martes, 18 de junio de 2013

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Demandan petroleros destitución de Romero Deschamps


El líder sindical ha instaurado un régimen de corrupción por lo que solicitan sea revocada la toma de nota, señaló Omar Toledo, representante de la disidencia.

Patricia Muñoz Ríos
Publicado: 18/06/2013 08:49

México, DF. La Unión Nacional para el Desarrollo Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera (UNDPESTIP), encabezada por Omar Toledo Aburto llevó a cabo este medio día un mitin en el Zócalo capitalino, donde demandó la inmediata destitución del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, debido a que está en la secretaría general del gremio “de manera ilegal y arbitraria” además de que ha instaurado un clima de “terrorismo sindical” y corrupción.

Acompañado de cientos de petroleros de diversas secciones del país, incluso de Tabasco, Veracruz, estado de México entre otros, Toledo Aburto indicó que ya es insostenible Romero Deschamps, pues sus millonarios desfalcos a Pemex y al sindicato, han generado una inconformidad generalizada entre la base trabajadora.

Señaló que la unión que él encabeza está a favor del proyecto de modernización de Pemex que plantea el gobierno federal, pero está en total desacuerdo de que se mantenga una dirigencia “espuria” como la que encabeza el actual dirigente quien ha velado sólo por sus intereses personales y de su camarilla y ha olvidado a los trabajadores.

El mitin se realizó luego de que los inconformes marcharon desde el Ángel de la Independencia en demanda, precisamente, por la destitución del líder gremial, ya que su relección es "ilegal", pues para mantenerse al frente hasta 2018 Romero Deschamps violentó diversos estatutos e incurrió en ilegalidades.

Toledo planteó que no van a permitir que Romero Deschamps se perpetúe en el sindicato, el cual tiene una de la mayores disidencias de todos los gremios, por la inconformidad de los trabajadores que han visto inundarse “de corrupción” su gremio.

Se tenía programado que durante su avance harían una parada en la Secretaría de Gobernación donde entregarían un escrito en el que señalan que el dirigente sindical ha instaurado un régimen de corrupción, por lo que piden que sean revocadas las tomas de nota que “violentando los estatutos” obtuvo para mantenerse en la dirigencia de este sindicato.

Toledo, quién encabeza esta disidencia del Sindicato Petrolero, estima que al menos 4 mil trabajadores de este gremio estarán participando en esta movilización, en la que la demanda principal será “la inmediata abdicación del actual dirigente petrolero", pues los trabajadores “ya están cansados de que se violen sus derechos”.

La prisa del sector privado por que se aprueben más reformas estructurales


Por: Arturo Huerta González

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) critica a los legisladores por la tardanza en aprobar las reformas estructurales, y afirman que al empezar a discutir las reformas hacendarias y energéticas hasta septiembre implicará que se pierda el primer año de gobierno, y que los resultados empiecen a reflejarse hasta 2015.

Los defensores de las reformas estructurales, antes de clamar por más reformas tendrían primero que evaluar los resultados de las reformas estructurales que se han venido aprobando e instrumentando en las últimas décadas, tal como la autonomía del Banco Central, los Tratados de Libre Comercio, la liberalización financiera, la disciplina fiscal, la venta de Teléfonos de México (Telmex), de la minería, de la aviación, de la siderúrgica, así como la privatización de los ejidos, de los ferrocarriles, la privatización y extranjerización de la banca, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada, y tantas otras que han des–regulado y liberalizado al mercado, y achicado el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y han incrementado el poder y participación de la cúpula empresarial en la economía.

