sábado, 27 de abril de 2013

La "estrategia guerrillera" de la derecha en Venezuela

Atilio Boron

ALAI AMLATINA, 27/04/2013.- Envalentonada por los resultados de las recientes elecciones, la derecha en Venezuela –tanto sus representantes autóctonos como los agentes del imperialismo que operan en ese país– ha profundizado una estrategia de lucha política que, en los hechos, colocó al gobierno chavista a la defensiva o, cuando menos, en un estado de alerta ante las amenazas que se ciernen sobre el futuro de la Revolución Bolivariana. Duele decirlo, pero más dolería contemplar el inesperado y dramático final de un proceso revolucionario tan significativo como el lanzado por el Comandante Hugo Chávez por no haberse adoptado a tiempo las medidas correctivas imprescindibles para preservarlo. La irreversibilidad es un atributo que poseen muy pocos procesos revolucionarios, y eso después de haber sobrepasado las muy duras pruebas de la historia. No es el caso, todavía, de la Revolución Bolivariana, aunque la existencia de un amplio entramado de organizaciones populares nacidas durante el gobierno del Presidente Chávez bien podrían ser los bastiones fundamentales que aseguren la continuidad del proceso revolucionario.

Todos los clásicos del marxismo –comenzando en este tema puntual por Engels y siguiendo después por Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao y Ho Chi Minh y, más recientemente, Fidel y el Che– comprendieron muy bien el notable paralelismo existente entre el arte de la guerra y la lucha política. No se les escapaban las diferencias, pero tampoco pasaban desapercibidas sus semejanzas; por eso, tomaban nota de las enseñanzas que aportaba la historia militar. Observaron, por ejemplo, que cuando una fuerza social y numéricamente inferior quiere atacar a un ejército poderoso y bien organizado debe apelar a formas no convencionales de lucha. Las tácticas de la guerrilla son precisamente eso: ataques inesperados, sorpresivos, puntuales, seguidos de una rápida retirada, dejando en el campo de batalla a un enemigo lastimado y, sobre todo, desmoralizado. Eso es precisamente lo que con mucha astucia (y absoluta inescrupulosidad) ha venido haciendo la derecha en Venezuela al lanzar un torrente de ataques –desde denuncias y agresiones verbales hasta sabotajes económicos, asaltos a recintos asociados al PSUV o a los centros de salud de la “Misión Barrio Adentro” y “asesinatos ejemplarizadores”- que lograron debilitar el entusiasmo y la moral revolucionaria de las fuerzas chavistas, lo cual se vio reflejado en el voto del 14 de Abril. La efectividad de esas tácticas se comprueba al constatar que ellas hicieron posible que la derecha lograra lo que hasta hacía poco tiempo sonaba como imposible: fijar la agenda política nacional y obligar al gobierno bolivariano a tener que responder a los ataques de sus adversarios y sin poder impulsar iniciativas propias y concretas. Hace ya unos años que los intelectuales orgánicos del imperio y los estrategas del Pentágono vienen diciendo que, en la actualidad, “la lucha antisubversiva se libra en los medios.” La estrategia de la derecha en Venezuela es tributaria de esta nueva concepción adoptada por Washington y da testimonio de su eficacia.

