lunes, 24 de marzo de 2014

Las cinco fracturas de las autodefensas


JUAN CARLOS ORTEGA PRADO

MÉXICO, D.F. (apro).- La detención de Hipólito Mora –uno de los líderes de las autodefensas michoacanas– por parte del gobierno federal evidenció algunos de los grandes problemas que enfrentan las guardias comunitarias. De su resolución depende no sólo la victoria de los inconformes, sino su supervivencia y la naturaleza de la futura lucha antinarco. He aquí cinco de los grandes retos que afrontan.

La infiltración

Mora ha aceptado que uno de sus mayores errores fue permitir y fomentar la entrada de extemplarios a las autodefensas. Los “buenos” usaban a los otrora narcos como “carne de cañón” en los combates y para obtener información del cártel. Es el caso de Simón El Americano, cuya pelea con Mora derivó en el encarcelamiento de este último. El caso de El Americano no es un hecho aislado. Sistemáticamente, ciertas facciones de las autodefensas abrieron la puerta a redimidos. Esto significa dos problemas: Los “pentiti” podían ser infiltrados del narco (sea de Los Templarios o de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación), o podían adquirir demasiado poder dentro de las guardias. Esta segunda opción encierra también muchísimos riesgos: los exnarcos podían ejecutar “golpes de Estado” y monopolizar los recursos financieros y armamentísticos, entre otros. No hay que olvidar que las autodefensas han argüido que sus arsenales vienen de los decomisos que hacen a Los Templarios…. Y quienes mejor sabían dónde estaban las bodegas de fusiles eran los arrepentidos.

La situación, pues, es sumamente grave para las autodefensas. De inicio tomaron una mal decisión, que seguirá dando frutos malos. La mayor parte de los comunitarios está interesada genuinamente en recobrar la tranquilidad y repudió esta política de admisión. Eso también genera tensiones entre “la tropa” y los jefes de las guardias. Muy probablemente la fractura sea más grande de lo que parece. Esto puede terminar en una “guerra civil” dentro de una “guerra civil”.

La reorganización

Tras la detención de Mora, el liderazgo (al menos el mediático) vuelve a recaer en el doctor José Mireles, que había dado un paso atrás después de que sufriera un accidente aéreo y tuviera diferendos con otros jefes por difundir posicionamientos no consensuados. En este contexto vuelve a ser la principal figura del levantamiento. Él lo sabe y sus acciones y discursos han ido encaminados a este fin. No es una tarea fácil. Los infiltrados y los cárteles querrán mover ficha e incluso guardias “legítimos” pueden ver la ocasión de hacerse con parcelas de poder, que les permitan allegarse de recursos.

¿Quién decide ahora cómo se regresarán las propiedades arrebatadas al narco?, ¿cómo funcionará la comunicación en la línea de mando? Y otra pregunta que será central: ¿Se respetará el proyecto estratégico perfilado durante la jefatura de Mora o habrá cambios? Y si este es el caso, ¿qué poder tendrá Mireles para instrumentarlo? ¿Cuánto tiempo le tomará?

La ruptura con el gobierno

La detención de Mora también desató un sentimiento de traición entre buena parte de las facciones de comunitarios. Si es cierta la versión oficial (que coincide con la de Mora), el líder pidió ayuda al gobierno ante un inminente ataque de El Americano. La federación envió un helicóptero a sacarlo del sitio, pero después le informó que estaba detenido. Hace apenas unas horas se le dictó el auto de formal prisión. El encono, entonces, no sólo se desató al interior del movimiento, sino contra los ejecutores de la detención: los soldados y el aparato gubernamental. Así, hasta este jueves sumaban al menos tres balaceras entre comunitarios y Ejército. Tres. Es una cifra pasmosa, que no se había dado ni siquiera antes de que el gobierno legalizara a las autodefensas. En redes sociales ya hay comunitarios que detallan la realización de “operativos” para neutralizar las labores militares.

