lunes, 19 de septiembre de 2011
Postulará el Morena a ciudadanos sin partido: AMLO
“Hipocresía, ideología de la clase política”
Postulará el Morena a ciudadanos sin partido: AMLO
Durante la asamblea informativa del Movimiento Regeneración Nacional en Mazatlán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador criticó que México sea una nación productora de petróleo y se conforme con exportarlo. En Estados Unidos, aseguró, hay unas 149 refinerías y en el país únicamente seisFoto Carlos Ramos Mamahua
Javier Valdez e Irene Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 14
La clase política mexicana tiene como ideología la hipocresía y practica la promiscuidad con tal de conservarse en el poder gracias a la mafia compuesta por 30 grandes empresarios, tecnócratas y personajes que están en el gobierno federal y controlan el país, afirmó este domingo Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ante esa podredumbre, adelantó, el grupo postulará en 2012 a ciudadanos sin partido político para diputados federales y senadores.
“Hoy tenemos una enorme promiscuidad entre políticos. Se revuelven en la misma cosa, están cortados con la misma tijera. Su hipocresía es la verdadera ideología y no tienen doctrina. Son unos reverendos ladrones. Por eso hay que cambiar la política económica y la forma de hacer política, con ética, moralizando la vida pública y fortaleciendo los valores, con educación”, expresó.
El tabasqueño estuvo en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, a unos 100 kilómetros de Culiacán, la capital de Sinaloa, luego de encabezar asambleas informativas en los municipios de Mazatlán y Guasave, ante cientos de ciudadanos, militantes de los partidos Convergencia, del Trabajo y de la Revolución Democrática.
En Guamúchil, ante unos 400 asistentes y acompañado por pequeños empresarios y dirigentes sociales, entre ellos la activista Mercedes Murillo, defensora de los derechos humanos, presidenta del Frente Cívico Sinaloense y ex diputada local perredista, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal manifestó que 3 por ciento de la burocracia gubernamental se lleva alrededor de 200 mil millones de pesos del presupuesto anual, que se reparten entre diputados, senadores y ministros de la Corte, que son “alcahuetes de la mafia”, así como entre los ex presidentes de la República, entre ellos Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada.
Dijo que Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México, es el candidato de la mafia del poder y cuenta con el respaldo de Salinas, el jefe de quienes detentan el poder económico y político dentro y fuera del gobierno. Señaló que a Peña Nieto no se le han escuchado propuestas ni ideas sobre los grandes problemas nacionales. Sólo se sabe, comentó, que se casó con una actriz y que protagoniza una telenovela, como las que hace Televisa.
Afirmó que México importa 20 por ciento del maíz y frijol que se consume, así como 75 por ciento del arroz, pues dejó de apoyarse la producción nacional y se abandonó el campo. Por eso propuso impulsar la soberanía alimentaria y otorgar créditos sin intereses a productores, pequeños y medianos empresarios y comerciantes.
En Mazatlán, López Obrador calificó de incongruente que integrantes de la izquierda trabajen en el gobierno del mandatario sinaloense, Mario López Valdez, quien llegó a la gubernatura por el PAN.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
“Peligrosos”, los convenios de Pemex con compañías privadas: Laura Itzel Castillo
El PT presentará una iniciativa de decreto sobre la prohibición a ceder la renta petrolera
“Peligrosos”, los convenios de Pemex con compañías privadas: Laura Itzel Castillo
Los contratos no sólo son a 25 años, sino ciñen el pago a trasnacionales al aumento en el crudo
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 9
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que mañana martes presentará una iniciativa de decreto para interpretar correctamente la prohibición constitucional de ceder la renta petrolera en contratos a compañías privadas, como los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado mes de agosto para explotar seis yacimientos en Tabasco
El proyecto –elaborado por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez– considera que esos convenios constituyen un peligroso precedente para futuros acuerdos de la paraestatal, debido a que no sólo son a 25 años, sino que ciñen el pago a las trasnacionales al aumento de los precios del crudo.
La propuesta se diseñó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que, por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, interpuso la Cámara de Diputados contra dichos contratos. Los ministros se negaron a entrar al fondo del asunto.
En su documento, la diputada Castillo Juárez explica que la fórmula de pago a las empresas privadas con contratos con Pemex se basa tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos.
“Tal circunstancia equivale a un esquema de reparto de los beneficios del proceso de la producción, esto es, el contratista se convierte en una especie de socio de Petróleos Mexicanos, cuyos derechos y expectativas en términos de la tasa de retorno de la inversión, además, se encuentran blindados por todos lados”, señala.
Por esa razón, abunda la legisladora, se pretende detallar en un decreto cuatro límites constitucionales para los contratos que la petrolera mexicana celebre con inversionistas privados:
1. No establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista, que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.
2. Excluir mecanismos de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable con estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.
3. Que las fórmulas de contratación correspondan a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y en ningún caso se admitan los contratos de riesgo, asociación o de participación de un porcentaje de las ventas.
4. Que esas fórmulas no contengan opciones sujetas a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que, con ese motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.
La propuesta en cuestión resalta que los denominados contratos integrales de servicios contienen un esquema de remuneración a los contratistas contraria al artículo 27 constitucional, al 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y al presente decreto y, por tanto, no deben continuar otorgándose y los ya firmados deben derogarse.
Laura Itzel Castillo resaltó que la fórmula de pago compromete un porcentaje de las ventas de hidrocarburos, debido a que incluye un factor de ajuste sobre la base de la actualización inflacionaria que determina el monto de la tarifa por barril de crudo en el tiempo.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Los “ninis” de Elba Esther Gordillo
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace un par de días, la OCDE, a través de su reporte “Panorama mundial de la educación 2011” dio a conocer que México ocupaba el tercer lugar entre los 30 países miembros con jóvenes que no estudian ni trabajan.
Los llamados “ninis” -están en el rango de edad de entre 15 y 29 años y nacieron entre 1982 y 1996, es decir, al momento en el cual el corporativismo mexicano empezó a hacer crisis y la democratización del sistema electoral comenzó a generar frutos con victorias, primero en los municipios, luego en las entidades federativas, para después lograr congresos sin mayorías absolutas y alternancias legítimas.
Esta generación que debía llevar el sello de la democracia, es hoy la “del empleo perdido” como se ha referido recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En México, es la generación que ha sido formada por una política educativa que ha sido complaciente con maestros y maestras sometidos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), un sindicato que refleja una de las peores herencias del corporativismo autoritario y que desafortunadamente ha logrado sembrar semilla en las jóvenes generaciones mexicanas.
Esta generación aparentemente despolitizada, pareciera no haber adquirido ni en sus familias ni en la escuela ni en los medios de comunicación,ni en las universidades (los que llegaron a ellas), cultura de la participación, suficiente sentido crítico, o capacidad de exigencia social como para manifestarse ante la crisis que vivimos actualmente.
O si no ¿dónde están nuestros “ninis”? El reporte de la OCDE muestra que son más de siete millones de jóvenes mexicanos inactivos, después de Turquía e Israel y sin embargo, las reacciones en estos países son muy diferentes.
En Israel hace menos de un mes, jóvenes universitarios lograron convocar a más de 300 mil personas para manifestarse “por un país con justicia social”. Lo mismo sucedió en Brasil (también con niveles de empleo y estudio en jóvenes por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE), en donde días antes de los festejos de independencia, estudiantes de la Universiad de Brasilia convocaron a través de las redes sociales a manifestarse por un “país sin corrupción”.
Asimismo, en la India, país con democracia electoral pero sin justicia social, el ayuno del líder Anna Hazare fue secundado por miles de jóvenes seguidores que se manifestaron contra el abuso de la clase en el poder.
Cada uno en su contexto particular, estos movimientos que evocan a “los indignados” de España, poseen al menos cuatro características en común: en primer lugar, todos han sido lidereados por jóvenes afectados por el desempleo y por la crisis económica mundial; en segundo, todos rechazan ser identificados con una ideología política específica, el movimiento de Brasil lo resume bien “sin rostro, sin bandera y sin partido”; en tercer lugar, todos rechazan la corrupción y el abuso de la clase política en el poder pidiendo que rindan cuentas de sus actos y, finalmente, todos han logrado articular un discurso de manera pacífica para provocar una respuesta del gobierno.
Estas manifestaciones han cimbrado a la clase política, obligándolos a brindar soluciones y a cuestionarse sobre la impunidad con la que actúan. Toavía no se sabe cuál será el resultado pero al menos las propuestas se están discutiendo.
En México las condiciones para exigir un alto a la corrupción y un cambio en la clase política están dadas y sin embargo, nuestros “ninis”, buenos alumnos de Elba Esther, solo callan y observan.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Relación casinos-Iglesia, el vínculo inexplorado
MÉXICO, D.F. (apro).- El mundo tenebroso del poder y el dinero de los concesionarios, de los dueños de los casinos y casas de apuestas que se ha mezclado con lo político, no es nada nuevo en México.
En la década de los treinta, un grupo de empresarios de bares de Los Ángeles, California, creó el famoso hipódromo Agua Caliente, en Tijuana, Baja California. Las hectáreas en donde se asentó este emporio de las apuestas eran propiedad, nada más y nada menos, que del entonces gobernador de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, quien a la postre se convertiría en presidente de México.
Quien se encargó de realizar las gestiones para conseguir los permisos del hipódromo, fue justamente el político más importante de la entidad: su gobernador.
Parte de esta historia es relatada en forma amena y ligera por el reportero Juan Alberto Cedillo en su libro, La Cosa Nostra en México.
Cedillo relata cómo Virginia Hill, viuda del creador de lo que hoy son Las Vegas, Bugsy Siegel, fue enviada por la mafia ítalo-americana a México para abrir de nuevo las puertas al crimen organizado. Para ello, se convirtió en amante de militares y políticos mexicanos.
El poder corruptor y, algunas veces, encantador, de quienes manejan el mundo de las apuestas sigue en pie. De ahí que no sea raro lo que, desde hace décadas sucede en México pero que hoy, a raíz del recriminable incendio del Casino Royale en Monterrey, está empezando a salir.
Desde hace décadas se ha demostrado cómo el narcotráfico financia campañas electorales, sobre todo en los municipios, para luego cobrar las facturas con licencias de giros negros y alcoholes.