¿Qué pretende la derecha con estas tácticas? Estas, como es sabido, no existen en el vacío sino que siempre se articulan en una estrategia de más largo alcance. En este caso, encaminada a socavar el respaldo de los sectores populares al gobierno aislándolo de su base tradicional de apoyo y facilitando sus planes desestabilizadores, en cualquiera de sus dos variantes: (a) “calentamiento de la calle”, tumultos, saqueos y golpe de estado para “restaurar el orden” que supuestamente el gobierno bolivariano ya no puede garantizar; o, (b) desgaste prolongado y destitución del gobierno vía referendo revocatorio. Estrategia global que será tanto más exitosa cuanto más el gobierno persista en el error de recoger el guante astutamente arrojado por los sectores contrarrevolucionarios y acuda a librar combate en el terreno mediático que le proponen sus enemigos. En estos días hemos visto al propio presidente Nicolás Maduro involucrarse en esas batallas verbales –en la campaña y después- en respuesta a las insolentes provocaciones de Henrique Capriles y sus compinches de adentro y de afuera. No debería ser así, porque la delicada correlación de fuerzas que hoy existe en Venezuela no se modificará en una dirección favorable al chavismo en virtud de la eficacia discursiva del presidente, sus ministros o los líderes del PSUV sino por la capacidad que demuestre el gobierno para reorganizar y reanimar a un pesado e ineficiente aparato estatal, hiperburocratizado y con inocultables focos de corrupción. Sin ello, mal se podrán atacar los principales problemas que abruman a la población venezolana y que provocaron la deserción de una parte del electorado chavista: la carestía y demás aspectos concernientes a la economía, como el desabastecimiento de productos esenciales, por ejemplo; los cortes de energía eléctrica y la inseguridad ciudadana, entre otros. Consciente de ello, la derecha descarga un fárrago de ataques que, como en la guerra de guerrillas, distraen sin pausa al ejército regular –en este caso el gobierno- y le dificulta concentrarse en las tareas cruciales exigidas por la actual coyuntura. Lo que la derecha desea es que éste se empantane en el estéril terreno de la polémica y la discusión, impidiéndole de este modo destinar personal y tiempo a diseñar e implementar eficaces políticas para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

De lo anterior se desprende que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que lanzar una contra-ofensiva política, con centro en el terreno de las políticas públicas, ignorando las provocaciones y los insultos que profieren los personeros de la derecha y neutralizando de ese modo sus tácticas agresivas que, conviene aclararlo, buscan ocultar el carácter reaccionario de su agenda con demagógicas y engañosas declaraciones en las cuales manifiestan su voluntad de apropiarse de los “aspectos positivos” del legado de Chávez. Debe por eso mismo concentrar todos sus recursos humanos e institucionales en la batalla contra los problemas arriba mencionados, sin perder un minuto en yermos enfrentamientos verbales que en ningún caso servirán para consolidar -y mucho menos ampliar- su base de sustentación en la sociedad y en el electorado. Y tiene también que ser consciente el gobierno bolivariano que, en esta coyuntura post-electoral, el tiempo juega en su contra. Que la derecha intenta construir un clima de opinión que le abra un espacio para ensayar su carta golpista, hipótesis de máxima, o que la faculte para exigir un referendo revocatorio que podría tener lugar en unos tres años. Sabedor también que si la gestión gubernamental no logra resolver, al menos parcialmente, los problemas arriba mencionados la Revolución Bolivariana podría re-editar el infortunio que le cupo al Sandinismo, que diez años después de su épica victoria contra la tiranía de Anastasio Somoza (h) fue derrotado inapelablemente en las urnas por una coalición restauradora promovida, organizada y financiada –como hoy lo hace en la patria de Bolívar y Chávez- por el imperialismo norteamericano.

Todavía se está a tiempo para impedir en Venezuela tan infeliz desenlace, pero hay que poner manos a la obra ya mismo y diseñar una nueva estrategia de reconstrucción política que le permita al chavismo recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Esto quiere decir, librar el combate contra la derecha en el terreno que elija el gobierno y no en el preferido por la oposición: el malicioso pantano de los medios. En relación a esto no podemos sino celebrar la reciente creación de la “Misión Eficiencia o Nada”, concebida para velar por la correcta administración de la cosa pública y luchar contra los focos de corrupción y burocratización que carcomen desde dentro la vitalidad de la revolución. Además, será necesario que el presidente continúe con su acertada política de recuperar nuevamente la calle, hoy disputada por la movilización de la derecha. Esto es, acercarse más al pueblo, mejorar la comunicación con él, escuchar sus reclamos y atender a sus demandas, actitudes indispensables para desbaratar la estrategia de la “guerrilla mediática” seguida por la derecha. Siendo consciente, además, de que lo que Chávez podía resolver gracias a su carismático liderazgo hoy debe ser resuelto mediante una gestión estatal eficiente y socialmente incluyente, alejada de toda desviación tecnocrática y capaz de producir resultados inmediatos. Una gestión, además, que estreche los vínculos con los gobiernos locales y que cuente con un elenco de idóneos servidores públicos capacitados para dar respuesta inmediata a los reclamos de la sociedad. En Ecuador, por ejemplo, el Sistema Quipux es un servicio vía Internet que el Presidente Rafael Correa instaló en todas las agencias gubernamentales para facilitar un enlace directo con su oficina y la del vicepresidente, y que permite a su vez que estos puedan monitorear en tiempo real la marcha de los diversos proyectos del gobierno, conociendo su grado de avance y sus obstáculos de suerte tal de poder tomar sin demora las medidas correctivas que sean pertinentes. Esto no es una panacea pero, sin duda, va a facilitar el necesario, impostergable, salto de calidad que tiene que producirse en la administración pública de la Revolución Bolivariana para hacer frente a los inéditos desafíos del momento actual.

- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar

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Oaxaca: A tres años del asesinato de defensores de derechos humanos seguimos reclamando justicia




Este 27 de abril, al cumplirse tres años del asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades federales y del Estado de Oaxaca su responsabilidad de garantizar que los hechos no queden en la impunidad

Al día de hoy, sólo una de las 12 personas contra quienes se emitió orden de aprehensión está detenida.

Bety Cariño y Jyri Jaakkola, éste último de origen finlandés, fueron abatidos por un grupo armado con presuntos vínculos con autoridades locales y estatales el 27 de abril de 2010.

Familiares y compañeros de ambos defensores de derechos humanos y miembros de Amnistía Internacional han organizado marchas, vigilias y actos conmemorativos en Oaxaca y en Finlandia con el objetivo de exigir el fin de la impunidad.

Eve Jaakkola, la madre de Jiry declaró durante un viaje a México para exigir justicia para su hijo que "México representa amor y odio para mí. Es odio porque me quitó a mi hijo, es amor porque mi hijo amaba estar aquí".

La organización espera que las autoridades mexicanas cumplan su deber y se aseguren de que este caso será investigado eficazmente. Es esencial que las autoridades federales y estatales coordinen esfuerzos para arrestar a los demás sospechosos con el objetivo de que rindan cuentas ante la justicia.

Eve Jaakkola agregó que “Mi hijo aprendió un nuevo concepto cuando estuvo aquí en México, el hablaba de la “Vida Digna”, una vida con justicia y dignidad […] ahora él merece que en su caso llegue esta justicia, esta justicia por la que él luchó hasta el final”.

Si bien es responsabilidad del Estado de Oaxaca investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, es responsabilidad tanto de autoridades estatales como federales ejecutar las órdenes de aprehensión y garantizar protección efectiva para testigos y sobrevivientes.

Información adicional:

El 27 de abril del 2010 una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad Triqui de San Juan Copala, Oaxaca para documentar las condiciones en que vivían decenas de familias que se encontraban sitiadas por un grupo armado y llevarles alimentos, fue emboscada por hombres armados. En ese ataque perdieron la vida Jyri Jaakkola activista finlandés y Bety Cariño defensora de derechos humanos mexicana. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas, incluyendo varios periodistas.

Ambas familias han impulsado acciones tanto a nivel nacional como internacional para que continúen las investigaciones y se sancione a los responsables, tanto aquellos que se encuentran ligados al grupo armado responsable del ataque, como a los funcionarios de gobierno que permitieron que estos hechos ocurrieran.

Jyri Jaakkola, de 33 años, era originario de Finlandia y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y los efectos del cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Las víctimas que los medios ignoraron: la explosión de la planta de fertilizantes de West, Texas


Publicado el 26 de abril de 2013

Amy Goodman

La Maratón de Boston y sus repercusiones han acaparado la atención de los medios de Estados Unidos. Sin embargo, otra serie de explosiones ocurridas dos días más tarde, y en las que el número de víctimas mortales fue cuatro veces mayor, tuvo mucho menos cobertura mediática. Fue el peor accidente industrial en años, aunque llamarlo accidente no tiene en cuenta que era evitable y que posiblemente se trate de un acto negligente, como suele suceder en muchos lugares de trabajo peligrosos.