Se nos ha dicho y se insiste en que las reformas estructurales tienen “efectos favorables sobre la competitividad y el blindaje de nuestra economía”. Nos dicen que tales reformas son para “enfrentar episodios de alta volatilidad” provenientes del exterior. Ello refleja la miopía existente en los defensores de tales políticas, pues tenemos décadas escuchando dicho discurso, sin que la economía nacional mejore la eficiencia, la competitividad, y no se logre blindaje alguno frente a los shock externos. Tales reformas no nos han llevado a una mayor dinámica económica, ni a mayor generación de empleo. Por el contrario, la economía nacional tiene menos condiciones internas para encarar tal vulnerabilidad, como resultado de las políticas de libre mercado, que ellos y el gobierno impulsan. Tales políticas han atentado sobre el sector industrial y agrícola, como sobre la economía formal, sobre el nivel de vida de la población, y nos han llevado a depender más del comportamiento de las variables externas (exportaciones, remesas y de la entrada de capitales), colocando a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad externa. Prueba de ello es la grave crisis en que la economía cayó en 1995, la desaceleración de la actividad económica de 2001 a 2003, debido a que la economía estadounidense se estancó, evidenciando que no teníamos blindaje alguno frente a ello. Lo mismo aconteció en 2009, cuando la economía nacional cayó en 6.2 por ciento, y actualmente de nuevo la economía frena su crecimiento, y en mayor proporción a la desaceleración que muestra la economía de Estados Unidos, lo que evidencia que las reformas estructurales instrumentadas no han incrementado eficiencia, competitividad, ni el blindaje de la economía. La cúpula empresarial, y el gobierno, como los partidos del Pacto por México, quieren más reformas estructurales para seguir favoreciendo a los dueños del dinero, quienes son los que se han apropiado de las empresas públicas que son vendidas, y ahora van por lo que queda de Pemex. Es el gran capital el favorecido de la política económica predominante, y en cambio pierde la mayoría de la población, que ve deteriorado el poder adquisitivo de sus ingresos, y pierden aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, aquellos que no tienen ingresos para alimentar a su familia, aquellos que no tienen recursos para llevar a sus enfermos al médico, ni para mandar a sus hijos a la escuela. Para estos millones de habitantes, no hay políticas que los favorezca.

Mientras sigamos con más de lo mismo, continuarán profundizándose los problemas de bajo crecimiento, de desempleo, y miseria, como la violencia que se vive a lo largo y ancho del país, y por otro lado, los dueños del dinero continuarán incrementando su fortuna y poder. Ello es insostenible económica y políticamente. Una economía no puede crecer con altas tasas de desempleo, miseria y violencia, pues no hay opciones de inversión, tanto porque el mercado interno está contraído, como por el clima de desconfianza e incertidumbre. Tampoco hay opciones de inversión para incrementar exportaciones, dado el clima generalizado de recesión y/o desaceleración económica a nivel mundial.

Ante la falta de opciones de inversión en el sector productivo, por la contracción de demanda, tampoco hay opción de inversión en los mercados de capitales, dado el contexto de incertidumbre generalizado que está desestabilizando a dichos mercados a nivel mundial.

Los sectores excluidos tienen que demandar cambio de rumbo de las políticas predominantes para que se atiendan sus demandas de crecimiento económico, de empleo y bienestar para las grandes mayorías de la población. No debemos esperar que la crisis y la violencia se arrecien, pues los costos sobre la esfera productiva, la extranjerización de la economía y el nivel de vida de la población serán mayores. Debemos de anteponer un Proyecto de nación incluyente, soberano, a favor de las grandes mayorías.

La Policía Ciudadana y Popular recorre Puebla y Morelos rumbo a Edomex y DF


SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)

Cuautla, 17 de junio. La Policía Ciudadana y Popular (PCP), en su segundo día de la brigada nacional denominada La Palabra que Camina, recorrió parte de los estados de Puebla y Morelos para dar a conocer lo que es el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.

La brigada comenzó ayer en la comunidad de Nuevo Paraíso, del municipio de Cualac. Viajan unos 20 integrantes del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, además de integrantes de la Policía Ciudadana y Popular desarmados, para “evitar algún contratiempo con el Ejército o policías estatales y federales”.

Alrededor de las 10 de la mañana, la PCP estuvo en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde pasó al mercado a repartir volantes y pedir aportaciones voluntarias para el sustento del recorrido. En ese lugar, policías municipales interceptaron a los grupos de la Policía Ciudadana con el pretexto de que “es un delito pedir donativos voluntarios sin pedir permiso a la autoridad municipal”.

