miércoles, 5 de marzo de 2014

[comitecerezo] Agradecemos su solidaridad


Agradecemos a todas las organizaciones de DH, sociales y estudiantiles, así como a los colaboradores y amigos del Comité Cerezo México por su apoyo y solidaridad ante los últimos ataques.

Ante esta muestra de solidaridad, les decimos que seguiremos defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a los cuales les son violados sus derechos, aunque esto nos acarree nuevos ataques, hostigamientos o amenazas.

Su solidaridad nos dice que no estamos equivocados y nos alienta a seguir trabajando para aquellos que por motivos políticos son detenidos, encarcelados, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos de manera forzada.

Aprovechamos este espacio para denunciar que nuevamente fueron arrancados los carteles de nuestro proyecto económico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el día de hoy llegamos a las 10:00 y notamos que fueron retirados de manera total nuestros plotters informativos, esta agresión no es nueva ni es a raíz de los hechos del 3 de marzo, pero es la misma que ya habíamos denunciado en octubre del año 2013. En esa ocasión consideramos que se trataba de un Hostigamiento contra nuestra organización.

También queremos denunciar el hecho de que al salir de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aproximadamente a las 18:30 pm de hoy, un sujeto alto, moreno y fornido, con una macana policiaca que se asomaba de un portafolio café de piel que portaba en la mano derecha, tomó con su celular una fotografía a los miembros del Comité Cerezo México de una manera intimidatoria, si bien los hechos del 3 de marzo han desatado una campaña contra nuestra organización, no es algo que no tenga antecedentes, seguimos responsabilizando al Estado de la integridad física y psicológica de los miembros y colaboradores del Comité Cerezo México y de las personas solidarias con nuestra organización.

Comité Cerezo México

Declara 'Padre Goyo' de Apatzingán ante PGJ de Michoacán


El sacerdote Gregorio López, mejor conocido como el “Padre Goyo”, fue requerido por las autoridades y declara en la Subprocuraduria Regional de Justicia de Morelia, informó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.

El funcionario mencionó que el religioso fue requerido por la Procuraduría michoacana, en su calidad de ciudadano.

El objetivo, señaló, es que presente, ante el Ministerio Público correspondiente, las denuncias, dichos y soporte de cualquier cosa que quiera manifestar.

“La Procuraduría General de justicia le ha requerido al padre, en su calidad de ciudadano, que presente ante el Ministerio Público las denuncias, los dichos, el soporte de lo que quiera manifestar para que sea el Ministerio Público quien realice las diligencias pertinentes”, dijo en rueda de prensa.

El “Padre Goyo” se ha caracterizado por denunciar hechos delictivos ocurridos en el municipio de Apatzingán.

El sacerdote ha denunciado amenazas de muerte en su contra y asegura conocer a quienes lo pretenden privar de la vida.

Anuncian la creación de una brigada de autodefensa en Tamaulipas


CIUDAD VICTORIA, Tamps. (proceso.com.mx).- Una recién creada brigada de autodefensa de Tamaulipas informó ayer que hirió y ejecutó a 16 presuntos miembros del grupo criminal “Los Zetas”, entre ellos a un agente ministerial, tres abogados y un sicario que participó en el crimen de Don Alejo Garza Tamez, quien murió defendiendo sus propiedades.

Ayer por la noche fue distribuido un volante en el que un grupo armado anuncia que emprenderá acciones contra el grupo criminal “Los Zetas” y en defensa de la población.

De hecho, el grupo se adjudica ya varias ejecuciones. En el comunicado se informó que fueron atacados 16 presuntos miembros de “Los Zetas”, pero no ahonda al respecto. Sólo señala: “Unos muertos, otros heridos, pero todos atacados”.

Sin embargo, en las últimas dos semanas fueron abandonados siete cadáveres de hombres y mujeres que se mencionan en el volante repartido en calles de Ciudad Victoria, calificada como “la capital del secuestro”.

“Nosotros, la Brigada Alberto Carreta Torres, hemos pasado por las armas a los siguientes criminales Zetas”, se lee en el volante repartido entre la población.

La información de la brigada de autodefensa, que toma el nombre de un general revolucionario tamaulipeco, cita 16 nombres, apodos o apellidos de hombres y mujeres que supuestamente fueron atacados.

El texto menciona que fue agredido Jair Fuentes González, contador del grupo criminal “Los Zetas” y abogado que defendió a varios capos detenidos, cuyo cadáver recién fue abandonado en calles de esta ciudad.

Además, el comando se atribuye el homicidio de Alberto Castelán, Hipólito Jiménez “ y El Charro”. Este último, presunto sicario que participó en el asesinato de Alejo Garza.

Los cadáveres de siete de los mencionados en el volante fueron abandonados en calles de esta ciudad durante las últimas dos semanas, pero ninguna autoridad informó sobre quién realizó esas ejecuciones.