La primera llamada al 911 llegó a las 7:29 de la tarde del miércoles 17 de abril. Una mujer que se encontraba en una plaza de juegos vio un incendio del otro lado de las vías del tren, en las instalaciones de la empresa West Fertilizer Co., en la pequeña localidad de West, Texas, cerca de Waco. Acto seguido, el departamento local de bomberos voluntarios se movilizó. Menos de 25 minutos más tarde, una enorme explosión sacudió la planta y causó ondas de choque, escombros y fuego en toda la localidad de West, provocando la muerte de 15 personas, entre ellas un médico del servicio de emergencias, ocho bomberos voluntarios y un jefe de bomberos de Dallas que estaba visitando a sus hijos y se sumó al esfuerzo de los bomberos.

El sistema de radio de emergencias recibió la siguiente llamada: “Necesitamos todas las ambulancias posibles en este momento. Acaba de explotar una bomba aquí dentro. La situación es muy grave. Muchos bomberos están en el suelo”.

Mujer: “Hay bomberos caídos. Reitero, hubo una explosión. Hay bomberos caídos”.

A esta siguió otra llamada, en la que se sentían quejas en el fondo: “La residencia de ancianos ha sufrido daños graves. Hay muchas personas inconscientes. Por favor, envíen ayuda”.

Se formó una nube en forma de hongo en el cielo. La explosión fue de una magnitud de 2,1 en la escala de Richter, equivalente a un pequeño terremoto. Las llamadas al 911 no dejaban de llegar. La gente denunciaba que había estallado una bomba, que muchos estaban heridos y otros envueltos en una nube tóxica. Entre 60 y 80 casas fueron sacudidas por la explosión.

Una semana más tarde, con el incendio extinguido y la mayoría de los funerales ya realizados, hay importantes preguntas que permanecen sin respuesta. Un equipo de unas 70 personas está investigando la fuente de la explosión. Reuters informó el sábado que la planta albergaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, es decir 1.350 veces la cantidad mínima por la que una planta está obligada a informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acerca de sus reservas. El nitrato de amonio es un fertilizante utilizado en la agricultura industrial a nivel mundial y es estable cuando se lo almacena en forma adecuada. Es muy inflamable si entra en contacto con el fuego, especialmente cuando se mezcla con combustible, como lo demostró Timothy McVeigh, autor del atentado de 1995 contra el edificio federal Murrah en Oklahoma City. La empresa West Fertilizer Co. nunca informó al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus niveles de almacenamiento de nitrato de amonio.

Este requisito se fundó en la preocupación de que posibles terroristas roben nitrato de amonio. Hay otros organismos federales y estatales que están a cargo de controlar las plantas de fertilizantes, las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y los lugares de trabajo en general. Sin embargo, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) inspeccionó las instalaciones de West Fertilizer Co. por última vez en 1985. Un informe de una inspección presentado en junio de 2011 a la Agencia de Protección Ambiental enumeraba el almacenamiento de 24.000 kg. de amoníaco anhidro, un fertilizante diferente, pero se afirmaba que no presentaba ningún riesgo grave.

La explosión de la planta de West Fertilizer sucedió apenas un día después del 66° aniversario del llamado “desastre de la ciudad de Texas”, considerado como el peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos. Dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio destinado a Francia como parte del Plan Marshall para la reconstrucción y ayuda de Europa se prendieron fuego a bordo del buque SS Grandcamp. La explosión que ocurrió a continuación dejó un saldo de al menos 581 muertos y 5.000 heridos, y destruyó 500 hogares. Cabría pensar que Texas es sensible a los riesgos potenciales de este peligroso químico. Sin embargo, el gobernador Rick Perry le dijo a Associated Press: “[La población], a través de la elección de sus representantes, envió un claro mensaje de conformidad con el nivel de supervisión”. Recientemente, Perry elogió las normas ambientales de Texas, extremadamente laxas, en su intento de atraer a empresas de estados como California e Illinois a instalarse allí.

El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se celebra la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados. En Estados Unidos, en honor a las 4.500 personas que mueren cada año en el país en su lugar de trabajo. En promedio, trece trabajadores van a trabajar cada día y nunca regresan. Tom O’Connor, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sostuvo: “mientras las empresas critican las normas y priorizan las ganancias por encima de la seguridad, los trabajadores son los que pagan el precio”.