“El día de hoy por la mañana pasamos por Izúcar de Matamoros, y realmente se notó un acoso por parte de la policía de ese lugar al mencionarnos que era un delito el pedir apoyo voluntario; manejaban que se tenía que pedir permiso a las autoridades, y cuando llegamos al estado de Morelos nos comentó un federal de que no era un delito, lo que demuestra que la policía de Puebla nos quería prácticamente correr de ese lugar”, denuncio el comandante Tespostototl.

En Cuautla rindieron un homenaje a Emiliano Zapata por su lucha a favor de los indígenas y para obtener la tierra, la vida y la libertad.

“Rendimos homenaje a Zapata porque la lucha que hizo es la misma que nosotros estamos haciendo por la vida, la libertad, la tierra, la paz social y la sana convivencia; en el homenaje estuvieron compañeros de algunas organizaciones de Cuautla, quienes se solidarizaron con este movimiento que realiza la PCP”, indicó.

Se debe investigar la detención de migrantes por la policía y el Instituto Nacional de Migración en el comedor para migrantes en Huehuetoca.




Amnistía Internacional expresa su grave preocupación con relación al operativo realizado ayer, 17 de junio, por la policía municipal de Huehuetoca y la policía federal, junto con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el comedor para migrantes de dicha localidad.

Según testigos, los agentes entraron el lugar sin mostrar una orden judicial o administrativa para detener migrantes dentro del comedor que había sido montado por voluntarios de la sociedad civil para brindar ayuda humanitaria a migrantes irregulares en tránsito.

Este operativo ocurre en aparente violación de la Ley Nacional de Migración que establece en su artículo 76 la prohibición de operativos de verificación de estatus migratoria “en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

Amnistía Internacional considera esencial que se realice una investigación independiente, imparcial y exhaustiva de este operativo para esclarecer quien lo ordenó y asegurar que los responsables rindan cuentas. Es importante que los albergues y comedores establecidos por la sociedad civil para brindar apoyo humanitario a migrantes sean lugares seguros para los migrantes de acuerdo a lo que establece la ley.

Además, es esencial que la investigación considere los testimonios de que migrantes fueron sometidos con uso excesivo de la fuerza, incluso con golpes de mecanas y jalones del cabello a migrantes. Según los testigos, al menos siete migrantes fueron llevados al palacio municipal antes de ser trasladados a una estación migratoria (lugar de detención de migrantes irregulares) y los agentes involucrados amenazaron con realizar nuevos operativos contra migrantes en la zona.

El día de ayer el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosada, declaró oficialmente que “los migrantes son un grupo en situación de vulnerabilidad, y ha instruido a todo el personal de la institución a privilegiar el respeto a sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria.”[1] El Comisionado también enfatizó esta postura durante una reunión con Amnistía Internacional el 13 de junio. Sin embargo, el operativo ayer en Huehuetoca parece mostrar una realidad distinta y preocupante.

Los desafíos de la Alianza del Pacífico Soberanía regional o periferia de lujo

Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, 18/06/2013.- Dos proyectos de asociación regional se enfrentan en América del Sur: la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Ambas son incompatibles, responden a intereses geopolíticos opuestos que colocan a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Ya no quedan espacios ni para ingenuidades ni para distracciones.

“Existe una cierta tendencia en nuestras perspectivas integracionistas a sobrecargar de ideología las lecturas sobre los diferentes proyectos subregionales”, escribió Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013). Por esa razón considera que contraponer la Alianza del Pacífico al Mercosur ampliado, “resulta claramente un signo negativo, cuando no un retroceso”. De todos modos, Álvarez apuesta por la Unasur y la Celac “como los dos proyectos más ambiciosos e integrales de la región”, que al excluir a Estados Unidos y Canadá enseñan también su costado ideológico. (1)

“El continente se dividió”, apunta el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso en referencia al nacimiento de la Alianza del Pacífico (Valor, 30 de noviembre de 2012). “De alguna manera perdemos nuestra relevancia política en el continente que era incontestable”, añade. Cardoso cree que la salida para su país es “una negociación a fondo con los Estados Unidos”, a la que “siempre tuvimos miedo”.

Deslizándose por encima de los dos bloques, el presidente peruano Ollanta Humala recibió a principios de junio a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013”, y señaló que en diez años “se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural para poder integrar un bloque bioceánico Atlántico-Pacífico” (La Voz de Rusia, 6 de junio de 2013).