El texto de la brigada precisa que el artículo 10 de la Constitución protege el derecho de la población a poseer armas de fuego para su autodefensa, aunque reconoce que las leyes secundarias restringen el uso y la portación de armas, por lo que urge una reforma ante la ausencia del Estado de Derecho, para que la población se arme.

“Entre más desarmado estés, más fácil serás asaltado, secuestrado y asesinado”, agrega el comunicado.

Critica el programa del Ejército mexicano para el intercambio de armas por despensa, al asegurar que pareciera haber sido “aconsejado por los criminales”.

“Te quieren desarmar para que seas presa fácil. Lo que tú no hagas por defender tu vida, tu familia y tus bienes, jamás lo van hacer la policía, los ministeriales y otros más que en Ciudad Victoria son parte de la delincuencia, son Zetas. Los funcionarios lo saben y están involucrados” (sic).

El volante advierte a los funcionarios tamaulipecos que “también ellos pagarán en su momento”, por sus crímenes contra la población.

El texto concluye: “Nuestra acción es un grito de guerra contra los criminales Zetas”.

La nueva brigada lanzó volantes en importantes calles de Ciudad Victoria y publicó el texto en una página de internet especializada en advertir sobre situaciones de riesgo.

Cabe destacar que, a diferencia de los grupos de autodefensas michoacanos, la brigada actuó más como una guerrilla urbana clandestina.

En el municipio rural de Hidalgo ya opera otro grupo que se autodenomina Columna Pedro J Méndez, el cual asegura haber ejecutado y colgado a varios miembros de “Los Zetas” que operaban y secuestraban en esa zona.

Posteriormente del anuncio de la creación de la Brigada de autodefensa en Ciudad Victoria, el grupo que controla la plaza ordenó a los agentes de tránsito, controlados por ellos, que colocaran retenes en diversas avenidas para revisar vehículos de los ciudadanos. Además, se pueden apreciar hombres armados, “estacas”, que circulan impunemente y vigilan varios barrios de la capital de Tamaulipas.

The Wall Street Journal acusa a Televisa y TV Azteca de coludirse para manipular ratings


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Televisa y TV Azteca se coludieron para ocultar la disminución de los índices de medición de rating en la televisión abierta en México e intentaron “lanzar un ataque fulminante contra la combinación Nielsen-Ipobe”, empresas responsables de la medición de audiencias, destacó The Wall Street Journal en su edición de este 5 de marzo.

El extenso reportaje, firmado por David Lunhnow, denuncia que trabajadores de Banco Azteca, una de las empresas filiales de Ricardo Salinas Pliego, trataron de corromper a “decenas de miembros del panel de telespectadores de Ibope en ocho ciudades mexicanas y les ofrecieron dinero a cambio de audímetros, según declaraciones juradas revisadas” por el rotativo estadunidense, especializado en negocios.

El periódico documenta que el duopolio que controla la televisión abierta en México, Televisa y TV Azteca, aprovechó el supuesto robo de la base de datos del IBOPE (empresa responsable de publicar la medición de rating) para emprender un ataque contra la reciente sociedad firmada entre esta empresa y Nielsen y para ocultar la disminución de los ratings en televisión abierta, lo que hubiera implicado disminuir las altas tarifas publicitarias de las compañías de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego.

Entre 2008 y 2013, el porcentaje de mexicanos que ve televisión abierta cayó de 84 a 72 por ciento, de acuerdo con las cifras de Nielsen-Ibope, pero “tanto Televisa como TV Azteca han cuestionado estos datos”. TV Azteca, en julio de 2012 rompió de manera escandalosa con IBOPE y Televisa tuvo que hacer caso a una orden judicial para actualizar los datos de rating y no sólo los índices maquillados que las benefician.

El escándalo de los ratings incide en el corazón del negocio de la televisión abierta, porque tanto Televisa como TV Azteca basaban su publicidad en el puntaje de audiencia. La guerra contra Nielsen-IBOPE, de acuerdo con The Wall Street Journal, ha tenido como objetivo cerrarle el paso a la competencia de otras compañías en televisión restringida y en señal abierta.

El reportaje se publica en vísperas de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo regulador del sector, dé a conocer las bases de licitación para las dos nuevas cadenas de televisión abierta en señal digital. Extraoficialmente, se han mencionado a nueve grupos interesados en la licitación, asociados con poderosas empresas estadunidenses, generadoras de contenidos.

Axtel y Grupo Radio Centro van por las 2 nuevas cadenas de TV


La empresa Axtel reconoció que está interesada en la licitación de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión, de acuerdo con su director De Regulación e Interconexión, Ermilo Vázquez.

“Habrá que conocer cómo vienen las bases. Tendremos que analizar cómo se relaciona con la estrategia de la empresa”, dijo en conferencia de prensa, en referencia en que a más tardar el próximo domingo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitirá las bases de la licitación para las cadenas de televisión.

Además, bajo la conducción de Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro también ha manifestado interés. En entrevista para Negocios, de Reforma, el presidente del Consejo de Administración aseguró que encuentra como una oportunidad de negocio la reforma en telecomunicaciones, al hablar sobre la nueva legislación en telecomunicaciones y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacional.

