miércoles, 23 de enero de 2013

Condusef no investigará caso Monex


Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, quien fuera una de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso Monex no es competencia de la instancia a su cargo.



Mario Di Costanzo, ex secretario de Hacienda del gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros “no es aplicable” al caso de las tarjetas Monex utilizadas en la campaña presidencial del PRI, a través de una triangulación.

En su comparecencia ante los diputados de la comisión investigadora que da seguimiento al caso, Di Costanzo señaló que “la Condusef supervisa la transparencia en la relación del usuario y la institución financiera. Nosotros no vemos flujos monetarios. El caso no es materia de la Condusef”, apunta el diario El Economista.

El 7 de enero pasado, Mario di Costanzo, uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, fue anunciado como nuevo titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

En octubre pasado, la Junta de Coordinación Política calificó como improcedente la demanda del partido del Movimiento Ciudadano de que se iniciará una investigación por el Caso Monex, a menos que ésta se circunscribiera la Condusef.

Recaba Yosoy132 más de mil 100 firmas contra alza al transporte


SELEN TERÁN

El Movimiento #YoSoy132 SLP hasta la fecha ha logrado recabar más de mil 100 firmas contra el aumento a la tarifa del transporte público, mismas que serán entregadas a los 27 diputados locales, encargados de determinar el nuevo costo por el servicio. Desde hace dos semanas mediante el sitio de internet, change.org, el movimiento recaba firmas y realiza una petición al Congreso del Estado para que no autorice el aumento al transporte público.

En dicha plataforma se explica a los usuarios que tanto el gobierno como los concesionarios pretenden subir a siete pesos con 50 centavos el pasaje del transporte urbano, lo que golpeara la economía popular, “solamente beneficia a los concesionarios dado que toma en consideración los bajos incrementos al salario mínimo, los escalonados aumentos de los insumos necesarios para la vida. Para impedir este aumento y mejorar el servicio debemos organizarnos para retirar a los concesionarios parásitos y estatizar el servicio”, se lee en la página web.

Asimismo se suscribe las peticiones del movimiento, destacando la consulta popular para aprobar una nueva tarifa; democratización del consejo, evaluación del servicio, y que el estado subsidie el incremento.

Entre los comentarios que emitidos, los usuarios reclaman el mal servicio que prestan los permisionarios, además de aseverar que el transporte urbano es un derecho, no un negocio, tal como opinó Emmanuel Mireles.

Para participar, se requiere de un correo electrónico, proporcionar nombre y apellido, calle y código postal, además de la ciudad donde se habita. Hasta el momento se contabilizan 504 firmas.

Para quienes no poseen un correo electrónico, integrantes del movimiento se encuentran recabando firmas, las cuales también serán enviadas a los diputados. En rueda de prensa voceros del movimiento, aseguraron que en la Ley del Transporte Público no determina que en el segundo sábado del año sea la fecha límite para autorizar una nueva tarifa, “por el contrario, únicamente a partir del esta fecha se pueden iniciar formalmente el dialogo y presentaciones de estudios para la revisión tarifaria”, explicaron.

Aunque reiteraron que el problema de raíz continúa siendo la mencionada ley.

Asimismo anunciaron que en próximas fechas expondrán un estudio de los accidentes que se han suscitado a raíz del servicio de transporte público que otorgan los permisionarios, todo ello mediante un acervo hemerográfico de cuatro años, lo que expondrá las deficiencias del propio servicio.

Política habitacional

En concreto | Laura Itzel Castillo

El tema del acceso a la vivienda puede abordarse desde distintos enfoques y disciplinas; cubre aspectos técnicos, jurídicos, financieros, sociales, culturales, urbanos; trastoca a diversidad de instituciones y trasciende la actuación de una amplia gama de actores. Por ello la complejidad para su análisis y evaluación.

El antecedente remoto de la política habitacional en México, es decir donde el Estado asume la responsabilidad de promover y financiar la vivienda, en particular la dirigida a los sectores de menores recursos, se ubica en la década de los años 40.