En el mismo acto Lula recordó que una década atrás fue muy criticado en su país por firmar el acuerdo de integración con Perú, pues las elites brasileñas consideran que sólo se alcanzaría el desarrollo en base a relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: “América del Sur no existía, ni América Latina, no existía África ni los países árabes, yo creía que se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos, pero no era un discurso fácil”, sentenció el ex presidente.

Lula apoyó su discurso en datos irrefutables: el comercio bilateral pasó de 650 millones de dólares en 2003 a 3.700 millones en 2012. Las inversiones privadas brasileñas en Perú ascienden a 6.000 millones de dólares y lanzó el desafío de exportar productos industriales y con elevada composición tecnológica con el objetivo de que ambas economías “puedan complementarse”. Conscientemente abordó el punto clave de cualquier proceso serio de integración.

Los TLC hilvanados

La Alianza del Pacífico nació en abril de 2001 con la “Declaración de Lima”, iniciativa del entonces presidente Alan García, entre cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. El 6 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo Marco de Antofagasta” por los presidentes Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Humala y Felipe Calderón. Panamá y Costa Rica fueron los primeros miembros observadores, a los que luego se sumaron España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, y en las siguientes cumbres se incorporaron Ecuador, El Salvador, Francia, Japón, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana.

Los defensores de la Alianza suelen decir que los cuatro países que la integran suman 200 millones de habitantes, representan el 55 por ciento de las exportaciones latinoamericanas y el 40 por ciento del PIB de la región. Dos destacados economistas de la región, el peruano Oscar Ugarteche y el brasileño José Luis Fiori, coinciden en analizar los procesos regionales como si fueran un juego de ajedrez, en el que la movida de una pieza por uno de los jugadores debe ir acompañada de una respuesta del otro contendiente adecuada al desafío recibido. Cuando se produjo el “golpe constitucional” que apartó a Fernando Lugo del gobierno, Paraguay fue separado del Mercosur y se le dio el ingreso a Venezuela. Del mismo modo debe interpretarse la creación de la Alianza del Pacífico: una respuesta a la creación de la Unasur encabezada por Brasil.

Cuando se formó la Alianza, Ugarteche sostuvo: “Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, son observadores, tener TLCs firmados con Estados Unidos que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur cuyo piso es 5 por ciento, y carecer de un sector industrial nacional significativo” (Alai, 26 de abril de 2011). Su conclusión era que la Alianza es “un contrapeso a la influencia brasileña en Sudamérica” que “sirve no para competir sino para bloquear”.

Sin embargo, en un reciente artículo el economista sostiene que en los últimos tiempos “quien ha realizado los mejores movimientos ha sido sin duda la Alianza del Pacífico”, no tanto por sus propios méritos como por el notable estancamiento del Mercosur por el atasco en las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia (Alai, 24 de abril de 2013). Entre esos avances figura el acercamiento del Paraguay pos Lugo. Así y todo, la Alianza debe sortear numerosas dificultades entre las que destacan la oposición de sectores del empresariado colombiano a un acuerdo que no les genera nuevas oportunidades sino “un detrimento de la balanza comercial y del empleo”.

Las dificultades de la integración

Los datos sobre inversión extranjera directa (IED) pueden tomarse como una radiografía de la región. La IED ha escalado de forma exponencial en América del Sur, pasando de poco más de 30.000 millones de dólares anuales en los primeros años de la década de 2000 a 143.000 millones en 2012. Se multiplicó por más de cinco, según el último informe de la CEPAL. (2)

Vale la pena destacar que los tres países andinos de la Alianza del Pacífico pasaron de recibir una IED de 11.000 millones de dólares al comenzar el siglo a percibir 58.000 millones. El mayor crecimiento de la región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al que se dirigen. Chile es el segundo país en volumen de IED, con 30.000 millones de dólares en 2012, pero la mitad se invierte en la minería (49 por ciento) y un quinto en el sector financiero. Colombia recibió una IED de 15.800 millones de dólares, pero más de la mitad van a petróleo y minería. En Perú, que recibió 12.200 millones, sólo la minería absorbe bastante más de la mitad de las inversiones (quizá el 70 por ciento, aunque no hay datos).

