el gobierno de Felipe Calderón). Por eso es relevante dar cuenta de ellos ahora, pues esos expedientes atraídos por el entonces secretario de la Función Pública fueron ocultados y guardados en los archivos de esa Secretaría de Estado para proteger a funcionarios corruptos y encubrir millonarios desfalcos cometidos por empresarios cómplices en perjuicio del patrimonio del Bancomext.

¿Cuántos casos más oculta la Secretaría de la Función Pública para proteger a funcionarios que en lugar de servir a la nación se han servido del presupuesto público para enriquecerse junto con amigos y familiares? ¿Cómo confiar en Felipe Calderón, cuando habla de honestidad y combate a la corrupción, si permite y avala estos abusos con el dinero del pueblo? Sin duda esto explica por qué hay millones de familias mexicanas sumidas, desde hace muchos años, en la pobreza extrema, mientras que los llamados servidores públicos se enriquecen cada sexenio.

En el FACE se fraguó el fraude

El 27 de marzo de 2001, se solicitó al Consejo Directivo del Bacomext la autorización del esquema de Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación (FACE), bajo el supuesto de que esta institución no asumiría riesgos crediticios en estas operaciones porque recaían en la aseguradora de crédito o en la empresa garante.

Pero omitieron informar al Consejo que la aseguradora únicamente indemnizaría hasta el 90 por ciento de la pérdida neta y sólo cubría el riesgo de mora prolongada, quiebra o suspensión de pagos del comprador, a pesar de lo cual el Consejo autorizó instrumentar el FACE.

El conflicto de interés radicó en que los mismos funcionarios del Banco que habían hecho la propuesta al Consejo integraban la administración de la aseguradora de crédito.

Desde el inicio de la presentación y operación del FACE hubo múltiples fallas, como efectuar el descuento de documentos sin realizar el estudio de crédito y el banco quedaba al margen de la cobertura del seguro al no comprobar la revisión o validación de los documentos presentados por las empresas, muchos de los cuales eran apócrifos.

Como consecuencia de las fallas estructurales y operativas, funcionarios del Bancomext en complicidad con empresarios cometieron irregularidades administrativas en perjuicio del patrimonio de la institución.

Las operaciones del FACE se iniciaron en 2001, cuando el director general del Bancomext era José Luis Romero Hicks, y para el 31 de marzo de 2005 había 45 empresas acreditadas por 74 millones de pesos y 34.7 millones de dólares, de los cuales se enviaron confirmaciones a 21 empresas y se determinó que 12 compañías presentaron documentación apócrifa para disponer de 457 millones de pesos.

Un ejemplo fue lo ocurrido en 2003, cuando funcionarios del Banco tuvieron conocimiento de que el cliente final de la acreditada Ditumex no existía y el área jurídica del Bancomext no informó al área de promoción de crédito del fraude cometido, a fin de que ésta estableciera los controles necesarios para evitar nuevos quebrantos patrimoniales. En aquella ocasión, sólo presentaron una denuncia de hechos en contra de Ditumex, que ocasionó un perjuicio al Banco por 1.7 millones de dólares.

En el periodo 2003-2004, se descubrieron siete acreditadas del programa FACE que cayeron en cartera vencida por un monto de 60.9 millones de pesos, pero, en opinión del área jurídica, en seis casos había fraude con utilización de facturas falsificadas. En marzo de 2005, hubo un caso más de cartera vencida y fraude por 107.9 millones de pesos.

Prácticamente, en el Bancomext se había conformado una red de corrupción que utilizaba el financiamiento crediticio para beneficiar a empresas que omitían sus responsabilidades y falseaban documentos con la complicidad de funcionarios que, hasta la fecha, siguen impunes.

En algunos casos se otorgaron líneas de crédito adicionales a las existentes sin evaluar el riesgo en el que se incurría. Desde 2003, el banco tuvo conocimiento de las operaciones fraudulentas y nunca promovió alguna acción para corregir o cancelar el programa FACE, el cual generó incumplimientos y operaciones fraudulentas por cerca de 40 millones de dólares, sólo a septiembre de 2005.

Este caso de corrupción da para un mayor análisis y del cual nos ocuparemos en próximas entregas para explicar y denunciar a una por una de las empresas involucradas en hechos que causaron perjuicios patrimoniales al erario y que fueron protegidas por complicidades gubernamentales.

Corrupción de exfuncionario de Los Pinos

Con cinco años de atraso y en medio de escándalos de corrupción, hace unas semanas el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, anunció el arranque operativo de la nueva plataforma de Compranet que, según dijo, se trata de transacciones electrónicas que traerán beneficios al gobierno federal, como “permitir grandes ahorros, eficiencia del gasto público, mejoras en el abastecimiento del sector público y mayor transparencia”.

De acuerdo con los cálculos del funcionario, ese nuevo esquema del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en su versión 5.0, pasará de ser un sistema de almacenamiento de información a uno ciento por ciento transaccional y que algunos nuevos mecanismos de compra generarán ahorros anuales cercanos a los 10 mil millones de pesos.