Inicialmente se limita al control de los alquileres, que entre los años 1942 y 1948 tiene relevancia. Es en ese entonces que surgen los decretos de congelamiento de rentas como medidas emergentes para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, para intentar frenar la especulación inmobiliaria.

En 1925 se funda la Dirección General de Pensiones Civiles para los Trabajadores del Estado, que es el antecedente inmediato del ISSSTE, institución que a finales de los 40 inicia la construcción de grandes conjuntos de vivienda para trabajadores.

A nivel ciudad, se inicia un proceso de transformaciones que tuvo implicaciones tanto en el ámbito urbano, como en el social y cultural; se construyen grandes unidades habitacionales como el Conjunto Miguel Alemán (mil 80 viviendas) y Nonoalco Tlatelolco (11 mil 960 viviendas) en el DF, que se convirtieron en símbolos de un nuevo habitar urbano, sinónimos de la modernidad, en la búsqueda de alternativas habitacionales, acompañados de amplias áreas verdes, equipamientos, servicios y comercios. A partir de entonces las instituciones de seguridad social se preocupan por proveer de vivienda a sus trabajadores.

A partir de la década de los 70 del siglo pasado el Estado mexicano empezó a asumir un papel más activo en la producción de vivienda de interés social, destinada a los sectores más desfavorecidos.

En esta etapa, el Infonavit, FOVISSSTE, Indeco y Fonhapo priorizan la atención a la necesidad de vivienda, ponderan las condiciones de hacinamiento y menor nivel de ingresos y desarrollan mecanismos para potenciar la participación social, pues la vivienda es considerada un vehículo de desarrollo social frente a la pobreza.

Desde la década de los 90 del siglo pasado, el Estado mexicano pasó de ser “promotor” a “facilitador”, centrándose en la supuesta eficacia del mercado habitacional. Es por esto que el desempeño del sector vivienda ha obedecido, desde entonces, al comportamiento de las fuerzas del mercado, donde el papel del gobierno sólo consiste en formular la política, promover las reformas institucionales y crear y proteger los derechos de propiedad, para facilitar el desarrollo del sector inmobiliario.

Lo anterior significó una mayor participación del sector privado en la oferta habitacional, orientada a los sectores sociales de mayores ingresos y una escasa producción de vivienda social con respecto a la demanda. De tal manera que, las opciones para acceder a la vivienda en México, sobre todo para la población de bajos ingresos, son mediante programas gubernamentales marginales e insuficientes, como los denominados Piso firme o Vivienda tu casa.

Por otro lado, las desarrolladoras inmobiliarias han saturado el mercado de vivienda con productos, en su mayoría, de muy mala calidad. Esta sobreoferta inadecuada da lugar a 5 millones de viviendas desocupadas en el país, reconocidas por el Inegi. La mayoría de estos fraccionamientos se encuentra alejada de las zonas urbanas y no cuenta con equipamiento ni con la infraestructura necesaria para poder albergar a las familias dignamente.

Preguntamos: ¿qué pretende hacer el nuevo gobierno con este grave problema heredado?, ¿cuál es su diseño de política urbana? ¿Acaso continuar profundizando la crisis?

El fatalismo- Columna semanal de Sergio Aguayo



El debate sobre las armas en Estados Unidos es un buen indicador del estado que guarda el fatalismo mexicano.

Una parte de México sigue atrapada en tesis expuestas por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Según el poeta arrastramos un "sentimiento de inferioridad" del cual se desprende la resignación y el silencio ante la injusta realidad. Sostengo que tras esas actitudes están las consecuencias de ser vecino de un país expansionista y agresivo. La derrota militar en 1847 y la pérdida de la mitad de nuestro territorio acentuó la depresión mexicana y nos arrastró al aislamiento frente al mundo: dejamos de estudiar sistemáticamente al vecino del norte desde aquel año hasta principios de los setenta del siglo XX.