Esta situación significa un grave retroceso institucional e insufla vida a las versiones de que es la administración de Enrique Peña Nieto la que busca desarticular las autodefensas a la brava. Los defensores de esta teoría aseguran que es más fácil tratar con un cártel (con el que se negocia fuera de la ventana pública) que con un conjunto heterogéneo de gente que exigirá cuentas.

Medios, de la complacencia a la diatriba

El conocimiento de la crisis en Michoacán está fuertemente ideologizado, entre los medios que rápidamente decidieron dar el beneficio de la duda a las autodefensas, como Aristegui noticias, Proceso y El País, y los que –también de inicio– los vieron con resquemor, como Milenio o Excélsior. Si de suyo entender el tema es complicado, esto le ha agregado otro nivel de dificultad. Así, hacer la comunicación política se ha tornado en una tarea doblemente difícil para los comunitarios.

Asegurar el financiamiento

Las autodefensas dicen que ellas mismas generan los recursos para mantener su lucha. Pero es sabido que empresarios michoacanos, tanto en el país como en el extranjero, están financiando la resistencia. ¿Cómo convencer a esos hombres de negocios de que sigan invirtiendo su dinero en el actor ganador? En una lucha que se atomiza –y que por lo tanto complica su triunfo– es dable pensar que habrá quienes decidan retirar sus fichas, lo que desatará un círculo vicioso desde la perspectiva de las guardias: menos dinero lleva a menor poder de fuego, que lleva a menos resultados y a menor financiamiento.

Twitter: @JCOrtegaPrado

E.mail: juan.ortega@proceso.com.mx

La apropiación petrolera


Bernardo Bátiz V.

Por algún tiempo, mientras el pueblo remueve a sus malos representantes que lo traicionaron, dejará de celebrarse la expropiación petrolera los días 18 de marzo, en recuerdo del acto patriótico y oportuno llevado a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938; ahora, y por poco tiempo, podrán, quienes aprobaron lo contrario, celebrar el día del despojo o de la apropiación petrolera, ya que sin consultar al soberano, que es el pueblo, decidieron beneficiar a grandes empresas trasnacionales, abriendo las puertas de nuestra riqueza petrolera en su beneficio.

No hay justificación alguna para el atropello a la nación que llevaron a cabo; la mayoría del pueblo así lo ve y por eso se negaron a una consulta previa; también lo ven así, la mayoría de expertos, petroleros, economistas, ingenieros especializados, juristas, técnicos conocedores de la industria, y por eso se sustituyó un indispensable debate sobre el tema, por una vacía y excesivamente cara campaña publicitaria que a nadie ha engañado.

Para pretender justificar la acción reprobable, que ya ha sido denunciada como traición a la patria, se ha usado y abusado, sin éxito, de un discurso hueco y mentiroso, que sólo se creen los que lo pronuncian ante cámaras y micrófonos, y quizás quienes arrastran el lápiz para redactar lo que el titular del Ejecutivo lee lo mejor que puede ante la televisión.

Se ha dicho falsamente que, a pesar de las reformas, el Estado seguirá siendo el único dueño de reservas, renta petrolera y Pemex. Si esto fuera así, ¿para qué modificaron la Constitución y sustrajeron al petróleo de la lista de áreas estratégicas de la economía? Para que el Estado siguiera siendo único dueño de reservas y renta petrolera, no necesitaban deformar, como lo hicieron, el capítulo económico de la Carta Magna.

Las reservas se encuentran en yacimientos en tierra o en el fondo del mar; son de la nación, pero al dejar de ser exclusivas, podrán ser extraídas por las empresas beneficiarias de contratos y concesiones, y ellas extraerán todo el petróleo que puedan con el único interés de las ganancias; las empresas no tienen patria, ni arraigo, ni conciencia ecológica, sólo pretenden utilidades, muchas y pronto.

Para lograr este cambio inicuo y contrario al interés nacional, quienes lo promovieron y ejecutaron pisotearon principios básicos de nuestra Constitución.

Con el Pacto por México abolieron de hecho la división de poderes que exige independencia del Legislativo frente al Ejecutivo y busca equilibrar y limitar recíprocamente facultades de los tres poderes. Los agrupados en el pacto violaron el principio constitucional de que no se pueden reunir dos poderes en una sola persona o corporación.