Aguirre estuvo al frente de Canal 13 Televisión de México -1967 a 1972.

Además de Axtel y Grupo Radio Centro, de acuerdo con especialistas consultados por El Financiero, América Móvil, Grupo Imagen, Megacable, Grupo Pegaso, El Universal y Grupo Fórmula estarían interesadas en participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta en México.

Hasta ahora, sólo existen dos cadenas de televisión abierta nacional: Televisa y Tv Azteca.

Estos son los datos de 8 de las 9 empresas interesadas:

Empresa: América Móvil
Presencia: 18 países
​Participación de mercado: 24% en telefonía fija y 71% telefonía móvil
Giro: Telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

Empresa: Grupo Imagen
Presencia: 2 países
​Participación de mercado: ND
Giro: Radio, televisión y prensa.

Empresa: El Universal
Presencia: 1 país
​ Participación de mercado: En 2013, registró 16 millones de usuarios únicos al mes, un millón al día y 1.7 millones de seguidores en Twitter,
Giro: Prensa.

Empresa: Megacable
Presencia: 1 país
​Participación de mercado: 30% en TV de paga
Giro: TV de cable

Empresa: Grupo Pegaso
Presencia: 2 países
​Participación de mercado: ND
Giro: Bienes raíces, tecnología, telecomunicaciones y deportes.

Empresa: Grupo Fórmula
Presencia: 1 país
​ Participación de mercado: Con la suma de los ratings de AM y FM es el primer lugar en todo el cuadrante en programación hablada con su barra noticiosa.
Giro: Radio

Empresa: Grupo Radio Centro
Presencia: 2 países
​Participación de mercado: 53.49%
Giro: Radio

(Con información de Reforma y El Financiero)

Pemex-Oceanografía: la intervención de Calderón, Mouriño y Nava


Texto publicado originalmente en 2008 por la revista Contralínea:

Pemex-Oceanografía, expediente secreto. La intervención de Calderón, Mouriño y Nava

En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía, cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores Por Ana Lilia Pérez/ Marzo 2008

Documentos remitidos en 2004 por directivos de Oceanografía a Juan Camilo Mouriño Terrazo, actual secretario de Gobernación y entonces asesor del secretario de Energía, Felipe Calderón, revelan reuniones privadas y envío de escritos –relacionados con el arrendamiento de un barco grúa en Pemex Exploración y Producción (PEP)– entre ejecutivos de la empresa y funcionarios del gobierno federal.

Tras declarar desierta la licitación para el alquiler de la embarcación, la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó directamente el contrato 418235843 a la naviera. El asunto no es menor: con dicho convenio, como única garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

De acuerdo con la información, los directivos de la empresa cobraron el préstamo por más de 60 millones de pesos mediante cuatro facturas supuestamente apócrifas, presentadas por Amado Yáñez Osuna, el accionista principal. Yáñez y Juan Camilo Mouriño mantienen una relación de amistad, que se inició hace muchos años en Campeche, cuando Leonardo Olavarrieta, amigo de Juan Camilo desde la infancia y actual director general adjunto de Oceanografía, los presentó. Él ha sido el responsable de estrechar aún más ese vínculo desde que su amigo arribó a Los Pinos, junto con el presidente Felipe Calderón.

El vínculo de Mouriño con Amado Yáñez

En el expediente entregado por Pemex a una comisión de legisladores de la Cámara de Diputados y del que Contralínea posee copia, figura, junto con actas de licitaciones públicas y oficios firmados por directivos de Oceanografía, un oficio remitido desde Ciudad del Carmen (sede de la naviera) por el director general adjunto de Oceanografía, Leonardo Olavarrieta, a Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Energía (Sener), el 5 de marzo de 2004, enviado vía fax a los números telefónicos de la oficina del secretario (015550006087 y 015550006096).

El documento cita: “Anexo acta de fallo de la licitación 18575035-025-03 (que) fue declarada desierta y en este momento se encuentra en inconformidad por la compañía Construcciones Integrales del Carmen, SA de CV. Saludos”. La licitación referida, emitida en 2003 por la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos de PEP para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”, se declaró desierta el 6 de febrero de 2004 porque ninguna de las propuestas era viable. En ese proceso licitatorio participaron la misma Oceanografía, Construcciones Integrales del Carmen (CICSA), Representaciones y Distribuciones Evya y Servicios Marítimos de Campeche (SMC).

Las actas del fallo de la licitación fueron enviadas por Olavarrieta a Mouriño junto con los oficios de PEP (fechados el 27 de enero de 2004), en los que la paraestatal petrolera notifica a Oceanografía por qué su propuesta fue desechada. Enterado Mouriño del caso, semanas después PEP le otorgó el contrato a la naviera en forma directa.

