jueves, 26 de diciembre de 2013

Oficio de Papel



Castiga la CNBV a Banco Multiva
Vázquez Raña impugna resolución
La deuda de Coahuila el problema


El refinanciamiento de la abultada deuda de Coahuila, que llegó a calcularse en 35 mil millones de pesos y que representa un grave problema a las finanzas del estado y una aguda crisis para la atención de servicios para la población, ha puesto en jaque también a varios bancos del sistema crediticio nacional. Aunque no se trata de problemas con sus carteras vencidas (porque los bancos crearon mecanismos financieros para protegerse y evitarlas), si con la administración interna que atiende el desfalco ante el complejo expediente.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha estado al tanto de la constitución de los fideicomisos mediante los cuales, desde hace dos años, se comprometieron las partidas presupuestales y los ingresos locales vía actividades recaudatorias (cuotas de peaje, por ejemplo), para que durante toda la próxima década se paguen sólo deudas bancarias contratadas por el gobierno que manejó el priista Humberto Moreira, quien goza en España con parte del dinero sustraído sin que autoridad alguna lo persiga y bajo el manto protector del gobierno federal que ahora controla su partido.

Fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo del priista Luis Videgaray, la que también dio el visto bueno al refinanciamiento de los pasivos de Coahuila que se perfilaban como una verdadera bomba de tiempo, justo ahora que su partido recuperaba la Presidencia de la República.

Es el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago número F/1163 entre el estado de Coahuila de Zaragoza como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco Invex, S.A. como fiduciario, en donde más de una decena de acreedores bancarios renovaron sus condiciones de pago para evitar que estos créditos se transformaran en cartera incobrable y afectara su capital.

El notario público 246, Guillermo Oliver Bucio, del Distrito Federal, dio fe de la constitución de este fideicomiso con el que se buscó tranquilizar la tempestad que puso en evidencia la evaluación de agencias calificadoras de riesgo crediticio que ahora permanecen atentas a las repercusiones que tendrían los bancos en sus balances a partir del caso Coahuila.

Entre junio de 2008 y enero de 2013, Coahuila contrató 68 créditos, de los cuales Interacciones, propiedad del también priista Carlos Hank Rhon, documentó al menos 16 de ellos, y en donde Banco Multiva todavía registra un crédito por 4 mil 942 millones de pesos, lo cual representa el 21 por ciento de su cartera de clientes, según cifras de la institución crediticia al 30 de septiembre de 2012.

La CNBV, todavía bajo el gobierno del panista Felipe Calderón, comenzó a realizar visitas de inspección y auditorías para garantizar que los bancos involucrados en el paquete de financiamientos a Coahuila cumplieran con las disposiciones financieras que permitieran salvaguardar la seguridad de los depositantes porque, al final de la cadena de autorizaciones de crédito y refinanciamiento, se encuentra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y, por supuesto, las partidas que le corresponden a Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEP) y que, en su mayoría, servirán para pagar a instituciones de crédito que permanecen bajo los reflectores.

Uno de estos bancos es el que preside el empresario de origen español, Olegario Vázquez Raña – también vinculado con el PRI - y que extendió financiamientos al gobierno del estado de Coahuila por casi 6 mil millones de pesos. El primero de estos financiamientos se otorgó el 8 de julio de 2011 por 483 millones de pesos, y el segundo crédito fue por 494 millones de pesos. Pero el financiamiento más importante se generó en septiembre de 2011, cuando Banco Multiva, precisamente en el marco del refinanciamiento de créditos del gobierno de ese estado, firmó un crédito por 4 mil 939 millones de pesos a un plazo de 20 años, con un periodo de 24 meses para el pago del capital.

La primera amortización se tenía prevista para el primero de noviembre de 2013, según consta en los expedientes crediticios. Por esa operación financiera, el Banco Multiva cobró una comisión por reestructuración de 280 millones de pesos. Para el banco que preside Olegario Vázquez Raña, las operaciones crediticias con Coahuila – a pesar de la profunda reingeniería financiera (autorizada por le Ley de Deuda Pública del estado de Coahuila) que debió aplicarse para evitar la bancarrota de las finanzas de ese estado – no enfrentaba problema alguno.