Se atropelló el principio de representación nacional, ya que no se escuchó al pueblo de México, que manifestó de diversas maneras su reprobación a la apropiación del petróleo; lo hizo mediante mítines multitudinarios, marchas, cercos al Senado y a la Cámara, mensajes en las redes sociales, abucheos a funcionarios y en otras mil formas. Los legisladores debieron atender el clamor. Son representantes de la nación, no del Ejecutivo ni de ese engendro llamado Pacto por México.

Se pasó por encima de decisiones políticas fundamentales; lo que se aprobó en forma tramposa a finales del año pasado, el cambio del estatus jurídico de los energéticos, va en contra de una decisión política fundamental de gran arraigo en la historia y en la conciencia del pueblo, una modificación de ese tamaño y trascendencia no puede estar en manos del poder revisor de la Constitución, que es un poder constituido, está reservada al soberano, que es el pueblo y, por tanto, el único con facultad de decidir sobre cuestiones esenciales del pacto constitucional.

Desde que México era la Nueva España, la legislación de entonces determinaba que la propiedad eminente de todo el territorio, incluidos el subsuelo, los minerales, yacimientos de todo tipo y todo lo que en él se encontrara, pertenecía al soberano, que era entonces el monarca español. Cuando México se independizó, ese derecho de propiedad eminente, pasó al nuevo soberano, que es el pueblo; la Constitución de 1917 confirmó esta doctrina de derecho constitucional y derecho internacional, en forma expresa, lo que permitió la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en tiempo posterior.

Con las reformas con las que se inaugura la nueva efeméride de la apropiación petrolera se violaron los principios de división de poderes, de representación nacional y de respeto a las decisiones políticas fundamentales; por esos motivos la apropiación debe revocarse, sí de momento no ha sido posible hacerlo, el pueblo de México lo hará en cuanto esté en su mano corregir el atropello. Quedan advertidos quienes se aprestan a enajenar nuestros recursos energéticos y los que ya se frotan las manos por que piensan que los van a adquirir.

jusbbv@hotmail.com

Oficio de Papel




Amado Yáñez, Rey Midas del petróleo
Investigan a tres exdirectores de Pemex
Señalan a oficina de exabogado general

Quienes conocieron hace 20 años a Amado Yáñez Correa y su empresa Consultores y Contratistas en Oceanografía, cuentan que era un hombre tranquilo, decente, que conseguía modestos contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trataba de una pequeña empresa, hasta que su hijo Amado Yáñez Osuna, de 31 años de edad, asumió en 1996 el control accionario, la Presidencia y la Dirección General, y modificó la razón social para dejarla sólo con el nombre de Oceanografía, SA de CV.

En 2 décadas, el viejo Amado Yáñez Correa vio cómo la empresa que había fundado crecía exorbitante, ganaba muchos contratos petroleros por miles de millones de dólares y contrataba a miles de trabajadores que laboraban en condiciones muy difíciles: sin prestaciones de ley, con bajos salarios que a veces no cobraban y sin la seguridad que demandan las labores de servicios a las plataformas petroleras, principal negocio de Oceanografía.

Con dudas y sospechas, Yáñez Correa observaba con preocupación cómo su joven hijo se enriquecía sin medida, apenas proporcionalmente a la acumulación de deudas financieras, créditos impagables, demandas laborales, investigaciones administrativas de la Secretaría de la Función Pública y acusaciones penales ante la Procuraduría General de la República por delitos de evasión fiscal, fraude y hasta lavado de dinero.

El truco de Yáñez Osuna para ganar cientos de contratos petroleros en complicidad con los directivos de Pemex, era licitar un 40 por ciento por debajo de sus competidores, lo que le garantizaba la asignación del servicio petrolero a un 60 por ciento del promedio internacional, pero la trampa era que en dicho contrato sólo se incluía el flete del barco y después Pemex Exploración y Producción (PEP) le asignaban otro contrato por otros 60 por ciento para los servicios que el barco prestaba, lo que les aseguraba un 120 por ciento por arriba del precio promedio internacional y de ahí todos se repartían las utilidades y hasta sobraba para sobornar a cualquier autoridad que se diera cuenta de la maniobra o se quisiera interponer en la operación amañada.