Hacia julio de 2004, PEP nuevamente concursó la licitación 18575108-030-04. Participaron otra vez Oceanografía, CICSA, SMC, Cotemar, Condux, Naviera Armamex, Instalaciones Electromecánicas Civiles y Eléctricas, Berry Contracting, Construcciones y Trituraciones, Constructora y Arrendadora México, Constructora Subacuática Diavaz y Consultoría y Servicios Petroleros. Una vez más, la licitación se declaró desierta.

Tras el fallo, Condux se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, que determinó vicios en la licitación, como la cuantifición errónea de las propuestas económicas para declararla desierta, en contravención a la ley. Cuando el concurso aún estaba bajo indagatoria, el 16 de octubre de 2004 funcionarios de la paraestatal iniciaron el proceso de adjudicación directa DOCSM-095-04. El 13 de mayo de 2005 el subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, formalizaron el contrato 418235843 con Oceanografía, por 676 millones de pesos y 27 millones de dólares, para el arrendamiento del barco Caballo de Trabajo. La vigencia se pactó del 15 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

Reuniones con Calderón

El trato de los directivos de Oceanografía con altos funcionarios no se restringió al coordinador de asesores del secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. En 2005, la Comisión que investigaba el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún solicitó a Pemex la documentación relacionada con la naviera.

Entre los expedientes proporcionados se incluyó una carpeta con correspondencia interna remitida el 16 de diciembre de 2003 por Amado Yáñez Osuna a Luis Ramírez Corzo –cuando éste dirigía PEP–, a su oficina del piso 41 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. El legajo incluye una carátula con el logo de la compañía y el texto: “Oceanografía-Pemex 2003-2004”. En éste se relatan las afectaciones a la empresa por la rescisión de contratos.

En un apartado que explica las “consecuencias para Oceanografía”, Yáñez Osuna le comenta a Ramírez Corzo de una reunión que habría sostenido con Felipe Calderón, por mediación de César Nava, días antes. En dicha reunión, cita el documento textualmente:

“Con fecha 4 de marzo (de 2003) se llevó acabo el acta de formalización de contratos en la sala de juntas de la Gerencia de Logística SCSM (Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos), mediante la cual nos comunicaron oficialmente que nuestra empresa estaba impedida para firmar los contratos, en virtud de encontrarnos en los supuestos de la fracción III del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

“Se consultó con usted (Luis Ramírez Corzo) que opinión o consejo, si se denunciaba a la Secretaría de Energía y Minas las consecuencias que teníamos por la inconformidad del IMR (Índice de Percepción de Mejora Regulatoria) y derivado de esto las dos rescisiones para no encontrarnos en el artículo 50. Se solicitó una cita con el secretario de Energía, a través del lic. César Nava, la cual fue concedida las dos primeras semanas del mes de diciembre (de 2003).

“Solamente se comentó con el sr. secretario los problemas que se tenían con IMR en la cual se tenía interés del lic. Bracho (Rafael Bracho Ransom, subdirector de Administración y Finanzas de PEP) de favorecer a la empresa Diavaz, nunca se mencionó a usted, como se está rumorando a través de los contratistas y personal de PEP; al contrario, siempre se le guardó un gran respeto a su personal. Del árbol caído quieren seguir haciendo daño a nuestra empresa, en la cual se hicieron muchas inversiones para ustedes con barcos de bandera mexicana que actualmente están inactivos…”.

En otros oficios, los directivos de la naviera Oceanografía insisten en que la paraestatal no proceda a la cancelación de los contratos para que no se le inhabilite. Argumentan que “la rescisión del contrato no es obligatoria para ninguna de las dos partes, sino potestativa”, solicitan “que Pemex reconsidere su postura y permita la concertación entre ambas partes”.

Créditos sospechosos de Bancomext

A unos meses de que PEP le adjudicara el contrato para el arrendamiento del barco grúa, Oceanografía lo ofreció como garantía a la banca de desarrollo para que lo financiara, como ya lo había hecho con otros contratos de Pemex, como el 4124258280 que le otorgó la misma subsidiaria para la “procura y construcción del gasoducto” de la plataforma enlace litoral al complejo Pol A (Fortuna 61).

Así, al mismo tiempo en que Oceanografía utilizaba a familiares del presidente Fox como gestores en Pemex y tenía línea directa con Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y César Nava en la Secretaría de Energía, la banca de desarrollo le autorizó un millonario crédito para financiar la operación de los contratos de Pemex; préstamo del cual, meses después, obtendrían recursos mediante el uso de supuestas facturas apócrifas.

Dirigido desde entonces por Héctor Reyes Retana, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2005, Bancomext autorizó créditos de primer piso a 15 empresas por un monto de 414 millones 900 mil pesos, y 56 millones 100 mil dólares, “para impulsar su crecimiento en los mercados globales”. A Oceanografía le tocaron 30 millones 306 mil 389 pesos y 25 millones 600 mil dólares, es decir, casi 25 por ciento de los préstamos del gobierno federal a través de la banca de desarrollo.

El trámite inició el 28 de julio de 2004 en la oficina de Bancomext en Mérida, Yucatán, sede de la representación sur-sureste, a cargo de Griselda Chiang Sam García, quien aparece también como ejecutivo de cuenta de la naviera.