En Brasil la relación es justamente la inversa: la industria manufacturera absorbe alrededor del 40 por ciento de las inversiones (decayendo del 47 a 38 por ciento en los últimos años) mientras las actividades extractivas concentran apenas el 13 por ciento. Esto quiere decir que el grueso de la inversión extranjera, de 66.000 millones de dólares (la cuarta del mundo luego de Estados Unidos, China y Hong Kong), se dirige a sectores que generan puestos de trabajo calificados y agregan valor a la producción.

Argentina tiene una situación intermedia entre Brasil y los países andinos. Luego de una década de fuerte retracción, la IED hacia Argentina creció un 27 por ciento en 2012 hasta alcanzar 12.500 millones de dólares. A fines de 2011 la composición sectorial de la IED acumulada en Argentina estaba concentrada en un 44 por ciento en la industria y un 30 por ciento en servicios.

Es cierto que toda la región sufre un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia china. Pero los efectos son dispares: en algunos casos la dependencia de los bienes naturales es apabullante, convirtiendo a esos países en absolutamente dependientes de los precios de las commodities en las bolsas de valores y, muy en particular, de la evolución del mercado chino. Es posible que la mentada pujanza de la Alianza del Pacífico sea poco más que humo y se evapore cuando esos precios caigan.

Chile no es capaz de absorber productivamente los enormes flujos de IDE que recibe, toda vez que el 26% son reinvertidos inmediatamente fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. La CEPAL concluye que el país andino, colocado como modelo a seguir por buena parte de los economistas de la región, es apenas “una puerta de entrada para otros mercados latinoamericanos”.

Según Fiori los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico “son pequeñas o medianas economías costeras y de exportación, con escasísimo relacionamiento comercial entre sí, o con México”. El único país que tiene clima templado y tierras productivas, Chile, “es casi irrelevante para la economía sudamericana, además de ser uno de los países más aislados del mundo”, dice el economista brasileño.

Cree que la Alianza del Pacífico no tiene un futuro promisorio. Sus exportaciones son mayores que las del Mercosur, pero el comercio intrazona es ínfimo (dos por ciento del total exportado frente al 13 por ciento del Mercosur). En rigor, es una alianza comercial que no busca la integración.

El problema no radica tanto en las virtudes de la Alianza sino en los problemas que atraviesa el Mercosur. Por un lado, los cuatro países que lo crearon (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) exportan los mismos productos (básicamente soja y carne) a los mismos mercados. Con esa estructura de exportaciones no hay integración posible, que sólo puede forjarse sobre la base de la complementación productiva. Como apunta Fiori, desde la crisis de 2008 y a caballo de la expansión china, se han profundizado las características seculares de las economías sudamericanas que obstaculizan cualquier proyecto de integración: “El hecho de ser una sumatoria de economías primario-exportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos” (Pontes, febrero 2013).

Por otro, y estrechamente ligado a lo anterior, la permanente disputa entre Brasil y Argentina por sus exportaciones industriales (automotriz y de electrodomésticos) está empantanando la alianza regional. Cada producto argentino que ingresa en Brasil, le hace perder puestos de trabajo, y viceversa. Los acuerdos comerciales existentes y la opción por la integración aún no se tradujeron en la creación de industrias capaces de complementarse.

En su balance de la inversión extranjera en 2012, la Cepal no deja lugar a dudas: “En América del Sur (sin incluir a Brasil), se ha ido profundizando un patrón de distribución de la IED en el cual los sectores basados en recursos naturales son claramente el primer destino”. La minería absorbió el 51 por ciento de las inversiones en la región, servicios el 37 y la industria apenas el 12 por ciento.

Hora de elegir

“Se puede decir con toda certeza que el ´cisma del Pacífico´ tiene más importancia ideológica que económica en América del Sur y sería casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico”, señala Fiori (Pontes, febrero de 2013).

Este es quizá el nudo de la cuestión. México es ya una pieza inseparable de la economía estadounidense. Luego de la crisis de 2008, que le impone serias restricciones presupuestales, la estrategia de los Estados Unidos consiste en “tercerizar” la administración de su poder global pero con el cuidado de impedir que surjan potencias regionales que amenacen su posición y en particular el predominio aéreo y naval. A través del sistema financiero, razona Fiori, la superpotencia sigue traspasando sus costos y sus crisis a terceros países, como sucedió con su principal aliado, la Unión Europea, manteniendo en tanto el “control monopólico de la innovación tecnológica”.

Ante este panorama, lo decisivo serán las opciones de los demás países, sobre todo el rumbo que adopte Brasil. El profesor Ricardo Sennes, analista internacional de la Universidad de Sao Paulo, sostiene que el crecimiento económico pos 2002 “profundizó las divergencias entre las estrategias económicas de los países, así como se ampliaron las asimetrías entre Brasil y los países de la región” (3).

A esta dificultad estructural se suma que en Brasil prevalece “la preferencia por un patrón de relación regional basado en la proyección de las capacidades políticas brasileñas y no en un patrón de integración regional”. No es lo mismo la densificación de los negocios que una estrategia de integración. En su opinión eso debe a que existe una débil “coalición interna” a favor de la integración y se traduce en un elevado activismo diplomático que contrasta con la baja institucionalidad de la integración. En conclusión, “la regionalización, aumento de las relaciones regionales no derivadas de política y acuerdos entre estados, avanzó más rápida y profundamente que la integración regional”.

Eso se manifiesta en que los miembros del Mercosur han establecido acuerdos más profundos con países de fuera de esta alianza que entre ellos mismos. Sennes concluye que más allá de las declaraciones, “el proyecto regional de Brasil no integra el eje central de su estrategia internacional”. Suena fuerte, pero en modo alguno parece alejado de la realidad. En su apoyo, resume: preferencia por reuniones de cúpula antes que acuerdos institucionales; “integración económica rasa”, o sea focalizada en cuestiones comerciales bilaterales en detrimento de la integración productiva, financiera y logística; privilegiar agencias de crédito domésticas como el BNDES en vez de regionales; y apoyar las iniciativas privadas de inversiones en detrimento de acuerdos regionales de promoción de inversiones.

A partir de este cúmulo de dificultades, Fiori plantea una disyuntiva de hierro. Que Brasil y la región se conviertan en “periferia de lujo” de las grandes potencias, como ya fueron Australia y Canadá, con acuerdos de “socios preferenciales”, en línea con la propuesta de Cardoso y de las elites de cada país, atornillados al papel de exportadores de commodities. O bien emprender un camino alternativo, asentado en la autosuficiencia energética y los recursos naturales estratégicos, combinando “una industria de alto valor agregado como un sector productor de alimentos y commodities de alta productividad”, que no renuncie a la complementariedad y competitividad con Estados Unidos pero que “luche para aumentar su capacidad de decisión estratégica autónoma” (“Brasil e América do Sul: o desafío da inserçâo internacional soberana”, Brasilia, CEPAL/IPEA, 2011).

Las elites han hecho su opción y pelean por ella. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo rechazan cada vez con mayor vigor el Mercosur y ni siquiera toman en cuenta la Unasur. Aecio Neves, candidato por el Partido de la Social Democracia que representa a esos sectores, habla claro: “Tenemos que tener el coraje de repensar y revisar el Mercosur. En este sentido, la Alianza del Pacífico, es un ejemplo ya de movilidad y dinamismo” (La Nación, 9 de junio de 2013).

Esa claridad contrasta con las nebulosas y contradictorias posiciones del progresismo. En el actual panorama global, no hay lugar para la neutralidad. “Los que se consideran neutros son siempre países irrelevantes o que acaban sucumbiendo”, concluye Fiori. Por eso sostiene que la región debería construirse como “un grupo de países aliados capaces de decir no, cuando sea necesario, y capaces de defenderse, cuando sea inevitable”.

Notas

1) Aladi: Asociación Latinoamericana de Integración. Unasur: Unión de Naciones Suramericanas. Celac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
2) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012”, Santiago, 2013.
3) Revista “Tempo do Mundo”, Vol. 3, No. 2, Brasilia, diciembre 2012.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.


Mas informacion: http://alainet.org

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