Según el secretario Vega Casillas, con el Compranet “se va a evitar en muchos casos la corrupción. Es muy difícil, que no imposible, pero sí es muy difícil que haya acuerdos en este tipo de mecanismos como la subasta en reserva, porque si alguien llegara a un acuerdo por fuera, pues finalmente va a tener que sacrificar su precio o no va a poder competir.

Entonces, desincentiva todo este tipo de prácticas de corrupción, justamente porque tienen que guardar lo mejor de su margen y entregárselo al gobierno, en lugar de estar haciéndolo por fuera”.

Sin embargo, una cosa son los dichos y otra los hechos. Hace unos meses escribimos en este espacio precisamente sobre esta plataforma tecnológica adquirida en el último año de gobierno de Vicente Fox y cómo el responsable de adquirirla se vio involucrado en hechos de corrupción que ahora son investigados por la propia Secretaría de la Función Pública.

Es decir, la adquisición de esta herramienta que servirá para darle más transparencia a los contratos gubernamentales y con ello disminuir la enorme corrupción que mantiene al gobierno de Felipe Calderón sumido en una grave crisis de credibilidad, fue utilizada para la comisión de fraudes y hasta la fecha se sigue esperando acciones en contra de los responsables.

Lo que escribió hace unos meses en oficio de papel es lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública abrió a principios de año un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000).

Al ganar la Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos y lo hizo coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el último año de gobierno de Vicente Fox, al experto guanajuatense en tecnologías de la información se le ocurrió que podía violar un contrato (DC-021-2006) que su Unidad en Función Pública le había asignado a la trasnacional Deloitte Touché Thomatsu, por 40 millones de pesos, para “renovar el sistema de compras gubernamentales”, en un programa denominado Compranet Plus.

Hasta la fecha, dicho programa de la SFP es un verdadero fracaso, presenta fallas y retrasos constantes y a pesar de lo cual, Sotelo Nava autorizó el pago total a la empresa contratista extranjera a través de su representante en México, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza.

Esas omisiones y negligencias del funcionario foxista no bastaron en la secretaría responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, y Sotelo Nava se mantuvo en el cargo hasta enero de 2008, cuando sabedor de las irregularidades que había cometido y al sentirse descubierto, se retiró a la actividad privada y es actual asesor internacional en nuevas tecnologías.

Sin el amparo de su protector Vicente Fox, fue hasta 2010 cuando el recién nombrado secretario Salvador Vega Casillas decidió abrirle un proceso de responsabilidades por irregularidades administrativas en el contrato otorgado a Deloitte, cliente frecuente del gobierno federal panista.

Lo extraño de este caso, es que han pasado seis meses y en la Secretaría de la Función Pública se mantiene la reserva del expediente y la Dirección General de Responsabilidades aún no dictamina la inhabilitación de Abraham Sotelo Nava, tampoco hay sanción económica en su contra y mucho menos alguna acusación penal ante la Procuraduría General de la República.

Paradójicamente, Compranet Plus era una nueva versión de la plataforma electrónica que permitiría aprovechar y explotar la información para “transparentar el gasto y la inversión gubernamental”, lo que significaría cuantiosos ahorros en compras de gobierno, pero a nadie se le ocurrió vigilar a los funcionarios responsables que contrataban a la empresa que lograría el milagro de disminuir la corrupción en el gobierno calderonista.

Otro dato preocupante para la SFP, es que esta nueva plataforma tecnológica contaba con recomendaciones y la supervisión del Banco Mundial. En mayo de 2006, cuando se anunció el nuevo lanzamiento de Compranet Plus, el entonces oficial de operaciones para México de ese organismo crediticio multinacional, Daniel J. Bpoyce, aseguró que el Banco Mundial apoyaba a Compranet con técnicos expertos en adquisiciones, por lo que “respaldaba” la modernización de dicho sistema.

A esta nueva Compranet que anunció hace unos días el secretario Vega Casillas, ya se le quitó el Plus, pero lo verdaderamente importante es sancionar a los funcionarios involucrados en los hechos de corrupción y evitar que ésta sea la premisa gubernamental en sus negocios.

Fuente: Contralínea
Difusión: Soberanía Popular

Proyecto minero montaña de Guerrero

Ha sido anunciado por el gobierno de ese Estado en foros y publicaciones, quien planea hacer de Guerrero una potencia minera nacional, cuyos ingresos superen a los de la tradicional actividad turística. Actualmente, al menos once empresas mineras de capital japonés, estadounidense y canadiense realizan en Guerrero actividades exploratorias. “De acuerdo con una declaración del subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, Odilón Domínguez, tan sólo en la región de La Montaña "se han detectado yacimientos minerales incluso con vetas más grandes que las de Campo Morado (situado en la región de Tierra Caliente), considerado actualmente como el proyecto más importante de América."(13)

“El gobierno de Guerrero sugiere que la explotación de las riquezas minerales de La Montaña terminará al fin con la extrema pobreza de las comunidades indígenas y campesinas. Asegura que generará empleos y, desarrollo social, no afectará el entorno ecológico y evitará la migración. Sin embargo, es sabido que en la minera Nukay de Guerrero, los trabajadores son obligados a trabajar sin las mínimas medidas de seguridad, no cuentan con seguro social, comedor ni baños, y lesionan profundamente su salud con el uso de sustancias tóxicas.