Once días después, el Comité Interno –integrado por Héctor Reyes Retana, Carlos Elías Rincón, Sergio Fade Kuri, Abel Jacinto Intriago, Salvador Rojas Aburto, Pablo Segura Garduño, Julio César Méndez Rubio y Alfredo Gutiérrez Carrillo– aprobó el crédito 2872 por 10 millones de dólares, con la cesión de derechos de cobro con notificación y direccionamiento de pago de los contratos de Pemex a favor de Bancomext como garantía.

Las condiciones para disponer de los recursos fueron: presentar la factura de venta por servicio prestado a Pemex con el sello de recibido de la paraestatal; aforo del 90 por ciento; la cobertura mínima de 1.1 a 1.0 sobre la cesión de los derechos de cobro, con notificación y direccionamiento de pago.

Pese a los incumplimientos de Oceanografía en sus contratos con Pemex, el 20 de julio de 2005 el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext autorizó una ampliación al crédito en cuenta corriente por otros 20 millones de dólares –según acuerdo CIC/157/05–, con lo que el monto se incrementó a 30 millones de dólares. También se eximió a la compañía de su obligación de capitalizar 102 millones 73 mil pesos, según las cláusulas tipificadas en la autorización inicial.

El acuerdo se hizo durante una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo del banco, en la que participaron Alonso Pascual García Tamés, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Felipe Alberto Izaguirre Navarro, director general de Banca de Desarrollo; Francisco Javier Cárdenas Rioseco, director de Intermediarios Financieros de Fomento del Banco de México; Fernando Ramón Marty Ordóñez, coordinador de asesores del secretario de Energía; Alondo de Gortari Rabiela, encargado de la Dirección de Promoción Económica y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Héctor Reyes Retana.

Con el nuevo tope crediticio, el 10 de junio de 2005 Oceanografía emitió las facturas 14899, por 13 millones 957 mil 435 pesos, y 14898, por 1 millón 282 mil 51.28 dólares. Sin embargo, fue hasta el 30 de junio que la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex autorizó que la contratista trasladara a Bancomext sus derechos de cobro de este contrato. Es decir, aunque uno de los argumentos de PEP para adjudicar el contrato a la naviera fue su “solvencia económica”, en el expediente crediticio la compañía argumenta su necesidad de financiamiento.

El mismo día en que la OAG le autorizara trasladar sus derechos de cobro, la naviera emitió las facturas 14907 por 24 millones 792 mil 77.13 pesos y la 14908 por 2 millones 292 mil 331.20 dólares; ambas, correspondientes al contrato 418235843. Posteriormente, presentó las cuatro facturas a Bancomext para la disposición de recursos. Los documentos tenían un supuesto sello de recibido en la ventanilla única de Ciudad del Carmen de PEP Región Marina Suroeste, el mismo día de su expedición.

El 1 de julio de 2005, Oceanografía formalizó vía notarial la cesión de derechos de cobro a favor de Bancomext. Cuatro días después –mediante cuatro oficios dirigidos a Alfredo Arruti Bustos, director Ejecutivo de Banca Empresarial Sur-Sureste– Amado Yáñez Osuna solicitó a Bancomext los siguientes recursos:

19 millones 390 mil 333.59 pesos, amparado en la factura 14907, por 21 millones 544 mil 815.11 pesos; 10 millones 916 mil 055.74 pesos a cuenta de la factura 14899, por 12 millones 128 mil 950.83 pesos; 1 millón 114 mil 96.96 dólares al amparo de la factura 14898, y 1 millón 793 mil 292.48 dólares al amparo de la factura 14908. El dinero debía abonarse a la cuenta de la naviera en BBVA Bancomer en Ciudad del Carmen. En esa misma fecha, Eloísa Valverde Díaz, de finanzas, autorizó el dinero que fue depositado al día siguiente.

En agosto de 2005, cuando el Órgano Interno de Control en Bancomext descubrió las irregularidades en la factura 15172 expedida por Oceanografía y presentada al banco para la disposición de 22 millones 900 mil dólares, a cuenta del contrato 4124258280, número SAP PEP-O-IE-504/05 (Fortuna 61), los auditores encontraron que las cuatro facturas que cobró Oceanografía a cuenta de ese contrato eran supuestamente apócrifas, revela el expediente de auditoría cuya copia obra en poder de Contralínea.

El 22 de agosto los auditores Raúl Muñuzuri Becerra y María Teresa Gómez Soberanes remitieron al subdirector de PEP, Héctor Leyva, el oficio GAB-178/05 para certificar la autenticidad de las cuatro facturas. El 19 de septiembre, en el oficio SCSM-GAF-795-60-2005, Leyva confirmó que la paraestatal nunca recibió dichas facturas: “No existe evidencia alguna en los sistemas de registro documental y contable de Pemex Exploración y Producción (de) que hayan sido recibidas en las ventanillas únicas, tanto en Ciudad del Carmen como de Dos Bocas, Tabasco, consecuentemente no instruidas para su pago por esta coordinación de Servicios Marinos”.