La escalada del crimen organizado fue en aumento al inicio del sexenio calderonista, pero las relaciones de narcotráfico, giros negros, casinos, empresarios y políticos ha formado parte de nuestra historia.
Hoy son los panistas quienes están involucrados en estos temas. La razón es muy sencilla, son ellos los que ahora están en el poder; ayer fueron los priistas, mañana podrá ser cualquiera.
Pero hay otro vínculo que no se ha explorado: casinos-Iglesia. De ello pueden decir mucho José María Guardia, dueño de casinos que operaban en Chihuahua, propietario del permiso desde 1990 y muy amigo del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez. Es cuestión de tiempo para que empiecen a ser del conocimiento público esas torcidas relaciones. Este contexto no hay que olvidar la muerte del cardenal Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
En fin, de nada hay que sorprendernos, aunque sí indignarnos y, por supuesto, denunciar
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
La crisis del Estado (I)
Los problemas políticos, económicos y sociales más acuciantes de México son analizados en el siguiente ensayo por el auditor Arturo González de Aragón, quien a raíz de sus hallazgos en las cuentas públicas –boquetes financieros, desvíos multimillonarios, irregularidades administrativas de todo tipo…– fue objeto de acusaciones de legisladores de distintos partidos, así como de presiones del titular del Ejecutivo federal. En esta entrega (primera de dos), quien fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación de 2002 a 2009 aborda problemas candentes en el país, como la ausencia real de un estado de derecho y la falta de credibilidad de los partidos políticos, a los que no duda en calificar de “verdaderas mafias, cárteles de la delincuencia organizada”.
La prevalencia del estado de derecho en México deja mucho que desear, pues la ley se vende al mejor postor y las denuncias y delitos no terminan en castigo, haciendo que los culpables estén en las calles y los inocentes en las cárceles por carecer éstos de los recursos suficientes para comprar y torcer la justicia en su beneficio. En México, de 100 denuncias presentadas sólo entre una y dos terminan en sentencia, en tanto que en Japón de cada 100, 98 terminan en castigo.
El documental Presunto culpable es la mejor muestra de la calidad de la justicia que se imparte en el país; la propaganda del filme dice: “En México, ser inocente no basta para ser libre”.
En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones alcanzó en cuatro años de la presente administración 30 mil 196 –al 16 de diciembre de 2010, según la Procuraduría General de la República– y 34 mil 612 –al 12 de enero de 2011, con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)–. En el año 2011, hasta el 30 de julio, se han reportado 7 mil 912 ejecuciones, con una tendencia creciente en el país. Por su parte, las extorsiones telefónicas pasaron de mil 168 en 2000 a 7 mil 223 en 2010, lo que representa un crecimiento de 618%, es decir más de seis veces según el Secretariado Ejecutivo del SNSP.
Por lo que se refiere al Índice de Percepción de la Corrupción, en su reporte de 2010 Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 98 entre 178 países, su peor sitio de la década; descendió 26 posiciones en relación con 2008 al bajar su calificación en una escala de 0 a 10, de 3.6 a 3.1 (13.89%) donde 10 refleja la máxima transparencia.
La década 2000-2010 muestra un país con crecimiento económico claramente insuficiente que se refleja en el bajo nivel del empleo; el aumento del desempleo y los niveles de pobreza; crecientes índices de inseguridad, delincuencia y criminalidad; deficiente impartición de justicia; falta de aplicación de la ley y del estado de derecho; aumento preocupante de las estructuras de gobierno y de la burocracia y uso inapropiado de los ingresos extraordinarios excedentes que se recibieron fundamentalmente por los precios del petróleo.
En esta circunstancia, los líderes políticos de todos los partidos y corrientes ideológicas son los principales responsables de la gran crisis del país, pues han carecido de una visión de Estado que sacrifique las perspectivas particulares de sus propios intereses, mostrando una gran mezquindad y un enorme egoísmo hacia el interés supremo de la nación.
En la actualidad, el estado de derecho es una quimera, pues pareciera que en el país no existen leyes, las instituciones constantemente son cuestionadas porque no se les tiene confianza, los delincuentes no reciben castigo y los inocentes se encuentran presos. Los que se atreven a denunciar son amenazados o asesinados, y los criminales son protegidos por policías, ministerios públicos y jueces. Los ciudadanos y las familias se encuentran indefensos porque el gobierno federal no puede asegurarles la paz social.
Es una vergüenza nacional reconocer el daño a la salud de niños y jóvenes por la comida chatarra que se vende en las escuelas. Es un despropósito establecer políticas públicas para evitar el problema y claudicar ante la presión de poderosos empresarios, privilegiando los intereses particulares que dañan la salud de la niñez y la juventud mexicanas. México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo.
Es una vergüenza nacional favorecer los intereses de las grandes corporaciones en materia de telecomunicaciones con concesiones a precio de ganga, sacrificando el interés y el patrimonio que nos pertenece a todos los ciudadanos. Una vez más se privilegian los intereses económicos y políticos de los poderosos.
El Estado debe recuperar su papel de rector de la vida política, económica y social del país para asegurar una sana convivencia de la sociedad. El Estado debe encabezar las causas y asegurar los beneficios de las responsabilidades sociales.
A partir de la administración 1976-1982 (de López Portillo) que registró una tasa media anual de crecimiento de 6.55%, el crecimiento sexenal ha sido de 0.34% en el periodo 1982-1988 (De la Madrid), de 3.9% en 1988-1994 (Salinas de Gortari), de 3.4% durante 1994-2000 (Zedillo), de 2.5% en el periodo 2000-2006 (Fox) y se estima una tasa de 2.1% en el lapso 2006-2012 considerando un crecimiento económico de 4.0% para 2011 y 2012.
Así el crecimiento económico del país alcanzará sólo 2.4% como media sexenal en el periodo 1983-2012, es decir, en 30 años el crecimiento económico de México es notoriamente insuficiente para financiar el desarrollo nacional. Hasta 2001 éramos la novena economía del mundo. En 2009 estábamos en el lugar número 14 por el tamaño de nuestra economía, según el Fondo Monetario Internacional.
Porfirio Díaz, durante la primera década del siglo XX y hasta su salida del país por el estallido de la Revolución, reportó una tasa anual promedio de crecimiento económico de 3.3%, en tanto que la tasa correspondiente al periodo 2001-2012 podría ser de 2.3%, es decir 1.0% menor a la última década de la dictadura porfirista, a pesar del auge actual de los precios del petróleo, la inversión extranjera, las remesas de los migrantes, las reservas monetarias internacionales y el control de la inflación.
Este negro escenario que nos toca vivir es culpa de todos, pero más responsabilidad recae en los partidos políticos que se han convertido en verdaderas mafias, cárteles de la delincuencia organizada, que sólo actúan buscando el beneficio que representa el presupuesto público como suculento botín que se reparten de manera discrecional y cínica, sin rendir cuentas a la sociedad, la que es el supremo poder y mandante de los políticos. Esta situación se agudiza cuando se dan campañas electorales que representan el campo propicio, la oportunidad dorada, de saquear el patrimonio de todos los mexicanos.
Los recursos públicos destinados en la década 2000-2009 a los partidos políticos como subsidio para su operación y las campañas de sus candidatos así como para organizar elecciones y cubrir la actuación de los institutos electorales, tribunales y fiscalías especializadas, alcanzó un monto de 158 mil millones de pesos.
Durante la década mencionada, la Federación y los gobiernos estatales entregaron a los partidos políticos 50 mil 809 millones de pesos; a los institutos electorales, 88 mil 261 millones de pesos; a los tribunales electorales del país, 17 mil millones de pesos y a las fiscalías especializadas, mil 930 millones de pesos, lo que representa una verdadera ofensa para la pobreza y las necesidades del país, así como un enorme despropósito y un monumento al despilfarro y al uso inadecuado de los recursos públicos. La confianza de la gente no se compra, se gana, y no es a base de dinero como se obtiene.
Las campañas electorales que hemos vivido en los años 2010 y 2011 en 20 estados de la República para elegir gobernadores, presidentes municipales y diputados, entre los más importantes, se caracterizaron por todo tipo de delitos electorales de todos los partidos políticos sin excepción, convirtiéndose en un verdadero estercolero.
Candidatos acusados de nexos con la delincuencia, grabaciones ilegales, manipulación de encuestas y padrones electorales, compra de votos, desvío de recursos públicos, amenazas, extorsiones y chantajes, asesinatos de algunos candidatos, uso de instrumentos del Estado a favor de ciertas corrientes, aplicación de recursos provenientes de fuentes ilícitas y entrega de bienes y servicios a cambio de votos. Todas estas prácticas fueron la constante en los procesos electorales. Esta situación muestra de manera casi generalizada la ausencia total del estado de derecho en nuestro país y la impunidad existente que nos ahoga.
La mayoría de los candidatos en los ámbitos federal, estatal y municipal sólo buscaron alcanzar el poder por el poder, sin el menor recato ni pudor y con total y absoluta desvergüenza, olvidando el interés superior de la nación. Sin importar valores y principios los partidos políticos se convirtieron en muchos casos en travestis de la política, actuando como verdaderos delincuentes. Todos al final de cuentas son iguales. Ninguno merece la confianza de la sociedad.
En 2009 se publicó el latinobarómetro sobre la democracia en 18 países de América Latina, resultado de la aplicación de 20 mil 204 encuestas sobre confianza en las instituciones, resultando que la Iglesia, la radio y la televisión son las que más confianza merecen, con calificaciones de 68, 56 y 54, respectivamente, en una escala de 0 a 100, en tanto que el Poder Judicial, los sindicatos y los partidos políticos, con calificaciones relativas de 32, 30 y 24, son las instituciones que menos confianza merecen de la sociedad.
El descaro y la desvergüenza de los partidos políticos no tiene límite. Por ello en 2009 y con el apoyo de todas las fuerzas políticas se incluyó en el artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, la excepción para que los partidos políticos no fueran fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Mayor despropósito no puede existir. Esto es un monumento a la opacidad y una afrenta al manejo honesto y transparente del patrimonio público.