“De los 17 municipios de La Montaña, por lo menos en diez se anuncia el embate de la minería trasnacional. Allí habitan alrededor de 200 mil tlapanecos, nahuas y mixtecos que sobreviven trabajosamente del café, el arroz, la explotación forestal y la artesanía de palma.

“Las comunidades se caracterizan por mantener a toda costa ancestrales sistemas agrícolas como el tlacolole(14) , que son tecnológicamente apropiados para conservar el frágil suelo y la diversidad vegetal y animal de las márgenes del río Tlapaneco y los bosques de niebla de los municipios más altos.

“Se deriva del estudio de los casos anteriores, que todos los proyectos están incorporados dentro del PPP que los incluye y amplía a otros Estados, y que son ejes de una práctica estatal de despojo de los territorios indígenas, para estos ser empleados en mega proyectos que aseguran generan empleo, promueven el desarrollo y combaten la pobreza, pero que por el contrario perpetúan el ciclo de exclusión social de los pueblos indígenas.(15)

“Las formas empleadas para el despojo de los territorios indígenas, hasta ahora han sido variadas, entre las que destacamos:

• Expedición de nuevas resoluciones presidenciales sobre tierras, que ya muchos años antes habían sido reconocidas como bienes comunales (tal es el caso de la región chimalapas)

• Expropiación de territorios indígenas, por variadas causas que van desde la creación de "áreas protegidas", y de la construcción de instalaciones militares para el adiestramiento de destacamentos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano hasta la creación de "Centros de Desarrollo Comunitario".

• “Con la reciente Reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena se sientan las bases para que proyectos como el PPP sean viables, ya que en el artículo 2. A. Se establece que los pueblos indígenas podrán... VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad

• “Por otro lado el mismo artículo 2. en su apartado B establece que: ... Para abatir las carencias y rezagos que afectan a pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades (La Federación, los Estados y los Municipios), tienen la obligación de: I. "Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización".

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE WIRIKUTA.

Que emite el Pueblo Wixárika de los tres Estados Jalisco, Nayarit y Durangorepresentado por las comunidades de Waut+a - San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tutsipa – de los municipios de Mezquitic y Bolaños Jalisco; Tuapurie - Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Tatei Kie – San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco Jalisco; Uweni Muyewe – Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango y la Unión Wixárika de los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

RECORDANDO que el Pueblo Wixárika desde tiempos inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.

CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la vida se mantenga para todos y todas los seres vivientes de este planeta, para que nuestra antigua cultura Wixárika se mantenga y no desaparezca, para que se renueven las claves del conocimiento y las velas de la vida que nos dan sentido a nuestra identidad Wixárika.

ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y las leyes reglamentarias que se han derivado para favorecer la operación de este neoliberal acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que agudizar la guerra de exterminio contra nuestros pueblos indígenas, a través de ordenamientos jurídicos como la Ley de Minería que ha llevado a que nuestros lugares sagrados en el desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 concesiones otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silver de origen canadiense, sumando 6,326 hectáreas concesionadas abarcando nuestros lugares sagrados.

OBSERVANDO que los manantiales sagrados donde recolectamos aguas benditas se encuentra dentro de las cuencas de las venas de plata a explotarse, corriendo un inminente riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes cantidades de agua que usaría la industria minera, pues el acuífero, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en un grado de sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja.

CONSIDERANDO que el daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 Ejidos de la zona, así como numerosas localidades del bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), tal es el caso de El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3500 personas que resultarían afectadas.

EVALUANDO que el proyecto minero de First Majestic Silver viola los derechos que tenemos como pueblo reconocidos en el convenio 169 de la OIT; se viola lo establecido en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi el 70% de la concesión minera y que el Pueblo Wixárika somos parte del consejo de Administración; se incumple lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos; no se respetan las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí; La Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del estado de San Luis Potosí; así como una importante cantidad de Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

CONSENSANDO la posición generalizada del pueblo Wixárika através del análisis de esta problemática durante La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños llevada acabo los días 3, 4 y 5 de Septiembre del presente año; La Asamblea Extraordinaria de Bancos de San Hipólito Mezquital, Durango llevada acabo los días 4 y 5 de Septiembre del año vigente; Las reuniones del consejo de ancianos de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán llevadas acabo los días 5 de Septiembre en la localidad de Las Latas y 11 y 12 de Septiembre del año 2010, llevada acabo en la localidad de Pueblo Nuevo1; Reunión de la Unión Interestatal de Centros Ceremoniales llevado acabo en la comunidad de Uweni Muyewe los días 11 y 12 de Septiembre del presente año; En el Primer Foro de Diálogo sobre la Minería en Wirikuta con la red en defensa de Wirikuta Tamatsima wa’há llevado a cabo en Real de Catorce el día 18 de Septiembre del presente año; La Presente Reunión de Trabajo para el seguimiento al PACTO DE HAUXA MANAKÁ llevada acabo hoy en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.