Agrega: “Para mayor abundamiento sobre el caso, durante el mes de junio del presente año solamente en el día 13 se recibieron ocho facturas con cargo al referido contrato, las cuales fueron por importes mucho menores a las cuatro facturas citadas”.

Al respecto, en el oficio OIC-AAI-225/05, fechado el 20 de septiembre de 2005, la auditora Inés Domínguez Ortiz notificó a Bancomext el supuesto delito de la compañía. Alertó al director General Adjunto de Promoción de Negocios, Sergio Forte Gómez: “Se observa que Bancomext otorgó recursos a Oceanografía con facturas por servicios prestados a Pemex Exploración y Producción que no son reconocidas por el organismo, mismas que representan la garantía y fuente de pago del crédito”.

En otros oficios remitidos al titular del Área de Responsabilidades, Cuauhtémoc Flores Migueles, la auditora indicó: de la revisión de auditoría al crédito de Oceanografía se desprenden “hechos que pueden resultar de responsabilidad penal en agravio de Bancomext, por lo que se debe instar al área jurídica de la entidad a que actúe conforme a derecho”. Inexplicablemente el asunto no trascendió.

Encubrimiento de Bancomext

Para omitir su responsabilidad en el supuesto fraude de la naviera descubierto por el OIC, Alfredo Arruti Bustos y Griselda Chiang Sam García argumentaron que, aunque conocían del uso de documentos apócrifos, optaron por no proceder contra Oceanografía para asegurarse de que pagara los 23 millones de dólares que obtuvo de su línea de crédito con una factura también apócrifa.

Justificaron que 80 días después de utilizar las cuatro facturas apócrifas del contrato 418235843, Amado Yáñez reintegró el dinero a Bancomext; por ello: “Se consideró por el momento no cuestionar a la empresa sobre esa situación, con el fin de evitar una confrontación que pudiera afectar los pagos mencionados con el saldo vigente”, cita uno de los oficios expuestos al comité del banco el 27 de septiembre de 2005.

Aunque los funcionarios de Pemex fueron notificados del uso de sellos apócrifos de la paraestatal en cuatro facturas a cuenta del arrendamiento del barco Caballo de Trabajo, desde los primeros meses en que entrara en vigor su arrendamiento éste no fue rescindido. Incluso, en octubre pasado fue contratado con montos adicionales para los trabajos de emergencia en la Sonda de Campeche durante el incendio del pozo Kab 101.

Contralínea solicitó a Bancomext, a través de su área de prensa, el monto total pagado por Oceanografía derivado de los préstamos que se le autorizó en el gobierno de Vicente Fox. La información fue negada y los funcionarios involucrados en este caso rechazaron ser entrevistados. El área de prensa aseguró que después de descubiertos los créditos sospechosos por el OIC, Bancomext dio por terminada toda relación con Oceanografía; sin embargo, aún aparece en el directorio de Pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras) que promueve la banca de desarrollo en su portal de internet que operan con sus apoyos.

Se solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para hablar de su relación con la contratista de Pemex, pero tampoco hubo respuesta.

También se solicitó, sin éxito, una entrevista con Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.

Hubo tráfico de influencias a favor de hijos de Sahagún en Pemex: periodistas en CNN

Yakiri Rubio tendrá que pagar 423 mil pesos de fianza para quedar en libertad


Por Josefina Quintero

México, DF. El Juez 23 de Delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, Fausto Agustín Favela Ayala, fijó un pago de 423 mil 800 pesos a Yakirí Rubí Rubio Aupart para que pueda salir en libertad.

De acuerdo con el impartidor de justicia cien mil pesos es el pago por las obligaciones procesales que debe cumplir la joven, pues con ello se busca garantizar su presencia en las audiencias del proceso que se le inició por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa.

En tanto que 323 mil pesos es por la reparación del daño a los familiares Miguel Ramírez Anaya, quien perdió la vida luego de la presunta agresión sexual que Yakiri denunció.

El monto que deberá pagar la joven para que pueda salir del Penal Femenil de Tepepan, donde se encuentra recluida desde casi tres meses, fue notificado en el Juzgado 23 Penal a su defensora legal, Ana Capiria Suárez, por lo que una vez que presenten los billetes de depósito o la fianza, la joven quedará libre.

En tanto, amigos y activistas de la joven ya se concentran en el centro de reclusión ubicado al sur de la ciudad en espera de su salida, la cual se tiene prevista para esta tarde.

Yakiri Rubí fue encarcelada el pasado 11 de diciembre acusada de homicidio calificado por la muerte de Miguel Ramírez Anaya, quien según su testimonio, la secuestró, violó y golpeó en un hotel de la colonia Doctores.

Pese a que la joven denunció los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo integró el expediente por la muerte del presunto agresor, sin considerar que también había sido víctima de una agresión sexual.