En la explosión en West, Texas, murieron trabajadores, socorristas, jubilados y vecinos. Muchas personas mueren o resultan heridas a diario en Estados Unidos debido a que los lugares de trabajo no cumplen con las normas de seguridad, pero esto parece tolerarse como el precio que hay que pagar para desarrollar una actividad comercial. El gobernador Perry declaró a West área de desastre y pidió que se rezara por las víctimas. Eso no es suficiente. Como dijo la legendaria sindicalista Mary “Mother” Jones: “Recen por los muertos y luchen a muerte por los vivos”.

¿QUIENES SON LOS VIOLENTOS, QUIENES VIOLAN Y PISOTEAN LOS DERECHOS O QUIENES LOS RECLAMAN Y DEFIENDEN?


Envalentonados por lo que consideran su gran triunfo al haber impuesto en el Congreso de la Unión su Reforma Educativa y manejado a modo a sus dóciles patiños los diputados de Guerrero para consolidar sus contenidos en la Ley Estatal de Educación, ahora Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y Emilio Chauyfett se lanzan de manera vergonzante y desatinada a la cacería de quienes consideran los responsables del grandioso movimiento magisterial en Guerrero, anunciando un aquelarre judicial que les permitirá supuestamente reprimir y desactivar al movimiento y limpiar su malograda imagen mediática.

Nada más lejos de la realidad. El movimiento magisterial democrático guerrerense se encuentra fortalecido, tiene la razón, una fuerza considerable, una simpatía y un respaldo popular enorme que crece por lo menos al mismo ritmo que crece su histérica y etílica satanización en los medios de comunicación oficialistas por parte de las fuerzas vivas del sistema capitalista neoliberal mexicano, encabezadas por el gobernador del Estado de  Guerrero.

La conducción del movimiento, como lo hemos advertido, está en una asamblea viva, vigorosa, realmente representativa, donde los maestros que cumplen comisiones y asumen funciones de representación, pueden ser sustituidos en cualquier momento por compañeros con capacidades iguales por lo menos que los que están en funciones. Habría que ver si las amenazas de Ángel Aguirre y Humberto Salgado contra los maestros Minervino Morán y Gonzalo Juárez pueden cumplirse pues gozan de un gran respaldo y protección, de un gran blindaje magisterial y popular.

Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la digna y combativa base magisterial, seguiremos apoyando modestamente sus decisiones y su lucha por defender sus derechos laborales, su materia de trabajo, el derecho a la educación del pueblo de Guerrero y el impulso de un proyecto alternativo de educación. Por encima de las coincidencias y desaveniencias que pudiéramos tener con algunos de los maestros miembros de la actual dirigencia magisterial, los cuales consideramos naturales, superables y propios de la lucha social, manifestamos nuestra solidaridad que no se condiciona ni se regatea, con nuestros compañeros los maestros Minervino Morán Hernández y Gonzalo Juárez Ocampo, sabemos que no están solos y nos sumamos en su apoyo.

Finalmente manifestamos también nuestra indignación por la liberación de los dos autores materiales del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús de la digna Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en diciembre del 2011, de igual manera reiteramos nuestra demanda de justicia y castigo a los culpables.

SI PARA RESOLVER EL CONFLICTO MAGISTERIAL EN GUERRERO HAY QUE CAPTURAR Y AJUSTICIAR  A LOS  AUTORES INTELECTUALES ENTONCES: POR LO MENOS ENRIQUE PEÑA NIETO, ANGEL AGUIRRE RIVERO,   EMILIO CHAUYFETT CHEMOR Y SILVIA ROMERO  , DEBEN IR A LA CARCEL.


¡VIVA EL MAGISTERIO DEMOCRATICO DE GUERRERO!

¡POR LOS CAMINOS DEL SUR LA SEXTA VA!

Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

¿Por qué se encuentra tomado el edificio de la rectoría de la UNAM?


En nuestro país se están recrudeciendo las condiciones de miseria y desigualdad que han generado desde hace varias décadas los gobiernos que responden a intereses del gran capital. En este contexto se enmarcan las reformas estructurales que se pretenden implementar durante este sexenio, las cuales representan una violenta embestida para el proletariado en su conjunto.