DECLARAMOS LO SIGUIENTE.

1. Manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la trasnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika.

2. Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.

3. Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento en las enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos usado en la minería y el efecto de sus residuos químicos, los invitamos a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición criminal que llevará a la destrucción de sus tierras de sus paisajes de lo que les dejaron sus abuelos y lo que les dejarán a sus hijos.

4. Exigimos al Estado Mexicano que de manera inmediata implemente estrategias efectivas que lleven a la mejora de vida de los habitantes de Wirikuta, que sean propuestas armónicas con el medio ambiente, y no propuestas tan destructivas como la de la mina en donde se pone a los campesinos humildes entre la espada y la pared ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio.

5. Pedimos respetuosamente a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso de suelo, pues como se dio cuenta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que nos acompañó durante el foro de diálogo llevado acabo el 18 de Septiembre en Real de Catorce, la población Wixárika y un importante número de personas del municipio que no desean la mina.

6. Aclaramos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.

A T E N T A M E N T E

“Por la Reivindicación Integral de Nuestras
Comunidades del Pueblo Wixárika”.
Dada en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco
A 23 de Septiembre de 2010

*Autoridades Tradicionales y Agrarias del Pueblo Wixárika
Por la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan
de los municipio de Mezquitic y bolaños, Jalisco.*

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

LA SOLIDARIDAD CON TEMACA DEBE SEGUIR

Los OjOs del mundo están puesto en Temaca”

BOLETÍN DE PRENSA

•En diversos países y estados de la República y se realizó con éxito la jornada internacional de apoyo a Temacapulín.

•Más de mil personas marcharon a favor de Temaca, unidas a la voz de ¡YA BASTA! se hermanan luchas. No hubo respuesta por parte del gobernador.

•El gobierno del Estado de Jalisco intenta desalojar el plantón en el nuevo centro de población y reanuda las obras pese a la suspensión.

El día de ayer se realizó la jornada nacional e internacional por la cancelación de la Presa El Zapotillo, a favor de Temaca. En México se hicieron manifestaciones frente a las oficinas de CONAGUA en el Distrito Federal, Tijuana, Monterrey, San Cristóbal, León, entre otras. A nivel internacional se realizaron mítines afuera de embajadas y consulados y se entregaron cartas a las autoridades Mexicanas exigiendo la cancelación de la Presa El Zapotillo en países como Kenia, Costa Rica, Australia, Argentina, Alemania, Brasil, Panamá, Chile, Colombia, Guatemala, Francia, Sudáfrica, Turquía, Canadá, El Salvador, España, India y en los Estados Unidos se realizaron manifestaciones en los consulados de San Francisco y Los Ángeles.

La marcha en Guadalajara empezó a las 10 de la mañana saliendo de los Arcos de la Minerva, donde más de mil personas se congregaron para exigir la cancelación de la presa. Compañer@s de Tenacatita, estudiantes de preparatorias y universidades, el Barzón, afectados por el basurero de Zimapán en Hidalgo, habitantes de El Salto y Juanacatlán, integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ciclistas, la Coordinadora 28 de mayo, el sindicato del SIAPA, Ciudadanos por el Medio Ambiente, Ciudad para todos, Amigos de la Barranca y much@s ciudadan@s conscientes que se sumaron a las voces de los pobladores amenazados por la presa El Zapotillo.

Frente a Palacio de Gobierno se exigió que se presentara el Gobernador del Estado para entablar un diálogo, negado desde hace dos años y medio, donde se presentaron algunos roces con los guardias que custodiaban el recinto. La tarde transcurrió tranquila entre actos culturales, consignas y oraciones. El plantón se levantó a las 12 de la noche para evitar una confrontación con las fuerzas policiacas del Estado.

Rechazamos enérgicamente el sesgo de algunos medios de comunicación que pretenden mostrar una acción violenta, criminalizando la protesta social y reiteramos que la lucha de Temaca ha sido y será pacífica. Tenemos el derecho de exigir la cancelación definitiva de la presa, por las diversas anomalías y derechos violados en el intento por imponer el proyecto. En estos 5 años se han tocado todas las puertas de los diferentes niveles de gobierno y el poder judicial para dar a conocer la oposición de las comunidades a la presa el Zapotillo y sus inconsistencias normativas, sociales y ambientales, pero la voz del pueblo no ha sido escuchada.

El gobierno federal y del estado imponen una presa que no “mejora nuestra calidad de vida” y que está violando nuestros derechos humanos, los cuales se supone que garantiza. No aceptaremos más mentiras para la sociedad jaliscience. La lucha de Temaca, Acasico y Palmarejo no es de unos cuantos, es una lucha legítima de tod@s l@s pobladores del planeta.