VERACRUZ. Persigue la PGR a maestros quejosos; es “su forma de reprimir manifestaciones”


FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- La Procuraduría General de la República (PGR) liberó órdenes de aprehensión contra de trabajadores de la educación en activo y retirados que participaron en las movilizaciones magisteriales del año pasado, lo que se considera como el recrudecimiento de la represión en contra de aquellos que participaron en las marchas y plantones, así como liberación de casetas de peaje en la zona centro del estado.

El representante de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados del Magisterio, Jesús Arenzano, señaló que hay una clara persecución del gobierno federal en contra de aquellos que participaron para derogar la reforma laboral. Un caso concreto es el del profesor en retiro Jorge Cruz Ibáñez, a quien la PGR lo busca.

No hay acusaciones que sustenten el proceso, dijo, “la PGR se está basando en el caso de compañero Jorge Cruz en el hecho de que él es vocero de la CNTE, le presentó fotografías en donde él aparece, pero sin realizar algún delito, además de notas periodísticas. Esas son sus pruebas. Es una forma de represión muy selectiva y como no conocen a nadie más pues señalan al maestro Jorge Cruz por ser el vocero de la CNTE. No hay pruebas claras, en las fotografías que se presentan como pruebas, no hay nada que lo incrimine”.

El próximo fin de semana, dijo, “nos vamos a pronunciar para atender este tema, nos vamos a reunir para analizar qué es lo que está pasando, es un hecho que hay una clara represión en contra de aquellos que protestaron en contra de la reforma educativa. Nosotros llevamos la propuesta de hacer declaraciones en la que se fije la postura de los que integramos este movimiento, porque sí se trata de acciones completamente intimidatorias, represivas que en nada abonan a las posibles soluciones que pudieran existir en este problema”.

Expuso que la liberación de las órdenes de aprehensión incluye a maestros del sur del estado, “no tenemos el número exacto de personas a las que se liberaron las órdenes de aprehensión, pero entre ellos tenemos a un trabajador retirado”.

Esto es una clara muestra de la represión a la que recurre el gobierno federal “para evitar que la protesta social crezca, para inhibir que los maestros protesten y luchen por sus necesidades y derechos”. Añadió que el gobierno federal “lo único que logra es que haya mayores problemas para la clase trabajadora. En vez de buscar soluciones a los problemas, la única alternativa que ofrece es reprimir a los mismos maestros y esto afecta finalmente tanto a las familias que dependen de ellos como a la certidumbre con la que debe contarse en la fuente laboral”.

El cementerio nuclear de Temascalapa


En concreto
Laura Itzel Castillo
5 de Mar de 2014

En diciembre de 1984 se creó el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (Cader), que se ubicó supuestamente de manera provisional en San Juan Teacalco, una de las 11 comunidades que integran el municipio de Temascalapa, en el estado de México.

Hace 22 años el gobierno federal se comprometió a reubicar el cementerio nuclear, a partir de los resultados que arrojó un estudio realizado por la CFE, a petición del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Desde entonces se concluyó que el lugar donde aún se encuentra, no cumple con los requerimientos necesarios para este tipo de desechos.

Las medidas de las autoridades nucleares nunca han sido las necesarias para resolver el problema. La falta de un lugar idóneo para confinar los desechos tóxicos ha ocasionado daños a los pobladores de los lugares cercanos al actual Cader, tanto en su salud física, como en afectaciones a su patrimonio y a sus derechos humanos.

El Cader fue creado para almacenar los desechos tóxicos producto de la contaminación causada por la unidad de teleterapia que pertenecía a la empresa mexicana Centro Médico de Especialidades, SA de CV, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa unidad contaba con una fuente de cobalto 60 para el tratamiento del cáncer. En 1983, un técnico de la mencionada empresa desarmó el cabezal del aparato y lo vendió como chatarra a un negocio denominado Fénix.

Según referentes periodísticos de la época, en el negocio citado el cabezal fue mezclado con otros materiales ferrosos, que comercializaron distintas ferreterías en Chihuahua, Durango, Monterrey y San Luis Potosí.

En mes y medio se produjeron 6 mil 160 toneladas de varilla y 3 mil 470 de material que se distribuyó en 16 entidades de la República. Es conocido que el cobalto 60 emite radiaciones beta y gamma, capaces de ocasionar la muerte o mutaciones del ser humano que se procesan a lo largo del tiempo, manifestándose hasta 25 años después.

Por eso los habitantes de Temascalapa siguen exigiendo el cumplimiento de la palabra empeñada en 1992 por parte de las autoridades federales para la reubicación del cementerio nuclear.

¿Defensores?


Es inconcebible. Estamos a merced de los verdugos y no siempre contamos con las instituciones oficiales que deberían protegernos. Un caso emblemático es la poderosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Vivimos en el país de los disparates. Cada año aumenta el presupuesto oficial para los organismos públicos de derechos humanos y cada año crece el número de víctimas. Entre 2009 y 2013, doce organismos federales recibieron 28 mil 553 millones de pesos y durante ese mismo periodo casi se duplicaron las recomendaciones -pasaron de 91 a 176- de las Naciones Unidas al gobierno mexicano por faltas graves en la protección de derechos humanos. En ese tiempo la CNDH gastó 5 mil 600 millones de pesos y en 2014 tendrá 1,416 millones. ¿De qué ha servido?