Esta información puede servir para una reflexión profunda sobre lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Los resultados no pueden ser ocultados. Como nación debemos asumir la responsabilidad y tomar acciones efectivas para corregir el rumbo y hacer realidad la grandeza de México, que sólo espera liderazgos honestos y gobernantes comprometidos con la sociedad, a la que tenemos todos el privilegio de servir.
Existe un postulado supremo en las democracias que no admite discusión: “El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad”.
El poder debe usarse para servir a los demás y no para servirse de él. El servicio a la sociedad es un privilegio de vida que proporciona una razón de ser a la existencia del hombre. Los que traicionan el interés superior de la sociedad deben recibir un castigo ejemplar y ser exhibidos públicamente como traidores y enemigos de las causas supremas de los ciudadanos.
El poder debe servir para cambiar a México en beneficio de todos y no de unos cuantos. Es urgente recrear el país con las reformas necesarias, las cuales deben pasar por la constitucional, la de redefinición del papel del Estado y de las formas de gobierno, la reforma a los Poderes de la Unión, las reformas hacendaria y fiscal, la educativa, la laboral y la electoral complementaria, entre las más importantes, que deben acompañarse de las políticas públicas requeridas en materia de educación, salud, seguridad, desarrollo social y transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. En pocas palabras, refundar al Estado mexicano.
Los casos de Egipto y de países de Medio Oriente y de Europa son un gran ejemplo de la fuerza de la sociedad que pareciera que vivía un grave y largo letargo, del cual, venturosamente, está despertando para exhibir y exigir cuentas a los líderes políticos. Los ciudadanos han llegado al hartazgo de la clase política. Los líderes de primera siempre tienen subordinados de primera. Los líderes de segunda buscan subordinados de tercera para que no les hagan sombra.
México necesita urgentemente hombres de Estado, liderazgos creíbles que muestren pensamientos en grande, con ideas y visiones de horizonte extenso. Si las ideas son cortas y limitadas, no se puede diseñar y construir el futuro. El futuro es de los hombres y mujeres que piensan en grande y, sobre todo, que se atreven.
La pérdida constante de valores por la mala educación es responsabilidad de autoridades, educadores y familias. Los reclamos y el descontento de los jóvenes es la consecuencia de los malos gobiernos que han conducido al país en las últimas décadas.
México necesita líderes que señalen rumbos, que marquen pautas, que sean soñadores de grandes ideales. Líderes constructores de valores, que busquen el bien de los demás por encima de sus intereses particulares. Recordemos siempre: “El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie”.
* Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Va Sindicato de Electricistas por cargos de representación popular
MÉXICO, D.F. (apro).- El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, confirmó que su organización, convertida en asociación política nacional, buscará cargos de representación popular para él y sus socios.
En entrevista, dijo que para octubre habrá de quedar conformada la estructura nacional de su asociación y en abril de 2012 efectuarán un congreso extraordinario para determinar las alianzas políticas y electorales que concretarán para el proceso federal.
Aunque dijo que para el SME y su agrupación política no es prioridad el tema electoral, Esparza Flores destacó que sí es importante “organizar a los no organizados” para reivindicar los derechos ciudadanos desde posiciones de decisión política.
“Vamos a participar ahí, claro que vamos a participar, como organización política y en el congreso del año que viene determinaremos alianzas con partidos y candidatos, y si se determina que algunos de nuestros integrantes vaya por los cargos populares, así será”, afirmó.
Más adelante, el dirigente gremial sostuvo que las alianzas que hagan con tal o cual organización política dependerá de la forma como actúen esas instituciones, en función de temas prioritarios para el país y definió la línea ideológica que seguirán como de izquierda.
“Tenemos una línea política y un perfil muy claro de izquierda con un proyecto de nación que permita restablecer la soberanía sobre el petróleo, la energía, la electricidad y la educación pública”, enfatizó.
El dirigente de los electricistas indicó que también impulsarán el respeto a derechos de trabajadores y campesinos, así como la creación de oportunidades para los jóvenes.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Se cuartea alcancía electoral del PAN en Nuevo León
Ante los recientes videoescándalos relacionados con casinos y crimen organizado que salpican al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, los núcleos políticos asentados en San Nicolás (la Neocúpula) y en San Pedro (la vieja guardia), se disputan el control del comité estatal panista. No sólo está en juego el reparto de candidaturas para 2012: el panismo nuevoleonés además de votos presuntamente aporta dinero a las campañas políticas, como la de Josefina Vázquez Mota.
MONTERREY, N.L.- Después de dominar durante más de una década al PAN de Nuevo León, el Grupo San Nicolás comienza a desmoronarse tras el escándalo de los videos en los que aparece Jonás Larrazabal, el hermano del alcalde regiomontano Fernando Larrazabal Bretón, presuntamente recibiendo sobornos de parte del propietario de un casino.
Larrazabal Bretón, líder del grupo político también conocido como Neocúpula, ha tenido que enfrentar los ataques del grupo San Pedro, sus rivales tradicionales en el PAN, liderados por el exgobernador Fernando Canales Clariond, Alejandra Fernández Garza y José Luis Coindreau García, todos exdirigentes estatales.
Esta facción de políticos de la vieja guardia ha capitalizado los escándalos de los Larrazabal para tratar de recuperar los espacios que perdieron después de haber encumbrado a Canales Clariond como gobernador en 1997.
Después de ese gran éxito, los de San Pedro perdieron poder frente a Fernando Larrazabal, que formó con el ahora consejero de la Judicatura estatal, Raúl Gracia Guzmán, y el delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zeferino Salgado Almaguer, una alianza que ha manejado el partido los últimos 10 años.
Tan férreo es el control de los de San Nicolás, que tienen prácticamente dominada la membresía del partido, ya que inscriben a los empleados a su servicio a cambio de respaldo en los procesos internos.
En la elección para gobernador de 2009, Fernando Larrazabal se perfilaba como candidato para enfrentar al priista Rodrigo Medina de la Cruz. Se dijo en el partido que en una contienda interna Larry –como le dicen sus correligionarios al alcalde regiomontano– hubiera ganado de calle, pero César Nava, el entonces dirigente nacional, designó por “dedazo” a Fernando Elizondo Barragán, quien ya había sido gobernador sustituto de Canales cuando éste se integró al gabinete de Vicente Fox, meses antes de concluir su mandato en 2003. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1820 de la revista Proceso, ya en circulación)
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Tribunal subordinado
Tribunal subordinado
John M. Ackerman
La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral (IFE) en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros. En lugar de hacer frente común con el IFE para defender de manera conjunta la institucionalidad democrática, los magistrados han tomado el lado de los poderes fácticos. La verdadera perdedora, como siempre, es la ciudadanía.
La sentencia dictada por el TEPJF el pasado 14 de septiembre anula las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobadas por el IFE el 27 de junio, que reducían los plazos para la transmisión de los espots de los partidos políticos de cinco a tres días. Estas reformas se hicieron con el fin de facilitar un debate público más dinámico y robusto entre los diversos partidos y candidatos durante las campañas electorales de 2012.
Las modificaciones se justifican plenamente por la necesidad de adecuar el reglamento a las exigencias de una campaña presidencial que presenta una coyuntura radicalmente diferente a la de una elección intermedia, como la de 2009, que únicamente renovó la Cámara de Diputados a escala federal. Los cambios también encuentran respaldo en el artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, así como en el artículo 41 de la Carta Magna, que señala que el IFE es la “autoridad única” para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral.
Pero en lugar de privilegiar los derechos de los ciudadanos, los magistrados del TEPJF prefieren defender los privilegios de los potentados. Anulan las modificaciones del IFE porque supuestamente la autoridad no hizo las consultas necesarias a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ni ofreció suficientes argumentos técnicos para justificar la modificación de los plazos. Sin embargo, a la CIRT no le exigen ningún argumento técnico que demuestre la supuesta imposibilidad de cumplir con el nuevo procedimiento. Tampoco toman en cuenta que la cámara empresarial dejó pasar 11 meses de debate sobre la nueva reglamentación sin haber emitido opinión formal alguna.
En su sentencia, el TEPJF coloca absolutamente toda la carga de la prueba en manos del IFE e impone una serie de criterios tendenciosos que deberían regir la nueva consulta que tendrían que realizar los consejeros electorales. Por ejemplo, exige que el IFE base cualquier modificación, no en las necesidades futuras, sino en la experiencia pasada con la transmisión de los espots electorales. También mandata que la justificación sea estrictamente “técnica” y no “dogmática”. Es decir, se deben privilegiar los argumentos de las radiodifusoras y televisoras sobre la “factibilidad” de los plazos por encima de consideraciones más amplias sobre la calidad de la democracia o la vigencia de nuestras garantías ciudadanas.
La decisión del TEPJF favorece a los medios de comunicación porque privilegia el status quo y da mayor importancia a la opinión de los empresarios “afectados” que a las necesidades de la ciudadanía. Una autoridad electoral realmente comprometida con la democracia y los derechos ciudadanos procedería precisamente en sentido contrario. Partiría de una valoración de las condiciones especiales que se presentarán el año que entra durante la primera elección presidencial que se efectuará de acuerdo con las nuevas reglas de comunicación. También privilegiaría la opinión de los ciudadanos por encima de los intereses de las principales empresas oligopólicas de los medios electrónicos.
Pero quizás lo más grave es que, tanto en su sentencia como durante la sesión pública, los magistrados hacen eco de manera explícita del chantaje de la CIRT respecto del posible “incumplimiento masivo” de las pautas publicitarias y su amenaza explícita de poner en riesgo la validez de las elecciones presidenciales de 2012. La magistrada María del Carmen Alanís declaró que, de haber avalado el nuevo reglamento del IFE, “incluso se podría llegar a una no deseable obstaculización de la oportuna difusión de mensajes de partidos políticos y autoridades electorales”. La sentencia habla de “evitar medidas irracionales y el consecuente entorpecimiento u obstaculización de la oportuna y adecuada difusión” de los promocionales. Con tal de no levantar la ira de los concesionarios de los medios electrónicos, los magistrados electorales prefieren darles un lugar de privilegio en la confección de las reglas del juego.