La reforma laboral por su parte legitima la súper explotación del trabajo legalizando condiciones infrahumanas que ya se venían dando en campo laboral. La reforma educativa pretende despojar de estabilidad laboral a los profesores así como convertir a la educación en una mercancía y formar obreros capacitados que respondan a las necesidades del mercado.

En este mismo sentido van las reformas educativas al interior de la UNAM, particularmente a los planes y programas de estudio en los colegios de ciencias y humanidades, los llamados 12 puntos. Los cuales atentan contra la esencia de los Colegios de Ciencia y Humanidades despojándolos del sentido crítico y humanístico que los caracteriza. Dentro de estos planes para “renovar” las escuelas de la UNAM se encuentra también el modelo de seguridad recomendado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que la rectoría de la UNAM ha desechado públicamente, pero que sigilosamente esta implementado en la FES, ENP y CCH´s. Estas recomendaciones, se han materializado en cámaras, torniquetes, credencialización digital y la restricción del acceso al pueblo que mantiene la universidad.

En torno a estas medidas que se pretenden imponer en la UNAM, ha surgido una efervescencia que se ha manifestado en asambleas estudiantiles y brigadeos informativos que despertaron poco a poco el interés de la comunidad estudiantil en dichas reformas y a la par de la crítica y el análisis, el rechazo. En febrero de este año, las autoridades universitarias asestaron un golpe contra la efervescencia estudiantil que definió el rumbo de la lucha, pues inventaron un montaje contra estudiantes organizados del CCH Naucalpan, expulsándolos, deslegitimándolos, señalándolos y ridiculizándoles ante la opinión pública, las autoridades universitarias fueron apoyadas por la prensa más reaccionaria del país.

Ante esta problemática la Coordinadora General de los CCH´s apoyada por otras organizaciones estudiantiles políticas y sociales, el 6 de febrero ocupa las instalaciones de la Dirección General de los CCH´s ante este hecho la directora Lucia Laura Muñoz Corona no cede en ninguna de las exigencias, dejando el descontento latente.

Ante esta cerrazón de las autoridades y la negativa de escuchar las demandas estudiantiles, los estudiantes deciden continuar la movilización: marchas, mítines, brigadeos informativos. Y dicha movilización culmina con la ocupación de una parte del edificio de la rectoría el viernes 19 de abril. Esta medida responde a la desesperación de los compañeros por la nula capacidad de diálogo y respuesta de la rectoría de la UNAM (quienes respondieron cerrando las puertas del edificio y apagando las luces al llegar la movilización).

El plantón sostenido dentro de rectoría en un principio genero una antipatía casi generalizada de la comunidad universitaria. Sin embargo a medida que las asambleas de las facultades de Ciudad Universitaria se han acercado a dialogar con los estudiantes que se encuentran en el plantón, estas, las asambleas, han hecho suya la toma, dotándola de legitimidad. Las demandas que sostienen esta toma son:

1.-Garantizar que no habrá represalias a los que integran este plantón.

2.-Desistimiento de toda acción penal, que interpuso y las que puedan interponer las autoridades de la UNAM.

3.-La reinstalación de los estudiantes.


¿Por qué decir NO a la decisión del rector José Narro, de que entre la Policía Federal a la UNAM?

Ante este panorama de movilización estudiantil, el rector José Narro Robles levanto demandas (el viernes 19 de abril) ante la Procuraduría General de la República quien tiene la decisión de ordenar la intervención de la Policía Federal para desalojar a los ocupantes de rectoría. Esto es sumamente preocupante, que en un recinto donde se promueve el dialogo, el análisis y la crítica se pretenda resolver un conflicto mediante el uso de la fuerza del Estado.

Cabe mencionar que Manuel Mondragón y Kalb (Comisionado Nacional de Seguridad Pública) fue parte de la organización del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y que dejo como saldo más de 40 mujeres torturadas sexualmente, dos asesinatos y más de doscientos detenidos los cuales fueron torturados física y psicológicamente. Mondragón también estuvo al frente de los operativos durante las protestas en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y que resulto en un sin número de irregularidades según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Estos antecedentes nos dan una idea de las formas con las que se manejan y la manera en que particularmente desalojarían rectoría con el respaldo de las autoridades universitarias.