A su vez hacemos del conocimiento de la opinión pública que el día de hoy funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, encabezados por Héctor Castañeda y la Policía Estatal Preventiva acudieron a donde se pretende construir el nuevo centro de población, con la intención de reanudar las obras en el sitio y desalojar a los pobladores de Temacapulín, los cuales permanecen en plantón desde el 8 de noviembre, exigiendo el cumplimiento de la orden de suspensión de las obras, otorgado desde el 15 de diciembre del año pasado, por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Nuestr@s compañer@s, con el fin de no poner en riesgo su integridad física, se replegaron a un terreno de propiedad privada junto a la entrada del nuevo centro de población y ahí permanecen ante la presencia de las fuerzas represivas del estado. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a permanecer atentos ante el embate de las autoridades y los invitamos a acompañar el campamento y las diferentes acciones que se llevarán a cabo con el fin de detener definitivamente el proyecto de la presa El Zapotillo y el nuevo centro de población de Temacapulín.

El día de mañana a las 12 del día se presentará un grupo de pobladores y aliados en las oficinas Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para exigir que se cumpla la suspensión y se declare el desacato por parte de las autoridades implicadas, de manera que los intereses económicos y políticos no estén por encima de la justicia.

¡Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos!
¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO!

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

Los buenos muchachos de la CFE


Durante más de una década, funcionarios del gobierno federal habrían encubierto fraudes y quebrantos en la Comisión Federal de Electricidad, en los que estaría involucrado Néstor Moreno Díaz, actualmente investigado en Estados Unidos por hechos de corrupción. Los directivos son conocidos como los buenos muchachos, aseguran contratistas

Cientos de fojas integradas por el extitular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Olvera Mazariegos, y el auditor Marco Antonio Díaz Tobías acreditarían quebrantos, daños patrimoniales, adquisiciones inexistentes y sobreprecios en diversos proyectos de la paraestatal.

Los expedientes abiertos desde 1998, por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Función Pública), implican, entre otros, al exservidor público Néstor Moreno Díaz, actualmente investigado en Estados Unidos por hechos de corrupción relacionados con contratos a favor del consorcio suizo ABB.

Los expedientes de investigación versan sobre trabajos contratados para las centrales termoeléctricas de Samalayuca II, Monterrey II, Petacalco y Topolobampo; las centrales diésel Guerrero Negro II y San Carlos; las centrales geotérmicas Tres Vírgenes y Cerro Prieto; las centrales de ciclo combinado Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las unidades turbogeneradores El Sauz, Huinalá y Hermosillo.

También, a decir de Olvera Mazariegos y de Díaz Tobías, dos contratos relacionados con el Proyecto Integral de Control de Estaciones: 97-1-00405-DDS y 97-1-00616-DDS, asignados “indebidamente” a Sensa Control Digital, SA de CV, “operada mediante prestanombres”, señalan los excontralores.

Además, la compra de watthorimetros obsoletos a IUSA vía adjudicación directa; y la renta de helicópteros a Heliservicios Campeche, SA, propiedad de Alfredo Miguel Afif, sin que se justificara el gasto ?720 millones de pesos?, toda vez que la CFE contaba con una flota de 12 helicópteros.

La adjudicación del contrato de ampliación de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, Chicoasen, al consorcio Alstom-Power-Chicoasen aún cuando éste no cumplía con los requerimientos de las bases concursales.

Así como la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse para la adquisición, instalación y puesta en servicio de dos unidades turbogeneradoras, por 1 mil 348 millones 850 mil pesos, que resultaron inservibles.

La lista

De acuerdo con los excontralores Olvera Mazariegos y Díaz Tobías, mediante los acuerdos de inicio DR/044/00 y DR/045/00, la Secodam identificaba a varios directivos de CFE como responsables de irregularidades de carácter penal: Arturo Hernández Álvarez, Néstor Moreno Díaz, Jaime Palomares Torres, Octavio Larios González, Guillermo Enrique Mosqueda Frías, Óscar de los Santos Saavedra, Ramiro Padilla Ramírez, Rafael Becerra Salazar, David Castañeda Sánchez, Luis Alonso Abril Gaspar, Enrique Guzmán Sánchez, José de Jesús Moreno Ruiz, Alejandro Ortegón Esquivel, Francisco Beltrán Romero, Hugo Ubieta Rodríguez, Arturo Nova Cobarruvias, Enrique Durán Méndez.

Además, Jesús Espino Cazares, Juan Bautista Flores, Miguel Ángel Vidal, Marco Antonio Ruiz Álvarez, David Sánchez Torres, Humberto Rodríguez Álvarez, Raúl Bencomo Cervera, Luis Francisco Serrano, Julio Vancini Stefanoni, Carlos Rovira Barker, Noé Peña Silva, Raymundo Campos Milán, Oswaldo Gangoiti Ruiz, Eric Roberto Butcher Martínez, José de Jesús Castellanos y Alberto Ramos Elourdy.

Contratistas consultados, entre ellos Leonel López Sánchez, identifican a ese mismo grupo directivo, que aún opera la adjudicación de contratos en CFE, como the good guys (los buenos muchachos), por sus supuestas exigencias de sobornos.

Dicen que Arturo Hernández destaca entre los funcionarios protegidos. Éste es identificado por los contratistas como cabeza de los good guys. Además, como la mano derecha del legendario líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Leonardo Rodríguez Alcaine. El 30 de abril de 2007, salió de CFE para jubilarse y cedió su cargo a su protegido Néstor Moreno Díaz.