En lugar de responder al chantaje con una inquebrantable defensa de la legalidad y el Estado de derecho, los magistrados aceptan su papel de meros empleados de los poderes fácticos del país. Recordemos que en la misma sesión del pasado 14 de septiembre, el TEPJF también dio carpetazo a todas las irregularidades de la pasada elección para gobernador del estado de México. Con decisiones como éstas queda claro una vez más quién manda y quién obedece en materia electoral en el país.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Cordero, la Aspan y 2012
Cordero, la Aspan y 2012
Carlos Fazio
D
e no ocurrir un contratiempo mayor, el candidato de la Casa Blanca para la elección presidencial de 2012 en México es Ernesto Cordero. Junto con el finado Juan Camilo Mouriño y el actual embajador en Washington, Arturo Sarukhán, Cordero participó en septiembre de 2006 en la encerrona de Banff Springs, Canadá, donde representantes del Pentágono y de grandes corporaciones privadas decidieron profundizar la integración” de América del Norte y el control de México por el estamento militar estadunidense. Allí se consumaron una serie de acuerdos ejecutivos secretos con Estados Unidos, que combinan la entrega de los recursos geoestratégicos con la militarización subordinada del país. Cordero, sustituto forzado de Mouriño, es el hombre del continuismo calderonista.
En realidad, el proyecto imperial arranca en 1941, cuando el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York –el más influyente tanque pensante de la élite estadunidense– redefinió el concepto de “gran área” (símil del espacio vital nazi) y optó por un modelo de “integración” económica vertical de sus vecinos, que incluía inversiones, colonización y control político abierto.
Como quedó asentado en los Estudios de guerra y de paz, Estados Unidos debía generar “mayor dependencia” mediante mercados seguros de materias primas, y en caso de que eso fracasase, a través del control de territorios mediante “la inversión y la dominación político militar”. En 1942, el geopolítico estadunidense Nicholas J. Spykman ubicó a México dentro del “Mediterráneo americano”, junto con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas del Caribe. Para su antecesor, Alfred Mahan, renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era “vital” para Washington y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. “Eso implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal”, asentó con crudeza Spykman.
Medio siglo después, el resultado más acabado de ese proyecto imperial fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), seguido del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá (PPP) como caballos de Troya del Área de Libre Comercio de las Américas, prevista para 2005. Si bien el ALCA fracasó en Mar del Plata, ese mismo año Washington logró consolidar un “perímetro común de seguridad” (o “fronteras inteligentes”) mediante la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan o TLC militarizado). Y en 2008 rebautizó el PPP como Iniciativa Mesoamericana, incorporando a Colombia. Al designio de Spykman en los años cuarenta sólo escapan hoy Cuba y Venezuela, naciones sometidas a constantes operaciones encubiertas de desestabilización.
Al amparo de una campaña de saturación propagandística que logró imponer la “guerra al terrorismo” en la agenda mediática, la consolidación de Norteamérica como espacio económico había sido antecedida, en 2002, por la creación del Comando Norte del Pentágono. La proyección espacial del NorthCom, que abarca Canadá, México, porciones del Caribe (Cuba incluida) y aguas contiguas en los océanos Pacífico y Atlántico (en particular el golfo de México), tiene que ver con la geografía, la política, la economía capitalista y lo militar como complemento bélico de la “integración” vertical de América del Norte; como “zona segura” de abasto de petróleo, gas natural, agua, uranio y biodiversidad para la economía estadunidense, contenida en el documento Nuevos horizontes, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, difundido una semana después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Con eje en los suministros de Canadá y México a Estados Unidos, la creación de un “mercomún energético” de América del Norte formaba parte de un viejo proyecto geoestratégico de la época de Ronald Reagan (1979). Desde entonces, un objetivo central de Washington ha sido consumar el desmantelamiento parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En mayo de 2005, dos meses después de la creación de la Aspan, se divulgó el informe Construcción de una comunidad de América del Norte, en cuya elaboración participaron un grupo de mercaderes comisionistas locales, como el embajador Andrés Rozental, el salinista Pedro Aspe y el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle. Pero el embate final del complejo militar industrial estadunidense comenzó inmediatamente después del fraude electoral de julio de 2006, cuando en plena transición y bajo la batuta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, Mouriño, Sarukhán y Cordero asistieron en el hotel Fairmont Banff Springs, de Alberta, Canadá, a un cónclave secreto con ministros, altos ejecutivos –entre ellos los de la petrolera Chevron, Bechtel y Lockhedd Martin, la mayor contratista de armas del mundo– y militares cinco estrellas, incluido el almirante Tim Keating, jefe del Comando Norte.
Aprovechando el “ánimo reformista” de Felipe Calderón y su equipo de transición, se habló entonces de cómo “ceder soberanía nacional a favor de una Norteamérica más fuerte”. La reunión se centró en la interrelación entre los sistemas de defensa, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración, producción de equipo militar y control sobre los recursos energéticos de Norteamérica.
En junio de 2008, el entonces secretario del Pentágono, Robert Gates, anunció la incorporación de México al Comando Norte y recrudeció la guerra de contrainsurgencia de Calderón, con saldo superior a 50 mil muertos. El martes 13 llegó el embajador Anthony Wayne, presentó cartas credenciales y entregó tres helicópteros Blak Hawk artillados a la Marina, como signo de la afganización de México. Y por si fuera poco, el general David Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), convertida en una organización paramilitar según The Washington Post, fue el “invitado especial” de Sarukhán en la embajada en Washington, para conmemorar el 201 aniversario del inicio de la… Independencia.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Deuda pública: 5.2 billones
México SA
Deuda pública: 5.2 billones
En 2012 crecerá 400 mil millones de pesos
“Felipe Calderón te dirá cómo”
Carlos Fernández-Vega
E
n seis años de éxitos” –según idílica auto calificación–, el calderonato habrá incrementado la deuda pública federal en el equivalente a más de 11 puntos porcentuales del producto interno bruto, mientras la tasa anual promedio de “avance” en materia económica a duras penas llegaría (en caso de que los pronósticos 2011 y 2012 se cumplan, lo que difícilmente sucederá) a 1.8 por ciento, el peor resultado en 30 años de gobiernos neoliberales, y aún por debajo de lo reportado (1.9 por ciento anual) en la tristemente célebre primera década perdida (la de los años 80 del siglo pasado). A pesar de ese raquitismo, con Calderón en Los Pinos el débito del sector público (interno y externo) habrá crecido 162 por ciento con respecto al primero de diciembre de 2006.
De ese tamaño es el “éxito” obtenido por el susodicho en el renglón mencionado, es decir, el que utilizó en su campaña para defenestrar a sus rivales en la contienda electoral de 2006. Pero todo termina, y felizmente el calderonato a punto está de cerrar la tienda. En este contexto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas analizó temáticamente la sexta y última propuesta económica del todavía inquilino de Los Pinos, y algunos de sus balances se registrarán en este espacio. Así, dos de los aspectos desmenuzados fueron el déficit público y la deuda federal propuestos para 2012.
De acuerdo con la propuesta calderonista, en 2012 nuevamente se registrará déficit público. Este indicador –sin incluir la inversión de Pemex– pasará de 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2011 a 0.2 por ciento. Esto es, de 70 mil 176 millones de pesos aprobados para el presente año a 36 mil 689.5 millones el siguiente, monto inferior en 33 mil 486.5 millones. El dato relevante para evaluar el estado que guarda el balance público es el que incluye la inversión de Pemex. Bajo esta premisa, la Secretaría de Hacienda estima que los déficit públicos para 2011 y 2012 sean de 2.5 y 2.2 por ciento del PIB, respectivamente.
El objetivo planteado en los Criterios Generales de Política Económica para 2010 consideraba lograr el equilibrio presupuestario en 2012. Sin embargo, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año se establece que el equilibrio presupuestario se logrará en 2013 y no en el periodo originalmente comprometido. En los CGPE 2012 no se prevén componentes cíclicos ni estructurales en su estimación como sí se hizo para 2010, pese a las condiciones internacionales sobre una posible recesión mundial, lo que implica mayor rigidez en la política fiscal propuesta para 2012.
Por lo que respecta al techo de endeudamiento público propuesto por el inquilino de Los Pinos, en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2012 se expone: un monto de endeudamiento neto interno hasta por 395 mil millones de pesos, cifra superior en 20 mil millones a lo aprobado en 2011, y un endeudamiento externo neto del sector público hasta de 7 mil millones de dólares, (85 mil 400 millones de pesos), superior en 2 mil millones de dólares (o bien 25 mil 900 millones de pesos) respecto a lo aprobado en 2011.
Dado lo anterior, y si se cumplieran las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el cierre de 2011, la deuda pública alcanzaría un monto de 4.7 billones de pesos (33.6 por ciento del PIB) y de 5.2 billones de pesos (34.6 por ciento del PIB) para 2012. Del mismo modo, en la citada iniciativa se contempla un endeudamiento neto para el Distrito Federal de 5 mil millones de pesos para financiar el presupuesto de egresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2012, cifra superior en mil millones de pesos a lo aprobado por el Congreso para 2011.
Para 2012, la SHCP propone que el costo financiero de la deuda del sector público ascienda a 322 mil 195.8 millones de pesos (2.1 por ciento del PIB), cifra superior en 30 mil 59.1 millones con un crecimiento real de 6.6 por ciento respecto a la cifra de cierre para 2011. A pesar de que el costo financiero mantiene una tendencia de relativa estabilidad, su peso es significativo si se compara con algunas variables de las finanzas públicas propuestas por el inquilino de Los Pinos para el próximo año. Por ejemplo, el costo financiero representa 57.8 por ciento de la recaudación estimada del impuesto al valor agregado (IVA) y 43.3 por ciento de la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR). Asimismo, equivale a 132 por ciento del presupuesto propuesto a la Secretaría de Educación Pública, casi tres veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, y casi ocho tantos más que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública.
La Secretaría de Hacienda prevé disminuir gradualmente los requerimientos financieros de 2.6 por ciento del PIB en 2012, a 2 por ciento en 2017; estos requerimientos del sector público muestran un indicador más amplio del balance público tradicional que mide las necesidades de financiamiento que enfrenta el sector público para alcanzar sus objetivos de política. Tal dependencia pública estima que al cierre de 2012 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, o deuda ampliada, se ubique en 36.4 por ciento del PIB, 0.2 puntos por debajo de lo estimado para el cierre de 2011.