Las asambleas de diversas escuelas y facultades de la UNAM y de otras instituciones educativas se han pronunciado contra esta medida y anunciaron que si entra la Policía, ¡Narro se va!


Colectivo estudiantil Revuelta
Abril del 2013

Comunicado de la Coordinadora Estudiantil Anarquista


Al pueblo de México:
A las autoridades de la UNAM:
A los medios de comunicación:

El origen del conflicto de los CCH´s no se limita a la confrontación entre trabajadores y estudiantes del plantel Naucalpan, tal como lo exponen las autoridades universitarias y los medios de comunicación. Sino que tiene su origen en la pretensión de éstas por imponer una reforma a los planes y programas de estudio ...sin consultar a la comunidad universitaria, siguiendo los lineamientos de organismos internacionales fieles a los intereses del gran capital.

Por tal motivo estudiantes y profesores organizados de los cinco planteles de los CCH´s se manifestaron en contra del proceso de imposición de la reforma, exigiendo un congreso representativo y democrático, con la finalidad de formular una reforma que atendiera a los intereses y necesidades de la comunidad universitaria, a lo cual las autoridades han hecho caso omiso. Éstas sólo han encontrado el camino de la represión, la criminalización y la cerrazón como vía para la solución del conflicto.

Frente a tal situación, diversas organizaciones nos hemos solidarizado con la lucha que emprenden los compañeros del CCH, ya que ésta enarbola el derecho a una educación pública, gratuita, crítica, científica y humanista que responda a las graves problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana, tales como la pobreza, la marginación, la explotación, la exclusión social, la falta de espacios educativos, la corrupción gubernamental y la violencia sistemática contra el pueblo, que no son sino el resultado del conjunto de las acciones que el Estado y la clase burguesa orquestan en contra de la clase que hoy renuncia a la opresión y alza la voz, tal como es el caso de la lucha magisterial que comienza a brotar y organizarse a lo largo y ancho de nuestro país; la conformación de las policías comunitarias como medio de legítima autodefensa, erradicación de la corrupción y reeducación de los individuos; y el impulso del Consejo Estudiantil de Lucha de la UACM por la construcción de una institución responsable basada en modelos educativos que brinden herramientas a los universitarios para transformar el contexto social y a los individuos que lo conforman.

Es en el contexto por la defensa de la educación pública, gratuita y crítica que nuestro compañero Juan Uriel Sandoval Díaz se presenta, como muchas otras personas y organizaciones, para reivindicar la lucha legítima de los estudiantes de los CCH´s. En torno a este acto, los medios de comunicación han realizado una campaña de desprestigio y criminalización en su contra dada su participación en la protesta del 1 de diciembre en San Lázaro, durante la cual fue brutalmente reprimido -al igual que muchos otros manifestantes, entre quienes se encuentra Francisco Kuykendall, quien fue herido por una lata de gas lacrimógeno-, por la Policía Federal, teniendo como consecuencia la pérdida del ojo derecho producto del impacto de una bala de goma. Dejamos claro que Uriel, como cualquiera de las personas y organizaciones que reivindicamos y nos solidarizamos con la lucha de las y los estudiantes de los CCH´s, estamos en nuestro legítimo derecho a manifestarnos y luchar por mejorar nuestras condiciones de vida.

Debido a lo anterior, los abajo firmantes demandamos:

1. La reinstalación de los 6 expulsados del CCH Naucalpan.

2. El retiro de las denuncias penales en contra de quienes participan en la lucha emprendida por las y los estudiantes de los CCH´s.

3. El desistimiento al uso de la fuerza pública como medio de solución del conflicto en la UNAM.

4. El cese a la criminalización de la protesta social.

5. Poner fin a la campaña de desprestigio y criminalización en contra de Juan Uriel Sandoval Díaz.

6. La derogación de la reforma educativa neoliberal.


Hacemos un llamado a la solidaridad con las diversas formas de lucha honestas que empeñan esfuerzos en la construcción de una sociedad justa y digna.


¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Por una educación pública, gratuita, crítica, científica y humanista!


Combativamente:

Colectivo Simón Bolívar
Bloque Rojo
Brigada de Solidaridad Universitaria
Coordinadora Estudiantil Anarquista

México, D.F, a 26 de abril de 2013.