Cuentan quienes conocen a Amado Yáñez Osuna que no tenía llenadera, y tampoco hacía caso a su padre ni le permitía intervenir en la transformación de la empresa. Con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Yáñez supo que había llegado el momento de Oceanografía para crecer, arriesgar para conseguir, sobornar para obtener contratos petroleros y chantajear lo mismo a funcionarios de Pemex que a militantes panistas y/o hasta parientes del presidente de la República.

Todos los panistas en el poder eran sobornables mediante jugosas comisiones, por supuesto lo mismo sucede en donde las administraciones son perredista y priistas. Nadie le decía que no al exitoso contratista de Pemex, el nuevo magnate del petróleo, el hombre más rico de Campeche, la tierra también de su amigo Juan Camilo Mouriño y la zona petrolera más productiva del país. Los bancos nacionales y extranjeros buscaban a Amado para ofrecerle el dinero que guardaban sus bóvedas, sin importar que las facturas que presentaba Yáñez Osuna fueran apócrifas, pues sabían que Pemex respaldaba las operaciones con dinero público. Empresarios y secretarios de Estado buscaban a ese “morenito gordito” que se había convertido en el nuevo Rey Midas del petróleo para hacer negocios con él.

La investigación de los contratos de Oceanografía

En los últimos 2 años del gobierno de Felipe Calderón, entre julio de 2010 y junio de 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) benefició a Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto superior a los 8 mil 744 millones de pesos.

Esta partida presupuestal, autorizada principalmente por dos funcionarios petroleros –Carlos Morales Gil, entonces director general de PEP, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de PEP–, ha sido el punto de arranque de la principal línea de investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de una de las más importantes redes de corrupción creadas al interior de Petróleos Mexicanos y que durante décadas (incluidos gobiernos priístas) han carcomido la estructura, las finanzas y el crudo mexicano.

En esa red de corrupción, identificada ya por las autoridades responsables de las indagatorias ministeriales, fiscales y de seguridad nacional, destacan tres exdirectores generales de Pemex y otros 20 funcionarios petroleros de menor jerarquía que se enriquecieron ilícitamente durante los 12 años de gobiernos panistas corruptos. Léase Vicente Fox y Felipe Calderón.

Además de los funcionarios petroleros ya citados sujetos a investigación, destaca quien fuera el abogado general de Pemex entre el 20 de septiembre de 2004 y el 1 de diciembre de 2010, José Néstor García Reza, quien en los próximos días acumulará otra acusación penal en su contra por su participación en los fraudes de Oceanografía.

Pero ¿quién es este abogado beneficiado en el panismo? En mayo de 2013 publicamos en esta columna que García Reza era investigado desde entonces por los órganos de inteligencia y seguridad del Estado como parte de un complot orquestado por empresas transportistas de productos petrolíferos –afiliadas a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)– para desestabilizar a la paraestatal petrolera y obtener rentables contratos que, de lograrlo, ahorcarían las finanzas de la empresa.

Desde el año pasado, este exabogado general de Pemex era investigado por el delito de enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se especializa en indagar delitos de lavado de dinero.

Decíamos que ese exfuncionario también era sujeto de investigaciones por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), adscrito a la Secretaría de Gobernación; por la Procuraduría General de la República (PGR), y por la propia empresa petrolera paraestatal, porque después de trabajar por más de 6 años como responsable de la Oficina del Abogado General de Pemex, lo que le dio acceso a información confidencial y sensible de la petrolera, ahora servía a intereses privados.

Las indagatorias oficiales vinculaban al abogado García Reza con un grupo de empresarios transportistas de productos petrolíferos que negociaban la renovación de un convenio marco, firmado la última ocasión el 28 de diciembre de 2008 y que concluía a finales de 2013, para el transporte de combustibles propiedad de Pemex.