A pesar de que el endeudamiento público estimado para 2011 se encuentra en niveles inferiores respecto a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Grecia o Italia, hay que subrayar que para el periodo 2008-2010 la deuda bruta del sector público creció en términos reales a una tasa promedio anual de 12.9 por ciento, que contrasta con el sostenido decrecimiento de la economía mexicana, que fue de -0.5 por ciento en términos reales para ese mismo periodo. Con respecto al PIB, la deuda pasó de 22.1 por ciento en 2000 a 33.1 por ciento en 2010, un incremento de 11 puntos porcentuales.
En 2008 existieron mayores necesidades de financiamiento para hacer frente a la crisis financiera internacional; en ese año se modificó la ley del ISSSTE, con lo que el gobierno federal reconoció pasivos laborales equivalentes a 1.8 por ciento del PIB, más 0.6 por ciento por concepto de costos de transición, dando como resultado el 2.4 por ciento del producto. De igual forma, los Pidiregas de Pemex se reconocieron como deuda pública.
Las rebanadas del pastel
De los dorados tiempos de la campaña electoral 2006: “hay formas de que México avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!”… Enorme abrazo, con beso tronado, a la comunidad jornalera (accionistas, trabajadores y lectores) por el 27 aniversario de la más bella del periodismo.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Gravamen a las fortunas de los millonarios
Dinero
Fobaproa americano
Gravamen a las fortunas de los millonarios
Indignados toman Wall Street
El botín de 2012
Enrique Galván Ochoa
Comparativo entre el Presupuesto de Egresos 2011 y el Proyecto de Egresos 2012
L
a recesión de 2007-2009 dejó un mayor número de pobres en el planeta pero conservó, incluso aumentó, fortunas y privilegios de los millonarios. Si analizamos lo que pasó en Estados Unidos, nos damos cuenta de que los recursos gubernamentales destinados al TARP –Fobaproa americano– tuvieron como destino poner a salvo a las grandes firmas financieras y automotrices, así como a sus ejecutivos y socios. Las familias de clase media recibieron ayuda; por ejemplo, se extendió a seis meses el pago del seguro de desempleo, fueron entregados millones de cupones de comida gratuita y se han restructurado millares de créditos hipotecarios. Sin embargo, el apoyo a los millonarios fue superior. En cuanto a los pobres, la semana anterior la oficina del censo dio a conocer que uno de cada siete estadunidenses es pobre. El presidente Obama presentará hoy un plan para equilibrar la situación; es parte de su programa de creación de empleos. Si algún presidente mexicano se atreviera a hacerlo –Calderón ni remotamente lo haría–, sería calificado de populista y socialista, y seguramente las cúpulas empresariales, aliadas a la mayoría de los medios de comunicación electrónica, y sus leales “líderes de la opinión pública”, lanzarían en su contra una campaña tan furiosa que lo harían retroceder.
La regla Buffett
Obama bautizó su iniciativa como “regla Buffett”, en honor de uno de los estadunidenses más ricos del mundo: Warren Buffett, número dos en la lista de Forbes. Consiste en aplicar un impuesto especial a quienes perciban más de un millón de dólares al año. Buffett, Bill Gates y otros multimillonarios tomaron la decisión en 2010 de donar la mitad de sus fortunas a causas humanitarias. Buffett propuso este año que los ricos paguen más impuestos. Iniciativas idénticas han surgido en Italia, España y Francia, con distintos grados de aceptación o resistencia. En Estados Unidos la batalla se anticipa muy dura. Derrotar al impuesto a los más ricos será otra bandera del Tea Party.
Ahora son más
¿Cuántos millonarios existen? Un estudio del banco Merrill Lynch y la consultoría Capgemini revela que son 10.9 millones. La suma de sus fortunas –sin bienes inmobiliarios– llega a 42.7 billones de dólares. De acuerdo con este reporte, Estados Unidos tiene al mayor número, con 3.1 millones de potentados, arriba de Japón y Alemania. Serían ellos quienes verían gravadas sus fortunas en caso de que la propuesta de Obama llegara a tener éxito –lo cual es dudoso.
Indignados
En tanto, un grupo de entre 15 mil y 20 mil personas se reunieron ayer en Wall Street. Tomaron la zona y piensan permanecer indefinidamente. La policía acordonó el área, pero no detuvo a los manifestantes. Tienen algo en común: son jóvenes, preparados –algunos con doctorados de universidades de prestigio– y sin empleo. El movimiento se agrega a otros: la primavera árabe y la europea.
e@Vox Populi
Asunto: son los mismos
Después de reflexionar sobre la situación que vivimos creo que el origen del problema está en las autoridades, más que en los criminales. La proliferación de la delincuencia no tiene que ver con ellos, sino con la corrupción en el gobierno. Los criminales buscan extender sus redes por todo el mundo y encontraron campo fértil en México, porque a las autoridades se les puede sobornar. Si no fuera así, Canadá tendría los mismos problemas.
Gabriela Granados/Distrito Federal
R: Estoy de acuerdo: parte del problema es la demanda de drogas de Estados Unidos, sólo que por algo las mafias eligieron a México. Canadá es uno de los menos corruptos del mundo.
Asunto: el botín de 2012
Ya no son sorpresa las prioridades del gobierno y es cada vez más grande el descaro. Presento un comparativo entre el Presupuesto de Egresos 2011 y el Proyecto de Egresos 2012 que envió Cordero a la cámara antes de irse por la grande. La estrategia sigue siendo guerra y no educación; más policías y militares y menos escuelas. Los aumentos a la seguridad del Presidente y su transporte aéreo son exorbitantes comparados con los recursos para salud, becas Pronabes o estímulos al SNI; por eso él sigue diciendo que se siente “seguro”.
Carlos Alberto Jiménez Bandala,
estudiante de doctorado UAM-Iztapalapa
R: Yo ya dejé de culpar a Calderón, al gobierno, a las autoridades... ¿No somos nosotros los responsables de mantenerlos donde están?
Repsol y Sempra
La semana anterior me ocupé de la empresa estadunidense Sempra y la española Repsol, ambas con intereses en México. El rubro que traté era sobre Repsol-Sacyr-Pemex. No es superfluo precisar que Sempra no tiene relación con el tema.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Fallas en el sistema electoral
Clase Política
Fallas en el sistema electoral
Miguel Ángel Rivera
C
onstruido sobre la base de la desconfianza, el complicado sistema electoral de México evidencia fallas y lagunas desde antes del inicio formal del proceso que culminará con las elecciones presidenciales del año venidero.
Una prueba la dieron los magistrados del tribunal electoral federal al dejar sin efecto el reglamento elaborado por los consejeros del IFE para la distribución y transmisión por radio y televisión de los espots de partidos y organismos electorales, pues el equipo encabezado por Leonardo Valdés no tomó en cuenta la opinión de los expertos de los propina medios. A ello se debe añadir el supuesto reglamento para espacios informativos, también de radio y televisión, el cual quedó en pura recomendación, pues los consejeros electorales carecen de facultades para fijar tal clase de normas.
Tal vez donde se notan más los vacíos es en la reglamentación de las precampañas. En prácticamente todos los partidos está abierta la lucha por las candidaturas a la Presidencia de la República, pero los aspirantes no pueden expresarse abiertamente, so pena de ser sancionados.
La cosecha
Entre los aspirantes presidenciales, impedido de expresar sus propósitos, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, tendrá una oportunidad de consolidarse cuando, mañana, presente su quinto informe ante la Asamblea Legislativa (ALDF), presidida por Alejandra Barrales, una de las precandidatas a sucederlo...
Uno de los aspectos a observar será si entre los invitados aparece el ex jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien “extraoficialmente” le disputa la candidatura presidencial de la izquierda, pero de manera reiterada ha expresado que sus enemigos no lograrán hacerlos pelear...
Trabajaremos en grande, dentro de la pluralidad política, para dar resultados y mantener la confianza de los ciudadanos, expuso el nuevo gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien en sus primeras actividades oficiales tuvo la compañía de otro precandidato impedido de manifestarse con toda libertad, su antecesor Enrique Peña Nieto...
El otro precandidato dentro de las filas del PRI, el senador Manlio Fabio Beltrones, en Toluca, desestimó los comentarios en el sentido de que ya se produjo una “cargada” en favor de Peña Nieto, e insistió en que su partido está interesado en construir primero el proyecto de país que va a ofrecer para recuperar, como así lo señalan los principales números, la confianza de la mayoría de los electores en México...
“No permitiremos que los estados y los municipios pierdan su capacidad de generar crecimiento económico”, afirmó el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, al anunciar que su fracción promoverá un presupuesto que apoye a las entidades federativas en el gasto y distribución equitativa del ingreso, lo cual implicará reorientar el proyecto enviado por el Ejecutivo federal.
riverapaz@prodigy.net.mx
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Ríodoce, Diario de Juárez
Astillero
Operación Independencia
Aparente calma
Ríodoce, Diario de Juárez
Malova, intolerante
Cocoa, La ganadora
Julio Hernández López
PROTESTA MOTORIZADA. En la capital, cerca de 300 motociclistas realizaron una rodada para solicitar a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados que apruebe las modificaciones a la Ley de CaminosFoto María Luisa Severiano
L
os rituales conmemorativos de la Independencia nacional se cumplieron en todo el país sin incidentes notables. A pesar del ambiente sombrío que en la víspera hacía pensar en riesgos de violencia, los Gritos y los desfiles se realizaron en paz (en términos generales), aunque con asistencia menguada en la mayor parte de los escenarios tradicionales y con apabullantes esquemas policiacos y militares de prevención. En el caso de la capital del país lo más llamativo fue la reducida presencia popular en la Plaza de la Constitución, la brevedad de la arenga desde el balcón central del Palacio Nacional y los gritos de rechazo que se produjeron contra Felipe Calderón.
El mismo 15, desde la mañana, se desarrolló una novedosa ofensiva tecnológica contra sitios de Internet del gobierno mexicano, particularmente contra el correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Organizada por Anonymous, el nombre genérico de múltiples especialistas en asuntos computacionales que desde diversos países se asocian para echar a caminar protestas colectivas, la llamada #opindependencia denunció la difícil situación que vive México y, convocando a actuar contra ese lamentable estado de cosas, desató fuego virtual contra esas páginas oficiales, logrando dejar fuera de servicio a algunas a partir de la concentración masiva de solicitudes de acceso que hacían reventar la funcionalidad de los mencionados sitios.