Observo a la CNDH desde su creación hace 24 años. Primero la elogié, luego fue embargándome el escepticismo que se ha transformado en indignación ante su falta de compromiso, su burocratismo y su resistencia a rendir cuentas. En 2003, por ejemplo, se negó a participar y boicoteó el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaborara la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sigue cometiendo tropelías.

En agosto de 2010 el crimen organizado ejecutó a sangre fría a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron convertirse en sicarios. La CNDH emitió una "Recomendación" malhecha e incompleta en diciembre de 2013, ¡tres años y cuatro meses después de lo sucedido! El documento no califica esos actos como violaciones graves, tampoco considera a los familiares como víctimas ni decreta medidas de reparación para ellos y en ningún momento habla de las circunstancias y razones por las que en México se agrede a migrantes.

Un organismo civil, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático que preside una joven abogada, Ana Lorena Delgadillo, puso, en representación de familiares de migrantes asesinados, un amparo indirecto contra la CNDH el 15 de enero pasado. Lo admitió el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, quien atendiendo la reforma en materia de derechos humanos, ordenó a la CNDH rendir un informe justificado. La CNDH interpuso una queja contra de la admisión del amparo, pero ¡utilizó el marco anterior a la reforma constitucional sobre derechos humanos! El asunto -en manos del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito- conduce a un aspecto básico.

La CNDH no le rinde cuentas a nadie. La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene competencia sobre ella pero nunca ha ordenado una evaluación sobre la calidad de su trabajo pese a estar en manos del PRD durante los últimos años (actualmente la preside la senadora Angélica de la Peña). Ana Lorena Delgadillo, entre otros, solicitó al Senado que organizara una comparecencia para que el presidente de la CNDH informara públicamente sobre la recomendación acerca de los 72 migrantes. Según fuentes del Senado, la petición no obtuvo el consenso de otros senadores; en su lugar se realizará una descafeinada "reunión de trabajo". No es la primera vez que la CNDH disfruta de la complicidad de los senadores que deberían vigilarla; en parte se debe a la protección que ha recibido de priistas tan importantes como Manlio Fabio Beltrones.

El absurdo es monumental. América Latina es actualmente la región más violenta del mundo y algunas entidades de la República Mexicana tienen las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica. Se amontonan las víctimas y llegan de todos lados reclamos y reproches al Estado mexicano que responde creando instituciones y leyes, mientras permite que la CNDH se convierta en un trasto caro e inútil que siempre exige, eso sí, tener un lugar en el presídium. Una muestra de su irrelevancia es su ausencia en los actos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que llevaron a la Ley General de Víctimas.

Este año el Senado de la República deberá renovar al titular de la CNDH y su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, está buscando activamente la reelección. Es un momento adecuado para que el Senado realice una evaluación seria, independiente y rigurosa sobre las omisiones y la calidad del trabajo realizado por la CNDH. Por el momento, la recomendación emitida sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando es un escupitajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Defensores?

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Boletín de Democracy Now! en Español


Los titulares de hoy

baje el audio

Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web
Más...

El Resto de la Hora de Democracy Now!

El ex miembro de las Panteras Negras Marshall "Eddie" Conway habla de la cárcel y la vigilancia del FBI

En un programa exclusivo de Democracy Now!, nos acompaña el ex líder del partido Panteras Negras Marshall “Eddie” Conway, a menos de 24 horas de haber sido liberado tras casi 44 años de cárcel. Quienes lo apoyan sostienen que Conway es uno los presos políticos del país que estuvo más tiempo en la cárcel. Conway fue condenado por el crimen de un agente de policía de Baltimore cometido en el año 1970, por el cual siempre se declaró inocente. El crimen ocurrió en una época en que las autoridades federales y locales habían infiltrado Panteras Negras y otros grupos de activistas y los habían desorganizado. Más...

"La pena de muerte es un crimen de odio": Bob Autobee habla de perdonar la vida del asesino de su hijo

Nos acompaña Bob Autobee, un residente del estado de Colorado que se opone a que el preso que asesinó a su hijo Eric, un guardia cárcel, en 2002, sea condenado a muerte. En el juicio original, Autobee apoyó la condena a muerte a Edward Montour. Pero en 2007, la Corte Suprema de Colorado desestimó la condena de Montour porque la misma había sido impuesta por un juez y no por un jurado como está establecido. En la actualidad, una década más tarde, Autobee cambió de opinión. En el nuevo juicio por homicidio que empieza hoy, quiere hacer una declaración ante el jurado como víctima, para pedirle que no le imponga [a Montour] la pena de muerte, pero el juez del caso le prohibió que lo haga. Más...