El exjurídico general de la paraestatal asesoraba a empresarios transportistas en las demandas administrativas en contra de Pemex que habían presentado ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos incumplimientos, así como una denuncia penal ante la PGR en contra del director corporativo de Operaciones de Pemex, ingeniero Carlos Murrieta Cummings, por supuestos actos de corrupción. Esta última fue desechada por el Ministerio Público federal por “falta de elementos” y se mandó al archivo.

Esto molestó mucho al gobierno de Peña Nieto, pero más aún cuando se enteraron que García Reza participaba en una asesoría en defensa del líder de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustibles en el Norte del país, dirigida por Fabián Rodríguez Moreno, vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas.

Según la investigación del Cisen, Rodríguez Moreno –capturado a finales del año pasado– dirigía la más importante banda delincuencial encargada de la compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de productos refinados que roban de los ductos de Pemex en el Noroeste de México.

Entrevista a Néstor García Reza

En aquel momento entrevisté al abogado García Reza y esto es lo que dijo:

—¿Asesoraste o participaste directamente en las demandas de la Canacar en contra de Pemex?

—La Canacar me llamó para demandar a Pemex, lo cual me pareció de lo más sencillo, porque han incumplido el convenio que tienen con los transportistas y eso es muy fácil de probar. Les expliqué lo fácil que sería y dije cuál sería la estrategia a seguir, pero no llegamos a un acuerdo económico y no se concretó mi participación.

—¿Pero sí conoces a los transportistas demandantes y los asesoras?

—Platico con ellos, son mis amigos. Pero no llegamos a un acuerdo. Yo sí quería que me contratara el Grupo Hank: necesito dinero. Imagínate, trabajar para ellos. Pero no se concretó.

—¿Por qué te vinculan con Fabián Rodríguez Moreno [jefe de la banda de robo de combustibles]?

—No lo sé. Es la primera noticia que tengo de eso. Yo ni lo conozco.

—¿Pero Rodríguez Moreno tenía permisos otorgados por Pemex a empresas de la Canacar, para el transporte de combustibles?

—Te repito: no lo sé. No sé quién es esa persona. No la conozco. Tampoco sé cómo me vinculan con él.

—¿Tienes algún conflicto de interés o moral por asesorar a empresas privadas en las demandas en contra de Pemex?

—Pues no. Ya pasó más de 1 año que salí de Pemex, a finales de 2010. Y me tengo que ganar la vida, soy abogado y eso es lo que sé hacer.

—¿Estás tranquilo por las investigaciones en tu contra?

—Pues no. Me preocupan mucho. Estoy nervioso. Me vayan a querer hacer lo mismo que a Elba Esther [Gordillo].

—Pero a ella la acusaron por lavado de dinero…

—Pues sí, pero así me siento.

—¿Entonces tampoco defiendes legalmente a la banda que robaba combustibles a Pemex?

—No, para nada.

—Sin embargo hay acusaciones en tu contra que presentó en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] el despacho de abogados Díaz, Reus y Targ, contratado por Pemex. ¿Qué opinas?

—Sé que hay una denuncia general en la PGR por el caso de Comproca [Sunkyong-Siemens] para quien resulte responsable. No es contra mí personalmente. Bueno, al menos eso es lo que sé.

—¿Comproca es un caso muy delicado donde perdió mucho dinero Pemex?

—Sí. El arbitraje salió desfavorable para Pemex.

—¿Cuánto dinero involucra el fallo en contra de Pemex?

—Son como 350 millones de dólares.

—¿Tú tienes responsabilidad en ese litigio?

—Pues no. Ése es un caso que se llevaba en el área jurídica cuando yo estuve allí, pero no es un asunto personal. Se resolvió el arbitraje hace como 1 año y medio.

—Pero tú eras el abogado general y el gobierno investiga posibles colusiones de abogados de Pemex para perder el caso.

—No. Eso no ocurrió. En mis tiempos [6 años] sólo se manejó el arbitraje, nada adicional.

—¿Pero el arbitraje se perdió hace 1 año y medio?

—Sí. El arbitraje internacional fue desfavorable para Pemex.

—¿Y Pemex sigue defendiéndose en tribunales?

—Sí. Está dando patadas de ahogado para no pagar.

—¿En tribunales mexicanos?

—Sí. Pelea la nulidad en tribunales mexicanos, y sé que en Estados Unidos Pemex presentó algunas denuncias.

—¿La tiene difícil Pemex?

—Sí, porque ya perdió.

La administración de Juan José Suárez Coppel, uno de los tres exdirectores generales involucrados en el caso Oceanografía, le heredó al actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un fallo en su contra de la Corte Internacional de Comercio, con sede en París, Francia, por 350 millones de dólares, promovido por el consorcio Comproca, integrado por la empresa co-reana Sunkyong y la alemana Siemens, encargadas de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y que tuvo un costo original por 650 millones de dólares.

Aunque esta contratación se hizo durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo, fue hasta el gobierno de Vicente Fox cuando se concluyeron los trabajos. Un litigio muy complicado y en el que intervinieron muchos funcionarios, pero que según fuentes petroleras se trató de un megafraude orquestado por servidores públicos en colusión con las empresas privadas.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Marines estadounidenses denuncian enfermedades provocadas por radiación en Fukushima


Amy Goodman y Denis Moynihan

Han pasado tres años desde el terremoto y el tsunami que provocaron el desastre nuclear de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi en Japón. El número de víctimas mortales inmediatas del tsunami superó las 15.000 y alrededor de 3.000 personas permanecen desaparecidas. Sin embargo, el número de muertos sigue aumentando, tanto en Japón como en otros países. Los efectos del desastre nuclear de Fukushima en la salud y el medio ambiente son graves y se ven agravados a diario a medida que la planta nuclear, de la empresa Tokio Electric Power Company (TEPCO), continúa liberando contaminación radiactiva.

Como parte de una iniciativa poco común, más de cien marineros e infantes de marina estadounidenses presentaron una demanda colectiva en la que acusan a TEPCO de mentir acerca de la gravedad del desastre, cuando ellos corrieron al lugar de los hechos para brindar ayuda humanitaria. Iban a bordo del portaaviones USS Ronald Reagan, que funciona a energía nuclear, y de otros buques que viajaron con el Reagan y que participaron en la respuesta humanitaria al desastre denominada “Operación Tomodachi”, que en japonés significa “Operación amistad”.

El teniente Steve Simmons es uno de los demandantes. Antes de Fukushima, Simmons tenía una salud de hierro. Ocho meses más tarde, comenzó a padecer problemas de salud inexplicables. Dijo en una entrevista en el programa “Democracy Now!”: “[Mientras conducía hacia el trabajo] perdí el conocimiento en una curva. Después de eso, comencé a tener síntomas de lo que pensé que era una gripe y me comenzó a subir la fiebre persistentemente. Bajé rápidamente entre 9 y 11 kg. y comencé a tener sudores nocturnos y dificultades para dormir y había ido varias veces al médico para que me hicieran análisis y otros estudios para determinar lo que estaba sucediendo. Y de enero a marzo de 2012 estuve internado tres veces. La primera vez, no pudieron detectar nada. Lo único que supuestamente encontraron fue una sinusitis y descartaron la posibilidad de que estuviera vinculada con la radiación. De hecho, el médico practicante me dijo que si fuera provocado por la radiación, debería haber manifestado síntomas mucho antes. Tres días más tarde, después de que me dieron el alta, volví al hospital porque mis nódulos linfáticos comenzaron a hincharse y no me bajaba la fiebre, tenía 39° C”. En abril de 2012, mientras se encontraba internado, sus piernas quedaron inmóviles. Desde entonces, está en silla de ruedas y podrá solicitar la baja por “motivos médicos” en abril.