A pesar del gran volumen de mensajes relacionados con esa operación independencia, Twitter se negó a incluir el tema entre las tendencias dominantes del día (los llamados trending topic, TT), en lo que, al imponerse sin explicación ni justificación, constituyó una censura. También fueron titubeantes y mendaces las versiones que algunas de las secretarías afectadas pretendieron dar de la caída de sus páginas, atribuyéndolas, en una verdad a medias, que fue una mentira a medias, a problemas técnicos derivados del agotamiento de su ancho de banda. Lo cierto es que esas páginas fueron atacadas en términos tecnológicos por una organización que así expresó su protesta por el mal gobierno que hay en México y quiso demostrar a los mexicanos la vulnerabilidad de los sistemas aparentemente bien montados de los poderes así repudiados.
Mientras tanto, la peligrosa tarea de dar cobertura a la cotidianidad delictiva derivada de la mexicana “guerra contra las drogas” ha sido enaltecida por la Universidad Columbia a través del premio de periodismo María Moors Cabot, que ha asignado dos de sus cinco entregas de este año a medios mexicanos: El Diario, de Ciudad Juárez, y el semanario Ríodoce, de Culiacán.
La publicación chihuahuense, presidida y dirigida por Osvaldo Rodríguez Borunda, concentró reflectores internacionales justamente un año atrás, el 18 de septiembre de 2010, cuando publicó un editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?” (http://bit.ly/bsO4I1), dirigido a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”. Víctima de diversas agresiones, algunas de ellas mortales, el rotativo norteño planteaba abiertamente al verdadero poder de la ciudad: “como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos (...) Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
Con menor difusión, aunque los riesgos sean similares o incluso más graves, el semanario Ríodoce (http://bit.ly/bsO4I1) ha sido víctima de agravios desde diversos flancos de los poderes en pugna en Sinaloa. Sin que a estas alturas haya claridad respecto a motivos y ejecutores, las oficinas de esa valiente y confiable publicación fueron atacadas con un explosivo en septiembre de 2009 (http://bit.ly/puBDYA). Dirigido y confeccionado por reporteros, el semanario tiene a la cabeza a Ismael Bojórquez Perea. Como subdirector está Alejandro Sicairos y los coordinadores de zonas son, en el norte, Javier Valdez (quien ha ganado reconocimiento como escritor de libros de relatos relacionados con la actividad preponderante del estado, el más reciente de ellos, Miss Narco), y en el sur, Cayetano Osuna.
Pero, aun cuando en sus consideraciones la Universidad Columbia explica que los periódicos mexicanos premiados son “valerosos” en función de estar “capeando a los traficantes en México”, en el caso de Ríodoce su adversidad no proviene solamente de los capos y sus bandas, sino, en Sinaloa, del gobierno presuntamente “del cambio” que encabeza el priísta que a última hora fue habilitado por un aliancismo aberrante, Mario López Valdés, conocido como Malova, quien ha sostenido una campaña de restricción presupuestal hacia el semanario para tratar de doblegar su línea editorial, en una reproducción clásica de los peores vicios del autoritarismo que se jacta de no pagar para que le peguen, usando los recursos públicos destinados a publicidad gubernamental para golpear a los insumisos y premiar a los doblegados.
Precisamente en ese contexto, el diputado priísta Luis Antonio Cárdenas Fonseca presentó al Congreso sinaloense una iniciativa de ley para obligar a los poderes de la entidad “a ser equitativos y transparentes al promocionarse en los medios de comunicación”. En http://bit.ly/o9XJj7 puede leerse la respectiva nota y una entrevista al autor de esta columna en función del boicot publicitario vivido en La Jornada San Luis durante el gobierno del panista Marcelo de los Santos y sostenido parcialmente por la administración del priísta Fernando Toranzo.
Y, mientras Cocoa entrega en Michoacán La ganadora, una “tarjeta de grandes beneficios” que se apoya indicativamente, como si del gobierno federal se tratara, en “todos nuestros programas creados para resolver tus necesidades y preocupaciones”, ¡hasta mañana, con un diputado federal priísta asesinado luego de su secuestro!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Operación Independencia
Aparente calma
Ríodoce, Diario de Juárez
Malova, intolerante
Cocoa, La ganadora
Julio Hernández López
PROTESTA MOTORIZADA. En la capital, cerca de 300 motociclistas realizaron una rodada para solicitar a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados que apruebe las modificaciones a la Ley de CaminosFoto María Luisa Severiano
L
os rituales conmemorativos de la Independencia nacional se cumplieron en todo el país sin incidentes notables. A pesar del ambiente sombrío que en la víspera hacía pensar en riesgos de violencia, los Gritos y los desfiles se realizaron en paz (en términos generales), aunque con asistencia menguada en la mayor parte de los escenarios tradicionales y con apabullantes esquemas policiacos y militares de prevención. En el caso de la capital del país lo más llamativo fue la reducida presencia popular en la Plaza de la Constitución, la brevedad de la arenga desde el balcón central del Palacio Nacional y los gritos de rechazo que se produjeron contra Felipe Calderón.
El mismo 15, desde la mañana, se desarrolló una novedosa ofensiva tecnológica contra sitios de Internet del gobierno mexicano, particularmente contra el correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Organizada por Anonymous, el nombre genérico de múltiples especialistas en asuntos computacionales que desde diversos países se asocian para echar a caminar protestas colectivas, la llamada #opindependencia denunció la difícil situación que vive México y, convocando a actuar contra ese lamentable estado de cosas, desató fuego virtual contra esas páginas oficiales, logrando dejar fuera de servicio a algunas a partir de la concentración masiva de solicitudes de acceso que hacían reventar la funcionalidad de los mencionados sitios.
A pesar del gran volumen de mensajes relacionados con esa operación independencia, Twitter se negó a incluir el tema entre las tendencias dominantes del día (los llamados trending topic, TT), en lo que, al imponerse sin explicación ni justificación, constituyó una censura. También fueron titubeantes y mendaces las versiones que algunas de las secretarías afectadas pretendieron dar de la caída de sus páginas, atribuyéndolas, en una verdad a medias, que fue una mentira a medias, a problemas técnicos derivados del agotamiento de su ancho de banda. Lo cierto es que esas páginas fueron atacadas en términos tecnológicos por una organización que así expresó su protesta por el mal gobierno que hay en México y quiso demostrar a los mexicanos la vulnerabilidad de los sistemas aparentemente bien montados de los poderes así repudiados.
Mientras tanto, la peligrosa tarea de dar cobertura a la cotidianidad delictiva derivada de la mexicana “guerra contra las drogas” ha sido enaltecida por la Universidad Columbia a través del premio de periodismo María Moors Cabot, que ha asignado dos de sus cinco entregas de este año a medios mexicanos: El Diario, de Ciudad Juárez, y el semanario Ríodoce, de Culiacán.
La publicación chihuahuense, presidida y dirigida por Osvaldo Rodríguez Borunda, concentró reflectores internacionales justamente un año atrás, el 18 de septiembre de 2010, cuando publicó un editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?” (http://bit.ly/bsO4I1), dirigido a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”. Víctima de diversas agresiones, algunas de ellas mortales, el rotativo norteño planteaba abiertamente al verdadero poder de la ciudad: “como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos (...) Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
Con menor difusión, aunque los riesgos sean similares o incluso más graves, el semanario Ríodoce (http://bit.ly/bsO4I1) ha sido víctima de agravios desde diversos flancos de los poderes en pugna en Sinaloa. Sin que a estas alturas haya claridad respecto a motivos y ejecutores, las oficinas de esa valiente y confiable publicación fueron atacadas con un explosivo en septiembre de 2009 (http://bit.ly/puBDYA). Dirigido y confeccionado por reporteros, el semanario tiene a la cabeza a Ismael Bojórquez Perea. Como subdirector está Alejandro Sicairos y los coordinadores de zonas son, en el norte, Javier Valdez (quien ha ganado reconocimiento como escritor de libros de relatos relacionados con la actividad preponderante del estado, el más reciente de ellos, Miss Narco), y en el sur, Cayetano Osuna.
Pero, aun cuando en sus consideraciones la Universidad Columbia explica que los periódicos mexicanos premiados son “valerosos” en función de estar “capeando a los traficantes en México”, en el caso de Ríodoce su adversidad no proviene solamente de los capos y sus bandas, sino, en Sinaloa, del gobierno presuntamente “del cambio” que encabeza el priísta que a última hora fue habilitado por un aliancismo aberrante, Mario López Valdés, conocido como Malova, quien ha sostenido una campaña de restricción presupuestal hacia el semanario para tratar de doblegar su línea editorial, en una reproducción clásica de los peores vicios del autoritarismo que se jacta de no pagar para que le peguen, usando los recursos públicos destinados a publicidad gubernamental para golpear a los insumisos y premiar a los doblegados.
Precisamente en ese contexto, el diputado priísta Luis Antonio Cárdenas Fonseca presentó al Congreso sinaloense una iniciativa de ley para obligar a los poderes de la entidad “a ser equitativos y transparentes al promocionarse en los medios de comunicación”. En http://bit.ly/o9XJj7 puede leerse la respectiva nota y una entrevista al autor de esta columna en función del boicot publicitario vivido en La Jornada San Luis durante el gobierno del panista Marcelo de los Santos y sostenido parcialmente por la administración del priísta Fernando Toranzo.
Y, mientras Cocoa entrega en Michoacán La ganadora, una “tarjeta de grandes beneficios” que se apoya indicativamente, como si del gobierno federal se tratara, en “todos nuestros programas creados para resolver tus necesidades y preocupaciones”, ¡hasta mañana, con un diputado federal priísta asesinado luego de su secuestro!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
En este gobierno se duplicaron proyectos de firmas extranjeras
En este gobierno se duplicaron proyectos de firmas extranjeras
Susana González G.
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 3
Con el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras: el incremento neto fue de 94 por ciento, al pasar de 390 a 757 proyectos entre 2006 y 2010, la mayoría destinados a la explotación de metales preciosos, indican estadísticas de la Secretaría de Economía (SE).
El aumento de proyectos no implica que haya crecido en la misma proporción el número de empresas extranjeras que extraen minerales y metales del subsuelo de México, ya que sólo aumentaron 40 por ciento (de 240 a 286 en el lapso señalado).
Dicho de otra manera, se autorizaron 73 proyectos mineros nuevos en promedio en cada uno de los cinco años mencionados, aunque sólo ingresaron al sector nueve empresas nuevas anualmente.
Las autoridades y la Cámara Minera de México (Camimex) se ufanan en declarar que México se ha erigido en el cuarto destino mundial para la inversión en exploración minera y el primero en América Latina, pero, aunque operan aquí empresas originarias de 14 naciones, siete de cada 10 son de Canadá, las cuales dominan la exploración y explotación de yacimientos de oro y plata.
El año pasado el valor de la producción minera en el país llegó a 13 mil 900 millones de dólares, de los cuales 60 por ciento provino de lo extraído por empresas extranjeras, de acuerdo con Camimex, además de que la mayoría se exporta.
Baja el capital externo
Sin embargo, aunque las compañías foráneas consiguen más que las nacionales en la producción minera (en cuanto a valor por el tipo de metales y minerales que extraen), sucede lo contrario en las inversiones que hacen.
Los capitales extranjeros en el sector han bajado como proporción de la inversión total en esta industria y ni siquiera rozan los montos de la inversión nacional.
Al principio del sexenio la inversión extranjera minera sumó 657 millones de dólares, que representó 34 por ciento de los mil 923 millones de dólares registrados entonces. En 2008 bajó a 616 millones de dólares o 29 por ciento de la inversión total; luego subió a 929 millones en 2008, pero frente al récord de 3 mil 656 millones de dólares de ese año apenas representó 25 por ciento.
Para 2009 la inversión extranjera en la minería tuvo tal desplome que sólo logró aportar 15 por ciento del total, según estadísticas de la SE. No obstante, según Camimex, en lo que toca a proyectos de exploración, sí supera a los capitales nacionales, al concentrar 70 por ciento del total.
El auge minero logró desplazar el año pasado al turismo como cuarto generador de divisas, sólo superado por la industria automotriz, el petróleo y las remesas de migrantes. El sector minero captó 15.4 mil millones de dólares, contra 11.8 mil millones de la industria sin chimeneas.
El constante incremento en los volúmenes de producción de 18 metales preciosos y algunos de los minerales y minerales no ferrosos, siderúrgicos o no metálicos, como la industria los clasifica, así como el alza que algunos de ellos han registrado en años recientes, ha hecho que México se coloque en los primeros 20 lugares a escala mundial.
Es el principal productor de plata, tiene el sitio11 en oro y el 12 en cobre, pero también destaca en bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, manganeso, diatomita, plomo, grafito, barita, cadmio, molibdeno, zinc, sal y feldespato.
Destaca el caso del oro, en tanto que su aportación en el valor de producción minera nacional se triplicó en los años recientes, ya que antes del sexenio actual sólo representaba 8 por ciento del total y el año pasado llegó a 25.4 por ciento. En 2006 sólo se producían 39 toneladas de oro, pero el año pasado ya fueron 79 toneladas, un incremento de 103 por ciento y ocho veces más de lo que se producía hace 20 años.
Los registros de la SE sobre los 757 proyectos mineros que operan 286 compañías extranjeras detallan la preponderancia canadiense. Por sí solas tienen a su cargo 556 proyectos y operan otros 30 en asociación con firmas de otros países, es decir, 586, que representan 77 por ciento del total de empresas mineras foráneas.
En sus asociaciones trabajan en conjunto con 10 empresas de México, nueve de Estados Unidos, seis de Australia, dos de Reino Unido, así como un proyecto con una empresa de Corea, otra de China y una más de Japón.
Ni siquiera Estados Unidos, el principal socio comercial de México y que tanta influencia tiene en la economía nacional, ha podido acortar la gran ventaja de Canadá, ya que prácticamente hay cinco empresas de su competidor por una suya. En total hay 44 compañías estadunidenses con 113 proyectos, apenas 15 por ciento del total.
En el reparto de este lucrativo mercado destaca el caso de 13 empresas de Canadá que tienen concesionados 14.5 por ciento de los proyectos: Dia Bras Exploration Inc, con 16, seguida por Oro Gold Resources Ltd, y Pediment Gold Corporation, con 14 cada una. Luego, MacMillan Gold Corp y Soltoro Ltd, con 11 proyectos cada una; Canasil Resources y Chespeake Gold Corp, con otros 10 por firma; Remstar Resources Ltd y Golden Goliath Resources, con nueve, así como Evrim Metals Corp y Silvermex Resources, con ocho, además de que también comparten proyectos. Otras que destaca Camimex son Pan American Silver, Alamos Gold, Farallon Resources y Teck Cominco.
Con lo redituable que ha resultado el negocio minero en estos años para las empresas extranjeras, y particularmente las canadienses, al parecer lo mejor (para ellas) está por venir en los próximos años, ya que los proyectos y minas que tienen concesionadas son a largo plazo y, según Camimex, ya superaron en inversión a las nacionales en cuanto a proyectos de exploración, es decir, los nuevos yacimientos, al concentrar 70 por ciento del total.
Los datos oficiales precisan que de 757 proyectos en manos extranjeras, únicamente 2.64 por ciento están en etapa de “desarrollo”, es decir, sólo 20. Otro 9.38 por ciento en “producción” (71) y hay 6.74 por ciento o 51 “suspendidos” o postergados por financiamiento.
En cambio, 615 o bien 81 por ciento del total, son proyectos en “exploración”, así que los resultados en producción, exploración y ganancias que dejen se sabrán hasta los próximos años, paralelamente a problemas ambientales o laborales que han caracterizado al sector. Más aún, si se considera que la Camimex destaca el potencial minero de México al citar al Servicio Geológico Mexicano: “70 por ciento del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial”. De hecho, la industria minera sólo está ausente en cuatro estados.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Pedro Aspe, beneficiado con mecanismo para negociar deuda de gobiernos locales
Aprovecha esquema ideado por Hacienda para que pudieran allegarse más recursos
Pedro Aspe, beneficiado con mecanismo para negociar deuda de gobiernos locales
Protego Asesores, del ex funcionario, recibe fondos públicos por conseguir nuevos plazos de pago
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 36
Un mecanismo ideado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dotar de mayores fuentes de financiamiento a los gobiernos estatales se convirtió en filón de negocio para grupos privados, entre ellos Protego Asesores, la firma del ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.
Los pasivos estatales se han disparado en los años recientes. Entre 2000 y 2011 se triplicaron. Ello ocurrió aun con la intervención de los asesores privados, cuya participación debía servir precisamente para reducir la carga de la deuda en las haciendas estatales, según se desprende de información oficial y de testimonios recogidos por este diario.
El Gobierno del Distrito Federal contrató a Protego Asesores en 2007 para buscar una restructura de la deuda de la administración capitalina. La firma de Pedro Aspe Armella aceptó el trabajo a cambio de 100 mil pesos mensuales de honorarios más una “comisión de éxito”, en un contrato que venció en 2010. Testimonios recabados por La Jornada indican que el costo de la asesoría para restructurar llegó a 100 millones de pesos. El endeudamiento del gobierno de la ciudad de México creció de 44 mil 85.9 millones de pesos en diciembre de 2006 a 52 mil 162.4 millones en junio de este año, 18 por ciento más, de acuerdo con la SHCP.
Un caso similar es el del estado de México, otra de las entidades que emplearon los servicios de Protego. En 2005, la deuda del gobierno local sumó 31 mil 790 millones de pesos, cifra que creció 19 por ciento hasta situarse en 37 mil 854 millones de pesos en junio pasado, según los datos de la Secretaría de Hacienda.
En la administración estatal pasada, el gobierno de Sonora pagó a Protego 30 millones de pesos por la asesoría para restructurar una deuda que hoy alcanza 13 mil 359 millones de pesos y que en 2000 era de cuatro mil 936 millones. Esta firma, a la vez, está buscando un contrato para asesorar al gobierno de Zacatecas en la restructura de sus pasivos, que ascienden a mil 783 millones de pesos –seis veces más que hace siete años–, según confirmó este diario en la Secretaría de Finanzas de esa entidad. Hasta ahora ese contrato no se ha firmado.
Gobiernos de todos los signos políticos han participado en los mecanismos para obtener financiamiento mediante el mercado bursátil mexicano. Son también de todas las orientaciones políticas los gobernantes estatales que se han acercado a empresas como Protego que, por un lado, orientan en la restructura de pasivos, ayudan a contratar nuevo endeudamiento y, al mismo tiempo, ofrecen asesoría en acciones para llevar a la iniciativa privada a prestar servicios públicos en las entidades federativas.
La Jornada solicitó a Protego información sobre los gobiernos estatales a los que asesoró en el pasado y a los que asesora actualmente, así como el costo de sus honorarios. La empresa respondió mediante un vocero que ambas informaciones son de “carácter confidencial”. Cada uno de los contratos con administraciones estatales es particular, pero la constante es que los plazos de vencimiento de la deuda se alargan y el costo del financiamiento, la tasa de interés, se reduce, agregó. Confirmó que el grupo financiero del ex secretario Aspe cobra a sus clientes unos honorarios mensuales “más una comisión de éxito” en función del monto restructurado.
Una comisión por restructura usual en el mercado mexicano es de 0.5 por ciento del monto total restructurado.
El plazo promedio de la deuda del Gobierno del Distrito Federal se extendió de nueve años en 2007 a 24 en 2011; la del estado de México, de 14 a 20 años, y la de Sonora, de 13 a 17 años, por citar tres casos que han restructurado con asesoría de Protego, de acuerdo con datos de la SHCP.
Transferencia de recursos
La deuda de los estados de la República, tema que llevó a la confrontación pública a los partidos Acción Nacional, en el gobierno, y Revolucionario Institucional, que forma mayoría en el Congreso, creció a casi el triple en la década pasada, de acuerdo con datos oficiales. El monto de estos pasivos subió de 90 mil 731 millones de pesos en diciembre de 2000 al nivel máximo histórico de 316 mil 704 millones de pesos en junio pasado, un incremento de 249 por ciento, menciona información de Hacienda.
Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas. Imagen de archivoFoto Yazmín Ortega Cortés
El endeudamiento de los estados comenzó a dispararse cuando la Secretaría de Hacienda abrió a las administraciones locales la posibilidad de contratar pasivos en los mercados accionarios y dejar en garantía las participaciones federales futuras, explicó Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Hacienda de San Lázaro. “Eso ha llevado a que un gobierno como el del Distrito Federal pague 100 millones de pesos por restructurar una deuda que, sin embargo, no ha disminuido”, dijo.
La participación de una empresa como Protego en los mecanismos financieros de que se han valido gobiernos estatales de todo signo político en los años recientes para obtener financiamiento bursátil, y dejar en garantía las participaciones federales futuras, también llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2009, la más reciente hasta ahora, la ASF encontró que durante ese año recursos públicos destinados a entidades federativas fueron transferidos a Protego para que este intermediario financiero realizara operaciones de contratación de deuda por cuenta de los gobiernos locales, “sin que resulte claro” el beneficio para el gobierno de una operación de este tipo.
Existe un Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que utiliza recursos depositados en un fideicomiso para compensar a los gobiernos locales cuando disminuye la recaudación de ingresos participables, respecto de los calculados en la ley de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.
Señala la ASF que en el ejercicio fiscal de 2009 se dispuso de recursos por 25 mil 403 millones de pesos del patrimonio del FEIEF. Con 13 mil 289.4 millones de pesos de ese total, la SHCP y los gobiernos estatales “acordaron un mecanismo financiero, para lo cual dichos recursos se depositaron en Protego Casa de Bolsa, que fungiría como fiduciaria de un fideicomiso privado”.
Los fideicomisos privados no pueden ser auditados por la ASF.
Con los recursos depositados en su casa de bolsa, Protego adquirió 13 pagarés emitidos por el gobierno federal en la cantidad de 13 mil 252.8 millones de pesos (ya hay una diferencia de 36.6 millones respecto del monto original dispuesto). El valor de esos pagarés, que vencen el 9 de septiembre de 2022, es de 40 mil millones de pesos, fecha en que deberá ser cubierto ese importe.
Agrega el reporte de la ASF que la diferencia entre 40 mil millones de pesos, valor nominal de los pagarés, y 13 mil 252.8 millones de pesos implica una tasa de descuento anual de 8.869 por ciento y representó un costo de 26 mil 747.2 millones de pesos, que fue absorbido por el gobierno federal con cargo a los resultados del ejercicio 2009.
“La liquidación de los pagarés emitidos ocasionará que en 2022 se tenga que disponer de recursos presupuestales para hacer frente al pago de 40 mil millones de pesos, en menoscabo de la atención de otras necesidades. Por lo expresado, no resulta claro el beneficio financiero para el gobierno federal de esta operación, que implicó el registro de un gasto no considerado en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y que no se realizó para el cumplimiento de una obligación previamente asumida”, afirma la ASF.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Los “negativos” de AMLO
DANIEL MÁRQUEZ MELGOZA
Es común escuchar entre los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de dentro y fuera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el político tabasqueño tiene “negativos” que lo hacen poco atractivo ante el electorado abierto. Por ejemplo, Jaime Sánchez Susarrey, en su artículo ¿El choque? (Reforma, 10/09/2011) dice: “Andrés Manuel López Obrador no tendrá dificultades para ganar la candidatura del PRD, pero le será muy difícil remontar los negativos en la elección presidencial...” Pero acto seguido, nunca menciona cuáles son los negativos a que se refiere. Queda en el aire que deben ser algo de mucho peso que sin duda pesarán en el ánimo de lectores poco informados y de escasa memoria política, proclives a dar por bueno lo que dicen otros, a quienes suponen mejor enterados de la cosa de la política. En consecuencia, si se les apareciera un encuestador, tendrían en su poder los negativos abstractos de AMLO, para opinar sobre él de manera desfavorable, moviendo la cabeza: tiene muchos negativos...
Me temo que negativos, no en abstracto como los de AMLO, sino en concreto, arrastran con naturalidad y sin cargo de conciencia una infinidad de actores políticos sin que los toque una mala opinión ni de periodistas ni de encuestados por alguna de las muchas casas encuestadoras que hacen su agosto en temporadas pre y electorales, como las que cruzamos en estos meses.
Es sabido que flota en los medios electrónicos y escritos, y en encuestas de opinión, que el regreso del PRI a Los Pinos es una realidad incontenible. Ese destino fatal se gestó en alguna parte, y terminó permeando la conciencia de cierta ciudadanía. Un electorado potencial que parece haber perdonado una historia negra de presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, que dejaron una estela de autoritarismo cuyas consecuencias seguimos pagando: represiones, guerra sucia, devaluaciones, corrupción petrolera, nacionalización de la banca, pérdida de las empresas paraestatales, error de diciembre, Fobaproa, etcétera. Los negativos de esa etapa autoritaria de la historia de nuestro país no cuentan para el electorado que alguna vez llega a ser abordado por algún encuestador y da su opinión.
Tampoco parecen contar los negativos de la etapa actual del priísmo, en la que se inscriben las trayectorias de personajes de siniestra y triste memoria por sus actuaciones como los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente. A pesar de ellos y de otros gobernadores priístas que no cantan mejor las rancheras, se nos llenan los ojos y los oídos con el canto del “nuevo” PRI imparable. Ni quién se acuerde de que pueda haber negativos que empañen la marcha “nueva” del partido tricolor.
Las encuestas de opinión tienen a los legisladores en el penúltimo lugar, sólo después de la policía, que acapara la peor percepción posible entre la ciudadanía. Pues bien, es conocido que la Cámara de Diputados de la actual Legislatura vive una parálisis legislativa, debido de manera principal al PRI, que cuenta con la mayoría necesaria para sacar trabajo legislativo por sí solo, pues tiene 240 diputados (48%), más los 21 votos del Partido Verde, que es su aliado legislativo.
La mayoría de los diputados federales ya reciben órdenes de Enrique Peña Nieto, que opera con la fuerza política que antes sólo tenía el Presidente de la República en turno, de su partido. Entre lo más grave de esa parálisis está el impedimento para que se nombre a los tres consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE), que por ley funciona con nueve consejeros, pero por sus pistolas, el PRI ha impedido la designación de esos tres consejeros faltantes, que debieron haber sido designados máximo el 31 de octubre de 2010, luego de que tres consejeros habían cumplido su tiempo de gestión y debían ser sustituidos. El PRI quiere nombrar dos consejeros leales a sus intereses, pasando por encima de que los consejeros electorales en teoría deben obedecer a un diseño ciudadano, no partidista. Lo saben, pero sólo esperan la coyuntura política favorable para imponer su voluntad.
Esos hechos serían unos negativos descomunales en cualquier democracia, pero en la nuestra, que no pasa de ser sólo democracia electoral, la ciudadanía parece no darle peso a la hora de calificar a las huestes del “nuevo” PRI. Ello, no obstante que están impidiendo el fortalecimiento del órgano electoral que dirigirá la próxima elección presidencial de 2012, cuyo proceso se inicia en octubre próximo.
Como se recordará, la cara “nueva” del PRI la lleva Enrique Peña Nieto, quien fue hecho gobernador a gran costo por su antecesor y tío, Arturo Montiel Rojas, con la encomienda de ser tapadera de la corrupción que practicó durante su gestión como gobernador del estado de México (1999-2005). De hecho, perdió Montiel Rojas la candidatura del PRI a la Presidencia de la República por acusaciones de riqueza inexplicable de parte de correligionarios, quienes lo sacaron del juego electoral del 2006. Enrique Peña Nieto impidió que salieran a la luz los actos de corrupción de su tío y protector político, y él a su vez gastó una fortuna con cargo al erario público en la construcción de su imagen de “éxito” político en convenio con Televisa.
Los negativos del PRI no paran en esta “etapa exitosa”: el líder nacional del tricolor, Humberto Moreira, navega como si nada por todo el país, como si fuera invisible la mancha de corrupción que consigna la falsificación de documentos para engañar a Hacienda y a los bancos, que le sirvió para endeudar al estado que “gobernó” (2005-2011), con un monto de 32 mil millones de pesos (como ya mencioné en artículo anterior). Por supuesto, esto tampoco es un negativo que registren los ciudadanos encuestados por las distintas empresas encuestadoras de opinión.
¿Y qué decir de los negativos del PAN y su gobierno, o de Los Pinos y su partido? La percepción de la ciudadanía, según las encuestas, parece tampoco tomar en cuenta los negativos gigantescos panistas, como la principal promesa de campaña, de la creación de más y mejores trabajos, que llegó a envalentonar al candidato Felipe Calderón y a hacerlo decir: “seré el presidente del empleo”. Con las manos en la cintura, el ya presidente Felipe Calderón cambió a los mexicanos una acción prometida, empleo, por una no prometida; en lugar de ser el presidente del empleo se empeñó y comprometió toda su atención en ser el presidente de la guerra a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Acción cuya necesidad sin duda no está para discutirse, pero sí en cuanto al cómo y el con qué; esto es, estrategia y recursos.
El secretario de Educación, Alonso Lujambio, en el discurso del acto oficial del 16 de septiembre, hizo una defensa de la política del Presidente de la República sobre la guerra al narcotráfico y la delincuencia organizada: “El Presidente de la República, como jefe del Estado mexicano, tenía que hacer dos cosas y las hizo: en primer lugar, implementar desde el inicio de su gobierno, sin dilación, una estrategia contundente para proteger la seguridad de los mexicanos; y por otro lado, apuntalar, con los otros poderes y los otros órdenes de gobierno los instrumentos y las instituciones del Estado para dar esa lucha, había que hacer las dos cosas (y) hay que seguir haciendo”, señaló (El Universal, 16/09/2011).
Sólo hay que decir que esa estrategia, que el funcionario califica de contundente, para proteger la seguridad de los mexicanos, ha llevado a la tumba a más de 40 mil mexicanos y los mexicanos vivos experimentamos la peor inseguridad que hayamos vivido antes, sin una esperanza en el horizonte de que haya un plazo perentorio para que la situación cambie.
Aparte del anterior, los negativos panistas dan para un listado para el cual por desgracia ya no hay espacio en esta colaboración.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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