Banco Multiva, sin embargo, fue auditado por la CNBV y el proceso no se ha cerrado, y se indaga algunas operaciones sospechosas y relevantes que han aparecido allí, al ismo puro estilo del blanqueo de capitales. El problema fue que los funcionarios de esa autoridad regulatoria habrían encontrado – aún sin concluir la inspección – que esa institución financiera no había castigado de manera adecuada esos financiamientos, lo que tendría que haber afectado su nivel de capitalización y, por supuesto, su capacidad de otorgar créditos en un mercado que se abre a una nueva competencia a raíz de la reforma financiera. La impugnación por parte de Banco Multiva a las resoluciones que adoptó la CNBV forman parte de un caso en tribunales que ya llegó a la etapa del juicio de amparo, en donde los abogados del banco que forma parte del emporio de los Vázquez Raña aseguran que Multiva no sólo no recibió un trato justo por parte de la CNBV – al no escuchar en tiempo y forma sus alegatos –, sino que cuenta con las evidencias para demostrar que los financiamientos se administraron de manera adecuada, por lo que no ameritaba un castigo al capital como los estableció esa comisión. Una de las evidencias que se exhiben en el juicio de amparo es la transferencia - vía Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI) - que Banco Multiva recibió del Banco Interacciones por órdenes del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATE). La transferencia fue por casi 200 millones de pesos y fue dirigida al prepago del primer financiamiento firmado entre Banco Multiva y el gobierno de Coahuila. Por ello, como prueba de descargo en el juicio de amparo, Multiva también exhibe movimientos bancarios realizados entre el 1 y el 30 de septiembre, lo que demostraría que el banco de Vázquez Raña contaba con evidencias – que no fueron observadas por la CNBV – de que los financiamientos contratados con el gobierno de Coahuila, si bien eran cuantiosos y con un gran peso en su cartera de créditos, se estaban atendiendo de manera adecuada, incluyendo el monto de la comisión por 280 millones de pesos. Entre los bancos que participaron en estos movimientos se encuentran Afirme, Banregio y Scotiabak, lo que sirvió para el refinanciamiento del crédito con el monto más alto por más de 4 mil 939 millones de pesos. En total, los nuevos acreedores del gobierno del estado de Coahuila que se sumaron a Banco Multiva, según los registros del banco, le autorizaron créditos en sólo un mes por 2 mil 340.87 millones de pesos. Lo atípico de estas operaciones fue que, al mismo tiempo, Multiva recibió órdenes del SATEC de Coahuila de transferir a Banco Interacciones otros 200 millones de pesos a través de la llamada Cuenta Eje, que en ese momento reflejaba una saldo de 2 mil 203.76 millones de pesos. El conflicto, a juicio de la CNBV, es que Multivalores considera renovaciones de crédito algunas operaciones que la autoridad simplemente califica como vencidas porque registraban saldos insolutos, lo que sí afecta su nivel de capitalización. Multiva, sin embargo, considera que el monto que aún conserva como créditos a cargo de Coahuila pueden ser refinanciados sin problema, por lo que no se amerita castigo alguno como exigió la CNBV. Así lo confirmaría documentación de la Tesorería del gobierno del estado de Coahuila. Sin embargo, fue desde marzo de 2011, mediante oficio número 141-4/32899/2011, cuando se ordenó una visita de inspección a Multiva por parte de la CNBV, la cual no se había concluido. Así, el 10 de octubre de 2011 se emitió el oficio número 141-4/32899/2011/29, suscrito por la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “D”, de la CNBV, por medio del cual se requería documentación sobre los financiamientos al estado de Coahuila. Banco Multiva consideró, según el expediente de la CNBV, que los requerimientos de la Comisión se cumplieron en tiempo y forma. Pero las autoridades pidieron a Banco Multiva que, en un plazo máximo de tres días, subsanara la omisiones regulatorias en las que había incurrido. Así comenzó la guerra en tribunales para ganar tiempo y evitar que el nivel de capitalización del banco se viera afectado, lo cual metería a esta institución financiera un agudo problema. Banco Multiva pidió derecho de audiencia, pero la CNBV insistió en que la institución ajustara su capital contable resultado de la constitución de reservas adicionales por al menos 269 millones de pesos, con lo que se reduciría – a juicio de las autoridades – el riesgo de crédito en las operaciones de depósitos y crédito de la institución fundada por Vázquez Raña. Así, el índice de capitalización de Banco Multivalores pasaría de 11.38 por ciento a 9.70 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con su más reciente prospecto de colocación de valores en el mercado mexicano de capitales, Multivalores aseguró a los inversionistas que sigue clasificado como un banco tipo “I”, con un nivel de capitalización de 15.29 por ciento, según datos al 30 de junio de 2012. Aquí se encuentra el centro del conflicto entre Multivalores y la CNBV. La resolución de la CNBV establece claramente que Banco Multiva debía crear reservas adicionales. Con un juicio de suspensión de por medio, Multiva sigue informando a sus inversionistas que su índice de capitalización es de 15.29 por ciento, mientras que en los tribunales la CNBV insiste en que se castigue la complacencia con la que se autorizaron créditos al gobierno de Humberto Moreira, mientras que éste goza de un retiro político en Europa y con una cartera repleta de euros de dinero principalmente público. Otra vez, injusticia, corrupción e impunidad, una fórmula que el PRI-Gobierno sabe aplicar muy bien. oficiodepapel@yahoo.com.mx

Obama viola la Carta de Derechos del pueblo estadounidense


Amy Goodman

El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el "Día de la Carta de Derechos", y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son “la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley”, afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de “casi orwellianas” en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.

Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: “He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle ‘un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica’. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente”.

El ex subdirector de la CIA, Michael Morrell, preside el panel, que depende de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, dirigida por James Clapper. Es de público conocimiento que Clapper mintió en una audiencia del Senado sobre este tema. Cuando el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, le preguntó si la NSA recopiló los registros telefónicos de millones o de cientos de millones de estadounidenses, Clapper respondió: “No espiamos a nadie, salvo para fines legítimos de inteligencia extranjera y siempre trabajamos dentro del marco legal. Ahora, es verdad que en ocasiones hemos cometido errores, algunos graves, pero ellos se deben generalmente a errores humanos o problemas técnicos. Y cuando detectamos errores, los hemos informado y corregido”. Tras las filtraciones de Snowden, Clapper reconoció a NBC News que su respuesta fue la forma “menos mentirosa” de decir “no”.

El fallo del juez Leon está relacionado con tan solo uno de varios casos presentados después de las filtraciones realizadas por el ex contratista de la NSA Edward Snowden en el mes de junio, acerca del amplio sistema de vigilancia mundial que recopila los datos personales de millones de personas. Otra demanda iniciada en Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra Clapper, pretende terminar en forma definitiva con la vigilancia masiva y que se eliminen todos los datos recopilados hasta el momento.

Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que Edward Snowden es un “patriota”, y destacó: “Al haber denunciado la actividad ilegal del Gobierno, que fue aprobada y mantenida en secreto durante años por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Snowden asumió un enorme riesgo personal en favor del bien público. Él solo reabrió el debate mundial acerca del alcance y la naturaleza de la vigilancia del Gobierno en relación con nuestros derechos fundamentales como individuos”.

El secretario de prensa de Obama, Jay Carney, reiteró esta semana la postura inflexible de la Casa Blanca con respecto a la acusación contra Snowden: “No ha habido un cambio de postura. Ha sido acusado de filtrar información clasificada. Afronta cargos de haber cometido delitos aquí. Debería ser enviado de regreso a Estados Unidos, donde será sometido al debido proceso, con las protecciones correspondientes en virtud de nuestro sistema de justicia, de las que esperamos que haga uso. Y obviamente estamos presionando a Rusia y a otros países con respecto a este tema”.

Tras medio año de vivir en Rusia, donde se le otorgó asilo temporal por un año, Edward Snowden escribió una carta pública esta semana a la población de Brasil, con la esperanza de obtener asilo permanente allí. En la carta, Snowden escribió: “Hace seis meses salí de las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para pararme delante de la cámara de un periodista…con los ojos abiertos, sabiendo que la decisión me costaría mi familia, mi hogar y pondría mi vida en peligro. Me motivó la creencia de que los ciudadanos del mundo merecen entender el sistema en el que viven”. Y añade: “Mi mayor temor era que nadie escuchara mi advertencia. Nunca estuve tan contento de haberme equivocado tanto”, afirmó.
El mundo sigue escuchando a Edward Snowden. Como también dice en la carta abierta: “La cultura de la vigilancia mundial indiscriminada, expuesta a debates públicos y a investigaciones reales en cada continente, se está desmoronando”. Una encuesta reciente sugiere que al menos un 55% de las personas consultadas considera que Snowden es una persona que reveló informaciones importantes. A pesar de las encuestas, la presentadora de noticias de CNN Brooke Baldwin preguntó acerca de la posibilidad de otorgarle amnistía a Snowden: “La última pregunta: si Edward Snowden regresara aquí, y mucha gente está en desacuerdo con eso, pero si regresara aquí y se le otorgara amnistía, ¿qué vendría a hacer aquí? Porque realmente mucha gente lo odia”.

Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la Carta de Derechos incluye las primeras diez enmiendas a la Constitución. Al elogiarla y referirse a “nuestros derechos fundamentales”, el Presidente Obama no mencionó la Cuarta Enmienda, que dice:

“El derecho de los habitantes de que ellos, sus domicilios, documentos o efectos no se sometan a inspecciones e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales a menos que se basen en una causa probable o juramento y, en particular, que describan el lugar que deba ser inspeccionado y las personas o cosas objeto de detención o incautación”.

Quizá el Presidente Obama, que fue profesor de derecho constitucional, debería volver a leer esa enmienda.

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