sábado, 16 de noviembre de 2013

Invitará PRD-DF a AMLO a sumarse al movimiento en defensa del petróleo


El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, Raúl Flores, confirmó que invitarán a Andrés Manuel López Obrador a sumarse al movimiento para defender el petróleo.

Entrevistado en el marco de la puesta en marcha de un torneo de ajedrez organizado por este instituto político a un costado de la Alameda Central, el dirigente dio a conocer que este domingo, desde el zócalo capitalino, convocarán a todas las organizaciones de izquierda del país a sumarse a su movimiento.

Señaló que se trata de que todas las fuerzas progresistas del país se aglutinen en un solo proyecto denominado "Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo", que preside el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

"Proponemos que sea el ingeniero Cárdenas quien encarne el proyecto energético del PRD porque es un nacionalista, además de que es una figura que puede tener el liderazgo necesario para que la izquierda vaya unida, incluyendo a López Obrador", puntualizó.

Raúl Flores García garantizó que en este frente nacional no habrá simulaciones y el único objetivo es impedir que se perpetre la reforma constitucional de los artículos 27 y 28, pues afirmó que de concretarse se estaría privatizando esta industria estratégica.

Tiempos aciagos


AXEL DIDRIKSSON

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La fórmula que el actual gobierno federal está promocionando es que llegó para “transformar el país”. ¿Para dónde? No se sabe bien a bien, pero las recientes modificaciones normativas, programáticas y presupuestales dirigidas al sistema educativo, así como a los rubros fiscal y energético, están creando más incertidumbre que certeza, y dan cuenta de que desde los aparatos gubernamentales se prioriza la negociación entre particulares y grupos de presión sobre el interés público.

Lo que están generando la serie de iniciativas y políticas calificadas como “reformas estructurales” son conflictos, enredos políticos, muchos discursos y, sobre todo, severas confrontaciones que han llegado a causar el aumento de los índices de violencia e impunidad, zozobra ciudadana e ingobernabilidad en varios estados del país, en lugar de salidas efectivas para alcanzar soluciones en el corto plazo. Esto ya ocurre en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Coahuila, Chiapas y aun en el mismo Distrito Federal, otrora una plaza que podía presumir de haber alcanzado un nivel de blindaje alto frente al crimen organizado y el desmembramiento urbano, pero que ahora da muestras de desorganización gubernamental.

En el aspecto educativo, con la recién aprobada reforma fiscal y con lo que se ha propuesto en el proyecto de presupuesto no se están atendiendo los constantes y acuciantes reclamos de amplios sectores académicos, organizaciones civiles y diversas instituciones culturales, que han insistido en que la inversión en la educación, la investigación y la ciencia deben tener una alta prioridad en la política pública, y que debiera haber ya una tasa de gasto federal cercano a 8% del PIB para educación básica y de 1.5% para la superior, además de destinar 1% para la investigación científica.

Del mismo modo, frente a las demandas de los rectores de las universidades públicas en el sentido de que es preciso resarcir los fondos regresivos que se han propuesto para 2014; frente a las de la comunidad científica consistentes en que se alcance cierto grado de certidumbre sobre la inversión en ciencia y tecnología para los próximos 10 o 15 años, la respuesta gubernamental es que se les oye. Pero no se les escucha y a menudo ni se les entiende.

Ante el conflicto magisterial que se mantiene y que crece, la Secretaría de Educación Pública ha optado por hacerse a un lado y no presentar soluciones, mientras que busca aumentar su burocracia, centralizar lo que antes estaba medianamente descentralizado, blandir una espada de Damocles sobre los maestros que no se sujeten a los nuevos mecanismos de control que se han legislado por la vía de una “carrera profesional docente”, la cual oculta la posibilidad de efectuar despidos masivos por etapas y por secciones sindicales.

Esto es lo que se está organizando desde la SEP con el cambio de siglas del muy criticado Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), que ahora será sustituido por otro, denominado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con el fin de tener una administración centralizada de los salarios del personal federalizado, cuando aún no existe claridad sobre los montos de recursos financieros con los que va a operar, ni sus criterios de aplicación. Se crean nuevas siglas pero no alternativas, mientras que se ha dejado la operación y el manejo del conflicto magisterial a la Secretaría de Gobernación, cuando de un lado se menciona que se avanza en una gran reforma educativa, pero se la asume en la práctica como un problema político de negociaciones y mediaciones entre el gobierno federal y los estados.

No se notan avances, pues, en lo que va de este gobierno, para revertir la aguda situación en la que se encuentra el país, ni tienen impacto positivo alguno las políticas o propuestas que se han impulsado para generar consensos mínimos sobre cómo atender de forma directa y local las demandas de los grupos de interés mayoritario. Se anda entre las nubes de la pose y de la foto, y a eso se le llama incapacidad gubernamental, que transcurre ahora en medio de augurios de una prolongada crisis económica y financiera. Tremenda fórmula. Como para empezar a preocuparse.

Increpa estudiante a Lozano: “¿puede dormir luego de las atrocidades de las que fue cómplice?”


GABRIELA HERNÁNDEZ

PUEBLA, Pue., (apro).- “Después de todas las atrocidades de las que fue cómplice en el sexenio de (Felipe) Calderón, ¿puede dormir?”, increpó un estudiante al senador Javier Lozano, del PAN, durante una conferencia dictada en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla.

Luego de que el exsecretario del Trabajo hablara sobre la reforma fiscal, el joven Raúl Cervantes, estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, se acercó a menos de un metro del pódium para cuestionar al político panista.

“Bien decía José María Vargas, un conocido escritor colombiano, que todo hombre tiene un precio, parece que su exjefe (Felipe) Calderón le llegó a su precio. ¿Cuál es su sentir? ¿Como legislador, como funcionario, puede dormir? Se viene aquí a rasgar las vestiduras diciendo que la reforma (fiscal) afecta a una clase muy alta”, alcanzó a decir el joven antes de que los organizadores del evento trataran de arrebatarle el micrófono.

“Déjenlo hablar”, exigieron otros asistentes al foro para defender el derecho del universitario a participar en la sesión de preguntas y respuestas.

Visiblemente molesto, Lozano Alarcón apuró a Raúl Cervantes: “¿Cuál es tu pregunta?”.

El estudiante continuó: “Ahí va mi pregunta, después de todas las atrocidades de que fue cómplice en el sexenio de Calderón, ¿puede dormir? ¿Qué siente en verdad?”.