Al interior de la CFE, entre funcionarios y contratistas, Moreno se ufanaba de su influencia sobre el director general de la paraestatal. Nadie dudaba de ello, sobre todo después de que Alfredo Elías Ayub lo reinstaló al pasar por alto la inhabilitación que en su contra resolviera la Secodam en 2000, para que Moreno desempeñara cargo alguno por los siguientes 10 años; además de sus vertiginosos ascensos.

La Dirección de Operaciones, que Moreno ocupó hasta hace unas semanas, está integrada por tres subdirecciones: de Generación, donde se ubican todas las unidades generadoras de energía (hidroeléctricas, termoeléctricas o de ciclo combinado, es decir de cogeneración con particulares); de Transmisión y Transformación, que opera las subestaciones que regulan la potencia de la energía de alta tensión y la retransmite a toda la Red Eléctrica Nacional, y la Subdirección de Distribución, que, por medio de subestaciones, entrega la energía eléctrica a los consumidores.

No existe contrato alguno relacionado con la CFE que no sea evaluado, aprobado, adquirido y supervisado durante su ejecución por la Dirección de Operaciones, independientemente del monto. Desde 2000, todos los contratos recibieron el visto bueno de Arturo Hernández y Néstor Moreno, implicados en sobornos del consorcio suizo ABB, según las indagatorias de los tribunales estadunidenses.

En entrevista, los jefes de diversas centrales de CFE detallan las deficiencias que el director de Operaciones, Néstor Moreno, heredó a la paraestatal: centrales generadoras con turbinas instaladas sin operar; torres y líneas de transmisión instaladas a medias; subestaciones sin terminar o sin interconectar. Sistemas de protección y control del flujo y suministro de energía sin funcionar; sistemas y equipos de protección y control de subestaciones de transmisión y distribución inservibles que han causado graves daños físicos a la Red Eléctrica Nacional.

Citan también que sus bodegas están atiborradas de insumos inservibles comprados a decenas de contratistas, entre ellos los obsoletos equipos de cómputo que la compañía de Moreno, Sensa, facturó a la CFE como si fuese tecnología de punta.

Con la salida de Néstor Moreno, aún son varios los altos directivos de CFE implicados en los expedientes acumulados en la SFP: Eugenio Laris Alanís, quien dirige los Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo); Alberto Ramos Elourdy, director de Desarrollo de Proyectos; Noé Peña, quien, desde la subdirección de Transmisión y Transformación, asumió las funciones que dejó vacante Néstor Moreno.

La CFE registra incontables asignaciones indebidas de contratos, injustificados incrementos en plazo o montos contractuales, o bien, pagos con sobreprecio a compañías que a su vez le pagan a los good guyssu comisión por cada contrato: dinero en efectivo y viajes al extranjero para ellos, cruceros para las esposas, Disneylandia para los hijos, o de lo contrario, la rescisión de contratos para quienes se niegan a ello.

“En CFE hay contratos que se negocian en París con champaña, mucho antes de que se diseñen las bases de licitación”, explica un contratista beneficiario.

Avisos a Elías Ayub

Ninguno de los asuntos enlistados por los excontralores fue ajeno a Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE desde 1999, ya que entre los pendientes en su agenda destacaban como focos rojos contratos multianuales para las terminales de recibo y manejo de carbón que, según estimaciones del OIC, representaban un quebranto acumulado por más de 3 mil millones de dólares.

El caso más delicado era el contrato con el consorcio italiano Techint, asociado con Grupo Mexicano de Desarrollo, para construir la terminal de Petacalco y suministrarle carbón durante dos décadas. La contraloría detectó que los precios eran estratosféricos. Los entonces contralores buscaban rescindir el contrato, pero Elías Ayub lo impidió, aseguran en entrevista.

Manuel Olvera afirma que, en numerosas ocasiones, informó a Elías Ayub que este contrato implicaba un grave quebranto a las finanzas de la CFE. En un oficio confidencial, por ejemplo, le informó que, con un “memorándum de entendimiento” fuera de toda normatividad, los directivos de la CFE habían acordado pagarle a Techint 68 millones 347 mil 610 dólares adicionales al contrato 968001 para la “prestación de servicios de montaje, instalación y prueba de Sistema Interno de Manejo de Carbón” en Petacalco.

Las consideraciones del OIC eran que implicaba responsabilidades penales para los funcionarios que suscribieron tal memorándum –Eric Roberto Butcher Martínez, Antonio Cervera Sandoval y Emilio César Reyes Lagunes– y la cancelación del contrato a Techint.

Ante la Secodam, Olvera dictaminó proceder con la denuncia penal. Argumentó que “la administración de Alfredo Elías Ayub le pagó no únicamente lo indicado en este punto, sino que además efectuó un pago en exceso que también debe cuantificarse para denunciar a las personas responsables de los hechos descritos”.