Este es el segundo intento de los marineros y los infantes de marina de presentar una demanda contra TEPCO. El primer juicio, en el que había ocho demandantes, fue desestimado por motivos técnicos basados en la falta de jurisdicción del tribunal. Charles Bonner, el principal abogado defensor de los marines, afirmó: “En junio de 2013, 51 marineros e infantes de marina nos habían contactado porque padecían diversas enfermedades. [Algunas de las enfermedades] incluían cáncer de tiroides, cáncer testicular, cáncer cerebral, problemas uterinos inusuales, sangrado uterino excesivo, todo tipo de problemas ginecológicos, problemas que no son habituales en personas de 20, 22, 23, o incluso 35 años de edad, como el Teniente Simmons, que tiene esa edad. Por lo que ahora presentamos una demanda colectiva en nombre de alrededor de cien infantes de marina y todos los días recibimos llamadas de marines que padecen problemas diversos”. Había al menos 5.500 personas a bordo del USS Reagan cuando navegó hacia las costas de Japón.

Cabría preguntarse por qué el grupo no demanda también a su empleador, la Armada de Estados Unidos. Acerca de esta decisión, el abogado Charles Bonner sostuvo: “La parte responsable del daño a estos jóvenes marines es la empresa Tokyo Electric Power Company, la cuatra empresa de electricidad más grande del mundo. La Tokyo Electric Power Company no le dijo ni a la población ni a la Armada que se había producido un grave accidente nuclear. Los núcleos de tres de los reactores se fusionaron tras el terremoto y el tsunami. No tenían generadores, no tenían un soporte de electricidad. No había ningún tipo de abastecimiento auxiliar de agua para enfriar los reactores”.

Entrevisté a Naoto Kan en su oficina en Tokio en enero de este año. Kan era el Primer Ministro de Japón en el momento del accidente. Instaló de inmediato un centro de control para manejar la crisis nuclear. Una de las personas que asistía al equipo de manejo de la crisis era un importante ejecutivo de TEPCO. Kan me dijo “Por lo que me estaban informando desde la sede de TEPCO y, en particular, el Sr. Takeguro, que era el vicepresidente de la empresa, no estaban proporcionando información precisa sobre la situación real en el lugar”. Frustrado ante el bloqueo de información, Kan viajó a la planta para hablar de la situación con los trabajadores que estaban allí. El ex primer ministro, que antes era un firme defensor de la energía nuclear, ahora promueve que se deje de utilizar en Japón.

El desastre nuclear de Fukushima, cuyas consecuencias aún persisten, debería servir de advertencia al mundo. En lugar de aprender de la sabiduría de Naoto Kan, el Presidente Barack Obama está comprometiendo fondos públicos para construir nuevas plantas nucleares en Estados Unidos por primera vez en más de treinta años. Tras lo ocurrido en Fukushima, la Comisión Reguladora Nuclear del Gobierno de Obama evitó hablar de ciertos temas con el fin de disminuir la creciente preocupación pública con respecto a la seguridad de las plantas de energía nuclear en Estados Unidos. NBC News tuvo acceso a correos electrónicos internos de la Comisión en los que se instruía al personal a que desestimara los riesgos a la seguridad, a pesar de que las plantas nucleares de Estados Unidos no son seguras. Los infantes de marina de la Operación Tomodachi se merecen ser oídos por la justicia y la población estadounidense merece una evaluación honesta de los graves riesgos de la energía nuclear.

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La película Querida gente blanca muestra los estereotipos raciales en las universidades de EE.UU.

Mientras universidades de todo Estados Unidos, desde Harvard hasta la Universidad de Mississippi, siguen teniendo hechos de racismo, analizamos una nueva película que se ocupa del tema en tono de comedia y sátira. La película "Dear White People" (Querida gente blanca) se trata de un grupo de estudiantes negros en una universidad ficcional, predominantemente blanca, miembro de lo que se conoce como The Ivy League, o liga de las universidades más destacadas. Uno de los personajes principales, Sam, es presentadora del programa “Dear White People” en la radio de la universidad; desde ese lugar hace frente a los estereotipos raciales y dilemas que tienen los estudiantes negros. Las tensiones raciales en la universidad llegan a su máxima expresión cuando un grupo de estudiantes principalmente blancos hace una fiesta temática sobre los afroestadounidenses: se pintan la cara de negro, se ponen sandías y llevan pistolas de mentira. Más...