El senador panista se limitó a responder: “Sí, sí puedo dormir. ¡Siguiente pregunta!”.

Antes de concluir su intervención, el también expriista aseguró que no le asustan este tipo de intervenciones, pero recomendó a los asistentes: “Van a tener más éxito en el debate público en la medida en que los argumentos los expongan de una manera respetuosa”.

Ahora una mujer da a luz en el baño de una clínica de Oaxaca


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- Ahora una mujer parió en el baño de un Centro de Salud, pero en esta ocasión su caso pretendió ser ocultado por las autoridades de salud.

Con el caso de esta mujer, quien dio a luz en el baño de la posada del Centro de Salud de San Jacinto Amilpas, suman tres los expedientes iniciados en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por presunta negligencia médica.

Aunque la Secretaría de Salud pretendía guardar hermetismo sobre este caso, se logró establecer que el 25 de octubre, cerca de las 4:30 horas, Cinthia parió en el baño de la posada del Centro de Salud de San Jacinto Amilpas porque la doctora que la atendió le dijo que todavía le faltaba trabajo de parto.

Sin embargo, a la mujer le dieron ganas de ir baño y ahí nació su hijo, quien presenta un trastorno denominado ictericia.

Aunque el caso ocurrió el viernes 25 de octubre, las autoridades de salud pretendieron ocultarlo, sin embargo, la mujer acudió a la defensoría a presentar su queja el lunes 11 de noviembre.

Cabe recordar que el jueves 3 de octubre una mujer parió en el patio del Centro de Salud Rural de Jalapa de Díaz.

En esa ocasión, la fotografía de la mujer mazateca pariendo en el patio exterior de la clínica de Jalapa de Díaz generó indignación en las redes sociales por la presunta negligencia del personal médico que labora ahí.

Por esta hecho la defensoría inició los expedientes DDHPO/1650/(26)/OAX/2013 y el DDHPO/107/(01)/OAX/201, mismos que fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber ejercido su facultad de atracción.

Posteriormente, la defensoría inició el expediente DDHPO/1811/(01)/OAX/2013 por el caso de la mujer que dio a luz en la puerta de la clínica del Centro de Salud de San Antonio de la Cal, el martes 5, lo que derivó en el despido del médico en turno y del director.

Pese a que la Red global Avaaz entregó un documento con 50 mil 500 firmas al gobernador Gabino Cué para pedir la renuncia del secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, por el caso de la mujer que se vio obligada a parir en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, la petición fue ignorada.

La directora de campañas de la red global Avaaz.org, Alice Jay, entregó esta petición ciudadana porque el secretario de Salud no cumplió con las expectativas de su cargo, hizo caso omiso de la urgente necesidad de destinar atención, recursos y esfuerzos para frenar la discriminación del servicio de salud que golpea a las mujeres más vulnerables.
La petición fue dirigida a Cué Monteagudo y Mercedes Juan López, secretaria de Salud federal. En el documento, los activistas hacen referencia a que “los recientes partos de mujeres indígenas oaxaqueñas en el patio del centro de salud público San Felipe Jalapa de Díaz evidencian la crítica situación de discriminación y abuso a la que están expuestas las mujeres más vulnerables de Oaxaca”. Es por ello que “exigimos la renuncia inmediata del secretario de Salud, Germán Tenorio, una investigación real y transparente, y acción inmediata en todas las instituciones de salud para asegurar que este horror no le suceda de nuevo a ninguna mujer en Oaxaca.” Sin embargo, Cué desechó la solicitud porque esa decisión es “una facultad única y exclusiva del gobernador, la de nombrar y remover (servidores públicos)”. Contrario a esa petición, el gobernador se dedicó a fortalecer a su secretario con actos de entrega de ambulancias, de inauguración de obras y a justificar que, pese a que se han invertido 6 mil millones de pesos en sus tres años de gobierno, esos recursos son insuficientes al existir un déficit de 3 mil enfermeras y 500 médicos que se requieren para operar la red de servicios médicos.

Hallan narcofosas con siete cuerpos en Acapulco


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Al menos siete hombres ejecutados y con huellas de tortura fueron localizados esta mañana en cinco fosas clandestinas ubicadas en la zona rural de Acapulco.

Con este hallazgo suman 13 los cuerpos encontrados durante esta semana en diferentes fosas clandestinas ubicadas en el principal destino turístico de la entidad, colapsado por la narcoviolencia.

Una llamada anónima alertó sobre un tiradero de cadáveres en un vivero ubicado sobre la carretera que conecta a Acapulco con la región de la Costa Chica a la altura del poblado de El Cayaco, indican reportes policiacos.

Los siete cadáveres fueron exhumados de cinco fosas clandestinas; todos son hombres y hasta el momento ninguno ha sido identificado, refieren los reportes oficiales.

Apenas este jueves 14 fueron encontrados seis cadáveres -cinco hombres y una mujer- en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del poblado de El Salto, también en la zona rural de Acapulco.

La violencia en este puerto se agudizó en las últimas semanas luego de que el alcalde porteño, Luis Walton Aburto, se declaró incompetente para revertir los efectos de la impunidad y la violencia.

Por su parte, el gobierno estatal, a través del vocero oficial José Villanueva Manzanárez afirmó que la policía preventiva y vial de Acapulco se encuentra infiltrada por el narco.

Por ello, esta semana el comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, designó al comisario de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Alfredo Álvarez Valenzuela, como nuevo jefe de la policía porteña.

Álvarez Valenzuela, quien tiene en su contra denuncias por abuso de autoridad, es miembro de la cofradía policiaca denominada La Hermandad.

La siniestra agrupación enquistada durante este sexenio en la SSP, está conformada por expolicías del Estado de México y el Distrito Federal ligados por actos de corrupción, abusos, extorsiones y secuestros, indican documentos oficiales citados en el reportaje “En la Policía Federal, puerta abierta a delincuentes” del periodista Álvaro Delgado, publicado en junio por Proceso.

En 2011, el nuevo jefe de la policía porteña fue el encargado de la Operación Guerrero Seguro y participó en el desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa que dejó un saldo de dos estudiantes asesinados a balazos.