De acuerdo con el excontralor Manuel Olvera, los casos también fueron notificados a Vicente Fox y a Felipe Calderón mediante oficios firmados por él mismo y dirigidos al secretario de la Contraloría, en donde alertaba: “Este Órgano Interno de Control bajo mi responsabilidad se encuentra en condiciones de afirmar que de no sancionar penalmente a funcionarios y contratistas, la entidad enfrentará una severa crisis económica, así como de un mayor desprestigio internacional debido a la corrupción imperante en la CFE, de esta forma la consecución de financiamientos será más difícil, cara y probablemente inexistente en un futuro próximo”.

En otro de los informes, Olvera informaba al secretario de la Contraloría: “Le manifiesto la nula cooperación que ofrece la dirección general de la CFE a este Órgano Interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se puede predecir como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas…”.

Poco después de este informe, Olvera Mazariegos fue transferido al OIC en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su subalterno, Marco Antonio Díaz, continuó por varios meses en la integración de auditorías, e insistió en que se diera cause penal a la conducta de los funcionarios de CFE y se rescindieran los contratos que implicaban quebrantos a CFE, puesto que el impacto económico en algunos proyectos, como el de Techint, era a largo plazo.

Díaz Tobías dice que, el 8 de marzo de 2001, tuvo una reunión convocada por Elías Ayub en su oficina en el Museo Tecnológico en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. A puerta cerrada, Ayub recriminó al auditor “obstaculizar” el trabajo de sus muchachos. Lo acusó también de filtrar información a la prensa y le sugirió que dejara las investigaciones. Luego lo instruyó, a través de terceros, para que se retractara de los hallazgos de sus auditorías.

Entre los focos rojos que Díaz detectó, está la autorización de una adjudicación directa para comprarle a Mitsubishi pulverizadores para la Central Termoeléctrica de Petacalco, equipo que ya se le había comprado a ese mismo proveedor en un lote adjudicado años atrás de manera directa, es decir, se estaba simulando la duplicidad de una compra, señala.

En los contratos de arrendamiento con Banobras para el arrendamiento de grúas para las divisiones de distribución, el auditor había detectado desviación de recursos simulados por los diferenciales de precios en dólares de un año a otro sin razón aparente.

El exauditor Marco Antonio Díaz dice a Contralínea que las “intimidaciones” de Arturo Elías Ayub tenían como finalidad “que dejara las auditorías para encubrir quebrantos y daños patrimoniales de su gente, y concretar negocios, como las compras a IUSA y los contratos con Techint, entre otros”.

Fox, enterado del asunto

De acuerdo con las fuentes consultadas, Vicente Fox también estuvo enterado de estos hechos, pues en 2001 recibió la visita de una prima hermana, quien le planteó que atendiera un caso relevante en su “gobierno del cambio”.

Sobre su escritorio desplegó los expedientes. En su presencia, Vicente Fox los revisó uno a uno. Leyó y releyó los números de contratos, las kilométricas cifras de los fraudes, desvíos, quebrantos; nombres y apellidos de los responsables. Los alargados dedos del expresidente se deslizaban por los bordes de las fojas. Entre el arqueo de las cejas y el carraspeo era evidente su asombro. Murmurando entre dientes repasó las razones sociales de las empresas implicadas: españolas, italianas, la de los Peralta, la de Alfredo Miguel.

Esbozó una sonrisa de condescendencia y devolvió las gruesas carpetas a su prima. “No puedo hacer nada. Tengo muchos compromisos con estas empresas; hay que conciliar”.

Durante su gobierno, en la Secretaría de la Función Pública, Francisco Barrio Terrazas, Eduardo Romero Ramos, Jorge Estefan Chidiac y Rosendo Villarreal Dávila mantuvieron congelados los expedientes; en la PGR, lo mismo hicieron los procuradores Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora, con los procesos penales en curso.

Lo mismo hizo su entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, que avaló la permanencia de los funcionarios en el cargo y las firmas involucradas como contratistas.

El 25 de julio de 2002, cuando Felipe Calderón era legislador, los diputados Miguel Bartolini Castillo y Francisco Blake Mora, del Partido Acción Nacional, denunciaron en tribuna los “actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad”, puntualizando casos como el de Néstor Moreno “que ilegalmente ha recibido cuantiosos contratos de la CFE con su empresa Sensa”.

En 2007, los excontralores entregaron copias de los expedientes al coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia, Dionicio Pérez Jácome-Friscione, y a la esposa de Calderón Hinojosa, Margarita Zavala. El primero de ellos se comprometió a revisarlos con el presidente Calderón, según los exfuncionarios.

Al amparo de la omisión presidencial, Moreno recorría a diario el Paseo de la Reforma camino a su oficina en su flamante Ferrari F430 Spider deportivo. Navegaba los fines de semana en las costas de Acapulco con el Dream Seeker lleno de amigos, música, vino y puestas de sol. Insumos, comidas y ropa, viajes para él y la familia, sufragadas con American Express. Todo pagado con dinero de cuentas bancarias radicadas en Suiza, del consorcio ABB. De éstas también se habrían pagado sobornos a Arturo Hernández, según las actas de los expedientes integrados por la Corte del Distrito de California.