Ese fatalismo aparece en el debate que se libra en Estados Unidos sobre las armas. Ni Barack Obama ni sus opositores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mencionan al nocivo contrabando de armas a México. Nos ignoran. Los muertos con balas estadounidenses no existen. Conocen lo que sucede pero evaden la verdad incómoda. La negación les sale barata por la pasividad de quienes gobiernan a México: cuando se trata de Estados Unidos la mayoría prefiere el silencio.

En un incisivo ensayo César Cansino (El excepcionalismo mexicano. Entre el estoicismo y la esperanza, Océano, 2012) argumenta que al menos una parte de la sociedad mexicana ya maduró en términos políticos y culturales y se salió del laberinto de la soledad. Comparto esa interpretación y creo que ya existen sectores dispuestos a abjurar del fatalismo que paraliza frente a Estados Unidos. En otras palabras, considero posible, deseable y urgente influir en el debate sobre las armas que se libra en Estados Unidos para lograr que la tragedia humanitaria alimentada por sus armas sea uno de los términos de referencia.

Ya está sucediendo. Cada vez se reconoce más que hay un nexo directo entre la violencia y el abastecimiento de armas desde Estados Unidos. Está aceptándose el absurdo de sólo atender a víctimas, combatir a los cárteles o encarcelar capos; tienen que frenarse simultáneamente las rutas de suministro de los llamados "cuernos de chivo", las barrets calibre 50 o las pistolas "matapolicías".

Para modificar los términos del debate tiene que mejorar la calidad del conocimiento. Las investigaciones pioneras de Georgina Sánchez o Magda Coss, por ejemplo, tienen que ampliarse para confirmar las correlaciones entre acontecimientos en el otro lado y el incremento en las muertes mexicanas. Hay evidencia de que la liberalización en la venta de armas de asalto en Estados Unidos aumentó la potencia de fuego del crimen organizado e incrementó el número de muertes en nuestro país.

El conocimiento debe mexicanizarse. Buena parte de la investigación sobre el tema se hace en Estados Unidos; los principales hallazgos sobre "Rápido y Furioso", un contrabando de armas auspiciado por el gobierno estadounidense, se dan por trabajos hechos en aquel país. Tenemos que fortalecer un conocimiento mexicano orientado a incidir más en el país vecino. La historia es clara: Washington escucha a los que hablan fuerte y con evidencia. Una constatación de lo anterior es la excelente defensa jurídica hecha por el gobierno mexicano de los connacionales condenados a muerte y el trabajo cotidiano de protección que realizan nuestros consulados. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Cuando se dialoga con funcionarios estadounidenses sobre armas es frecuente que reaccionen señalando la responsabilidad mexicana y recordando la corrupción e ineficacia de nuestras aduanas. Tienen razón. Lo que sucede en nuestras garitas es una vergüenza que debería incorporarse a la agenda de seguridad nacional.

¿El gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá más determinación en este tema o se refugiará en la fatalista evasión? Un motivo de esperanza es el perfil del nuevo embajador en Washington, Eduardo Medina Mora. Cuando era procurador tenía muy claro el problema: en diciembre de 2008 sorprendió a una audiencia binacional poniendo sobre la mesa una Barret calibre 50 (un fusil de francotirador cuyas balas atraviesan el concreto) que había sido comprada en Texas e incautada en Matamoros. Ya nombrado embajador insistió en que el derecho de los estadounidenses a poseer armas no debe servir para "armar a grupos criminales extranjeros" (Zócalo, 17 de enero de 2013). El ex embajador Arturo Sarukhán hizo lo que pudo por meter el contrabando de las armas en la discusión. No llegó muy lejos porque el gobierno anterior era bastante pusilánime frente a Washington. En esta ocasión puede ser diferente. La nueva administración se ve dispuesta a darle mayor prioridad a las víctimas y a la seguridad. Cualquier avance estará determinado, en el último de los casos, por la movilización de esa parte de la sociedad mexicana organizada que busca aliados en el país fronterizo porque ya se liberó del fatalismo frente a la potencia. Ya era hora.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.