Devastación ambiental, maíz y represión; los crímenes de Estado, a juicio


Silvia Ribeiro*

Está sesionando en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), prestigiosa instancia internacional que desde hace casi 50 años reúne a jurados compuestos por expertos internacionales para escuchar y sentenciar sobre atropellos contra los pueblos. Fundado por Bertrand Russel y Jean Paul Sartre, expuso al mundo las atrocidades cometidas en la guerra de Vietnam y luego en las dictaduras latinoamericanas. Muchos datos que hoy todos sabemos sobre esos ataques, no hubieran sido públicos sin el testimonio de los pueblos ante este Tribunal y el trabajo de difusión que realizan.

El capítulo México del TPP se instaló en Octubre 2011 y realizó una primera sesión en mayo 2012 en Ciudad Juárez –implacable espejo de la devastación del país–, donde decenas de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, campesinas, de mujeres y diversidad sexual, ambientalistas y otras, acudieron a presentar testimonio, conformando un primer expediente sobre México. La acusación general del capítulo México se titula Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos y el acusado principal es el Estado mexicano, por desvío de poder. Por usar el aparato del Estado y sus recursos, incluso judiciales, para favorecer grandes intereses económicos nacionales y trasnacionales en desmedro de la población. Por usar la ley para prevenir la justicia.

El TPP México se organizó en siete audiencias temáticas: violación de derechos laborales; devastación ambiental; ataques al maíz y la soberanía alimentaria; feminicidios y violencia de género; migración; desinformación y ataques contra comunicadores; guerra sucia e impunidad. Los organizadores de cada eje han ido realizando pre-audiencias por todo el país, recogiendo testimonios ante dictaminadores expertos, nacionales e internacionales.

Las sesiones en curso corresponden a las audiencias temáticas Devastación ambiental y derechos de los Pueblos (15-17 de noviembre) y Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía (19-21 de noviembre). Como macabra demostración de la acusación inicial, se tuvo que agregar una audiencia transversal sobre Represión a los movimientos sociales (22-24 de Noviembre), donde se presentarán 50 casos.

Bajo los ejes devastación ambiental y maíz, coordinados respectivamente por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, se han realizado 25 pre-audiencias, documentando 140 casos ambientales y 70 ataques contra el maíz y la soberanía alimentaria. En las audiencias generales se resumen las pre-audiencias y se presentan casos emblemáticos ante jurados nacionales e internacionales, entre otros Gianni Tognoni (TPP, Italia), Larry Lohman (Inglaterra), Marco Ferreira (Argentina), Antoni Pigrau (España), Dora Lucy Arias (Colombia), Luis Macas (Ecuador), Andrés Carrasco (Argentina), los premios Nobel alternativos Tony Clark (Canadá), Camila Montecinos (Chile) y Pat Mooney (Canadá), junto a expertos mexicanos como Gustavo Esteva, Joel Aquino y Raúl García Barrios.

En la semana pasada se realizaron dos pre-audiencias: Políticas de exterminio contra el pueblo maya en la península de Yucatán y una pre-audiencia científica en la UNAM, titulada Cultivos transgénicos en México con énfasis en el maíz, organizada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

De formas diferentes pero convergentes, en ambas se expusieron sólidas evidencias de los daños que ha provocado la introducción y siembra de transgénicos y la contaminación tóxica que conllevan, además de la corrupción que los acompaña para que el gobierno permita su siembra pese a sus claros impactos y desventajas.

En la península de Yucatán el gobierno autorizó 258 mil hectáreas de soya transgénica, de las cuales 14 mil han sido plantadas, con efectos devastadores para miles de familias campesinas apicultoras, cuyas abejas mueren por efecto de los agrotóxicos y el polen se contamina con transgénicos y no pueden vender la miel. La filtración de los agrotóxicos que aumenta con los transgénicos, a los ríos subterráneos de la península, únicos en el mundo, ya ha comenzado y destruirá otro tesoro de México, al tiempo que contamina el agua potable y destruye la flora y fauna. Se suma a los múltiples despojos de que son objeto los pueblos mayas, como azote que continúa desde la Conquista. Orgullosa y tercamente, los pueblos mayas siguen resistiendo y defienden sus comunidades, lo cual reconocen los dictaminadores que allí asistieron.

La pre-audiencia científica aportó 23 sólidos testimonios que muestran claramente que los transgénicos son una tecnología fallida que no aportan ningún beneficio, entrañan riesgos irreversibles a la biodiversidad, riesgos a la salud humana y animal, y a las más de 23 mil variedades de maíz campesino que son parte fundamental de la cultura y la dieta de todo México. Se presentaron documentos probatorios de la corrupción que cunde entre muchos de los funcionarios y científicos que han participado en las decisiones sobre bioseguridad, contra las evidencias de la ciencia independiente y comprometida con la sociedad, crítica a los transgénicos. Varios casos serán presentados en la próximas audiencias.

Las sesiones del TPP son abiertas, una oportunidad para ver esta impactante radiografía del país construida por más de 400 organizaciones. Sesionan del 15 al 22 de noviembre en auditorio STUNAM, Calle Centeno 145, Col. Granjas Esmeralda, Metro Mexicaltzingo Línea 12, de 9 a 19 horas. Más información sobre programa, jurados y sesiones en tppmexico.org

*Investigadora del Grupo ETC

Al rescate de la dignidad humana


Miguel Concha

Hoy en día los analistas reivindican a la ética como una de las condiciones básicas para transformar nuestra realidad de exclusión creciente y deterioro natural progresivo. En su conferencia del pasado 16 de octubre, dentro del ciclo sobre Humanismos en el Siglo XXI, convocado por el Centro Universitario Cultural, el Colegio de Filosofía de la UNAM, la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci, el doctor Pablo González Casanova afirmó, entre otras cosas, que ya no se trata sólo de la ética de la política –que por cierto se ha venido desentendiendo cada vez más de ella desde el siglo pasado, transformándose exclusivamente en un análisis casi técnico de las fuerzas sociales que se disputan como sea el poder–, sino de la política de la ética. Vale decir del poder de la ética, o mejor, de la ética misma en el poder, para ser capaces de articular soluciones alternativas a un sistema que conduce a la muerte y a la negación de la mayor parte de la población, y que cada día se vuelve más cínico. Un sistema complejo y autorregulado que ya prepara como nuevo negocio reservas naturales protegidas para las élites que podrán adquirirlas en el futuro, sin considerar la extinción de recursos y posibilidades de vida para la mayoría.

Con estas preocupaciones, el doctor Francisco Piñón resaltó, ocho días después, la prioridad de la justicia como fundamentación ética indispensable del derecho y la ley. Esta problemática, por cierto, se hizo ya presente desde el siglo XIV en autores como Baldo de Ubaldis, con su disertación sobre la justicia como forma de la ley, en sentido escolástico, para todos los seres humanos.

El 31 de octubre, el doctor Ilán Semo reflexionó sobre la importancia actual del concepto del Homo Sacer, propio del imperio romano, para poder explicarnos las tragedias humanas que se producen en nuestro derredor. Es decir, el del ser humano excluido, vaciado de todos sus derechos y echado fuera por un Estado represivo, despótico y autoritario. Un Estado que Ilán Semo calificó como canalla, el cual llega incluso a considerar como adversario a cualquier ciudadano o ciudadana que no se someta a las exigencias de su poder arbitrario.

Y el sábado 2 de noviembre, el analista Raúl Zibechi escribió en La Jornada que para Walter Benjamin, en su obra Tesis sobre la historia, la historia de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción es la regla, y que Giorgio Agamben agrega algo más perturbador en su libro Homo Sacer, cuando escribe: El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma biopolítico de Occidente. El mismo autor añade que desde los campos de concentración no hay retorno posible a la política clásica, pero que es desde estos terrenos inciertos desde donde debemos pensar las formas de una nueva política (cfr. p. 21).

A la luz de estas reflexiones, que hacen ver la importancia de las humanidades en la sociedad actual, sobresale igualmente en el campo ético, político y jurídico el paradigma de los derechos humanos, que como afirmó también don Pablo González Casanova no son toda la solución, pero sí parte de ella. Desde las rebeliones de las víctimas por el uso arbitrario y excluyente del poder, este paradigma está fundamentado histórica y filosóficamente en la condición del ser humano como sujeto de derechos, como valor supremo de todo cuanto existe, sin caer por ello en el exceso del antropocentrismo, hoy por hoy con toda razón fuertemente cuestionado.

Y con él sobresale la reivindicación de la persona humana y de su dignidad connatural, más allá del lugar social y las funciones que ocupe y realice. Quienes defienden y promueven los derechos humanos se hacen hoy cargo de este imperativo que podríamos denominar categórico, y por ello su actuación constituye en la práctica no únicamente una crítica pertinente al sistema, sino también un criterio útil para avanzar en la construcción de mediaciones históricas que hagan posible transformar progresivamente la realidad que nos agobia.

El rescate de la dignidad humana es, en efecto, uno de los contenidos éticos básicos para superar la crisis de civilización a la que hemos llegado. Cuánto más que el nuevo constitucionalismo intenta superar, todavía sin mucho éxito, ver disminuida la obligatoriedad de los derechos humanos a la exigencia de reconocimiento por parte de los Estados. La dignidad de la persona humana radica antropológica y ontológicamente en su condición de ser sujeto, por su capacidad racional de autodeterminación. De ello deriva éticamente su carácter de fin, y por ello constituye el valor supremo en muchos de los sistemas morales, pertenecientes incluso a diferentes culturas.

Así lo planteó metafísicamente, desde la Edad Media, Tomás de Aquino, y así lo postuló igualmente en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Madrid, Espasa-Calpe, 2ª, pp. 82-83 y 93) Immanuel Kant, que tanto influjo tuvo en el pensamiento político y jurídico moderno. En esto funda también el filósofo de Königsberg el imperativo moral de tratar al ser humano como un fin en sí mismo y como el valor máximo de la convivencia social y del ordenamiento jurídico. Y en ello se fundamentan, filosóficamente hablando, los derechos humanos, como condiciones indispensables para que el ser humano viva de una manera congruente, y pueda alcanzar su desarrollo y perfección. Sin dejar de tener en cuenta que éstos responden a necesidades fundamentales experimentadas por las personas, y que su reconocimiento político y jurídico es resultado de luchas y conquistas para alcanzar mayores posibilidades de ejercicio de la libertad y la equidad frente al ejercicio del poder.

El gobierno mexicano ante la OIT


Arturo Alcalde Justiniani

El gobierno mexicano posee gran experiencia para encubrir frente a la comunidad internacional, la realidad laboral y gremial que opera en nuestro país. Hacia afuera, ostenta tener una legislación avanzada así como asumir los compromisos adquiridos a través de convenios y acuerdos que en realidad no se cumplen. Hacia adentro, consciente y promueve un modelo laboral autoritario, orientado a favorecer las exigencias del sector empresarial manteniendo prácticas que violan los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el de sindicación, contratación colectiva y acceso a una justicia laboral imparcial.

Frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, la posición gubernamental es cada vez menos cómoda. Nuestro país es miembro de esa organización desde el 12 de septiembre de 1931; a partir de esa fecha se han ratificado cerca de 80 convenios y ha logrado ocupar cargos diversos en su administración, incluso formar parte de su Comité de Libertad Sindical. Para encubrir la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, autoridades mexicanas se han apoyado en el carácter tripartito de la OIT. La representación gubernamental, la de los sindicatos corporativos y la del sector empresarial han hecho causa común, en virtud de que son beneficiarios de este modelo que busca en esencia mantener a los trabajadores inmovilizados en condiciones de indefensión y sujetos a un costo laboral bajo; para ello, operan los contratos colectivos de protección patronal, celebrados al margen de la voluntad de los trabajadores, que abarcan ya 92% de los centros de trabajo, impidiendo toda posibilidad de un diálogo social verdadero.

La estrategia de encubrir la realidad mexicana que parecía imbatible –incluso la propia OIT se había acomodado un tanto a ella–, con los años ha resultado cada vez más difícil mantenerla. Varios factores han coadyuvado para lograr ciertos cambios: el proceso de globalización, la apertura comercial, la recomposición del movimiento sindical internacional, la creciente degradación de las centrales mexicanas corporativas, la burda actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en conflictos como el de los mineros, electricistas o del sector aéreo, y el ínfimo salario mínimo de 5 dólares diarios. Todo ello aunado al reciente número de quejas presentadas por distintos sectores, ha venido resquebrajando, si bien lentamente, la estructura tradicional y el cerco oficial a la información.

Uno de los factores que han coadyuvado al cambio es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994. Por este motivo, se crearon redes trinacionales integradas con miembros de la sociedad civil, que permitieron exhibir el verdadero rostro del modelo laboral mexicano, no el que maquilla el gobierno con interlocutores a modo o en conferencias donde se habla de todo menos de los problemas reales.

La OIT parece formar también parte del cambio, favorece a ello la presencia de un calificado sindicalista en su dirección, Guy Ryder. Por su experiencia, Ryder conoce bien la importancia que tiene el sindicalismo auténtico y decente, un sistema de negociación colectiva con la participación de los trabajadores, así como árbitros confiables que impartan justicia; todo ello, para lograr condiciones de equidad y desarrollo productivo estable. El tema no es incluir en las leyes más conceptos sin eficacia real, sino que ésta se practique en los centros de trabajo para elevar los niveles de decencia y congruencia.

Entre las innumerables quejas presentadas ante la OIT, denunciando la ilegalidad instalada como práctica cotidiana en nuestro país, está la 2694 promovida por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, denominada hoy IndustriALL, con el apoyo de la Central Sindical Internacional (CSI), cuyo primer dirigente fue el propio Guy Ryder, en unión con algunas organizaciones nacionales, los sindicatos de telefonistas, mineros, universitarios de la UAM y del Frente Auténtico del Trabajo. La queja pone particular énfasis en los vicios clave del sistema laboral mexicano, no se reduce a un caso concreto sino que exhibe los obstáculos insalvables que sufren los trabajadores, destacando la contratación colectiva suscrita al margen de la opinión de los trabajadores y la subordinación de la justicia laboral.

El gobierno mexicano ha pretendido sorprender a la OIT al dar respuesta a esa queja. En una primera etapa, negó con cinismo la existencia de los contratos de protección patronal, cuando en otros foros reconocía su existencia, y acudió al viejo recurso de presentar alegatos formales sosteniendo que los vicios denunciados no eran posibles, puesto que no estaban contemplados en la ley. En la última etapa, ha sostenido que la reforma laboral de fines de 2012, resolvió en buena medida los problemas planteados por los quejosos, cuestión falsa, puesto que dicha reforma no resolvió el tema de la firma de los contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, ni el carácter parcial de la justicia. En sentido contrario a lo afirmado por el gobierno, en el proceso legislativo se negó toda posibilidad de que estas juntas fueran sustituidas por jueces imparciales y que los trabajadores fueran consultados antes de la firma de los contratos colectivos de trabajo. Este segundo tema, que fue incluido inicialmente en el artículo 388 bis de la Ley Federal del Trabajo, fue frenado por el gobierno, que impuso la consigna de votar en contra del mismo, aún cuando ya había sido votado favorablemente por la mayoría en el Senado.

Ante la exigencia del Comité de Libertad Sindical para generar un diálogo con las organizaciones querellantes, el gobierno ha sostenido que dicho diálogo se viene cumpliendo, aún cuando jamás las ha convocado para tratar específicamente los temas que la queja plantea. Habría que admitir, positivamente, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT no ha caído en el juego gubernamental, lo que demuestra que el viejo maquillaje utilizado por el gobierno empieza a desgastarse. Ya no surte el mismo efecto de antes.

Las reformas, ¿a beneficio de quién?


Joel Padrón *

La muerte y destrucción que dejó en las dos terceras partes del país el paso incontenible de Ingrid y Manuel pusieron en mayor evidencia lo que ya es obvio a los ojos de todos: el hecho inaceptable de los dos Méxicos que injustamente hemos construido: el México de arriba y el México de abajo, cada vez más distantes el uno del otro. Esta dura realidad nos está invitando a repensar las reformas anunciadas, ya en proceso.

La Cruzada Nacional contra el Hambre y la pobreza extrema. De golpe aumentaron en miles los 7.4 millones de mexicanos con hambre y en pobreza extrema, lo que se ha agudizado en la vida de las víctimas de tales fenómenos naturales. Situación que nos exige repensar los objetivos, el alcance y la realización de los programas de dicha cruzada.

El Pacto por México: ¿Por cual México? Si es por el México de arriba, no cambiará nada. Lo mismo se hace cada seis años. El México moderno impone al gobierno que comienza el pacto que le dictan sus intereses. Por esto nada cambia, más bien crece cada día la desigualdad entre un México y otro. En cambio, si el pacto anunciado es por el México de abajo, al que le hemos impuesto vivir en las periferias desde siempre, sí cambiaría todo. Por fin se le haría justicia al México pobre, al olvidado. Sólo incluyendo, en adelante, a este México, el de abajo, podremos construir, con el México de arriba, el México único de justicia y derecho para todos.

La reforma educativa. Todos reconocemos que el sistema educativo, después de tantos años, se ha vuelto obsoleto y corrompido, y ya no es capaz de garantizar la enseñanza que a todos nos promete nuestra Carta Magna: una educación libre, laica, de calidad y gratuita, la que se proponía, desde entonces, lograr un México independiente. Esta exigencia inaplazable no se puede lograr con sólo establecer nuevas relaciones laborales con los llamados docentes. En una verdadera reforma educativa deben participar también y ser actores directos las mejores maestras y maestros, así como los más significativos y confiables comités de padres de familia, a quienes ampara el derecho y la obligación de ver por una mejor enseñanza para sus hijos. Una reforma educativa impuesta desde arriba difícilmente responderá a las exigencias del México moderno que todos queremos construir.

La reforma hacendaria: ayudará a construir el México de igualdad y de justicia, sólo si va a ser capaz, por una parte, de exigir al gran capital y a quienes le sirven, que repartan, en justicia, lo que deben repartir de sus altas utilidades y paguen los impuestos a los que están obligados para bien de la nación. Y, por otra, que promueva y defienda con equidad los derechos laborales de todo trabajador, hombre o mujer, a quienes toca aportar su fuerza de trabajo en la producción de bienes que debieran ser para provecho de todos. Así como también generar, en adelante, todos los empleos necesarios para poder sacar a México de su injusta desigualdad y su atraso.

La reforma energética, urgente y necesaria. No puedo saber cuál vergüenza o reproche inevitable sea mayor: si la vergüenza por no haber sido capaces hasta ahora, como dicen, después de tantas administraciones sexenales, de construir la tecnología propia que nos permitiera explotar, nosotros mismos, nuestro petróleo, desde su extracción hasta su más alta refinación, para ya no seguir haciendo depender el desarrollo y crecimiento económico del país de la venta injusta del petróleo crudo, sólo como materia prima. ¿Cuántos miles de empleos directos estaríamos generando con la refinación de nuestro petróleo con una tecnología propia? ¿Por qué no lo hemos hecho? Nos dicen ahora que no somos capaces de hacerlo, y que, por esto, es necesario pedir la intervención de las trasnacionales, ellas sí, capaces de hacer lo que para nosotros no es posible, llevándose, por consiguiente, las utilidades que deberían ser para beneficio de todos los mexicanos. O la vergüenza, después de lo anterior, de permitir, eso sí, que las grandes utilidades de nuestro petróleo se las apropien unos cuantos mexicanos, dejando a millones con hambre y en pobreza extrema. Nos dicen que el petróleo es nuestro, que el agua es nuestra, que el aire es nuestro, que las montañas son nuestras, que todo es nuestro. Nuestro, ¿de quiénes? ¿Del México de arriba? o ¿del México de abajo? ¿De qué vamos a permitir que se apropien, y en qué condiciones, las trasnacionales que vendrán? ¿Por qué las trasnacionales eólicas en el Itsmo de Tehuantepec? ¿Por qué, y en qué condiciones, se han apropiado de nuestras montañas las mineras canadienses, contaminando todo y generando más pobreza en muchas partes del país? ¿Por qué el Dragón Mart Chino en Cancún?

La reforma de nuestro sistema político, judicial y de procuración de justicia. Tanta corrupción nos va cerrando los caminos de una verdadera democracia y cada día nos es más difícil llevar a los puestos de servicio público a las mejores mexicanas y mexicanos. ¿Qué intereses o razones jurídicas permiten a los más altos tribunales, a los que hemos encomendado el ejercicio y la procuración de justicia, conceder inexplicablemente libertad a narcotraficantes, secuestradores y delincuentes confesos, como los actores materiales de la masacre de Acteal, y, en cambio, niegan este derecho a inocentes, como el caso reciente del profesor Alberto Patishtán?

Démonos la oportunidad que nos ofrece la historia. Sí somos capaces de construir el México que todos necesitamos y anhelamos.

* Párroco de San Andrés, Chiapas, e integrante del equipo pastoral de don Samuel Ruiz

El movimiento magisterial, de nuevo al punto de partida


Jesús Martín del Campo

El comportamiento de las autoridades ha convertido el diálogo con los maestros de la CNTE en un círculo vicioso. Con cada reunión en la Secretaría de Gobernación todo vuelve al punto de partida. Los funcionarios en turno les dicen a los maestros que sus derechos laborales no están en peligro con las actuales reformas, pero no se comprometen a nada en concreto y le dan largas al asunto; el secretario de Educación, atrincherado en alguna oficina o de viaje, se la pasa lanzando anatemas contra los maestros; y el magisterio en lucha que mantiene importantes contingentes en el DF, quienes en forma de relevos siguen coordinando las acciones nacionales de resistencia y rechazo a las reformas regresivas.

Por lo aprobado en el Congreso queda claro que la llamada reforma educativa tendrá como resultado la aplicación de normas draconianas contra los maestros, afectando, como se ha denunciado ampliamente, sus derechos laborales básicos. Con las leyes secundarias se afinaron los mecanismos para la aplicación de la evaluación guillotina.

En la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 4, numeral IX, dice que se entiende por “Evaluación del desempeño: A la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente…” Hasta ahora sólo sabemos que la manera como quieren medir resultados es con cuestionarios estandarizados. En los documentos se advierte una noción reduccionista de la evaluación, en lugar de ser vista como un proceso, y se habla, principalmente, de examinar a los docentes y a los alumnos.

Por lo que se refiere a la noción de calidad, aparece de manera muy general y difusa. En el artículo tercero constitucional reformado, en el párrafo segundo de la fracción II dice: Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Lo que hasta ahora conocemos es que la medida del logro académico de los alumnos, por presiones de instancias internacionales, las autoridades la llevan a cabo por medio de pruebas como la llamada Enlace y aunque la retiraron es altamente probable que usen otra parecida en lo sucesivo.

Sobre el cese de los maestros, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo noveno transitorio dice: “Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que […] III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.” Con esto queda claro que, para las autoridades, calidad y evaluación se resumen y consuman suspendiendo a los maestros que no respondan satisfactoriamente algunos cuestionarios.

Además, se formará un numeroso ejército de evaluadores que tendrán plaza de base, con cargo, obviamente, al raquítico presupuesto que para educación apruebe el Congreso. Más burocracia para perseguir a los maestros y más gasto para tareas administrativas que para la mejora de las escuelas. Así, la reforma educativa promovida por el gobierno se reduce, parafraseando a Focault, a una operación para vigilar y castigar a los maestros, para evaluarlos con cuestionarios y excluirlos. Se trata de un proceso de control administrativo laboral con carácter regresivo.

Puede anunciarse desde ahora que, si las autoridades no consideran el contexto socioeconómico y cultural en el que llevan a cabo su labor los docentes, y también su opinión en el proceso de evaluación, misma que debe incluirse desde ahora, la reforma fracasará y la resistencia magisterial continuará.

Por otra parte, el modelo de evaluación del desem­peño docente plasmado en las leyes aprobadas por el Congreso, revelan falta de información sobre el fracaso de modelos semejantes en muchos países del orbe. También implica que hay un seguimiento ciego a recetas catalogadas como neoliberales, aderezadas en el caso mexicano con la tradición política de implantar una jerga y una moda sexenal. Por eso, en el actual momento cuando las autoridades dicen que con la reforma el Estado recupera la rectoría de la educación y se escuchan las voces de los integrantes de Mexicanos Primero y de los locutores de los noticiarios de TV, uno no tiene sino que confirmar en donde está el bastón de mando ahora.

Aunado a lo anterior, las autoridades retoman ese discurso anticuado y autoritario de que el diálogo con los maestros llegó a su límite, que no se les concede la razón en nada, que ya no se movilicen y lo que sigue es la mano dura. Una especie de tolerancia represiva y de cerrazón.

El gobierno se equivoca en sus cálculos sobre la dimensión de la inconformidad magisterial y sobre la posibilidad de la CNTE de mantener de manera prolongada sus acciones hasta hacerse escuchar. Es pertinente repetir que los maestros en lucha no se niegan a ser evaluados, pero exigen que su experiencia y opiniones se tomen en consideración en un proceso integral que lleve a la mejora de la educación. Y todos nos preguntamos, ¿en donde despacha el secretario de Educación?

Termina mitin de CNTE en oficinas de Televisa Chapultepec


Laura Poy Solano

México, DF. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyeron un mitin frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec en repudio a la reforma educativa y contra la "telebasura".

Durante cerca de dos horas, profesores, padres de familia y normalista realizaron una lectura en voz alta, pues destacaron que los libros "son el arma más poderosa que tenemos para luchar contra la injusticia y la ignorancia del gobierno".

Los mentores inconformes también denunciaron que las principales empresas televisivas "sólo ofrecen una visión unilateral de la realidad social que enfrentamos. Con el magisterio participaron en verdaderas campas de linchamiento social".

Profesores del Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz regresaron a su campamento en el Monumento a la Revolución.

Grupo de autodefensa toma alcaldía de Tancítaro, Michoacán; mueren tres presuntos sicarios


Ernesto Martinez Elorriaga, corresponsal

Michoacán, Mich. Un grupo de autodefensa tomó la alcaldía de Tancítaro, después de que en la tenencia de Pareo se registrara un enfrentamiento esta mañana con presuntos integrantes del crimen organizado. En la balacera murieron tres presuntos sicarios y dos policías comunitarios resultaron lesionados.

El ejército entró a esta población ubicada en la montaña más alta de la entidad, a unos 50 kilómetros de Uruapan. Varios policías municipales fueron detenidos por fuerzas federales y trasladados a Uruapan. Asimismo, hubo varios vehículos incendiados por delincuentes para impedir la entrada de federales y soldados.

Por qué debería importarte la ley de medios de Argentina


Oriol Mallo

Puede que no te hayas dado cuenta, ya que finalmente en México los monopolios mediáticos se hacen más fuertes sexenio tras sexenio. Quizás ni le diste seguimiento al asunto. Se entiende: de tanto resistir la avalancha de reformas estructurales se aísla uno del mundo exterior. Allá donde si suceden cosas. Pues déjame decirte algo que si te conviene saber: hoy la Corte Suprema argentina declaró constitucional la Ley de Medios que prohíbe la acumulación de licencias y abre el camino al desmantelamiento del mayor monopolio mediático de Argentina, Grupo Clarín, que no es solamente un periódico chantajista e influyente sino un conglomerado de televisoras y radio difusoras que abarca todo el país.

Debes saber que la Ley de Medios, o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue una iniciativa del gobierno peronista de Cristina Kirchner destinada, justamente, a poner un alto a la concentración de poder que este grupo empresarial liderado por Héctor Magnetto tiene en la sociedad argentina. Y esta fue la razón que la ley fuera llevada a la instancia suprema del poder judicial por este mismo consorcio que litigó, hasta el fin, contra cuatro de sus artículos. Aquellos que restringían la acumulación de licencias de aire y de cable, desconocían unos (supuestos) derechos adquiridos y obligaban a Grupo Clarín a desprenderse de sus licencias antes del vencimiento del plazo original, con el que habían sido otorgadas.

Cuatro años de batalla legal terminan con la inapelable derrota del primer monopolio de Argentina. Deberán empezar a vender algunas de sus 250 licencias, pues por ley solo tiene derecho a 24. Desde el 29 de octubre del 2013 se puede decir que el Clarín toca a retirada.

Pero deja que te lo cuente una periodista formada en la escuela norteamericana, y cuyas simpatías hacía el kirchnerismo son más bien escasas. Hablo de Graciela Mochkofsky, editora de la revista digital El Puerco Espín.

El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.

Pero algo había cambiado.

Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.

Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.

De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.

Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.

Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.

Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.

Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.

En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?

Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.

En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.

El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.

Las cosas están cambiando,. Y no solo en América Latina, como bien recuerda Mochkofsky. Los grandes grupos de medios ya no tienen el poder de las últimas décadas del siglo XX que, pensaron, se prolongaría todo este siglo. Sin claros competidores, pues el periodismo digital no consigue sostenerse como un producto viable, luchan contra gobiernos que construyen estrategias de redes sociales, canales públicos de información, desde la teleSur venezolana a la Hispan TV iraní, mientras promueven leyes que apoyan a televisoras comunitarias y productoras independientes con cuotas de mercado y pantalla suficientes para hacer viable un espacio comunicativo ajeno a la tiranía empresarial.

VERACRUZ: Retomará MMPV acciones contra la reforma educativa en las calles


CELIA DÍAZ GARCÍA

Córdoba, Ver.- Pese a sus llamados a la Federación, que han sigo ignorados, integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) advirtieron que retomarán estrategias reforzadas, como bloqueo de carreteras, iniciando este lunes al salir de las aulas.

Como parte de la reestructuración, los docentes sostuvieron ayer su primer encuentro con padres de familia, los cuales les siguen ofreciendo todo su respaldo para esta lucha, aseguraron.

Los docentes sostuvieron un encuentro con padres de familia de la región para informarles sobre las verdaderas intenciones de esta reforma educativa, motivo por el cual siguen en esta lucha contra el gobierno federal. El encuentro tuvo lugar en el auditorio Manuel Suárez, que lució lleno por los padres de familia, lo que a decir de Daniel Hernández, vocero del Movimiento, deja en claro que no han perdido fuerza ni credibilidad.

De esta forma continuarán en su lucha contra los artículos 3ero y 73 de “la mal llamada reforma educativa”, que a su consideración, sólo pretende lacerar los derechos laborales de los maestros. De tal manera, a partir de este lunes, el MMPV iniciará un paro estatal que, aseguran, incluirá la participación de 100 por ciento de los docentes de escuela pública de todos los niveles.

Asimismo, el 20 de noviembre, los docentes realizarán una marcha estatal rumbo a la capital del estado en protesta a la Federación. El paro estatal se realizará del 18 al 22 de noviembre, informó el entrevistado, quien negó temer a ser sancionado por retomar este paro estatal, incluso, dijo, no han tenido ningún tipo de sanción por continuar dentro del movimiento.

Con esta reactivación de fuerzas se busca que el gobernador del estado firme un pliego petitorio con el que se pretende, abatir el rezago educativo, infraestructura y un modelo educativo acorde al contexto y desigualdad que existe en el estado.

De su encuentro con padres de familia, su participación será valiosa en el análisis de un pliego petitorio que será entregado al gobierno federal, elaborado bajo cinco ejes que no revelan para que no sea entorpecido este objetivo.

Peña beneficiará al grupo Salinas con el proyecto Nuevo Guerrero, acusa el MC


Cita el dirigente Adrián Wences a ICA, Ideal y La Peninsular, como empresas beneficiarias

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 15 de noviembre. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, denunció que con el proyecto Nuevo Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto pretende beneficiar a empresarios ligados al ex presidente Carlos Salinas, tal es el caso de la nueva autopista México-Acapulco.

Wences Carrasco manifestó que Peña Nieto pretende privatizar la nueva autopista México-Acapulco, la cual es manejada por Caminos y Puentes Federales, pero ahora, alertó, la pretende dar a empresas ligadas con Salinas.

“Ahora Peña Nieto quiere aprovechar el desastre ocasionado por la tormenta Manuel para beneficiar a los grandes inversionistas cercanos al salinismo entregándoles la autopista del Sol”, denunció.

Añadió que durante el sexenio de Carlos Salinas se concesionaron 52 autopistas, pero durante el gobierno de Ernesto Zedillo se tuvo que rescatar a 23, entre ellas la del Sol.

Wences Carrasco dijo que en medios nacionales ya se maneja una información que a la par de ejecutar el Plan Nuevo Guerrero, la SCT trabaja en un paquete de carreteras que se pretenden privatizar, entre ellas, dijo, la México- Acapulco.

“Lo que llama la atención es que entre los nombres de las compañías interesadas se encuentran ICA, una empresa que fue beneficiada por (Carlos) Salinas y que luego con el rescate carretero se les quitó la operación, pero que además participó en la construcción de la autopista del Sol donde los deslaves y reparaciones están a la orden del día”, alertó.

Ideal es otra de las compañías a las que se le pretende dar la concesión de la autopista del Sol, empresa del magnate Carlos Slim, quien forma parte del Comité para la Reconstrucción de Guerrero; “sería inmoral que se le asignara algún beneficio porque no puede ser juez y parte”, reforzó.

Wences Carrasco dijo que otra empresa que se maneja es La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, hijo de uno de los fundadores del grupo político al que pertenece Peña Nieto, el Atlacomulco.

“Lo que vemos es que el Plan Nuevo Guerrero es en realidad una estrategia para repartir el pastel a la oligarquía cómplice del régimen priísta, entonces deben formarse comisiones especiales en el Congreso de la Unión y el Congreso del estado para vigilar que no se estén dando ese tipo de proyectos personales y se lucre con la reconstrucción”, manifestó.

GUERRERO: Para el Cecop maquinaria de la Conagua en el rencauzamiento del río Papagayo


FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) pararon la maquinaria que trabaja para la Conagua en el cauce del río Papagayo, debido a que a dos meses de la tormenta tropical Manuel, el gobierno no ha escuchado la petición de reconstruir los pueblos que resultaron afectados con la crecida del río y por la ausencia del presidente municipal, Luis Walton Aburto, a quien habían convocado a la asamblea de ayer.

A la reunión de ayer en Aguacaliente acudieron al menos 500 personas de distintos pueblos de los 47 que forman los bienes comunales de Cacahuatepec y los ejidos; a decir de los asistentes los destrozos provocados por el desfogue de la presa La Venta ha generado una mayor unidad y que más pueblos se sumen al movimiento opositor.

En la asamblea efectuada en el punto conocido como El Bocote se reiteraron los cinco puntos que los comuneros demandan: iniciar urgentemente la reconstrucción de las viviendas y el pago de las cosechas tierras arrasadas por el río; la anulación de demandas y órdenes de aprehensión contra los integrantes del Cecop; la introducción y reparación del sistema de agua potable en las comunidades, principalmente en Cruces de Cacahuatepec.

Asimismo, la cancelación de las deudas que existen en los pueblos con la CFE y que los tres niveles de gobierno expliquen por qué se les ha quitado el Procampo a algunos beneficiarios que sí siembran y se les otorga a “caciques de los pueblos”.

El dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz leyó también la respuesta que el gobierno municipal dio, en nombre de la secretaria general, Magdalena Camacho Díaz, a la convocatoria hecha al presidente municipal, en la cual se especificó que está abierto al diálogo pero en Presidencia; ante ello los comuneros decidieron dirigirse al sitio en donde se llevan a cabo obras para detener y sacar la maquinaria del cauce de manera indefinida hasta que sean escuchados.

De acuerdo con el supervisor de obra de la empresa Agua Integral, Ángel Páez Patiño, en el sitio trabajan cuatro trascavos, cuatro camiones de volteo y tres tractores; él cuando observó a los comuneros les tomó fotografías y corrió, pero fue alcanzado por estos quienes estaban molestos por su acción.

Le hicieron borrar las fotografías que les tomó con sus celulares y posteriormente argumentó que los trabajos se deben a que el cauce del río “se está cargando de lado derecho” y por eso se comió las huertas y derribó casas.

La versión fue refutada por los comuneros, quienes expresaron que lo ocurrido fue por el repentino desfogue de la presa La Venta pues hay personas que han vivido más de 80 años ahí y no recuerdan que algo similar haya pasado con las lluvias.

Posteriormente, los comuneros se dirigieron con el residente de la obra a cargo de la empresa Tucán Americana, Ricardo Vargas Rodríguez, quien aclaró que no forman parte del gobierno y que sólo fueron contratados para hacer las obras de desazolve y encauzamiento del río.

Le solicitaron que explicara la obra pues podría ser que los trabajos formaran parte del proyecto La Parota y ellos no supieran; también pidieron saber si se construirían muros de contención, pues de ser así el agua no podría llegar a las huertas.

El residente explicó que se dará el cauce que tenía el río, de aproximadamente 15 metros, y que con el material que ya se ha desazolvado se pretende rellenar el terreno para llegar al nivel que estaba antes; posteriormente se hará la reconstrucción de los pozos ranney de la Capama que fueron arrasados por el caudal.

Suástegui Muñoz reprochó por qué a dos meses no se ha atendido a los poblados y se trabaja solamente en el río.

“Por qué tiran el dinero a la basura y a las comunidades las tiene olvidadas. Que el gobierno federal empiece a cumplir con las viviendas caídas, aquí vienen todos los afectados de las viviendas, no es posible que ustedes estén más preocupados por el pinche río que por dónde vive y duerme la gente, no es posible”, aseveró.

Los comuneros pidieron a ambos trabajadores que reconocieran que no se les amenazó de muerte, ni se les retuvo o secuestró, para que quedara evidencia y luego no los acusaran. También les pidieron ser mensajeros para que se invite a la Conagua el domingo a las 12 en Aguacaliente, en donde se hará la asamblea.

Los comuneros elaboraron otro oficio para invitar al alcalde Luis Walton Aburto a la asamblea del domingo y advirtieron que hasta que no sean escuchados no permitirán el desarrollo de las obras.