Actualmente, en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para investigar los hechos de corrupción en la CFE y Pemex relacionados con el consorcio ABB. “Los trabajos de la comisión investigadora se harán extensivos a la revisión de la evolución patrimonial de los funcionarios señalados en la SFP por corrupción, lo que también se deberá hacer con Alfredo Elías Ayub, porque no es posible que él estuviera al margen de todo ello”, dice Leandro Zamora, asesor del diputado César Augusto Santiago y encargado de definir las líneas de investigación.

Contralínea solicitó entrevista con el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala para que dieran su punto de vista sobre el tema; también, al director general Alfredo Elías Ayub. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Margarita Zavala de Calderón conoció las irregularidades

El 20 de agosto de 2007, el extitular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Olvera Mazariegos, y el exauditor Marco Antonio Díaz Tobías entregaron un legajo de expedientes confidenciales –administrativos y judiciales? de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Los documentos –dirigidos a Margarita Zavala y a su directora de Logística, Silvia Pérez Ceballos, a la sazón asistente personal– implicaban a Néstor Moreno Díaz en daño patrimonial, tráfico de influencias, quebrantos y favoritismo a empresas proveedoras de obra pública y servicios a cambio de sobornos.

Entre septiembre y noviembre de 2006, Silvia Pérez Ceballos fungió como asesora de Margarita Zavala en el plan de transición y en el diseño del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, que bosquejó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) concretada mediante el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009.

Después de que ambas recibieran los expedientes incriminatorios, Moreno Díaz fue designado para recibir en comodato los bienes de LFC y coincidió con ellas en giras presidenciales para inaugurar obras de CFE, en representación de Elías Ayub.

Los sobornos

Las compañías grandes regalan yates y autos de lujo; las pequeñas, dinero en efectivo, comidas y fines de semana en las playas mexicanas. Además del caso de la corporación suiza ABB, a las mexicanas, por muy pequeñas que sean, también les toca entregar su diezmo. Dobsa Construcciones es un caso ilustrativo de cómo los good guys cobran los sobornos.

En 2008, Dobsa, propiedad de Leonel López Sánchez, licitó la adjudicación del contrato DV000-18-08 para construir el edificio del Centro de Operaciones de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía, Puebla, por 43 millones 751 mil 465.78 pesos. Según la versión del empresario, mientras se desahogaba el proceso, Rubén Loredo Romero, subgerente de Distribución Centro Oriente, responsable de la contratación, lo contactó para “informarle” que su propuesta era la más viable.

En Plaza Angelópolis, Loredo le habría expuesto que el contrato se le adjudicaría si pagaba el 6 por ciento en efectivo ?2 millones 625 mil 087.90 pesos?, el 20 por ciento de lo que López recibiría como anticipo contractual (13 millones 125 mil 439 pesos). Posteriormente, entre el 13 de marzo y el 1 de abril, se concretó. El 2 de abril, la CFE adjudicó el contrato a Dobsa. La comisión fue colocada por López en la cajuela del Stratus de Loredo, el 24 de mayo de 2008.

Dobsa registró considerables atrasos en la obra, que López arguyó a supuestos precios castigados que ofreció en su propuesta técnica y la sangría que le significó el soborno pagado. El problema se agudizó por un litigo presentado en su contra por Afianzadora Sofimex, por 19 millones 469 mil 402 pesos.

Ante los atrasos, Loredo le habría notificado que la rescisión era inminente. López reclamó que habría podido cumplir la obra si no le hubiera obligado a pagarle la comisión. El contratista contó a Elías Ayub el caso a detalle mediante un oficio el 19 de marzo de 2009, dirigido a Rubén Loredo, en el que cita: “De no haber tenido que pagarles la cantidad mencionada no tengo duda que la obra se realizaría en los términos contratados. Te solicito, una vez más, me devuelvas de inmediato los 2 millones 625 mil 87 pesos 90 centavos”.

Leonel López dice que denunciar el soborno de Loredo lo hundió ante la CFE: “A partir de allí, me impidieron participar en cualquier concurso”.

Otro buen muchacho bajo investigación

Mientras las autoridades estadunidenses dan cauce a las indagatorias contra los altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México Héctor Sánchez Camacho, jefe de Administración y Finanzas, está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

En la estructura de la CFE, Sánchez es subalterno de Noé Peña Silva, subdirector de Transmisiones, implicado en las transferencias electrónicas de dinero de la CFE a cuentas privadas, entre septiembre de 2005 y abril de 2006, desfalco que tiene a la cajera María Elena Guerrero presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Guerrero fue, según su versión, quien detectó el desfalco, sin embargo, la indagatoria de la Procuraduría General de la República se limitó a encarcelarla a ella.

En la causa penal 128/2002, abierta desde 2002 por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Sánchez Camacho fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, delito por el cual, entre abril de 2009 y marzo de 2010, el funcionario recibió dos sentencias condenatorias a las que respondió con sendas apelaciones. Hoy, las autoridades judiciales dictaminan la sentencia definitiva.




Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV